URUGUAY SOCIAL
por más Justicia y Equidad
APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008
1.- PROBLEMAS SOCIALES RELEVANTES:
Los problemas sociales estructurales que vive nuestro país, responden a condiciones
económicas, culturales y políticas que fueron consolidadas por las políticas neoliberales
implementadas en las últimas décadas, las que impactaron en las formas institucionales,
pero que también permearon la sociedad con una concepción de la vida, las relaciones
humanas y sociales que son irreconciliables con la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.
El próximo gobierno progresista deberá consolidar y profundizar las reformas iniciadas en su
primera administración así como ahondar en la transformación democrática de sus
instituciones, en el marco de la descentralización con participación ciudadana. La
promoción de relaciones sociales basadas en una cultura de derechos ciudadanos y de
respeto a la diversidad es un camino ineludible para promover procesos de integración
social.-
Resulta imprescindible incidir en los mecanismos de reproducción de la pobreza,
reconociendo el imperativo ético de atender a las y los ciudadanos de todas las edades,
visibilizando nuevas vulnerabilidades y riesgos de sectores excluidos del sistema de protección
social, y reconociendo a la infantilización de la pobreza como la cara de la desigualdad
uruguaya.- Se deberá tener en cuenta, sin embargo, a los hogares pobres en tanto núcleos y
no a sus integrantes tomados individualmente, por tanto el diseño de las políticas considerarán
integralmente los diferentes arreglos familiares.-
2.- ORIENTACIONES POLÍTICO IDEOLÓGICAS
• La centralidad de los derechos ciudadanos en las orientaciones de políticas sociales
aparece como un enfoque indiscutido, compartiéndose que el Estado tiene un rol central en
garantizarlos y generar condiciones para su ejercicio activo. Por ello las políticas sociales
estructuran orientaciones de carácter universal, sin desmedro de la necesidad de acciones
positivas, planes y programas orientados a colectivos específicos o situaciones de
vulnerabilidad o riesgo social.-
• La matriz del sistema de protección social se sustentará en un modelo de redistribución
de la riqueza, de tal modo que las políticas sociales estén absoluta y totalmente imbricadas y
articuladas a las políticas económicas como partes integrantes del modelo de desarrollo. Para
ello la definición de los acentos redistributivos en el próximo presupuesto quinquenal
continuarán profundizando las acciones comenzadas en el primer gobierno progresista.
• El Sistema Integrado de Protección Social buscará promover procesos de integración
social de sus ciudadanos, esto es el acceso a bienes y servicios de calidad y a su capacidad
de establecer relaciones sociales, incidir y organizarse colectivamente. Se avanzará en la
universalización de las asignaciones familiares y de pensiones universales en el marco de
una reestructura del sistema de seguridad social.
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• La Equidad de Género y de Derechos asegurando el goce y ejercicio en las condiciones de
igualdad para hombres y mujeres de las libertades fundamentales en las esferas políticas,
económicas, sociales y culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública
• El Estado debe fortalecer los vínculos entre sus servicios y los de la comunidad de tal forma
de fortalecer la red de cuidados que hoy proveen las familias y que dificultan la actividad
productiva a una porción muy importante de adultos y adultas en condiciones de incorporarse
o mantenerse en el mercado de trabajo.
• Una Red de Asistencia Social fortalecida permitirá generar condiciones de inclusión social
para los sectores en condición de vulnerabilidad socioeconómica.- Se reafirma la posibilidad
de mantener la progresiva instrumentación de la renta básica de integración que sustituirá en
forma escalonada los subsidios directos, garantizando la ciudadanía plena de nacionales y
residentes.
• Modelos culturales abiertos que permitan el desarrollo de una cultura de la solidaridad, del
respeto y aceptación de la diversidad, de confianza en el diferente y de integración social;
que promueva mucho más el apoyo recíproco y la tarea colectiva, como opción genuina
opuesta a la búsqueda de la satisfacción exclusivamente individualista a cualquier precio.
• Modelo de profundización de la democracia a través de escenarios más consolidados de
participación ciudadana, desconcentración de los servicios y descentralización con el
territorio como base articuladora.
3.- EJES TRASVERSALES
Institucionalidad:
• La Rectoría del Estado en materia de Políticas Sociales será afirmada a partir de los
diferentes dispositivos institucionales.- Se requiere el fortalecimiento de los Ministerios y
Organismos Descentralizados para el cabal cumplimiento de sus fines. La rectoría incluye
necesariamente las dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control
de la provisión de bienes, servicios y recursos humanos, y la modulación del financiamiento.-
• Los ámbitos institucionales de coordinación y articulación de las políticas sociales
deberán adquirir mayor legitimidad institucional y capacidad de liderazgo.- El Gabinete
Social y el Consejo Coordinador de Políticas Sociales resultan dispositivos estratégicos
así como también las diversas instancias interinstitucionales a nivel departamental. La
coordinación nacional y departamental es un desafío a atender especialmente.-
• El mecanismo gubernamental para el adelanto de las mujeres deberá ser jerarquizado,
fortaleciendo así la institucionalidad de Género, dotándolo de mayor capacidad de incidencia
política y técnica, de manera de cumplir con los mandatos programáticos.
• Las políticas sociales profundizarán las reformas realizadas hasta ahora, avanzando en
radicales cambios para lograr que la satisfacción de las necesidades básicas de
educación, salud y seguridad social, sean directamente proporcionales a las necesidades
de la gente
• La articulación con diversidad de actores a la hora del diseño e implementación de planes
y programas es una línea estratégica prioritaria.- Serán interlocutores en materia de política
pública actores públicos y privados, funcionarios y sindicatos, organizaciones sociales y
usuarios de los servicios.-
• El avance hacia la implantación de nuevos Modelos de Atención a los participantes de los
diferentes sistemas (salud, educación, infancia, vivienda entre otros), es un desafío a atender.
• La implementación de nuevos Modelos de Gestión Pública que supere los casilleros
estancos, la burocratización y saturación de los servicios.- Estos modelos de gestión deben
avanzar en gestiones participativas y de base territorial.-
• El Presupuesto Participativo es afirmado como estrategia de participación ciudadana que
permite mayor eficacia y eficiencia en la acción pública.-
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• La formación y capacitación del funcionariado público (técnico, profesional y
administrativo) en la cultura de derechos, modelos de relación y trato y aspectos técnicos
específicos a cada área.-
Participación Ciudadana:
• Las políticas sociales deben afianzar los derechos ciudadanos en tanto ejercicio activo de la
ciudadanía y sus organizaciones sociales.-
• La expansión de derechos ciudadanos requiere profundizar las instancias creadas para el
diálogo y la articulación, reconociendo la participación calificada de organizaciones sociales,
sindicales, de usuarios de servicios y de ciudadanos a través de instancias de consultas
directas.
• Las instancias colectivas de seguimiento y control de las políticas públicas, así como los
escenarios abiertos para la gestión social de programas sociales deberán ganar en
reconocimiento legal e institucional.
Equidad de Género, Generaciones, Razas y Etnias.
• La equidad de género deberá ser contemplada en el diseño e implementación del Sistema
de Protección Social como en los diversos dispositivos institucionales. Esta implica el
reconocimiento de la desigualdad de oportunidades para las mujeres y mayores dificultades
para el acceso a los bienes materiales y culturales y a los servicios sociales públicos.
• El Sistema de Protección Social deberá tomar en cuenta los ciclos vitales de las y los
ciudadanos para contemplar las diversas situaciones de riesgo y vulnerabilidad.- El
reconocimiento de la infantilización de la pobreza como problema estructural del país, así
como las diversas situaciones de exclusión social vividas por las y los adolescentes y jóvenes
serán especialmente atendidas.
• La equidad étnico racial se incluirá como orientación permanente. Se deberá avanzar en la
visibilización del problema, atender los factores culturales que lo sostienen e instrumentar
mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades.
En ese marco deberán delinearse Políticas de Población con un enfoque multidimensional:
derechos sexuales y reproductivos, políticas integrales hacia la vejez, sistema de protección y
seguridad social, modelos de familia y sistemas de cuidados, cambios culturales, las
expectativas juveniles, la emigración, entre otros aspectos representan un desafío
especialmente estratégico para el país.- Las políticas demográficas irán en concordancia con
la Estrategia Nacional de Desarrollo que se propone.
4.- LÍNEAS ESTRATEGICAS
El Plan de Equidad surge como la línea de gobierno que marcará la continuidad,
garantizando la integralidad e intersectorialidad a través del Gabinete Social y la
profundización y la inclusión de los problemas sociales emergentes en la planificación.
