sábado, 27 de diciembre de 2008

Uruguay cultural - resolucion del V Congreso

URUGUAY CULTURAL
AROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI13-14 de diciembre de 2008

Introducción.
Las líneas de trabajo que se presentan a continuación para ser consideradas en el próximo
congreso del Frente Amplio, tienen como referencia la situación de emergencia que viene
atravesando la cultura de nuestro país. Emergencia que, como en otras áreas, no surgen a partir
del gobierno del Frente Amplio, sino que vienen de larga data y que se ve reflejada en la falta de
comprensión de la especificidad e importancia de la cultura en el desarrollo humano y por tanto
como eje necesario de todo proceso de cambio social progresista.
La defensa de los DERECHOS CULTURALES de la población es una premisa elemental, que
debe tener la misma jerarquía que el resto de los derechos humanos, funcionando como marco de referencia y como sustento general de toda propuesta tendiente a cambios afirmativos,
propendiendo a ser transversal al conjunto de las propuestas programáticas de nuestra fuerza
política y no solo de las referidas específicamente a la temática cultural.
El conocimiento científico forma parte del patrimonio cultural de la humanidad y por lo
tanto es imprescindible que esté al alcance de todos para lo cual la educación es una
herramienta fundamental en la perspectiva de un Uruguay más justo.
Nueva Institucionalidad
Según la UNESCO, el respeto a la diversidad y a la identidad cultural es un bien y un
recurso que hay que promover y desarrollar, porque contribuye, no sólo a la cultura en
general y al arte, sino al desarrollo global de los pueblos, afirmando “el valor central de la
cultura como base indispensable para el desarrollo integral del ser humano y para la
superación de la pobreza y de la desigualdad.”
ANTECEDENTES:
La institucionalidad cultural que se ha heredado presenta algunos rasgos que determinaban la
urgencia de que el nuevo gobierno encarara un tratamiento profundo al tema para su
transformación.
• Las instituciones existentes habían sido creadas sin planificación y de un modo aluvional,
en su mayoría resultan desactualizadas, carentes de coordinación y no se adecuan a las
características y necesidades que el quehacer cultural plantea como desafío para el siglo
XXI: gestión del patrimonio, museos, modalidades del gasto e inversión pública en cultura,
etc.
• La legislación era inadecuada y en muchos casos inexistente, no dando respuesta a las
necesidades reales del sector, ni a su proyección de futuro y tampoco en relación a
compromisos asumidos por el país en materia internacional.
• Falta de transparencia en el ingreso y administración de los recursos humanos lo cual
implica problemas de formación, profesionalización y carrera funcional.
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• Un Ministerio de Educación y Cultura hipertrofiado con una enorme cantidad de cometidos
y reparticiones, lo cual ha hecho difícil que los temas culturales tomen la dimensión y el
alcance nacional que deberían tener.
SITUACION:
El tema de la institucionalidad cultural no es nuevo en la agenda del sector artístico cultural del
Uruguay. Diversas instancias de encuentros, foros y plenarios han ido tejiendo distintas
propuestas hacia una nueva institucionalidad, cuya máxima expresión se ha sintetizado en el
concepto de “Sistema Nacional de Cultura” esbozado por primera vez en la III Asamblea Nacional
de Cultura llevada a cabo en dos instancias, Paysandú y Minas en el año 2003. El IV Congreso
del FA adopta este concepto, incorporándolo a las bases programáticas sobre cultura.
A partir de esta administración de gobierno se incorporó el tratamiento del tema por parte del
Estado.
En el sentido de los compromisos asumidos por el Dr. Tabaré Vázquez en diferentes instancias
(encuentro con artistas en El Galpón, acto de asunción, etc.), se desarrolló la IV Asamblea
Nacional de Cultura y la primera organizada oficialmente por el MEC que se reúne en Salto (abril
2006) con la presencia del Presidente de la República, asamblea esta que ratifica los ejes
temáticos de la anterior y las resoluciones que apuntan a nuevas instituciones de la cultura con
participación del sector cultural, impulsando los consejos departamentales de cultura y el Consejo Nacional de la Cultura.
También ha habido importantes avances en materia legislativa, ley de patrocinio cultural, ley de
cine y proyecto de ley de seguridad social de los artistas,
A su vez el MEC ha realizado un conjunto de programas y acciones, destacándose entre otras
cosas la obtención de recursos presupuestales para cultura inexistentes al comienzo de la
gestión, la transformación de la Dirección de Cultura en unidad ejecutora, y el Seminario
Internacional de Institucionalidad cultural.
El gobierno del FA se ha posicionado desde una formulación donde la participación del Estado en
el ámbito cultural consiste en reconocer, promover, coordinar, difundir y orientar los procesos y
proyectos culturales de los distintos sectores de la población en un marco de reconocimiento y
respeto por la libertad de expresión, la diversidad cultural y la convivencia ciudadana.
PROPUESTAS:
• Es imprescindible a nuestro entender plasmar en el programa del FA la necesidad imperiosa
de transitar un verdadero proceso de reforma de la institucionalidad cultural en el Uruguay.
Para ello es prioritario dar un fuerte impulso a la legislación en materia cultural.
• Es indispensable pensar, en el marco de la reforma del estado, la transformación del actual
Ministerio de Educación y Cultura.
Este Ministerio tiene competencia y alcances que dificultan una eficiencia administrativa como la que el FA aspira para los aparatos del Estado. Por lo mismo, parece necesario, al menos, tomar dos tipos de acciones: a) una readecuación de la estructura del actual Ministerio en una serie de ministerios o secretarías dependientes de la Presidencia de menor porte aunque con mayor especialización sin que ello implique aumento de número de funcionarios y b) una regionalización del país en el espíritu de la descentralización que posibilite concentración de recursos racionalizando su rendimiento.
Esto significa que a la vez que apuesta a lo local y a lo micro mediante Centros MEC, se consoliden infraestructuras – culturales, formación artística o patrimonial, o de gestores – que maximicen su rendimiento afectando o incidiendo en lo regional.
La Asamblea Nacional de la Cultura – insumo imprescindible e histórico – en la experiencia de
la presente administración debe actualizarse con esta perspectiva de regionalización del país
sin dejar de atender lo local. Para ello es prioritario dar un fuerte impulso a la legislación en
materia cultural
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• Avanzar en una Ley General de Cultura que sistematice, reordene y genere las instituciones e
instrumentos legales y jurídicos necesarios, profundizando también en las legislaciones
específicas de cada área, sector o problemática.
• Incorporar a la Constitución de la República los derechos culturales. “Los derechos
culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los
principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se
desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos,…” (Carta Cultural
Iberoamericana, Montevideo, 2006)
• Adecuación de la normativa de gestión del patrimonio, revisando la Ley 14.040 del año 1971,
que crea la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, a fin de
mejorar el cumplimiento al Artículo 34 de la Constitución que establece que: “Toda la riqueza
artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de
la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime
oportuno para su defensa”.
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. Estará integrado en forma coordinada con las
instituciones estatales y privadas (organizaciones civiles, asociaciones, etc.) que estén
vinculadas a la actividad cultural en el amplio espectro de la producción, difusión, promoción,
formación, documentación, financiamiento, gestión y circulación de bienes y servicios
culturales.
• INSTITUTO DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL REGIONAL, que se integrará
con representantes del Ministerio de Cultura y de Relaciones Exteriores y tendrá sedes
permanentes en aquellos lugares en donde el Uruguay considere de particular interés
estratégico el fortalecimiento de la inserción cultural, manteniendo un flujo importante de
intercambio entre países. Fomentará la creación de una Red Cultural Regional cuyo objetivo
fundamental será el de dinamizar la integración geográfica-cultural.
COMISIÓN SECTORIAL DE CULTURA en la órbita de la O.P.P., asistirá al Poder Ejecutivo en implementación de los planes y programas de desarrollo, así como en la planificación de las
políticas de descentralización y en todo lo relativo a la reforma del estado en esta materia.
• La cultura es transversal a múltiples ministerios o instituciones del Estado incluida la OPP. Por
lo mismo, es imprescindible una coordinación o “Gabinete de Desarrollo Cultural” que entre
otras cosas articule el Uruguay Cultural con el Uruguay Productivo, Uruguay Innovador y el
Uruguay Integrado (Uruguay social, justicia y equidad).
Desarrollo socio–cultural inclusivo
SITUACION:
“Existe una emergencia social como existe una emergencia cultural. Cultura y
desarrollo social son dos caras de una misma moneda.” (.....)
“Desarrollar la
cultura de un pueblo significa respetar y ampliar todos los ámbitos de interacción y
acercar las herramientas necesarias a las personas para comprender el mundo en
el que viven, desarrollar con la necesaria autonomía sus ideas y valores e idear y
poner en práctica las transformaciones individuales y colectivas que cada una
juzgue conveniente asumir.” (Asamblea Nacional de la Cultura ‘DECLARACIÓN’ Y
‘PRINCIPIOS’ – Salto – abril/2006)
Si bien durante el actual gobierno se han realizado múltiples acciones por intermedio de proyectos
y/o programas, que han contribuido a posibilitar el acceso, usufructo, producción de cultura en
todos los barrios y localidades de cada departamento, queda todavía mucho por hacer en un país
que ha sufrido una enorme agresión sobre su entramado socio-cultural.
El desarrollo cultural puede hacer un aporte de gran valor a la necesaria reconstrucción del tejido
social de nuestro pueblo, en tanto se parta de una comprensión de la cultura y el arte como
expresión propia y exclusiva de todos los seres humanos y que toda persona es portadora y
constructora de su propia cultura. Este enfoque implica que la inclusión de las personas en el
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entramado socio-institucional, debe atender a la misma vez la inclusión de las culturas de las
cuales son portadoras.
Se deben implementar programas de ANIMACIÓN–SOCIO–CULTURAL en todo el país,
atendiendo a las particularidades de cada región o problemática concreta. Atendiendo a la
DESCENTRALIZACIÓN como una política de estado de carácter transversal. URUGUAY
CULTURAL, es una plataforma de desarrollo.
Toda planificación estratégica de desarrollo social ha de tener a la cultura como un elemento
sustancial, ya que resulta imposible generar pautas efectivas de desarrollo social si no incluimos
los temas de democratización cultural en todos sus niveles de apropiación, construcción, disfrute,
y socialización.
“La cultura no es un medio para el progreso material: es el fin y el alma del
desarrollo visto como el florecimiento de la existencia humana en todas sus
formas...” (“NUESTRA DIVERSIDAD CREATIVA”, Informe de la Comisión Mundial
de Cultura y Desarrollo – UNESCO 1996
Generar programas de calidad, abiertos, basados en buenos diagnósticos realizados con
metodologías adecuadas y aplicados por profesionales altamente calificados, es la forma de
operar en favor de un cambio profundo, en tanto aportamos a que los ciudadanos se involucren en
la construcción de nuevas pautas culturales que se apoyen en las herencias culturales, pero con
vistas a proyectarse a un futuro más pleno.
La vinculación entre cultura y educación es un valor a fortalecer tanto en los aspectos formales del
sistema educativo, como en los no-formales del conjunto de la sociedad.
Debe tenerse en cuenta la preservación de la diversidad cultural y la salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial, tal como lo mandan sendas Convenciones de UNESCO, ratificadas por nuestro