En ese sentido se destacan, dentro de las políticas sociales a instrumentar en el período 2010
– 2015, las siguientes propuestas:
I.- Protección e inclusión social: un camino a la igualdad
El Sistema de Protección Social debe avanzar en el desarrollo de respuestas articuladas que
corrijan y compensen las desigualdades entre ciudadanos y ciudadanas, así como cubrir los
distintos riesgos sociales a los que están sometidas las personas a lo largo de su vida y
complementariamente, mejorar su bienestar. Resultan ser objetivos estratégicos para el
próximo gobierno progresista:
• la profundización de las políticas sociales consideradas como Sistema Integrado de
Protección Social que se articulen en el marco del Plan de Equidad y del Gabinete Social,
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• el fortalecimiento de la malla de asistencia social que atienda las situaciones de
vulnerabilidad social y revierta los procesos de reproducción de la pobreza y exclusión
social.
• la profundización de los cambios iniciados en el sistema de seguridad social apuntando a la
extinción del lucro en la seguridad social, a través de una reforma estructural del sistema.
Se buscará la universalización de prestaciones que atienden a grupos prioritarios: niñas,
niños y adolescentes y personas mayores de 65 años.
El diseño de una reforma del sistema de seguridad de mediano y largo plazo, que integre los
cambios en la estructura de edades de la población uruguaya, las características de estructura
productiva y ocupacional, la sustentabilidad económica/financiera del mismo, orientada a la
inclusión universal de sectores de población y de las actividades laborales y productivas y
sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad en las prestaciones.- Los pilares
contributivos y no contributivos del mismo deberán estar articulados y ser complementarios.
Las propuestas a implementar deberán tomar en cuenta el papel estratégico que ocupan las
familias en la crianza, socialización y cuidado de las personas.- Se requiere adoptar medidas
de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen igual a las mujeres y a los
hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera
equitativa y superando estereotipos de género se crean las condiciones propicias para la
participación política de la mujer en toda su diversidad. Por otra parte, también se debe tomar
en cuenta las diferentes modalidades de arreglos familiares y generar servicios y programas
que constituyan un verdadero sistema integral de cuidados familiares –público/privado- que
permita satisfacer las necesidades de los integrantes de las familias en sus diversas edades y
situaciones. Se trata de mejorar el bienestar de las familias, buscando la ampliación y
reproducción de capacidades humanas. Preocupa especialmente las situaciones de niñas,
niños y adolescentes en condición de pobreza, adultos mayores sin cobertura de la seguridad
social, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, la cuestión del uso
problemático de drogas, el maltrato y la violencia doméstica.-
Es prioritario avanzar en la ampliación de programas de atención de las situaciones de
vulnerabilidad y riesgo, así como en servicios de atención a las problemáticas derivados de la
materialización del daño producido.
Los programas y servicios sociales deberán fortalecer dispositivos que fomenten la
participación de los protagonistas en los programas, considerándolos sujetos de derechos, con
voz e incidencia en relación a las propuestas que se implementan.
En esta misma dirección, se entiende necesario que para promover procesos de integración
social, el próximo gobierno debe asumir activamente un debate sobre las pautas y valores
culturales que están primando en la sociedad. Propuestas y acciones culturales y diversidad de
espacios de encuentro y participación serán estrategias prioritarias que permitan un nuevo
“estar juntos” como sociedad.
II.- El derecho a la salud integral, un desafío permanente
El objetivo central para el próximo período de gobierno será completar y profundizar la
instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud avanzando en los cambios en el modelo
de financiación, de gestión y de atención a la salud, garantizando el acceso universal a la
cobertura de salud, alcanzando metas sanitarias prioritarias en un contexto social y cultural de
mayor calidad de vida.
Los grandes ejes programáticos de esta transformación serán:
• Fortalecer la Rectoría del Estado.- La Función Rectora debe incluir necesariamente las
dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control de bienes,
servicios y recursos humanos, la modulación del financiamiento y la garantía del
aseguramiento con justicia social, tanto en los aportes como en la calidad e integralidad de
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las prestaciones de los diferentes efectores a los usuarios del sistema. Debe incorporar la
promoción de mecanismos de complementación y armonización de los prestadores
públicos y privados, con criterios de centralización normativa y desconcentración ejecutiva
en el territorio.
La democratización, la transparencia y la eficiencia en la gestión de las instituciones
prestadoras de servicios de salud implican el desarrollo de normativas claras, de marcos
regulatorios adecuados y la función de contralor o policía sanitaria. Avanzar en las
transformaciones de la salud exige una lucha aún mayor de regularización contra la
mercantilización de la atención a la salud, el afán de lucro entronizado en la realidad
anterior y el corporativismo que –como en el caso del acto médico- antepone los intereses
económicos.
Entre los aspectos programáticos a desarrollar se priorizará:
• el diseño de una Política del Medicamento: investigación nacional, producción para
el mercado interno y la exportación, control de calidad y precio, garantizando la
accesibilidad con sustentabilidad económica y social.
• una Política de Seguridad Alimentaria que incluya el control de calidad de los
alimentos y la accesibilidad a los mismos por parte de la población.
• Política de Salud Bucal que supere la actual inequidad de acceso de la población a
la asistencia, garantizando el cumplimiento del programa nacional extendiéndose a
todos los efectores integrales.
• Políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el
campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización
del aborto.
• Políticas de salud para todos los trabajadores, elaborada en forma tripartita entre
trabajadores, empresas y el Estado.
• Políticas de Recursos Humanos que definan un Estatuto del Trabajador de la
Salud que contemple remuneraciones, salud ocupacional, multiempleo;
• la creación de Comisiones de Bioética en los Centros de Salud, el avance
legislativo en este tema y la capacitación especializada en la disciplina.-
• Se integrarán los lineamientos aprobados en el Congreso Líber Seregni para la
elaboración e implementación de políticas públicas integrales de Drogas y de Salud
Mental
• Afirmar ASSE y el Sistema Público de Atención.- En el desarrollo integral del SNIS se
asigna un rol fundamental al fortalecimiento del sistema público de atención a la salud y en
particular de ASSE. Este debe asegurar una calidad asistencial a la par o superior al resto
del sistema. El liderazgo estatal es un componente básico para el funcionamiento del
conjunto del sistema integrado. La inversión en policlínicas, centros de salud y hospitales
iniciada por este gobierno, necesita -a mediano plazo- una inversión sustantiva -
planificada territorialmente- que permita la habilitación de la infraestructura física acorde a
servicios de calidad. No más servicios pobres para pobres.
Dos criterios básicos serán tenidos en cuenta: el uso eficiente de los recursos, incluyendo la
asignación de recursos por indicadores de desempeño, y el impacto directo sobre la
población de las inversiones y gastos efectuados. La afirmación del rol del servidor público
será un componente esencial para fortalecer la gestión.
•
La Participación social de usuarios y trabajadores. La incorporación de representantes
de Usuarios y Trabajadores en la Junta Nacional de Salud y el Directorio de ASSE, ha sido
un paso relevante. Las representaciones sociales se elegirán junto con las elecciones para
directores sociales del BPS, y establecerán vínculos permanentes con ámbitos locales.
Se promoverán la mayor diversidad de mecanismos de participación social para garantizar
el involucramiento de la ciudadanía en el seguimiento y control de los servicios públicos y
privados: Comisiones de participación, Presupuesto Participativo Local, Conferencias
Nacionales.
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• Consolidar el Nuevo Modelo de Atención a la Salud.- La transformación del modelo de
atención requiere nuevos y mayores pasos, hacia un cambio cultural que va desde las
instituciones y los técnicos a los estilos de vida de la población. La participación
comunitaria es un protagonista decisivo de esos procesos. Tendrán un rol fundamental los
agentes comunitarios de salud como protagonistas en la educación, promoción y difusión
de las políticas de atención primaria de la salud, siendo los vectores de trasmisión de las
necesidades de la comunidad, en un proceso de ida y vuelta que permitirá ajustar dichas
políticas a las necesidades concretas de la población. También se instrumentará la difusión
de la ley de Derechos de los usuarios de la salud como herramienta fundamental para la
educación de la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos en la materia y a los
agentes comunitarios como sus principales difusores. La educación para la salud tiene
uno de sus puntos críticos en el rol de los medios de comunicación y en tal sentido se
promoverán instrumentos legales que establezcan la obligatoriedad de asignar un espacio
determinado a temáticas de promoción y protección de la salud de la población.
Se consolidará y ampliará la red en el primer nivel de atención en todo el territorio nacional,
siendo prioritaria la conformación del primer nivel de atención como sistema, con base
territorial y articulación intersectorial con los demás sistemas que influyen en la calidad
de vida de la población.
La “canasta de prestaciones” del Plan Integral de Atención a la Salud incluirá
progresivamente todos los programas prioritarios (salud general, salud bucal, salud mental,
entre otros).
Toda la población dentro del Seguro de Salud.- Consolidar el Seguro de Salud
universal, estableciendo claramente y ampliando sus fuentes de financiación, con
criterios de justicia tributaria. El FONASA debe completarse con la integración
progresiva de toda la población. Se jerarquizará a la población más vulnerable y que
hoy
carece de la protección de la seguridad social. La estrategia de financiación
apoyará el cambio de modelo de atención.-
•
Formación y capacitación permanente del personal profesional, técnico y no técnico. En
ello la Universidad de la República, la Facultad de Medicina y en especial el Hospital de
Clínicas, tendrán primordial relevancia por su papel formador de una amplia gama de
especialidades de la salud, conservando su rol histórico, coordinando con el MSP y el MEF,
las políticas de salud. También actuará en la implementación de la formación permanente
de los actores de la salud por medio de cursos, concursos, investigación. Dichas
actividades tendrán carácter gratuito, obligatorio e interregional, elevando la calidad de las
mismas cualitativa y cuantitativamente, de modo de jerarquizar los estándares del equipo
de salud. Por su parte, el Hospital de Clínicas deberá cumplir un papel relevante como
hospital de referencia nacional de alta tecnología y de formación de trabajadores, técnicos y
especialistas para la salud, integrarse al FONASA y jugar un papel rector del SNIS.
• III.- El derecho al trabajo, de todas y todos: una política de inclusión.
Se reconoce que el trabajo como actividad creativa y productiva conlleva impactos en
múltiples dimensiones: realización y desarrollo personal, integración social y sustentabilidad
cultural, económica y política de la sociedad.
Las políticas laborales deberán fortalecer la malla de protección social de las y los
trabajadores y prestar atención a los grupos especialmente excluidos del mundo del trabajo.-
Medidas contributivas y no contributivas deberán complementarse para generar procesos de
inclusión sociolaboral de los desocupados de larga duración, especialmente jóvenes y
mujeres.
Se propone fortalecer los programas de promoción de la cultura de trabajo, formación y
capacitación, certificación por experiencia laboral, certificación de la calidad de trabajo y la
ampliación de los servicios de cuidados familiares, como acciones positivas hacia la
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disminución de los desocupados/as de larga duración como meta alcanzable en el próximo
período.
El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que permitirá dinamizar y
profundizar las políticas activas de empleo, quien priorizará sectores y grupos de acuerdo a
barreras ocupacionales específicas y a criterios de equidad de género, generacionales y
raciales.-
La recuperación de empresas aplicando diversas modalidades de gestión (gestión
cooperativa de los trabajadores, gestión compartida mediante la asociación de los dueños y
los trabajadores) continuará siendo una estrategia prioritaria. El apoyo a pequeños
emprendimientos productivos y comerciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas a
través de políticas de acceso al crédito como a la formalización serán profundizadas. Las
políticas de promoción de los pequeños productores rurales, pequeños empresarios, en el
fortalecimiento de cadenas productivas, permiten avanzar en acciones de distribución de
la riqueza.-
Se intensificará el apoyo a las Cooperativas Sociales facilitando el acceso al crédito, ya que
esa de las vías en la generación de empleo genuino, a la vez que promueve la integración
social en el marco de nuevas relaciones laborales.
A nivel legislativo se propone avanzar en: Legislación del seguro de desempleo parcial,
despido justificado, formalización de los cuenta propistas callejeros, la conformación de un
Texto Ordenado de Derechos Laborales.
A nivel institucional se propone la reestructura del Ministerio de Trabajo: área de
negociación, área de inspección, profundización de la desconcentración a través de las
oficinas de trabajo.
IV.- Por los derechos de niñas, niños y adolescentes
El Uruguay de hoy debe reconocer que su población infantil y adolescente es la más expuesta
a sufrir condiciones de desigualdad social, ya que la pobreza y exclusión aumenta cuanto
menor edad se tiene.- Todas las políticas y programas se enmarcarán en los principios
orientadores de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Código
de la Niñez y de la Adolescencia, así como en las normativas internacionales.-
Las políticas de Infancia y Adolescencia requieren de una clara delimitación del rol Rector y
Ejecutor del INAU en la orientación, diseño y coordinación interinstitucional, articulando
especialmente con el Sistema de Seguridad y Protección Social, el Sistema Educativo y el
Sistema Nacional de Salud.- La experiencia del Comité de Coordinación Estratégica por la
Infancia y la Adolescencia coordinado por Infamilia es un antecedente relevante a tomar en
cuenta así como las conclusiones de la Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia.-
El INAU deberá, en el próximo período, avanzar en la transformación institucional que le
permita fortalecer sus capacidades en el abordaje de problemáticas de particular riesgo como
la situación de calle, las adicciones, la violencia familiar y el abuso sexual, la rectoría en la
selección de familias adoptantes, la situación de los niños y adolescentes infractores. Deberá
impulsar acciones de carácter sociocultural y socioeducativo que promuevan modelos
culturales abiertos a una cultura de derechos, de aceptación de la diversidad, tolerante y
solidaria, cuestionando estereotipos estigmatizadores especialmente dirigidos a los pobres, y a
las y los adolescentes y jóvenes, lo que implica una profunda revisión de los estereotipos y
sistemas de creencias que nos atraviesan. Se fomentará el ejercicio activo de una ciudadanía
plena infantil y adolescente, promoviendo la creación de espacios formales e informales de
participación.
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Las políticas hacia la Infancia y Adolescencia requieren de un abordaje transversal: el
Sistema de Protección y Asistencia Social deberá avanzar en prestaciones que fortalezcan
a las familias en el ejercicio de sus funciones; el Sistema Educativo en todos sus niveles:
inicial, primario, secundario y técnico, deberá ampliar su cobertura y desarrollar programas que
faciliten el ingreso y permanencia de niñas , niños y adolescentes al sistema, garantizando su
formación integral; el Sistema de Salud fortalecerá los programas de atención integral a Niños
y Adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Bucal, entre otros, garantizando el acceso
al mismo.- También se fortalecerán las políticas de fomento del deporte y la recreación,
instrumentos relevantes de promición de salud, integración social y desarrollo cultural.
Las familias en sus más diversos arreglos representan el ámbito deseado y deseable para el
desarrollo de niñas, niños y adolescentes; en consecuencia es necesario promover planes y
programas de implantación local que permitan el fortalecimiento de los lazos y redes
comunitarios así como los vínculos intrafamiliares, profundizar en las políticas alimentarias, y
garantizar los planes de acceso y/o mejora de la vivienda y el hábitat representan líneas
estratégicas prioritarias.
El próximo gobierno progresista se propone:
•
Fortalecimiento del INAU como Organismo Rector de la Política de Infancia y
Adolescencia, adquiriendo mayores capacidades institucionales en la orientación,
diseño, seguimiento, control de la gestión de las instituciones privadas y organizaciones
de la sociedad civil, así como la articulación con las instituciones públicas del Sistema
de Protección Social, Educación, Salud y Justicia entre otras.
•
Profundizar el cambio interno, en consonancia con el proceso de transformación del
Estado, revisando las políticas de recursos humanos, los cargos de confianza (incluir los
Jefes Departamentales); sistema de remuneraciones, mejoramiento de los niveles
técnicos y profesionales.
•
Desarrollar una consistente política comunicacional orientada a la promoción y
protección de una cultura de Derechos que cuestione los estereotipos asociados a la
infancia y adolescencia.
•
Fortalecer la política de diálogo con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las
Organizaciones Populares (movimiento sindical, cooperativo, entre otros) a través de
mesas de debate y la política de convenios que mejore los mecanismos de transferencia
de fondos, supervisión, control y evaluación de los proyectos, consolidando el papel del
estado como contralor de la calidad de los servicios tercerizados.
•
Consolidar las redes de promoción y protección a niños, niñas, adolescentes y
familias, con énfasis en el trabajo territorial. Mesas Interinstitucionales, Redes de
Infancia.
•
Consolidar la atención integral a niñas y niños en su primera infancia a través del
fortalecimiento de una red de servicios público – privados.
•
Avanzar en los procedimientos y mecanismos vinculados a la adopción promoviendo
una mayor agilización de los trámites en el marco del respeto de los derechos de niñas
y niños.
•
Multiplicar los equipos de trabajo y los centros de atención en todo el país,
priorizando, desde el punto de vista temático: Adolescencia, Adicciones, Maltrato y
Abuso, Situaciones de Calle, Atención en situaciones de crisis o abandono familiar.
Desde el punto de vista geográfico serán prioritarias: Montevideo, Canelones y ciudades
que no son capitales departamentales.
•
Apoyos para la inserción autónoma de los adolescentes que egresan del “Sistema
INAU”: educación, trabajo, vivienda, vínculos familiares.
•
Promover el trabajo con medidas socio-educativas para adolescentes que presenten
problemas en relación a la observancia de la ley, y definir la inserción institucional del
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sistema de ejecución de medidas para adolescentes que cometieron infracciones
a la ley, fundamentalmente en las situaciones que requieren privación de libertad.