país.
“El Arte, además de ser una forma de apropiación del conocimiento en sí mismo, es una
necesidad básica del ser humano. La jerarquización de su aplicación permanente en todos
los niveles de la educación formal permitirá el desarrollo de la sensibilidad para la
formación, no solamente de artistas, sino de personas críticas y sensibles, capaces de
reflexionar, de cuestionar y manejar herramientas para la interpretación de la realidad; es
decir, ciudadanos con una participación responsable en la sociedad y también de la
consolidación de su identidad.” (....) “Elaborar con criterios de horizontalidad de programas
que permitan el acceso de todo educando en cualquier centro educativo del país, avanzando
hacia un Sistema Nacional de Arte y Educación fuertemente instalado en la educación
formal, pero que trascienda la misma, abarcando ámbitos no formales municipales y otros,
atendiendo las particularidades locales.” (Asamblea Nacional de la Cultura ‘DECLARACIÓN’
– Salto – abril/2006)
PROPUESTAS:
Cultura como parte de una
POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN
La descentralización cultural apunta a cumplir el deber del Estado de garantizar la titularidad del
derecho cultural de los ciudadanos, brindándoles la posibilidad de pensar, elegir, construir y sentir
a través y con la cultura, ampliando nuestra democracia, alterando la actual situación de
fragmentación social y construyendo proyectos; en los cuales; la identidad e integración, la
diversidad social y artística son la principal característica. La descentralización cultural implica una
política más equitativa, con mayores oportunidades para todos, es al mismo tiempo una respuesta
a la globalización y un proyecto de desarrollo que incluye las particularidades de cada barrio o
localidad.
Es necesario generar proyectos que abarquen la amplia gama de asociaciones, instituciones y
personas abocadas a la expresión y producción cultural, que se encuentran a través del amplio
tejido social. Debemos tener en cuenta los diversos y disímiles espacios de creación, circulación y
demanda de productos culturales. Construir redes que abarquen sectores; sociales, educativos,
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económicos y territoriales, comprometiéndonos todos en un proyecto común. Se deberán cubrir
los recursos técnicos y la infraestructura necesaria para poder dar cumplimiento a la
descentralización cultural.
Cultura como un
DERECHO HUMANO
El derecho a ser considerado “sujeto” creador y portador de una cultura propia en comunidad, va
indisolublemente unido al derecho al uso y disfrute del conjunto de los bienes culturales. Estos
derechos deben ser difundidos, establecidos como cuerpo normativo y defendidos
activamente por el Estado ya que la violación constante de estos derechos hace evidente la
situación de emergencia cultural.
Cultura como una
EMERGENCIA
Esta mirada implica la necesidad de incluir estrategias de desarrollo cultural en todas las acciones que el Estado realiza en función de atender las emergencias sociales. No se trata de que un solo
Ministerio o una Institución específica formulen planes y programas, sino que las actividades
culturales deben ser parte integrante de la elaboración y aplicación de todo tipo de
acciones tanto a nivel nacional como departamental. Deben existir y funcionar instancias de
coordinación de todo el Estado que permitan optimizar recursos, establecer estrategias
comunes, analizar el impacto cultural de cada acción (no solo de las “culturales”) y generar
indicadores de medición y cronogramas de metas en cuanto al desarrollo cultural y al respeto
de los derechos culturales de la ciudadanía. Llegando a todos los barrios y a todas las edades
por medio de centros establecidos como instituciones barriales, etc.
Cultura como una forma de
DEFENSA DE LA DIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO
El desarrollo cultural implica una actitud más crítica y atenta de la población, que le brinde
elementos para defender tanto su individualidad, como su pertenencia a una identidad nacional
que se manifiesta en la sumatoria de las distintas culturas que se generan en su interior y que
deben convivir en base a la tolerancia generada por la comprensión del otro como un igual
poseedor de iguales derechos y obligaciones. El respeto a la diversidad cultural al interior de la
sociedad nacional, es imprescindible para sostener nuestra identidad cultural ante la sociedad
global de consumo y defender nuestra diversidad cultural como parte insustituible del patrimonio cultural de la humanidad.
Generar políticas culturales inclusivas con relación a las personas con discapacidad. Empezando
por mejorar la accesibilidad a los bienes culturales, pero también estimulando su producción
creativa.
Instrumentar políticas de fortalecimiento de los lazos culturales entre los uruguayos que viven en el exterior y su identidad cultural.
Cultura como una parte de la
EDUCACIÓN
Es evidente el rol que la educación formal tiene para cumplir en este sentido, ya que el arte
como vivencia es un factor de integración del conocimiento. Incluir contenidos artístico-culturales en la currícula del sistema educativo es un imperativo, pero para poder integrar en la educación
los aportes inherentes e insustituibles que puede hacer la cultura artística, resulta indispensable la participación de los trabajadores de la cultura artística, no solo en la docencia directa, sino
también en la confección y diseño de dicha currícula. Es necesario establecer un diálogo
permanente con el sector artístico cultural que involucre las instancias de toma de decisiones.
Que desde los estamentos educativos formales a todo nivel se desarrollen programas de
educación no-formal que les de flexibilidad a los mismos y que incorporen como docentes a
expertos en temas artísticos, culturales, científicos, de desarrollo productivo y social.
Disminuir la brecha tecnológica como ya lo comenzó a implementar el Frente Amplio, con el
revolucionario Plan Ceibal es también fomentar un desarrollo socio-cultural inclusivo, así como
una parte riquísima del arte y un potencial para crearlo. El gobierno debe seguir en este camino
ampliando el acceso a todos los niveles.
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Cultura como
ANIMACIÓN SOCIAL y EXPRESIÓN COMUNITARIA
La animación socio-cultural no es una disciplina en sí, sino una tecnología a través de la cual se
pueden aplicar al trabajo de desarrollo individual y comunitario los más diversos contenidos.
La cultura artística tiene un enorme potencial de aplicación a través de la modalidad de animación
socio-cultural: adaptabilidad lúdico recreativa, socialización, valoración de las decisiones propias y colectivas, autoestima personal y grupal, identidad, etc. Se deben establecer proyectos de
animación socio-culturales flexibles y realizables en diferentes contextos, con autonomía de
aplicación pero con una clara coordinación y evaluación de estrategias, metas y objetivos.
Fomentar la creación de talleres barriales promovidos por el Estado, para que los diversos
sectores de la sociedad tengan libre acceso a difundir sus realidades, asegurando el desarrollo de
la ciudadanía. Pudiendo ser los talleres de los más diversos formatos y temas.
Desarrollo artístico
SITUACIÓN
La sociedad mantiene una deuda con el arte y la cultura, en la medida en que hasta ahora los
artistas históricamente, han contribuido al desarrollo de la sociedad, en un completo desamparo
desde el punto de vista institucional y legislativo.
El artista profesional y el artista amateur, tienen una significación de particular importancia en la
construcción de la representación simbólica que una sociedad construye y a través de la cual
logra sostener una identidad y un sentido de pertenencia.
Sin embargo persiste en amplios sectores de la sociedad una visión de bajo prestigio para
quienes buscan dedicarse profesionalmente a la actividad artística,
La formación artística en nuestro país padece de una serie de problemas estructurales:
• ASIMETRÍA en la oferta formativa de sus diversas manifestaciones, unas llegando hasta la
Universidad y otras sin nada.
• FRAGMENTACIÓN tanto entre disciplinas como entre los distintos estamentos de dicha oferta,
• INCOHERENCIA en cuanto a la posibilidad de estructurar una carrera o de transitar entre las
distintas instancias,
• FALTA DE ESPECIALIZACIONES ya que la oferta existente en su mayor parte no prevé los
diferentes roles en que la formación artística puede ser aplicada en la sociedad además de la
creación o interpretación obras: docencia,
curaduría, gestión, producción, dirección,
investigación, crítica, animación, etc.
Para los artistas profesionales el proceso de investigación y creación es una parte inherente a su
trabajo y como tal debe ser considerada en el mismo nivel de importancia que la fluida
circulación, difusión y la democratización del acceso a los bienes culturales.
PROPUESTAS:
• Avanzar en la FORMACIÓN ARTÍSTICA, en artes aplicadas y en artesanías de los nuevos
creadores y valorar a los existentes, haciendo posible la producción, la circulación y el más amplio
acceso al contacto de la población con sus artistas.
• Es necesario implementar un SISTEMA nacional de formación artística, que se sostenga en
una visión estratégica del tema, de forma tal que le permita partiendo de lo existente, articular,
generar nuevas estructuras, establecer convenios y fijarse metas en el corto, mediano y largo
plazo, posibilitando la transversalidad y la continuidad de los estudiantes dentro del sistema en
todo el país.
• Se ha de impulsar una política firme de estímulo a la creación artística, implementada por
medio de concursos, subsidios, becas, proyectos de instituciones públicas, incentivos al patrocinio
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privado, gestión delegada, acceso a formas específicas financiación y otros instrumentos
eficazmente articulados.
• Apoyar el continuo perfeccionamiento y por sobre todo (en el caso de los profesionales) el
derecho a vivir de su profesión, generando y aplicando los marcos legales específicos que hagan
esto posible, atendiendo las particularidades de este sector. Se reconoce el avance en la inclusión
en el sistema de seguridad social de los artistas profesionales que significa la legislación
recientemente aprobada, en un próximo período esta deberá ampliarse incluyendo otras
disciplinas.
• Tanto a nivel nacional como en su proyección regional e internacional es imprescindible la más
amplia circulación y difusión de la producción artística, en proyectos o planes específicos para los
sectores profesional y amateur.
• En las artes presenciales se deben desarrollar circuitos, corredores, intercambios, giras y
festivales. Las artes plásticas requieren impulsar exposiciones fijas e itinerantes, intervenciones
urbanas, paisajísticas y land-art, participación en bienales (Venecia, San Pablo, etc.). Las letras
necesitan planes de lectura, mejorar y multiplicar bibliotecas fijas e itinerantes, lecturas en vivo,
participación en ferias.
• Los medios de comunicación audiovisuales y gráficos deben ser un factor clave en la difusión
y crecimiento de la producción vinculada a las industrias culturales nacionales en sus diversas
formas y lenguajes: cine, discos, series, documentales, artes gráficas, catálogos, revistas, etc.
• Se deben implementar las acciones y programas que permitan aprovechar, el enorme
potencial creativo de nuestra sociedad, que habiliten dar conocer en el mundo nuestra producción
artística y cultural. Esto reportaría un enorme beneficio no solo en imagen y defensa de nuestra
identidad, sino que además puede generar un considerable aporte económico para nuestro medio.
• Se garantizará la mayor amplitud en el acceso democrático del conjunto de la población al
disfrute de los bienes artístico-culturales tanto de las nuevas tendencias como de los que ya son
patrimonio de toda la humanidad.
• Toda política de democratización de la cultura implica una estrategia de formación de nuevos
públicos, que por supuestos deberá sustentarse en una actitud crítica y activa que involucre al
ciudadano como espectador, pero también como creador de cultura, capaz de expresarse en la
creación, en la adaptación y en el goce del arte y la cultura.