•
La ejecución de medidas privativas de libertad de las y los adolescentes son una
responsabilidad indelegable del Estado, manteniéndose en la actualidad la edad de
imputabilidad de las y los adolescentes
•
Desarrollar una política articulada con el Sistema Judicial y el Ministerio del Interior para
las situaciones de adolescentes con privación de libertad, fortaleciendo los dispositivos
institucionales con medidas de atención integral a la salud, socioeducativa y recreativas
en ámbitos de pequeño porte.-
V.- La vivienda como factor de integración social
La vivienda y el hábitat constituyen un aspecto sustantivo de la calidad de vida de las personas
por ser un instrumento de inserción social y redistribución del ingreso, además de su condición
de generador de empleo y dinamizador de la economía. Por ello, vivienda y hábitat deberán
considerarse una prioridad de la política de gobierno lo que implicaría, entre otras medidas, la
puesta en marcha de acciones que procuren garantizar el acceso y la permanencia a la
vivienda en un hábitat digno y el derecho a la ciudad.
La definición antes enunciada supondrá destinar los recursos necesarios para reducir el
déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, así como para la instrumentación de otros
programas que coadyuven al acceso y permanencia antes especificados, y el desarrollo de
una gestión eficaz y eficiente; por lo cual se deberá hacer especial hincapié en medidas como
las siguientes:
•
Generar un contexto que fomente la captación de ahorro público y privado,
profundice la inversión pública y estimule la inversión privada en vivienda, al tiempo
de fortalecer el crédito hipotecario social para vivienda, por parte del sistema
financiero público, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar para alentar ese
crédito en el ámbito privado.
•
Impulsar políticas, fundamentalmente preventivas y de mejoramiento del hábitat
existente.
•
Fortalecer el sistema público de la vivienda de acuerdo a los nuevos roles y
competencias de los organismos involucrados (MVOTMA, ANV y BHU), optimizando las
estructuras de coordinación y complementación institucional.
•
Promover mecanismos tendientes a ampliar la transferencia en la gestión y en la
ejecución de los programas, recurriéndose a los gobiernos departamentales y locales
y a la sociedad civil organizada. Se tomará especialmente en cuenta al sistema
cooperativo, considerando su importante aporte –reconocido internacionalmente- a la
solución del problema habitacional, a la construcción de ciudadanía y organización
social. También se tomará en cuenta la autoconstrucción asistida y otros
emprendimientos asociativos.
•
Profundizar en mecanismos que garanticen la participación de los trabajadores, no
solamente en fases tales como el diseño del hábitat y el aporte del trabajo a la obra,
sino también en niveles de decisión y gestión.
•
Priorizar los programas de acceso al suelo urbanizado y de utilización del stock
existente en todo el país, pudiendo manejarse, entre otros instrumentos, estímulos a
esa utilización, con compromisos de uso, y gravámenes a su abandono. Se destinarán
al Plan de Vivienda los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad pública,
aptos para vivienda y servicios habitacionales que se encuentren ociosos, habilitando
los mecanismos legales que lo permitan, así como el aporte de materiales y servicios
por parte de los organismos públicos con costos acordes a la finalidad social.
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•
Procurar la armonización de programas de vivienda con políticas que afecten diversas
áreas:
• La facilitación del afincamiento de los jóvenes.
• La priorización de los sectores económicamente más desfavorecidos,
con la finalidad de fomentar la inclusión y la heterogeneidad social, a través
de mecanismos tales como el desarrollo de un sistema de subsidios,
vinculado fundamentalmente a los ingresos, en especial, el subsidio a los
pagos destinados a la vivienda, por las familias.
• El acceso a una solución habitacional para víctimas de violencia
doméstica, complementando una solución más integral a un problema
definitivamente instalado en la sociedad.
• El acceso a soluciones habitacionales de los emigrados, incluyéndolos en
diversos planes de vivienda, que les aseguren a su regreso la ocupación de la
misma. Dichos planes podrán efectivizarse de acuerdo a cuotas de ahorro de
corto o largo plazo en base a sus capacidades económicas.
• La mejora de los procesos de apropiación del hábitat apuntando a una
mayor integración, generación de identidad y sentido de pertenencia y, con
ello, a la creación de ciudadanía
En todos los casos será necesario tener presente que se trata de políticas que actúan como
reconstituyentes del tejido social para grupos heterogéneos por lo que, al tiempo de procurar
soluciones a los problemas específicos, deberán evitar la formación de sectores sociales
fragmentados.
Por la magnitud de la situación, se deberá continuar con la incorporación explícita -
programática y presupuestamente- de acciones concretas dirigidas a la población residente en
asentamientos irregulares. Para ello se:
• Avanzará en la implementación de mecanismos legales qye permitan intervenir al
estado para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y generar inclusión social.
• Contemplará particularmente la conjugación de vivienda y trabajo, entendiendo a este
también como el desarrollo de actividades productivas en las soluciones habitaciones.
• Buscará abatir los costos de construcción de vivienda de interés social, estudiando la
viabilidad de la eliminación del pago de IVA y la reducción de los aportes sociales
estrictamente a lo que se traslada a los trabajadores.
VI.- Educación para todas y todos a lo largo de toda la vida
El impulso a la transformación de la educación ha sido un pilar fundamental para el gobierno
del Frente Amplio, en el marco de transformación hacia un país productivo con justicia social y
desarrollo humano pleno. El impulso a la generación de conocimiento científico y tecnológico,
su aplicación apostando a la innovación y la democratización en el acceso a la misma por parte
de toda la sociedad, son ejes estratégicos sustantivos en materia de políticas educativas de un
gobierno progresista.
Las políticas educativas en este segundo gobierno, serán un verdadero motor de desarrollo,
colocando al país de cara a los desafíos del nuevo siglo y aportando a la construcción de una
sociedad del conocimiento al servicio de todas y todos y a lo largo de toda la vida. Estas se
sustentan en una concepción emancipadora de la educación, fomentando la ciudadanía activa,
personas libres, protagonistas, trabajador@s fecund@s en la más amplia acepción. El sistema
educativo procurará recuperar el sentido de identidad nacional, promoviendo procesos de
integración social que superen las condiciones de exclusión y fragmentación social.
Una vez cumplidas las etapas necesarias para la aprobación final de la Ley de Educación, el
proyecto educativo a implementar fortalecerá el funcionamiento general del sistema y de los
centros, en la metodología y en los contenidos curriculares, en la formación de docentes y en la
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capacitación de los no docentes que pertenecen al sistema. Se hace especial hincapié en la
necesaria formación de actitudes basadas en la conciencia crítica ante la realidad, la
solidaridad, la justicia, el respeto, la aceptación de la diversidad cultural y la promoción de
equidad de género, razas y etnias.
Nuestra propuesta destaca la vigencia de los principios históricamente consagrados de
laicidad, obligatoriedad, gratuidad, democracia, autonomía, participación y universalidad.
En este marco se impulsarán las siguientes medidas:
•
El fortalecimiento del sistema educativo formal para la incorporación de niñas, niños y
adolescentes que hoy están fuera de él.
•
Implementar programas de formación integral que faciliten la culminación de la
educación obligatoria.
•
Fomento de la participación de docentes, estudiantes y la comunidad en los diferentes
ámbitos del sistema educativo. Se pretende estimular una participación que integre
eespecialmente la democratización de la ANEP.
•
Fomentar la conformación de equipos interdisciplinarios para reforzar los procesos de
integración social y educativa.
•
Planificar la expansión de todo el sistema educativo asegurando una relación adecuada
entre el número de docentes y el número de estudiantes promoviendo mejoras en la
calidad de la educación.
•
Garantizar la universalización de la educación inicial y el fortalecimiento de la Educación
Media Básica son objetivos estratégicos que apuntan a la mejora de la educación y del
tiempo pedagógico.
•
Se requiere especialmente dotar de mejores condiciones a la educación técnica
tecnológica como respuesta a los desafíos del país productivo.
•
La alfabetización informática deberá continuarse y fortalecerse en el marco de los
objetivos integrales de la educación, promoviendo el acceso paulatino de los alumnos
de todo el sistema y de los docentes.
•
La lucha contra el analfabetismo total o funcional será también una línea estratégica a
consolidar en el marco de la Educación de Jóvenes y Adultos.
•
La promoción de centros educativos abiertos e integrados, con participación de
docentes, estudiantes y la comunidad para dar respuesta a las necesidades de su
entorno local, contribuirá así al desarrollo de una cultura de derechos ciudadanos,
democrática, solidaria y respetuosa de la diversidad cultural.
•
Consolidación de un sistema terciario de educación pública acorde al proyecto de país
productivo con un papel central de la Universidad de la República y de la educación
técnico profesional
•
Otorgar a la formación docente carácter universitario.
•
La responsabilidad de los medios de comunicación en los procesos educativos es
fundamental y deberá ser jerarquizada e integrada. Se procurará estimular que los
medios de comunicación contribuyan al logro de los objetivos educativos, más allá de
aquellos que por ser propiedad del Estado jugarán un papel relevante.