El Ministerio de Educación y Cultura procurará de llevar las más diversas expresiones
culturales a cada municipio que no cuente con proyección cultural adecuada y/o insuficiente.
Medios de comunicación
OBJETIVO GENERAL:
Propender a la protección de los valores de identidad, en el respeto de la libertad tanto de
expresión como de opción en la diversidad, articulando el marco legal que corresponda
para el desarrollo y formación de una ciudadanía con sentido crítico, reflexivo y
responsable.
SITUACIÓN:
• La mayoría de nuestra población, accede a los bienes culturales a través de los medios
masivos de comunicación, y a la televisión y radio en primer lugar.
• Los países de la región y del mundo cuentan con legislación que garantice la salvaguarda
de sus derechos. Regular, a través de un marco legal, no atenta la libertad de expresión,
sino que amortigua las desigualdades inherentes a las asimetrías de la sociedad.
• A nivel público, el SODRE (Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, dependiente del
MEC) incluye emisoras radiales. La Red Nacional de Televisión, con cobertura en todos los
departamentos a través de repetidoras.
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• A nivel municipal hasta el momento hay una única experiencia en Montevideo, la de TV
Ciudad, que opera un canal de cable y ha demostrado una gran eficiencia tanto en
contenidos como en su ejecución.
• A nivel privado, la televisión y radiodifusoras pertenecen a grupos empresariales,
(responsables también de prensa escrita ) cuyas economías corresponden a capitales
nacionales y extranjeros, creando su propia política de difusión, determinada por el “rating”,
y marcando el consumo cultural de acuerdo a la oferta, con los contenidos que dichos
medios consideren. Si a esto le agregamos una realidad geográfica, (los departamentos
del litoral, y los departamentos fronterizos con Brasil) y aquellos hogares que tienen
acceso a la TV por Cable, llegamos a la conclusión que nuestra ciudadanía no consume
televisión con contenidos nacionales.
• Con respecto a la URSEC como Unidad reguladora y adjudicadora de ondas, este
gobierno ha demostrado interés en el estudio del tema como queda de manifiesto en
diferentes avances: el proyecto de ley de las radios comunitarias, la posible adjudicación
de ondas a la Universidad y al PIT-CNT y el reciente decreto que instala la Comisión
Honoraria Asesora Independiente que abordará esta temática.
• La televisión y radio nacional cuenta con programas periodísticos y de entretenimientos.
No tiene espacio donde se difundan e informen las actividades culturales nacionales, ni la
ficción nacional. Se trata de graves carencias ya que, la producción de ficción televisiva y
radial, fomenta valores de identidad, incentivando al turismo y configura una de las
industrias culturales que, como en los otros países latinoamericanos, se podría convertir
en divisas para los países de origen.
• La Carta Cultural Iberoamericana, redactada por los Ministros de Cultura y suscrita en el
mes de noviembre de 2006 por los Jefes de Estado en Montevideo, establece que se debe
poner en valor la misión de servicio público cultural que corresponde a los medios de
comunicación.
• La Convención Para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales de la UNESCO, ratificada por Uruguay, reafirma con claridad el derecho de los
países a darse políticas culturales que garanticen la diversidad de las expresiones
culturales a nivel nacional, con el claro motivo de que la ciudadanía no pierda el acceso a
su propia cultura.
• Televisión y radio estatales contaban en su programación con ficción nacional (en TV,
hasta la década del 70) y el radioteatro del SODRE, hasta mediados del 90, colaborando
con Institutos de enseñanza, Instituto Braille.
• La ficción extranjera introducida al país a bajos costos, protegida en sus países de origen,
es profusamente emitida por la TV abierta, relegando el trabajo uruguayo hasta su total
supresión.
• En encuesta científicamente realizadas con respecto a la televisión, se recoge como
resultado que: el 74% de la población a nivel nacional está de acuerdo con que la
televisión uruguaya debería pasar menos programas argentinos, el 72% está de acuerdo
en que la televisión uruguaya debería producir telenovelas nacionales, el 65% no está de
acuerdo en que se produzca el Gran Hermano uruguayo y el 66% está de acuerdo en que
los canales públicos deben autofinanciarse con publicidad.
• La ficción que vemos en nuestra televisión abierta supera el 50% del tiempo diario de
emisión y es donde se concentra la mayor comercialización de la pauta publicitaria.
• La futura implementación de la TV digital cuadriplicará el espacio de emisión actual. Lo
cual debe ponerse en consonancia con el auspicioso reconocimiento nacional e
internacional de las producciones audiovisuales uruguayas que han abierto canales de
coproducción, distribución y comercialización internacional.
PROPUESTAS:
• Profundizar la actualización y aplicabilidad de la normativa existente para garantizar libre
competencia e igualdad de oportunidades en el acceso a las ondas estimulando la
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fortaleciendo el papel de la URSEC.
• Eliminar todo tipo de obstáculos al ejercicio pleno de la libertad de expresión, fortaleciendo
el libre acceso a la información.
• Continuar en la construcción de un marco regulatorio adecuado en materia de adjudicación
de frecuencias de radio y TV y en la asignación de publicidad oficial, impulsando una
mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de
comunicación.
• Consolidar el reconocimiento de los medios comunitarios y su rol en la sociedad,
implementar políticas activas para su desarrollo.
• Promover una efectiva libre competencia en la radiodifusión comercial con reglas justas y
transparentes, desfavoreciendo la formación de oligopolios y monopolios
• Estudio de legislación comparada y creación de proyectos de ley que amparen a las
industrias culturales nacionales en los medios de comunicación.
• Articulación con las instituciones, organizaciones, empresas o personas, a fin de plasmar
proyectos de producción nacional de los diversos lenguajes artísticos, promoción de
valores patrimoniales, ficción y espacios de información-difusión de actividades culturales.
• Estimular y amparar legalmente en los medios de comunicación, la programación nacional
de ficción y contenidos culturales. Diversas herramientas legales, decretos y resoluciones
se deberán articular en este sentido, posibilitando la existencia de una cuota de tiempo en
segmentos centrales para la referida programación y una reserva obligatoria para los
medios de un porcentaje a determinar, del valor económico del espacio publicitario en la
emisión diaria, para ser destinado a la producción
• A través del Sistema Nacional de Televisión y sus repetidoras en el interior fomentar la
producción de programas nacionales de divulgación de arte, ciencia, deporte y todas las
ramas de la cultura.
• Que el Sistema Nacional de Televisión pueda llegar a los uruguayos del departamento 20
a través de la transmisión satelital. Lo que es posible en virtud de que somos co-
propietarios de un satélite de comunicaciones con el Estado Bolivariano de Venezuela.
• Establecer políticas de gobierno que promuevan el acceso de la población a la información
generada en el ámbito público y garanticen a toda la sociedad el libre acceso a los
conocimientos resultantes de las políticas de innovación.
• Un real intercambio con los países del MERCOSUR, otros ámbitos comunitarios y a nivel
internacional, defendiendo recíprocamente los espacios nacionales e identidades
culturales.
• Establecer formas de monitoreo permanente del impacto local e internacional de las
Industrias Creativas y de los Medios.
• Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de los medios de comunicación,
utilizando un lenguaje inclusivo y que no reafirme los roles asignados por sexo.
Industrias culturales
SITUACIÓN:
Las industrias culturales juegan un rol importantísimo en nuestro tiempo, Uruguay debe tener una
visión de corto, mediano y largo plazo, que le permita asumir una posición estratégica en estos
temas y su vinculación con la creación, distribución y difusión de la producción cultural tanto en lo interno como en su posible inserción internacional. El apoyo debe estar sustentado en un análisis
profundo de estrategias, metas y objetivos a cumplir en un país con características particulares.
“Cada una de estas industrias tiene una dinámica sectorial propia, pero ya no pueden
valorarse aisladamente –las películas por un lado, los libros por otro, la televisión o los
discos más allá– sino como un complejo entretejido de servicios multimedia. Su
entrelazamiento, además de deberse a la interrelación tecnológica, tiene base social
porque ya no representan, como en el arte en otro tiempo, algo suntuario, para el
tiempo libre. Las industrias culturales se extienden al conjunto de la vida cotidiana e
influyen el la organización sociopolítica.” (N. García Canclini, 1999)
De igual forma que atendemos la interrelación de las diferentes industrias entre sí, también deben atenderse a las que se dan al interior de cada una, vale como ejemplo la interpenetración mundial entre la industria editorial, la papelera y la forestal, con su consiguiente traslado de interés desde
la lectura a la compra y desde la escritura a la edición.
Es importante considerar también el enorme crecimiento de la comercialización planetaria de la
música, adosada a los diferentes soportes tecnológicos que se generan día a día y a la
hiperconcentración de grandes empresas globales que controlan la mayor parte del mercado
mundial.
Nuestro medio tiene un enorme potencial creativo y un gran capital en su capacidad de
producción simbólica, una valiosa tradición cultural y un gran patrimonio material e inmaterial. Sin embargo nuestro mercado interno es pequeño y esa es una dificultad estructural que se nos
presenta como desafío.
En este período se han dado pasos importantes en relación al desarrollo de las industrias
culturales, accediendo por concurso internacional a apoyos financieros que para el medio son
trascendentes y adjudicando fondos presupuestales al audiovisual, que facilitan la creación de
instrumentos de acción tanto en lo relativo a la producción propiamente dicha, como a la
formación de conglomerados o “clusters” vinculando y comprometiendo a las fuerzas de cada
sector (disco, libro, audiovisual) en torno a conseguir objetivos comunes.
PROPUESTAS:
Es imprescindible generar un impulso decidido a la reflexión y al análisis de las industrias
culturales y sus posibles canales de desarrollo a largo plazo, para lo cual necesitamos la
generación de insumos en lo relativos a:
- Datos concretos
• Indicadores de desarrollo; porcentajes de PBI; estadísticas de inversión (pública y privada);
ocupación de recursos humanos; niveles de difusión y distribución alcanzados; etc.
- Impulsar el análisis teórico-conceptual
• Estudiar las modalidades de consumo y sus cambios, no como simples modificaciones del
ejercicio del “gusto popular” (como suele valorarlos el mercado) sino como el conjunto de
procesos socio-culturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos.
• Reflexionar sobre el valor económico y el cultural de la producción, viendo como se
establece el equilibrio de estos valores con la construcción de ciudadanía y la democracia
cultural.
• Atender las especificidades del sector cultural y su proyección en las industrias culturales,
poniendo especial atención en su tratamiento en los tratados integración, cooperación y
comercio a nivel internacional.
- Profundizar las existentes y desarrollar nuevas acciones a favor de la producción y la
distribución.
• Monitorear las posibilidades de integración regional e internacional a través de compartir
producciones y acceder a mercados más amplios.
• Establecer controles sobre la piratería y el contrabando.
• Favorecer la inversión del sector privado sobre la base de una política estratégica de largo
alcance.
• Apoyar la creación de ambientes favorables para la interacción de las industrias culturales
con las tecnologías de la información y la innovación en general, y en particular estimular
la generación de contenidos que se vinculen sinérgicamente con el sistema educativo a fin
de aprovechar impulsos concretos como el Plan Ceibal (a modo de ejemplo).
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• El de acceso a los bienes y servicios culturales tiene que ser una política de Estado
articulada con las políticas públicas de inclusión. Sin embargo, no solo necesitamos
estimular y desarrollar el acceso a los bienes culturales sino democratizar dicho acceso y
su circulación. Pero esta democratización solo será posible si además del acceso logramos
democratizar el derecho a la producción cultural respetando la diversidad propia de nuestra
sociedad. Para ello, programas como los centros MEC, las Usinas de Cultura o la
formación de gestores son instrumentos de enorme valor para la descentralización y
democratización de la sociedad uruguaya en lo que respecta a la defensa de los derechos
culturales y la ciudadanía cultural. Lo anterior aspira a potenciar las capacidades creativas
y la transformación vital de sectores socialmente no privilegiados contribuyendo al arraigo
y pertenencia a las comunidades de origen y el fortalecimiento de su autoestima.
Patrimonio cultural y museos
SITUACIÓN:
La puesta en valor del Patrimonio Cultural es una tarea impostergable, este acervo patrimonial,
material e inmaterial, es en su pluralidad de manifestaciones, un componente inseparable de la
identidad cultural y un bien insustituible, que pertenece al conjunto de la sociedad presente y
futura. Esta visión es la que nos coloca ante la responsabilidad de custodios de lo heredado y
promotores de su ampliación con la incorporación que día a día una sociedad genera como
nuevos bienes patrimoniales.
Su puesta en valor, debe ser un objetivo dirigido a garantizar la cabal realización de los derechos
culturales de todo el pueblo.
Que el patrimonio cultural sea esencialmente un bien público (aunque determinadas porciones
puedan estar en manos de particulares), solo profundiza la necesidad de un aggiornamiento de su marco jurídico básico (Ley 14.040).
La gestión patrimonial es una tarea definida, que requiere de un marco profesional, presupuestal y jurídico específico, que el Uruguay no generó con la necesaria precisión y compromiso en
gestiones anteriores y se hace imprescindible para su pronta implementación. La designación del
Día del Patrimonio y su impulso durante esta gestión, son acciones correctas, que van en la
dirección de reunir a la sociedad con sus bienes patrimoniales, pero no es suficiente ante la
magnitud de la tarea que explicitan las convenciones internacionales de UNESCO suscritas y
ratificadas por nuestro país
La situación de los Museos en nuestra sociedad es caótica, no contamos con políticas
específicas, ni con regulaciones, ni tampoco poseemos inventarios que totalicen los acervos. Esta
situación se repite en los públicos y en los privados, en los históricos o científicos y también en los
artísticos.
PROPUESTAS:
• Investigar, inventariar y poner en valor nuestro Patrimonio Cultural Tangible (o material).
Sitios de valor histórico y cultural, paisajes culturales, objetos artísticos, bienes inmuebles
(edificio y/o construcciones), artefactos de significación simbólica (culturales, históricos,
arqueológicos y paleontológicos), en suma, los objetos, lo material; evidentemente, los
objetos tienen valor patrimonial en su función simbólica de evocación, que inclusive puede
no ser idéntica en los diferentes estamentos de la sociedad, de allí su riqueza en la
diversidad.
• Investigar, inventariar y poner en valor nuestro Patrimonio Cultural Intangible (o
inmaterial). Música tradicional, cantos, danzas, sistemas de relaciones sociales y
económicas, patrones de asentamiento y gestión ambiental, tecnologías locales, historia
oral, mitos y leyendas, vestimenta, gastronomía, cultura del trabajo, etc. Como se ve, estos
ítems culturales se tramiten oral o socialmente, por lo tanto son especialmente sensibles
de ser afectados por las pautas culturales exógenas, sobre todo si estas son difundidas por
los medios masivos de comunicación.
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• Investigar, inventariar, poner en valor y legislar para administrar adecuadamente nuestro
Patrimonio Cultural Subacuático (barcos hundidos). Al no contar con herramientas
jurídicas y adecuadas, nuestro país pierde juicios frente a particulares por estas
cuestiones, permitiendo el expolio del Patrimonio de todos los orientales. El cual una vez
enajenado es virtualmente irrecuperable, en sí mismo y otro tanto su situación contextual y
el valor arqueológico que ella implica, si la extracción no se hace siguiendo las pautas
científicas necesarias.
• Instrumentar un Sistema nacional de administración y regulación de Museos y
Patrimonio. Es necesario modernizar la legislación, profesionalizar la gestión y proveer al
país de un marco regulatorio del accionar público y privado sobre su patrimonio y sobre la
oferta museística. El destino de los bienes culturales patrimoniales de nuestra nación, no
debe quedar sujeto a una serie de medidas estatales puntuales, resultado de una
concepción errática, poco profesional, personalista y éticamente discutible de la gestión
patrimonial en cultura, característica de anteriores administraciones, con una concepción
de la cultura elitista, sectaria y anti-participativa.
• Instrumentar un Sistema Nacional de Bibliotecas coordinada a través de una red virtual. El
sistema debe facilitar a los usuarios el acceso a la oferta disponible en todo el país,
organizando un sistema de préstamos a distancia. Esta iniciativa servirá de apoyo a la
plataforma de lectura a nivel nacional y local.
• Creación de programas articulados y permanentes de divulgación y circulación que
incluyan: Circuitos de intercambio cultural a nivel nacional, regional e internacional. Planes
de Turismo Cultural. Coordinación con el Sistema Educativo.
• A través de la consolidación y fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural, fomentar la
autoestima y la creatividad, fortaleciendo la diversidad de los ‘saberes locales’.
• Impulsar la participación popular en la gestión, administración y fomento de nuestro
patrimonio y museos. Para llevar adelante una gestión cultural integral, un objetivo
prioritario a cumplir es el de promover la inserción e inclusión de los actores culturales
locales en las políticas estatales, con las mejores herramientas disponibles, fomentando la
participación activa de los actores culturales desde lo local, en todas las etapas del
proceso de gestión, vale decir, discusión de los proyectos, elaboración, planificación y
concreción de los mismos.
• Promover las medidas necesarias para la formación urgente de la comisión de Gestión de
Sitio de Barrio Sur Histórico de Colonia de Sacramento designado patrimonio de la
humanidad por UNESCO a solicitud del estado uruguayo. Esta designación no es turística
ni comercial, implica la conservación del patrimonio en función de las futuras generaciones
nacionales, regionales y mundiales.
Planificación y presupuesto
Como en cualquier área de gobierno, estimamos imprescindible la definición de objetivos y la
planificación para alcanzar los mismos, en donde la cultura sea considerada como un sistema, en
el cual todas sus partes convivan ordenada y armónicamente.
Resulta obvio que el desarrollo de un plan requerirá de los recursos necesarios, pero también es
cierto que invertir recursos sin objetivos claros y un plan que los direccione resulta, en todo caso
ineficiente y probablemente también ineficaz.
El concepto de cultura con el que hemos trabajado es amplio y comprende tanto al desarrollo de
la cultura artística como al socio-cultural, industrias culturales, medios de comunicación,
patrimonio y el diseño de una nueva institucionalidad.
El desafío es generar un plan articulando todas las áreas y racionalizando la inversión a fin de que todas puedan subsistir e interactuar, con los recursos que necesitan de acuerdo a sus
especificidades. Se trata de recursos de variada índole: financieros, humanos, de infraestructura,
etc.
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La posibilidad de establecer una planificación adecuada y a la vez eficiente, depende de
plantearse con claridad cual es la visión que podemos generar sobre el rol de la cultura de
nuestra gente, diferenciándola claramente de un rol que solo la vincula al entretenimiento. Solo a
partir de esa visión seremos capaces de asignar o aun re-significar una misión para una
propuesta que puede estar encolumnada tras el slogan URUGUAY CULTURAL y complete su
contenido, es decir valor y a partir de ese valor poder definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Para poder desarrollar una estrategia que sea capaz de vehiculizar la misión que le asignamos a
la cultura, es necesaria una política estable y de amplia base, que permita e impulse la
construcción de un imaginario colectivo que la sustente.
Debe entenderse entonces, que se ha de articular con firmeza una planificación seriamente
diseñada para los objetivos elegidos, unida a una constancia en el tiempo que permita un proceso
(medible en generaciones), que ineludiblemente se debe sustentar en un presupuesto adecuado.
Si bien no podemos ignorar que partimos de los niveles más bajos posibles de asignación
presupuestal, y que en este período hemos avanzado en ese sentido, es imprescindible generar
una planificación del crecimiento presupuestal que nos acerque lo más rápidamente posible a los
porcentajes de PBI que recomienda la UNESCO.
URUGUAY SOCIAL
por más Justicia y Equidad
APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008