•
La asignación presupuestal deberá ajustarse a los requerimientos exigidos que implican
continuar con la mejora edilicia y de infraestructura, la creación de cargos y centros
educativos, la mejora de la calidad de la educación y de las remuneraciones docentes y
no docentes.
por más Justicia y Equidad
APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008
1.- PROBLEMAS SOCIALES RELEVANTES:
Los problemas sociales estructurales que vive nuestro país, responden a condiciones
económicas, culturales y políticas que fueron consolidadas por las políticas neoliberales
implementadas en las últimas décadas, las que impactaron en las formas institucionales,
pero que también permearon la sociedad con una concepción de la vida, las relaciones
humanas y sociales que son irreconciliables con la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.
El próximo gobierno progresista deberá consolidar y profundizar las reformas iniciadas en su
primera administración así como ahondar en la transformación democrática de sus
instituciones, en el marco de la descentralización con participación ciudadana. La
promoción de relaciones sociales basadas en una cultura de derechos ciudadanos y de
respeto a la diversidad es un camino ineludible para promover procesos de integración
social.-
Resulta imprescindible incidir en los mecanismos de reproducción de la pobreza,
reconociendo el imperativo ético de atender a las y los ciudadanos de todas las edades,
visibilizando nuevas vulnerabilidades y riesgos de sectores excluidos del sistema de protección
social, y reconociendo a la infantilización de la pobreza como la cara de la desigualdad
uruguaya.- Se deberá tener en cuenta, sin embargo, a los hogares pobres en tanto núcleos y
no a sus integrantes tomados individualmente, por tanto el diseño de las políticas considerarán
integralmente los diferentes arreglos familiares.-
2.- ORIENTACIONES POLÍTICO IDEOLÓGICAS
• La centralidad de los derechos ciudadanos en las orientaciones de políticas sociales
aparece como un enfoque indiscutido, compartiéndose que el Estado tiene un rol central en
garantizarlos y generar condiciones para su ejercicio activo. Por ello las políticas sociales
estructuran orientaciones de carácter universal, sin desmedro de la necesidad de acciones
positivas, planes y programas orientados a colectivos específicos o situaciones de
vulnerabilidad o riesgo social.-
• La matriz del sistema de protección social se sustentará en un modelo de redistribución
de la riqueza, de tal modo que las políticas sociales estén absoluta y totalmente imbricadas y
articuladas a las políticas económicas como partes integrantes del modelo de desarrollo. Para
ello la definición de los acentos redistributivos en el próximo presupuesto quinquenal
continuarán profundizando las acciones comenzadas en el primer gobierno progresista.
• El Sistema Integrado de Protección Social buscará promover procesos de integración
social de sus ciudadanos, esto es el acceso a bienes y servicios de calidad y a su capacidad
de establecer relaciones sociales, incidir y organizarse colectivamente. Se avanzará en la
universalización de las asignaciones familiares y de pensiones universales en el marco de
una reestructura del sistema de seguridad social.
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• La Equidad de Género y de Derechos asegurando el goce y ejercicio en las condiciones de
igualdad para hombres y mujeres de las libertades fundamentales en las esferas políticas,
económicas, sociales y culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública
• El Estado debe fortalecer los vínculos entre sus servicios y los de la comunidad de tal forma
de fortalecer la red de cuidados que hoy proveen las familias y que dificultan la actividad
productiva a una porción muy importante de adultos y adultas en condiciones de incorporarse
o mantenerse en el mercado de trabajo.
• Una Red de Asistencia Social fortalecida permitirá generar condiciones de inclusión social
para los sectores en condición de vulnerabilidad socioeconómica.- Se reafirma la posibilidad
de mantener la progresiva instrumentación de la renta básica de integración que sustituirá en
forma escalonada los subsidios directos, garantizando la ciudadanía plena de nacionales y
residentes.
• Modelos culturales abiertos que permitan el desarrollo de una cultura de la solidaridad, del
respeto y aceptación de la diversidad, de confianza en el diferente y de integración social;
que promueva mucho más el apoyo recíproco y la tarea colectiva, como opción genuina
opuesta a la búsqueda de la satisfacción exclusivamente individualista a cualquier precio.
• Modelo de profundización de la democracia a través de escenarios más consolidados de
participación ciudadana, desconcentración de los servicios y descentralización con el
territorio como base articuladora.
3.- EJES TRASVERSALES
Institucionalidad:
• La Rectoría del Estado en materia de Políticas Sociales será afirmada a partir de los
diferentes dispositivos institucionales.- Se requiere el fortalecimiento de los Ministerios y
Organismos Descentralizados para el cabal cumplimiento de sus fines. La rectoría incluye
necesariamente las dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control
de la provisión de bienes, servicios y recursos humanos, y la modulación del financiamiento.-
• Los ámbitos institucionales de coordinación y articulación de las políticas sociales
deberán adquirir mayor legitimidad institucional y capacidad de liderazgo.- El Gabinete
Social y el Consejo Coordinador de Políticas Sociales resultan dispositivos estratégicos
así como también las diversas instancias interinstitucionales a nivel departamental. La
coordinación nacional y departamental es un desafío a atender especialmente.-
• El mecanismo gubernamental para el adelanto de las mujeres deberá ser jerarquizado,
fortaleciendo así la institucionalidad de Género, dotándolo de mayor capacidad de incidencia
política y técnica, de manera de cumplir con los mandatos programáticos.
• Las políticas sociales profundizarán las reformas realizadas hasta ahora, avanzando en
radicales cambios para lograr que la satisfacción de las necesidades básicas de
educación, salud y seguridad social, sean directamente proporcionales a las necesidades
de la gente
• La articulación con diversidad de actores a la hora del diseño e implementación de planes
y programas es una línea estratégica prioritaria.- Serán interlocutores en materia de política
pública actores públicos y privados, funcionarios y sindicatos, organizaciones sociales y
usuarios de los servicios.-
• El avance hacia la implantación de nuevos Modelos de Atención a los participantes de los
diferentes sistemas (salud, educación, infancia, vivienda entre otros), es un desafío a atender.
• La implementación de nuevos Modelos de Gestión Pública que supere los casilleros
estancos, la burocratización y saturación de los servicios.- Estos modelos de gestión deben
avanzar en gestiones participativas y de base territorial.-
• El Presupuesto Participativo es afirmado como estrategia de participación ciudadana que
permite mayor eficacia y eficiencia en la acción pública.-
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• La formación y capacitación del funcionariado público (técnico, profesional y
administrativo) en la cultura de derechos, modelos de relación y trato y aspectos técnicos
específicos a cada área.-
Participación Ciudadana:
• Las políticas sociales deben afianzar los derechos ciudadanos en tanto ejercicio activo de la
ciudadanía y sus organizaciones sociales.-
• La expansión de derechos ciudadanos requiere profundizar las instancias creadas para el
diálogo y la articulación, reconociendo la participación calificada de organizaciones sociales,
sindicales, de usuarios de servicios y de ciudadanos a través de instancias de consultas
directas.
• Las instancias colectivas de seguimiento y control de las políticas públicas, así como los
escenarios abiertos para la gestión social de programas sociales deberán ganar en
reconocimiento legal e institucional.
Equidad de Género, Generaciones, Razas y Etnias.
• La equidad de género deberá ser contemplada en el diseño e implementación del Sistema
de Protección Social como en los diversos dispositivos institucionales. Esta implica el
reconocimiento de la desigualdad de oportunidades para las mujeres y mayores dificultades
para el acceso a los bienes materiales y culturales y a los servicios sociales públicos.
• El Sistema de Protección Social deberá tomar en cuenta los ciclos vitales de las y los
ciudadanos para contemplar las diversas situaciones de riesgo y vulnerabilidad.- El
reconocimiento de la infantilización de la pobreza como problema estructural del país, así
como las diversas situaciones de exclusión social vividas por las y los adolescentes y jóvenes
serán especialmente atendidas.
• La equidad étnico racial se incluirá como orientación permanente. Se deberá avanzar en la
visibilización del problema, atender los factores culturales que lo sostienen e instrumentar
mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades.
En ese marco deberán delinearse Políticas de Población con un enfoque multidimensional:
derechos sexuales y reproductivos, políticas integrales hacia la vejez, sistema de protección y
seguridad social, modelos de familia y sistemas de cuidados, cambios culturales, las
expectativas juveniles, la emigración, entre otros aspectos representan un desafío
especialmente estratégico para el país.- Las políticas demográficas irán en concordancia con
la Estrategia Nacional de Desarrollo que se propone.
4.- LÍNEAS ESTRATEGICAS
El Plan de Equidad surge como la línea de gobierno que marcará la continuidad,
garantizando la integralidad e intersectorialidad a través del Gabinete Social y la
profundización y la inclusión de los problemas sociales emergentes en la planificación.