1.- PROBLEMAS SOCIALES RELEVANTES:
Los problemas sociales estructurales que vive nuestro país, responden a condiciones
económicas, culturales y políticas que fueron consolidadas por las políticas neoliberales
implementadas en las últimas décadas, las que impactaron en las formas institucionales,
pero que también permearon la sociedad con una concepción de la vida, las relaciones
humanas y sociales que son irreconciliables con la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.
El próximo gobierno progresista deberá consolidar y profundizar las reformas iniciadas en su
primera administración así como ahondar en la transformación democrática de sus
instituciones, en el marco de la descentralización con participación ciudadana. La
promoción de relaciones sociales basadas en una cultura de derechos ciudadanos y de
respeto a la diversidad es un camino ineludible para promover procesos de integración
social.-
Resulta imprescindible incidir en los mecanismos de reproducción de la pobreza,
reconociendo el imperativo ético de atender a las y los ciudadanos de todas las edades,
visibilizando nuevas vulnerabilidades y riesgos de sectores excluidos del sistema de protección
social, y reconociendo a la infantilización de la pobreza como la cara de la desigualdad
uruguaya.- Se deberá tener en cuenta, sin embargo, a los hogares pobres en tanto núcleos y
no a sus integrantes tomados individualmente, por tanto el diseño de las políticas considerarán
integralmente los diferentes arreglos familiares.-
2.- ORIENTACIONES POLÍTICO IDEOLÓGICAS
• La centralidad de los derechos ciudadanos en las orientaciones de políticas sociales
aparece como un enfoque indiscutido, compartiéndose que el Estado tiene un rol central en
garantizarlos y generar condiciones para su ejercicio activo. Por ello las políticas sociales
estructuran orientaciones de carácter universal, sin desmedro de la necesidad de acciones
positivas, planes y programas orientados a colectivos específicos o situaciones de
vulnerabilidad o riesgo social.-
• La matriz del sistema de protección social se sustentará en un modelo de redistribución
de la riqueza, de tal modo que las políticas sociales estén absoluta y totalmente imbricadas y
articuladas a las políticas económicas como partes integrantes del modelo de desarrollo. Para
ello la definición de los acentos redistributivos en el próximo presupuesto quinquenal
continuarán profundizando las acciones comenzadas en el primer gobierno progresista.
• El Sistema Integrado de Protección Social buscará promover procesos de integración
social de sus ciudadanos, esto es el acceso a bienes y servicios de calidad y a su capacidad
de establecer relaciones sociales, incidir y organizarse colectivamente. Se avanzará en la
universalización de las asignaciones familiares y de pensiones universales en el marco de
una reestructura del sistema de seguridad social.
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• La Equidad de Género y de Derechos asegurando el goce y ejercicio en las condiciones de
igualdad para hombres y mujeres de las libertades fundamentales en las esferas políticas,
económicas, sociales y culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública
• El Estado debe fortalecer los vínculos entre sus servicios y los de la comunidad de tal forma
de fortalecer la red de cuidados que hoy proveen las familias y que dificultan la actividad
productiva a una porción muy importante de adultos y adultas en condiciones de incorporarse
o mantenerse en el mercado de trabajo.
• Una Red de Asistencia Social fortalecida permitirá generar condiciones de inclusión social
para los sectores en condición de vulnerabilidad socioeconómica.- Se reafirma la posibilidad
de mantener la progresiva instrumentación de la renta básica de integración que sustituirá en
forma escalonada los subsidios directos, garantizando la ciudadanía plena de nacionales y
residentes.
• Modelos culturales abiertos que permitan el desarrollo de una cultura de la solidaridad, del
respeto y aceptación de la diversidad, de confianza en el diferente y de integración social;
que promueva mucho más el apoyo recíproco y la tarea colectiva, como opción genuina
opuesta a la búsqueda de la satisfacción exclusivamente individualista a cualquier precio.
• Modelo de profundización de la democracia a través de escenarios más consolidados de
participación ciudadana, desconcentración de los servicios y descentralización con el
territorio como base articuladora.
3.- EJES TRASVERSALES
Institucionalidad:
• La Rectoría del Estado en materia de Políticas Sociales será afirmada a partir de los
diferentes dispositivos institucionales.- Se requiere el fortalecimiento de los Ministerios y
Organismos Descentralizados para el cabal cumplimiento de sus fines. La rectoría incluye
necesariamente las dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control
de la provisión de bienes, servicios y recursos humanos, y la modulación del financiamiento.-
• Los ámbitos institucionales de coordinación y articulación de las políticas sociales
deberán adquirir mayor legitimidad institucional y capacidad de liderazgo.- El Gabinete
Social y el Consejo Coordinador de Políticas Sociales resultan dispositivos estratégicos
así como también las diversas instancias interinstitucionales a nivel departamental. La
coordinación nacional y departamental es un desafío a atender especialmente.-
• El mecanismo gubernamental para el adelanto de las mujeres deberá ser jerarquizado,
fortaleciendo así la institucionalidad de Género, dotándolo de mayor capacidad de incidencia
política y técnica, de manera de cumplir con los mandatos programáticos.
• Las políticas sociales profundizarán las reformas realizadas hasta ahora, avanzando en
radicales cambios para lograr que la satisfacción de las necesidades básicas de
educación, salud y seguridad social, sean directamente proporcionales a las necesidades
de la gente
• La articulación con diversidad de actores a la hora del diseño e implementación de planes
y programas es una línea estratégica prioritaria.- Serán interlocutores en materia de política
pública actores públicos y privados, funcionarios y sindicatos, organizaciones sociales y
usuarios de los servicios.-
• El avance hacia la implantación de nuevos Modelos de Atención a los participantes de los
diferentes sistemas (salud, educación, infancia, vivienda entre otros), es un desafío a atender.
• La implementación de nuevos Modelos de Gestión Pública que supere los casilleros
estancos, la burocratización y saturación de los servicios.- Estos modelos de gestión deben
avanzar en gestiones participativas y de base territorial.-
• El Presupuesto Participativo es afirmado como estrategia de participación ciudadana que
permite mayor eficacia y eficiencia en la acción pública.-
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• La formación y capacitación del funcionariado público (técnico, profesional y
administrativo) en la cultura de derechos, modelos de relación y trato y aspectos técnicos
específicos a cada área.-
Participación Ciudadana:
• Las políticas sociales deben afianzar los derechos ciudadanos en tanto ejercicio activo de la
ciudadanía y sus organizaciones sociales.-
• La expansión de derechos ciudadanos requiere profundizar las instancias creadas para el
diálogo y la articulación, reconociendo la participación calificada de organizaciones sociales,
sindicales, de usuarios de servicios y de ciudadanos a través de instancias de consultas
directas.
• Las instancias colectivas de seguimiento y control de las políticas públicas, así como los
escenarios abiertos para la gestión social de programas sociales deberán ganar en
reconocimiento legal e institucional.
Equidad de Género, Generaciones, Razas y Etnias.
• La equidad de género deberá ser contemplada en el diseño e implementación del Sistema
de Protección Social como en los diversos dispositivos institucionales. Esta implica el
reconocimiento de la desigualdad de oportunidades para las mujeres y mayores dificultades
para el acceso a los bienes materiales y culturales y a los servicios sociales públicos.
• El Sistema de Protección Social deberá tomar en cuenta los ciclos vitales de las y los
ciudadanos para contemplar las diversas situaciones de riesgo y vulnerabilidad.- El
reconocimiento de la infantilización de la pobreza como problema estructural del país, así
como las diversas situaciones de exclusión social vividas por las y los adolescentes y jóvenes
serán especialmente atendidas.
• La equidad étnico racial se incluirá como orientación permanente. Se deberá avanzar en la
visibilización del problema, atender los factores culturales que lo sostienen e instrumentar
mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades.
En ese marco deberán delinearse Políticas de Población con un enfoque multidimensional:
derechos sexuales y reproductivos, políticas integrales hacia la vejez, sistema de protección y
seguridad social, modelos de familia y sistemas de cuidados, cambios culturales, las
expectativas juveniles, la emigración, entre otros aspectos representan un desafío
especialmente estratégico para el país.- Las políticas demográficas irán en concordancia con
la Estrategia Nacional de Desarrollo que se propone.
4.- LÍNEAS ESTRATEGICAS
El Plan de Equidad surge como la línea de gobierno que marcará la continuidad,
garantizando la integralidad e intersectorialidad a través del Gabinete Social y la
profundización y la inclusión de los problemas sociales emergentes en la planificación.
En ese sentido se destacan, dentro de las políticas sociales a instrumentar en el período 2010
– 2015, las siguientes propuestas:
I.- Protección e inclusión social: un camino a la igualdad
El Sistema de Protección Social debe avanzar en el desarrollo de respuestas articuladas que
corrijan y compensen las desigualdades entre ciudadanos y ciudadanas, así como cubrir los
distintos riesgos sociales a los que están sometidas las personas a lo largo de su vida y
complementariamente, mejorar su bienestar. Resultan ser objetivos estratégicos para el
próximo gobierno progresista:
• la profundización de las políticas sociales consideradas como Sistema Integrado de
Protección Social que se articulen en el marco del Plan de Equidad y del Gabinete Social,
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• el fortalecimiento de la malla de asistencia social que atienda las situaciones de
vulnerabilidad social y revierta los procesos de reproducción de la pobreza y exclusión
social.
• la profundización de los cambios iniciados en el sistema de seguridad social apuntando a la
extinción del lucro en la seguridad social, a través de una reforma estructural del sistema.
Se buscará la universalización de prestaciones que atienden a grupos prioritarios: niñas,
niños y adolescentes y personas mayores de 65 años.
El diseño de una reforma del sistema de seguridad de mediano y largo plazo, que integre los
cambios en la estructura de edades de la población uruguaya, las características de estructura
productiva y ocupacional, la sustentabilidad económica/financiera del mismo, orientada a la
inclusión universal de sectores de población y de las actividades laborales y productivas y
sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad en las prestaciones.- Los pilares
contributivos y no contributivos del mismo deberán estar articulados y ser complementarios.
Las propuestas a implementar deberán tomar en cuenta el papel estratégico que ocupan las
familias en la crianza, socialización y cuidado de las personas.- Se requiere adoptar medidas
de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen igual a las mujeres y a los
hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera
equitativa y superando estereotipos de género se crean las condiciones propicias para la
participación política de la mujer en toda su diversidad. Por otra parte, también se debe tomar
en cuenta las diferentes modalidades de arreglos familiares y generar servicios y programas
que constituyan un verdadero sistema integral de cuidados familiares –público/privado- que
permita satisfacer las necesidades de los integrantes de las familias en sus diversas edades y
situaciones. Se trata de mejorar el bienestar de las familias, buscando la ampliación y
reproducción de capacidades humanas. Preocupa especialmente las situaciones de niñas,
niños y adolescentes en condición de pobreza, adultos mayores sin cobertura de la seguridad
social, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, la cuestión del uso
problemático de drogas, el maltrato y la violencia doméstica.-
Es prioritario avanzar en la ampliación de programas de atención de las situaciones de
vulnerabilidad y riesgo, así como en servicios de atención a las problemáticas derivados de la
materialización del daño producido.
Los programas y servicios sociales deberán fortalecer dispositivos que fomenten la
participación de los protagonistas en los programas, considerándolos sujetos de derechos, con
voz e incidencia en relación a las propuestas que se implementan.
En esta misma dirección, se entiende necesario que para promover procesos de integración
social, el próximo gobierno debe asumir activamente un debate sobre las pautas y valores
culturales que están primando en la sociedad. Propuestas y acciones culturales y diversidad de
espacios de encuentro y participación serán estrategias prioritarias que permitan un nuevo
“estar juntos” como sociedad.
II.- El derecho a la salud integral, un desafío permanente
El objetivo central para el próximo período de gobierno será completar y profundizar la
instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud avanzando en los cambios en el modelo
de financiación, de gestión y de atención a la salud, garantizando el acceso universal a la
cobertura de salud, alcanzando metas sanitarias prioritarias en un contexto social y cultural de
mayor calidad de vida.
Los grandes ejes programáticos de esta transformación serán:
• Fortalecer la Rectoría del Estado.- La Función Rectora debe incluir necesariamente las
dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control de bienes,
servicios y recursos humanos, la modulación del financiamiento y la garantía del
aseguramiento con justicia social, tanto en los aportes como en la calidad e integralidad de
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las prestaciones de los diferentes efectores a los usuarios del sistema. Debe incorporar la
promoción de mecanismos de complementación y armonización de los prestadores
públicos y privados, con criterios de centralización normativa y desconcentración ejecutiva
en el territorio.
La democratización, la transparencia y la eficiencia en la gestión de las instituciones
prestadoras de servicios de salud implican el desarrollo de normativas claras, de marcos
regulatorios adecuados y la función de contralor o policía sanitaria. Avanzar en las
transformaciones de la salud exige una lucha aún mayor de regularización contra la
mercantilización de la atención a la salud, el afán de lucro entronizado en la realidad
anterior y el corporativismo que –como en el caso del acto médico- antepone los intereses
económicos.
Entre los aspectos programáticos a desarrollar se priorizará:
• el diseño de una Política del Medicamento: investigación nacional, producción para
el mercado interno y la exportación, control de calidad y precio, garantizando la
accesibilidad con sustentabilidad económica y social.
• una Política de Seguridad Alimentaria que incluya el control de calidad de los
alimentos y la accesibilidad a los mismos por parte de la población.
• Política de Salud Bucal que supere la actual inequidad de acceso de la población a
la asistencia, garantizando el cumplimiento del programa nacional extendiéndose a
todos los efectores integrales.
• Políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el
campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización
del aborto.
• Políticas de salud para todos los trabajadores, elaborada en forma tripartita entre
trabajadores, empresas y el Estado.
• Políticas de Recursos Humanos que definan un Estatuto del Trabajador de la
Salud que contemple remuneraciones, salud ocupacional, multiempleo;
• la creación de Comisiones de Bioética en los Centros de Salud, el avance
legislativo en este tema y la capacitación especializada en la disciplina.-
• Se integrarán los lineamientos aprobados en el Congreso Líber Seregni para la
elaboración e implementación de políticas públicas integrales de Drogas y de Salud
Mental
• Afirmar ASSE y el Sistema Público de Atención.- En el desarrollo integral del SNIS se
asigna un rol fundamental al fortalecimiento del sistema público de atención a la salud y en
particular de ASSE. Este debe asegurar una calidad asistencial a la par o superior al resto
del sistema. El liderazgo estatal es un componente básico para el funcionamiento del
conjunto del sistema integrado. La inversión en policlínicas, centros de salud y hospitales
iniciada por este gobierno, necesita -a mediano plazo- una inversión sustantiva -
planificada territorialmente- que permita la habilitación de la infraestructura física acorde a
servicios de calidad. No más servicios pobres para pobres.
Dos criterios básicos serán tenidos en cuenta: el uso eficiente de los recursos, incluyendo la
asignación de recursos por indicadores de desempeño, y el impacto directo sobre la
población de las inversiones y gastos efectuados. La afirmación del rol del servidor público
será un componente esencial para fortalecer la gestión.