En ese sentido se destacan, dentro de las políticas sociales a instrumentar en el período 2010
– 2015, las siguientes propuestas:
I.- Protección e inclusión social: un camino a la igualdad
El Sistema de Protección Social debe avanzar en el desarrollo de respuestas articuladas que
corrijan y compensen las desigualdades entre ciudadanos y ciudadanas, así como cubrir los
distintos riesgos sociales a los que están sometidas las personas a lo largo de su vida y
complementariamente, mejorar su bienestar. Resultan ser objetivos estratégicos para el
próximo gobierno progresista:
• la profundización de las políticas sociales consideradas como Sistema Integrado de
Protección Social que se articulen en el marco del Plan de Equidad y del Gabinete Social,
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• el fortalecimiento de la malla de asistencia social que atienda las situaciones de
vulnerabilidad social y revierta los procesos de reproducción de la pobreza y exclusión
social.
• la profundización de los cambios iniciados en el sistema de seguridad social apuntando a la
extinción del lucro en la seguridad social, a través de una reforma estructural del sistema.
Se buscará la universalización de prestaciones que atienden a grupos prioritarios: niñas,
niños y adolescentes y personas mayores de 65 años.
El diseño de una reforma del sistema de seguridad de mediano y largo plazo, que integre los
cambios en la estructura de edades de la población uruguaya, las características de estructura
productiva y ocupacional, la sustentabilidad económica/financiera del mismo, orientada a la
inclusión universal de sectores de población y de las actividades laborales y productivas y
sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad en las prestaciones.- Los pilares
contributivos y no contributivos del mismo deberán estar articulados y ser complementarios.
Las propuestas a implementar deberán tomar en cuenta el papel estratégico que ocupan las
familias en la crianza, socialización y cuidado de las personas.- Se requiere adoptar medidas
de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen igual a las mujeres y a los
hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera
equitativa y superando estereotipos de género se crean las condiciones propicias para la
participación política de la mujer en toda su diversidad. Por otra parte, también se debe tomar
en cuenta las diferentes modalidades de arreglos familiares y generar servicios y programas
que constituyan un verdadero sistema integral de cuidados familiares –público/privado- que
permita satisfacer las necesidades de los integrantes de las familias en sus diversas edades y
situaciones. Se trata de mejorar el bienestar de las familias, buscando la ampliación y
reproducción de capacidades humanas. Preocupa especialmente las situaciones de niñas,
niños y adolescentes en condición de pobreza, adultos mayores sin cobertura de la seguridad
social, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, la cuestión del uso
problemático de drogas, el maltrato y la violencia doméstica.-
Es prioritario avanzar en la ampliación de programas de atención de las situaciones de
vulnerabilidad y riesgo, así como en servicios de atención a las problemáticas derivados de la
materialización del daño producido.
Los programas y servicios sociales deberán fortalecer dispositivos que fomenten la
participación de los protagonistas en los programas, considerándolos sujetos de derechos, con
voz e incidencia en relación a las propuestas que se implementan.
En esta misma dirección, se entiende necesario que para promover procesos de integración
social, el próximo gobierno debe asumir activamente un debate sobre las pautas y valores
culturales que están primando en la sociedad. Propuestas y acciones culturales y diversidad de
espacios de encuentro y participación serán estrategias prioritarias que permitan un nuevo
“estar juntos” como sociedad.
II.- El derecho a la salud integral, un desafío permanente
El objetivo central para el próximo período de gobierno será completar y profundizar la
instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud avanzando en los cambios en el modelo
de financiación, de gestión y de atención a la salud, garantizando el acceso universal a la
cobertura de salud, alcanzando metas sanitarias prioritarias en un contexto social y cultural de
mayor calidad de vida.
Los grandes ejes programáticos de esta transformación serán:
• Fortalecer la Rectoría del Estado.- La Función Rectora debe incluir necesariamente las
dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control de bienes,
servicios y recursos humanos, la modulación del financiamiento y la garantía del
aseguramiento con justicia social, tanto en los aportes como en la calidad e integralidad de
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las prestaciones de los diferentes efectores a los usuarios del sistema. Debe incorporar la
promoción de mecanismos de complementación y armonización de los prestadores
públicos y privados, con criterios de centralización normativa y desconcentración ejecutiva
en el territorio.
La democratización, la transparencia y la eficiencia en la gestión de las instituciones
prestadoras de servicios de salud implican el desarrollo de normativas claras, de marcos
regulatorios adecuados y la función de contralor o policía sanitaria. Avanzar en las
transformaciones de la salud exige una lucha aún mayor de regularización contra la
mercantilización de la atención a la salud, el afán de lucro entronizado en la realidad
anterior y el corporativismo que –como en el caso del acto médico- antepone los intereses
económicos.
Entre los aspectos programáticos a desarrollar se priorizará:
• el diseño de una Política del Medicamento: investigación nacional, producción para
el mercado interno y la exportación, control de calidad y precio, garantizando la
accesibilidad con sustentabilidad económica y social.
• una Política de Seguridad Alimentaria que incluya el control de calidad de los
alimentos y la accesibilidad a los mismos por parte de la población.
• Política de Salud Bucal que supere la actual inequidad de acceso de la población a
la asistencia, garantizando el cumplimiento del programa nacional extendiéndose a
todos los efectores integrales.
• Políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el
campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización
del aborto.
• Políticas de salud para todos los trabajadores, elaborada en forma tripartita entre
trabajadores, empresas y el Estado.
• Políticas de Recursos Humanos que definan un Estatuto del Trabajador de la
Salud que contemple remuneraciones, salud ocupacional, multiempleo;
• la creación de Comisiones de Bioética en los Centros de Salud, el avance
legislativo en este tema y la capacitación especializada en la disciplina.-
• Se integrarán los lineamientos aprobados en el Congreso Líber Seregni para la
elaboración e implementación de políticas públicas integrales de Drogas y de Salud
Mental
• Afirmar ASSE y el Sistema Público de Atención.- En el desarrollo integral del SNIS se
asigna un rol fundamental al fortalecimiento del sistema público de atención a la salud y en
particular de ASSE. Este debe asegurar una calidad asistencial a la par o superior al resto
del sistema. El liderazgo estatal es un componente básico para el funcionamiento del
conjunto del sistema integrado. La inversión en policlínicas, centros de salud y hospitales
iniciada por este gobierno, necesita -a mediano plazo- una inversión sustantiva -
planificada territorialmente- que permita la habilitación de la infraestructura física acorde a
servicios de calidad. No más servicios pobres para pobres.
Dos criterios básicos serán tenidos en cuenta: el uso eficiente de los recursos, incluyendo la
asignación de recursos por indicadores de desempeño, y el impacto directo sobre la
población de las inversiones y gastos efectuados. La afirmación del rol del servidor público
será un componente esencial para fortalecer la gestión.
•
La Participación social de usuarios y trabajadores. La incorporación de representantes
de Usuarios y Trabajadores en la Junta Nacional de Salud y el Directorio de ASSE, ha sido
un paso relevante. Las representaciones sociales se elegirán junto con las elecciones para
directores sociales del BPS, y establecerán vínculos permanentes con ámbitos locales.
Se promoverán la mayor diversidad de mecanismos de participación social para garantizar
el involucramiento de la ciudadanía en el seguimiento y control de los servicios públicos y
privados: Comisiones de participación, Presupuesto Participativo Local, Conferencias
Nacionales.
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• Consolidar el Nuevo Modelo de Atención a la Salud.- La transformación del modelo de
atención requiere nuevos y mayores pasos, hacia un cambio cultural que va desde las
instituciones y los técnicos a los estilos de vida de la población. La participación
comunitaria es un protagonista decisivo de esos procesos. Tendrán un rol fundamental los
agentes comunitarios de salud como protagonistas en la educación, promoción y difusión
de las políticas de atención primaria de la salud, siendo los vectores de trasmisión de las
necesidades de la comunidad, en un proceso de ida y vuelta que permitirá ajustar dichas
políticas a las necesidades concretas de la población. También se instrumentará la difusión
de la ley de Derechos de los usuarios de la salud como herramienta fundamental para la
educación de la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos en la materia y a los
agentes comunitarios como sus principales difusores. La educación para la salud tiene
uno de sus puntos críticos en el rol de los medios de comunicación y en tal sentido se
promoverán instrumentos legales que establezcan la obligatoriedad de asignar un espacio
determinado a temáticas de promoción y protección de la salud de la población.
Se consolidará y ampliará la red en el primer nivel de atención en todo el territorio nacional,
siendo prioritaria la conformación del primer nivel de atención como sistema, con base
territorial y articulación intersectorial con los demás sistemas que influyen en la calidad
de vida de la población.
La “canasta de prestaciones” del Plan Integral de Atención a la Salud incluirá
progresivamente todos los programas prioritarios (salud general, salud bucal, salud mental,
entre otros).