La Participación social de usuarios y trabajadores. La incorporación de representantes
de Usuarios y Trabajadores en la Junta Nacional de Salud y el Directorio de ASSE, ha sido
un paso relevante. Las representaciones sociales se elegirán junto con las elecciones para
directores sociales del BPS, y establecerán vínculos permanentes con ámbitos locales.
Se promoverán la mayor diversidad de mecanismos de participación social para garantizar
el involucramiento de la ciudadanía en el seguimiento y control de los servicios públicos y
privados: Comisiones de participación, Presupuesto Participativo Local, Conferencias
Nacionales.
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• Consolidar el Nuevo Modelo de Atención a la Salud.- La transformación del modelo de
atención requiere nuevos y mayores pasos, hacia un cambio cultural que va desde las
instituciones y los técnicos a los estilos de vida de la población. La participación
comunitaria es un protagonista decisivo de esos procesos. Tendrán un rol fundamental los
agentes comunitarios de salud como protagonistas en la educación, promoción y difusión
de las políticas de atención primaria de la salud, siendo los vectores de trasmisión de las
necesidades de la comunidad, en un proceso de ida y vuelta que permitirá ajustar dichas
políticas a las necesidades concretas de la población. También se instrumentará la difusión
de la ley de Derechos de los usuarios de la salud como herramienta fundamental para la
educación de la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos en la materia y a los
agentes comunitarios como sus principales difusores. La educación para la salud tiene
uno de sus puntos críticos en el rol de los medios de comunicación y en tal sentido se
promoverán instrumentos legales que establezcan la obligatoriedad de asignar un espacio
determinado a temáticas de promoción y protección de la salud de la población.
Se consolidará y ampliará la red en el primer nivel de atención en todo el territorio nacional,
siendo prioritaria la conformación del primer nivel de atención como sistema, con base
territorial y articulación intersectorial con los demás sistemas que influyen en la calidad
de vida de la población.
La “canasta de prestaciones” del Plan Integral de Atención a la Salud incluirá
progresivamente todos los programas prioritarios (salud general, salud bucal, salud mental,
entre otros).
Toda la población dentro del Seguro de Salud.- Consolidar el Seguro de Salud
universal, estableciendo claramente y ampliando sus fuentes de financiación, con
criterios de justicia tributaria. El FONASA debe completarse con la integración
progresiva de toda la población. Se jerarquizará a la población más vulnerable y que
hoy
carece de la protección de la seguridad social. La estrategia de financiación
apoyará el cambio de modelo de atención.-