Toda la población dentro del Seguro de Salud.- Consolidar el Seguro de Salud
universal, estableciendo claramente y ampliando sus fuentes de financiación, con
criterios de justicia tributaria. El FONASA debe completarse con la integración
progresiva de toda la población. Se jerarquizará a la población más vulnerable y que
hoy
carece de la protección de la seguridad social. La estrategia de financiación
apoyará el cambio de modelo de atención.-
•
Formación y capacitación permanente del personal profesional, técnico y no técnico. En
ello la Universidad de la República, la Facultad de Medicina y en especial el Hospital de
Clínicas, tendrán primordial relevancia por su papel formador de una amplia gama de
especialidades de la salud, conservando su rol histórico, coordinando con el MSP y el MEF,
las políticas de salud. También actuará en la implementación de la formación permanente
de los actores de la salud por medio de cursos, concursos, investigación. Dichas
actividades tendrán carácter gratuito, obligatorio e interregional, elevando la calidad de las
mismas cualitativa y cuantitativamente, de modo de jerarquizar los estándares del equipo
de salud. Por su parte, el Hospital de Clínicas deberá cumplir un papel relevante como
hospital de referencia nacional de alta tecnología y de formación de trabajadores, técnicos y
especialistas para la salud, integrarse al FONASA y jugar un papel rector del SNIS.
• III.- El derecho al trabajo, de todas y todos: una política de inclusión.
Se reconoce que el trabajo como actividad creativa y productiva conlleva impactos en
múltiples dimensiones: realización y desarrollo personal, integración social y sustentabilidad
cultural, económica y política de la sociedad.
Las políticas laborales deberán fortalecer la malla de protección social de las y los
trabajadores y prestar atención a los grupos especialmente excluidos del mundo del trabajo.-
Medidas contributivas y no contributivas deberán complementarse para generar procesos de
inclusión sociolaboral de los desocupados de larga duración, especialmente jóvenes y
mujeres.
Se propone fortalecer los programas de promoción de la cultura de trabajo, formación y
capacitación, certificación por experiencia laboral, certificación de la calidad de trabajo y la
ampliación de los servicios de cuidados familiares, como acciones positivas hacia la
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disminución de los desocupados/as de larga duración como meta alcanzable en el próximo
período.
El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que permitirá dinamizar y
profundizar las políticas activas de empleo, quien priorizará sectores y grupos de acuerdo a
barreras ocupacionales específicas y a criterios de equidad de género, generacionales y
raciales.-
La recuperación de empresas aplicando diversas modalidades de gestión (gestión
cooperativa de los trabajadores, gestión compartida mediante la asociación de los dueños y
los trabajadores) continuará siendo una estrategia prioritaria. El apoyo a pequeños
emprendimientos productivos y comerciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas a
través de políticas de acceso al crédito como a la formalización serán profundizadas. Las
políticas de promoción de los pequeños productores rurales, pequeños empresarios, en el
fortalecimiento de cadenas productivas, permiten avanzar en acciones de distribución de
la riqueza.-
Se intensificará el apoyo a las Cooperativas Sociales facilitando el acceso al crédito, ya que
esa de las vías en la generación de empleo genuino, a la vez que promueve la integración
social en el marco de nuevas relaciones laborales.
A nivel legislativo se propone avanzar en: Legislación del seguro de desempleo parcial,
despido justificado, formalización de los cuenta propistas callejeros, la conformación de un
Texto Ordenado de Derechos Laborales.
A nivel institucional se propone la reestructura del Ministerio de Trabajo: área de
negociación, área de inspección, profundización de la desconcentración a través de las
oficinas de trabajo.
IV.- Por los derechos de niñas, niños y adolescentes
El Uruguay de hoy debe reconocer que su población infantil y adolescente es la más expuesta
a sufrir condiciones de desigualdad social, ya que la pobreza y exclusión aumenta cuanto
menor edad se tiene.- Todas las políticas y programas se enmarcarán en los principios
orientadores de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Código
de la Niñez y de la Adolescencia, así como en las normativas internacionales.-
Las políticas de Infancia y Adolescencia requieren de una clara delimitación del rol Rector y
Ejecutor del INAU en la orientación, diseño y coordinación interinstitucional, articulando
especialmente con el Sistema de Seguridad y Protección Social, el Sistema Educativo y el
Sistema Nacional de Salud.- La experiencia del Comité de Coordinación Estratégica por la
Infancia y la Adolescencia coordinado por Infamilia es un antecedente relevante a tomar en
cuenta así como las conclusiones de la Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia.-
El INAU deberá, en el próximo período, avanzar en la transformación institucional que le
permita fortalecer sus capacidades en el abordaje de problemáticas de particular riesgo como
la situación de calle, las adicciones, la violencia familiar y el abuso sexual, la rectoría en la
selección de familias adoptantes, la situación de los niños y adolescentes infractores. Deberá
impulsar acciones de carácter sociocultural y socioeducativo que promuevan modelos
culturales abiertos a una cultura de derechos, de aceptación de la diversidad, tolerante y
solidaria, cuestionando estereotipos estigmatizadores especialmente dirigidos a los pobres, y a
las y los adolescentes y jóvenes, lo que implica una profunda revisión de los estereotipos y
sistemas de creencias que nos atraviesan. Se fomentará el ejercicio activo de una ciudadanía
plena infantil y adolescente, promoviendo la creación de espacios formales e informales de
participación.
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Las políticas hacia la Infancia y Adolescencia requieren de un abordaje transversal: el
Sistema de Protección y Asistencia Social deberá avanzar en prestaciones que fortalezcan
a las familias en el ejercicio de sus funciones; el Sistema Educativo en todos sus niveles:
inicial, primario, secundario y técnico, deberá ampliar su cobertura y desarrollar programas que
faciliten el ingreso y permanencia de niñas , niños y adolescentes al sistema, garantizando su
formación integral; el Sistema de Salud fortalecerá los programas de atención integral a Niños
y Adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Bucal, entre otros, garantizando el acceso
al mismo.- También se fortalecerán las políticas de fomento del deporte y la recreación,
instrumentos relevantes de promición de salud, integración social y desarrollo cultural.
Las familias en sus más diversos arreglos representan el ámbito deseado y deseable para el
desarrollo de niñas, niños y adolescentes; en consecuencia es necesario promover planes y
programas de implantación local que permitan el fortalecimiento de los lazos y redes
comunitarios así como los vínculos intrafamiliares, profundizar en las políticas alimentarias, y
garantizar los planes de acceso y/o mejora de la vivienda y el hábitat representan líneas
estratégicas prioritarias.
El próximo gobierno progresista se propone:
•
Fortalecimiento del INAU como Organismo Rector de la Política de Infancia y
Adolescencia, adquiriendo mayores capacidades institucionales en la orientación,
diseño, seguimiento, control de la gestión de las instituciones privadas y organizaciones
de la sociedad civil, así como la articulación con las instituciones públicas del Sistema
de Protección Social, Educación, Salud y Justicia entre otras.
•
Profundizar el cambio interno, en consonancia con el proceso de transformación del
Estado, revisando las políticas de recursos humanos, los cargos de confianza (incluir los
Jefes Departamentales); sistema de remuneraciones, mejoramiento de los niveles
técnicos y profesionales.
•
Desarrollar una consistente política comunicacional orientada a la promoción y
protección de una cultura de Derechos que cuestione los estereotipos asociados a la
infancia y adolescencia.
•
Fortalecer la política de diálogo con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las
Organizaciones Populares (movimiento sindical, cooperativo, entre otros) a través de
mesas de debate y la política de convenios que mejore los mecanismos de transferencia
de fondos, supervisión, control y evaluación de los proyectos, consolidando el papel del
estado como contralor de la calidad de los servicios tercerizados.
•
Consolidar las redes de promoción y protección a niños, niñas, adolescentes y
familias, con énfasis en el trabajo territorial. Mesas Interinstitucionales, Redes de
Infancia.
•
Consolidar la atención integral a niñas y niños en su primera infancia a través del
fortalecimiento de una red de servicios público – privados.
•
Avanzar en los procedimientos y mecanismos vinculados a la adopción promoviendo
una mayor agilización de los trámites en el marco del respeto de los derechos de niñas
y niños.
•
Multiplicar los equipos de trabajo y los centros de atención en todo el país,
priorizando, desde el punto de vista temático: Adolescencia, Adicciones, Maltrato y
Abuso, Situaciones de Calle, Atención en situaciones de crisis o abandono familiar.
Desde el punto de vista geográfico serán prioritarias: Montevideo, Canelones y ciudades
que no son capitales departamentales.
•
Apoyos para la inserción autónoma de los adolescentes que egresan del “Sistema
INAU”: educación, trabajo, vivienda, vínculos familiares.
•
Promover el trabajo con medidas socio-educativas para adolescentes que presenten
problemas en relación a la observancia de la ley, y definir la inserción institucional del
Page 9
sistema de ejecución de medidas para adolescentes que cometieron infracciones
a la ley, fundamentalmente en las situaciones que requieren privación de libertad.
•
La ejecución de medidas privativas de libertad de las y los adolescentes son una
responsabilidad indelegable del Estado, manteniéndose en la actualidad la edad de
imputabilidad de las y los adolescentes
•
Desarrollar una política articulada con el Sistema Judicial y el Ministerio del Interior para
las situaciones de adolescentes con privación de libertad, fortaleciendo los dispositivos
institucionales con medidas de atención integral a la salud, socioeducativa y recreativas
en ámbitos de pequeño porte.-
V.- La vivienda como factor de integración social
La vivienda y el hábitat constituyen un aspecto sustantivo de la calidad de vida de las personas
por ser un instrumento de inserción social y redistribución del ingreso, además de su condición
de generador de empleo y dinamizador de la economía. Por ello, vivienda y hábitat deberán
considerarse una prioridad de la política de gobierno lo que implicaría, entre otras medidas, la
puesta en marcha de acciones que procuren garantizar el acceso y la permanencia a la
vivienda en un hábitat digno y el derecho a la ciudad.
La definición antes enunciada supondrá destinar los recursos necesarios para reducir el
déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, así como para la instrumentación de otros
programas que coadyuven al acceso y permanencia antes especificados, y el desarrollo de
una gestión eficaz y eficiente; por lo cual se deberá hacer especial hincapié en medidas como
las siguientes:
•
Generar un contexto que fomente la captación de ahorro público y privado,
profundice la inversión pública y estimule la inversión privada en vivienda, al tiempo
de fortalecer el crédito hipotecario social para vivienda, por parte del sistema
financiero público, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar para alentar ese
crédito en el ámbito privado.
•
Impulsar políticas, fundamentalmente preventivas y de mejoramiento del hábitat
existente.
•
Fortalecer el sistema público de la vivienda de acuerdo a los nuevos roles y
competencias de los organismos involucrados (MVOTMA, ANV y BHU), optimizando las
estructuras de coordinación y complementación institucional.
•
Promover mecanismos tendientes a ampliar la transferencia en la gestión y en la
ejecución de los programas, recurriéndose a los gobiernos departamentales y locales
y a la sociedad civil organizada. Se tomará especialmente en cuenta al sistema
cooperativo, considerando su importante aporte –reconocido internacionalmente- a la
solución del problema habitacional, a la construcción de ciudadanía y organización
social. También se tomará en cuenta la autoconstrucción asistida y otros
emprendimientos asociativos.
•
Profundizar en mecanismos que garanticen la participación de los trabajadores, no
solamente en fases tales como el diseño del hábitat y el aporte del trabajo a la obra,
sino también en niveles de decisión y gestión.
•
Priorizar los programas de acceso al suelo urbanizado y de utilización del stock
existente en todo el país, pudiendo manejarse, entre otros instrumentos, estímulos a
esa utilización, con compromisos de uso, y gravámenes a su abandono. Se destinarán
al Plan de Vivienda los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad pública,
aptos para vivienda y servicios habitacionales que se encuentren ociosos, habilitando
los mecanismos legales que lo permitan, así como el aporte de materiales y servicios
por parte de los organismos públicos con costos acordes a la finalidad social.
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•
Procurar la armonización de programas de vivienda con políticas que afecten diversas
áreas:
• La facilitación del afincamiento de los jóvenes.
• La priorización de los sectores económicamente más desfavorecidos,
con la finalidad de fomentar la inclusión y la heterogeneidad social, a través
de mecanismos tales como el desarrollo de un sistema de subsidios,
vinculado fundamentalmente a los ingresos, en especial, el subsidio a los
pagos destinados a la vivienda, por las familias.
• El acceso a una solución habitacional para víctimas de violencia
doméstica, complementando una solución más integral a un problema
definitivamente instalado en la sociedad.
• El acceso a soluciones habitacionales de los emigrados, incluyéndolos en
diversos planes de vivienda, que les aseguren a su regreso la ocupación de la
misma. Dichos planes podrán efectivizarse de acuerdo a cuotas de ahorro de
corto o largo plazo en base a sus capacidades económicas.
• La mejora de los procesos de apropiación del hábitat apuntando a una
mayor integración, generación de identidad y sentido de pertenencia y, con
ello, a la creación de ciudadanía
En todos los casos será necesario tener presente que se trata de políticas que actúan como
reconstituyentes del tejido social para grupos heterogéneos por lo que, al tiempo de procurar
soluciones a los problemas específicos, deberán evitar la formación de sectores sociales
fragmentados.
Por la magnitud de la situación, se deberá continuar con la incorporación explícita -
programática y presupuestamente- de acciones concretas dirigidas a la población residente en
asentamientos irregulares. Para ello se:
• Avanzará en la implementación de mecanismos legales qye permitan intervenir al
estado para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y generar inclusión social.
• Contemplará particularmente la conjugación de vivienda y trabajo, entendiendo a este
también como el desarrollo de actividades productivas en las soluciones habitaciones.
• Buscará abatir los costos de construcción de vivienda de interés social, estudiando la
viabilidad de la eliminación del pago de IVA y la reducción de los aportes sociales
estrictamente a lo que se traslada a los trabajadores.
VI.- Educación para todas y todos a lo largo de toda la vida
El impulso a la transformación de la educación ha sido un pilar fundamental para el gobierno
del Frente Amplio, en el marco de transformación hacia un país productivo con justicia social y
desarrollo humano pleno. El impulso a la generación de conocimiento científico y tecnológico,
su aplicación apostando a la innovación y la democratización en el acceso a la misma por parte
de toda la sociedad, son ejes estratégicos sustantivos en materia de políticas educativas de un
gobierno progresista.
Las políticas educativas en este segundo gobierno, serán un verdadero motor de desarrollo,
colocando al país de cara a los desafíos del nuevo siglo y aportando a la construcción de una
sociedad del conocimiento al servicio de todas y todos y a lo largo de toda la vida. Estas se
sustentan en una concepción emancipadora de la educación, fomentando la ciudadanía activa,
personas libres, protagonistas, trabajador@s fecund@s en la más amplia acepción. El sistema
educativo procurará recuperar el sentido de identidad nacional, promoviendo procesos de
integración social que superen las condiciones de exclusión y fragmentación social.
Una vez cumplidas las etapas necesarias para la aprobación final de la Ley de Educación, el
proyecto educativo a implementar fortalecerá el funcionamiento general del sistema y de los
centros, en la metodología y en los contenidos curriculares, en la formación de docentes y en la
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capacitación de los no docentes que pertenecen al sistema. Se hace especial hincapié en la
necesaria formación de actitudes basadas en la conciencia crítica ante la realidad, la
solidaridad, la justicia, el respeto, la aceptación de la diversidad cultural y la promoción de
equidad de género, razas y etnias.
Nuestra propuesta destaca la vigencia de los principios históricamente consagrados de
laicidad, obligatoriedad, gratuidad, democracia, autonomía, participación y universalidad.
En este marco se impulsarán las siguientes medidas:
•
El fortalecimiento del sistema educativo formal para la incorporación de niñas, niños y
adolescentes que hoy están fuera de él.
•
Implementar programas de formación integral que faciliten la culminación de la
educación obligatoria.
•
Fomento de la participación de docentes, estudiantes y la comunidad en los diferentes
ámbitos del sistema educativo. Se pretende estimular una participación que integre
eespecialmente la democratización de la ANEP.
•
Fomentar la conformación de equipos interdisciplinarios para reforzar los procesos de
integración social y educativa.
•
Planificar la expansión de todo el sistema educativo asegurando una relación adecuada
entre el número de docentes y el número de estudiantes promoviendo mejoras en la
calidad de la educación.
•
Garantizar la universalización de la educación inicial y el fortalecimiento de la Educación
Media Básica son objetivos estratégicos que apuntan a la mejora de la educación y del
tiempo pedagógico.
•
Se requiere especialmente dotar de mejores condiciones a la educación técnica
tecnológica como respuesta a los desafíos del país productivo.
•
La alfabetización informática deberá continuarse y fortalecerse en el marco de los
objetivos integrales de la educación, promoviendo el acceso paulatino de los alumnos
de todo el sistema y de los docentes.
•
La lucha contra el analfabetismo total o funcional será también una línea estratégica a
consolidar en el marco de la Educación de Jóvenes y Adultos.
•
La promoción de centros educativos abiertos e integrados, con participación de
docentes, estudiantes y la comunidad para dar respuesta a las necesidades de su
entorno local, contribuirá así al desarrollo de una cultura de derechos ciudadanos,
democrática, solidaria y respetuosa de la diversidad cultural.
•
Consolidación de un sistema terciario de educación pública acorde al proyecto de país
productivo con un papel central de la Universidad de la República y de la educación
técnico profesional
•
Otorgar a la formación docente carácter universitario.
•
La responsabilidad de los medios de comunicación en los procesos educativos es
fundamental y deberá ser jerarquizada e integrada. Se procurará estimular que los
medios de comunicación contribuyan al logro de los objetivos educativos, más allá de
aquellos que por ser propiedad del Estado jugarán un papel relevante.
•
La asignación presupuestal deberá ajustarse a los requerimientos exigidos que implican
continuar con la mejora edilicia y de infraestructura, la creación de cargos y centros
educativos, la mejora de la calidad de la educación y de las remuneraciones docentes y
no docentes.
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