Formación y capacitación permanente del personal profesional, técnico y no técnico. En
ello la Universidad de la República, la Facultad de Medicina y en especial el Hospital de
Clínicas, tendrán primordial relevancia por su papel formador de una amplia gama de
especialidades de la salud, conservando su rol histórico, coordinando con el MSP y el MEF,
las políticas de salud. También actuará en la implementación de la formación permanente
de los actores de la salud por medio de cursos, concursos, investigación. Dichas
actividades tendrán carácter gratuito, obligatorio e interregional, elevando la calidad de las
mismas cualitativa y cuantitativamente, de modo de jerarquizar los estándares del equipo
de salud. Por su parte, el Hospital de Clínicas deberá cumplir un papel relevante como
hospital de referencia nacional de alta tecnología y de formación de trabajadores, técnicos y
especialistas para la salud, integrarse al FONASA y jugar un papel rector del SNIS.
• III.- El derecho al trabajo, de todas y todos: una política de inclusión.
Se reconoce que el trabajo como actividad creativa y productiva conlleva impactos en
múltiples dimensiones: realización y desarrollo personal, integración social y sustentabilidad
cultural, económica y política de la sociedad.
Las políticas laborales deberán fortalecer la malla de protección social de las y los
trabajadores y prestar atención a los grupos especialmente excluidos del mundo del trabajo.-
Medidas contributivas y no contributivas deberán complementarse para generar procesos de
inclusión sociolaboral de los desocupados de larga duración, especialmente jóvenes y
mujeres.
Se propone fortalecer los programas de promoción de la cultura de trabajo, formación y
capacitación, certificación por experiencia laboral, certificación de la calidad de trabajo y la
ampliación de los servicios de cuidados familiares, como acciones positivas hacia la
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disminución de los desocupados/as de larga duración como meta alcanzable en el próximo
período.
El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que permitirá dinamizar y
profundizar las políticas activas de empleo, quien priorizará sectores y grupos de acuerdo a
barreras ocupacionales específicas y a criterios de equidad de género, generacionales y
raciales.-
La recuperación de empresas aplicando diversas modalidades de gestión (gestión
cooperativa de los trabajadores, gestión compartida mediante la asociación de los dueños y
los trabajadores) continuará siendo una estrategia prioritaria. El apoyo a pequeños
emprendimientos productivos y comerciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas a
través de políticas de acceso al crédito como a la formalización serán profundizadas. Las
políticas de promoción de los pequeños productores rurales, pequeños empresarios, en el
fortalecimiento de cadenas productivas, permiten avanzar en acciones de distribución de
la riqueza.-
Se intensificará el apoyo a las Cooperativas Sociales facilitando el acceso al crédito, ya que
esa de las vías en la generación de empleo genuino, a la vez que promueve la integración
social en el marco de nuevas relaciones laborales.
A nivel legislativo se propone avanzar en: Legislación del seguro de desempleo parcial,
despido justificado, formalización de los cuenta propistas callejeros, la conformación de un
Texto Ordenado de Derechos Laborales.
A nivel institucional se propone la reestructura del Ministerio de Trabajo: área de
negociación, área de inspección, profundización de la desconcentración a través de las
oficinas de trabajo.
IV.- Por los derechos de niñas, niños y adolescentes
El Uruguay de hoy debe reconocer que su población infantil y adolescente es la más expuesta
a sufrir condiciones de desigualdad social, ya que la pobreza y exclusión aumenta cuanto
menor edad se tiene.- Todas las políticas y programas se enmarcarán en los principios
orientadores de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Código
de la Niñez y de la Adolescencia, así como en las normativas internacionales.-
Las políticas de Infancia y Adolescencia requieren de una clara delimitación del rol Rector y
Ejecutor del INAU en la orientación, diseño y coordinación interinstitucional, articulando
especialmente con el Sistema de Seguridad y Protección Social, el Sistema Educativo y el
Sistema Nacional de Salud.- La experiencia del Comité de Coordinación Estratégica por la
Infancia y la Adolescencia coordinado por Infamilia es un antecedente relevante a tomar en
cuenta así como las conclusiones de la Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia.-
El INAU deberá, en el próximo período, avanzar en la transformación institucional que le
permita fortalecer sus capacidades en el abordaje de problemáticas de particular riesgo como
la situación de calle, las adicciones, la violencia familiar y el abuso sexual, la rectoría en la
selección de familias adoptantes, la situación de los niños y adolescentes infractores. Deberá
impulsar acciones de carácter sociocultural y socioeducativo que promuevan modelos
culturales abiertos a una cultura de derechos, de aceptación de la diversidad, tolerante y
solidaria, cuestionando estereotipos estigmatizadores especialmente dirigidos a los pobres, y a
las y los adolescentes y jóvenes, lo que implica una profunda revisión de los estereotipos y
sistemas de creencias que nos atraviesan. Se fomentará el ejercicio activo de una ciudadanía
plena infantil y adolescente, promoviendo la creación de espacios formales e informales de
participación.
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Las políticas hacia la Infancia y Adolescencia requieren de un abordaje transversal: el
Sistema de Protección y Asistencia Social deberá avanzar en prestaciones que fortalezcan
a las familias en el ejercicio de sus funciones; el Sistema Educativo en todos sus niveles:
inicial, primario, secundario y técnico, deberá ampliar su cobertura y desarrollar programas que
faciliten el ingreso y permanencia de niñas , niños y adolescentes al sistema, garantizando su
formación integral; el Sistema de Salud fortalecerá los programas de atención integral a Niños
y Adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Bucal, entre otros, garantizando el acceso
al mismo.- También se fortalecerán las políticas de fomento del deporte y la recreación,
instrumentos relevantes de promición de salud, integración social y desarrollo cultural.
Las familias en sus más diversos arreglos representan el ámbito deseado y deseable para el
desarrollo de niñas, niños y adolescentes; en consecuencia es necesario promover planes y
programas de implantación local que permitan el fortalecimiento de los lazos y redes
comunitarios así como los vínculos intrafamiliares, profundizar en las políticas alimentarias, y
garantizar los planes de acceso y/o mejora de la vivienda y el hábitat representan líneas
estratégicas prioritarias.
El próximo gobierno progresista se propone:

Fortalecimiento del INAU como Organismo Rector de la Política de Infancia y
Adolescencia, adquiriendo mayores capacidades institucionales en la orientación,
diseño, seguimiento, control de la gestión de las instituciones privadas y organizaciones
de la sociedad civil, así como la articulación con las instituciones públicas del Sistema
de Protección Social, Educación, Salud y Justicia entre otras.

Profundizar el cambio interno, en consonancia con el proceso de transformación del
Estado, revisando las políticas de recursos humanos, los cargos de confianza (incluir los
Jefes Departamentales); sistema de remuneraciones, mejoramiento de los niveles
técnicos y profesionales.

Desarrollar una consistente política comunicacional orientada a la promoción y
protección de una cultura de Derechos que cuestione los estereotipos asociados a la
infancia y adolescencia.

Fortalecer la política de diálogo con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las
Organizaciones Populares (movimiento sindical, cooperativo, entre otros) a través de
mesas de debate y la política de convenios que mejore los mecanismos de transferencia
de fondos, supervisión, control y evaluación de los proyectos, consolidando el papel del
estado como contralor de la calidad de los servicios tercerizados.

Consolidar las redes de promoción y protección a niños, niñas, adolescentes y
familias, con énfasis en el trabajo territorial. Mesas Interinstitucionales, Redes de
Infancia.

Consolidar la atención integral a niñas y niños en su primera infancia a través del
fortalecimiento de una red de servicios público – privados.

Avanzar en los procedimientos y mecanismos vinculados a la adopción promoviendo
una mayor agilización de los trámites en el marco del respeto de los derechos de niñas
y niños.

Multiplicar los equipos de trabajo y los centros de atención en todo el país,
priorizando, desde el punto de vista temático: Adolescencia, Adicciones, Maltrato y
Abuso, Situaciones de Calle, Atención en situaciones de crisis o abandono familiar.
Desde el punto de vista geográfico serán prioritarias: Montevideo, Canelones y ciudades
que no son capitales departamentales.

Apoyos para la inserción autónoma de los adolescentes que egresan del “Sistema
INAU”: educación, trabajo, vivienda, vínculos familiares.

Promover el trabajo con medidas socio-educativas para adolescentes que presenten
problemas en relación a la observancia de la ley, y definir la inserción institucional del
Page 9
sistema de ejecución de medidas para adolescentes que cometieron infracciones
a la ley, fundamentalmente en las situaciones que requieren privación de libertad.

La ejecución de medidas privativas de libertad de las y los adolescentes son una
responsabilidad indelegable del Estado, manteniéndose en la actualidad la edad de
imputabilidad de las y los adolescentes

Desarrollar una política articulada con el Sistema Judicial y el Ministerio del Interior para
las situaciones de adolescentes con privación de libertad, fortaleciendo los dispositivos
institucionales con medidas de atención integral a la salud, socioeducativa y recreativas
en ámbitos de pequeño porte.-
V.- La vivienda como factor de integración social
La vivienda y el hábitat constituyen un aspecto sustantivo de la calidad de vida de las personas
por ser un instrumento de inserción social y redistribución del ingreso, además de su condición
de generador de empleo y dinamizador de la economía. Por ello, vivienda y hábitat deberán
considerarse una prioridad de la política de gobierno lo que implicaría, entre otras medidas, la
puesta en marcha de acciones que procuren garantizar el acceso y la permanencia a la
vivienda en un hábitat digno y el derecho a la ciudad.
La definición antes enunciada supondrá destinar los recursos necesarios para reducir el
déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, así como para la instrumentación de otros
programas que coadyuven al acceso y permanencia antes especificados, y el desarrollo de
una gestión eficaz y eficiente; por lo cual se deberá hacer especial hincapié en medidas como
las siguientes:

Generar un contexto que fomente la captación de ahorro público y privado,
profundice la inversión pública y estimule la inversión privada en vivienda, al tiempo
de fortalecer el crédito hipotecario social para vivienda, por parte del sistema
financiero público, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar para alentar ese
crédito en el ámbito privado.

Impulsar políticas, fundamentalmente preventivas y de mejoramiento del hábitat
existente.

Fortalecer el sistema público de la vivienda de acuerdo a los nuevos roles y
competencias de los organismos involucrados (MVOTMA, ANV y BHU), optimizando las
estructuras de coordinación y complementación institucional.

Promover mecanismos tendientes a ampliar la transferencia en la gestión y en la
ejecución de los programas, recurriéndose a los gobiernos departamentales y locales
y a la sociedad civil organizada. Se tomará especialmente en cuenta al sistema
cooperativo, considerando su importante aporte –reconocido internacionalmente- a la
solución del problema habitacional, a la construcción de ciudadanía y organización
social. También se tomará en cuenta la autoconstrucción asistida y otros
emprendimientos asociativos.

Profundizar en mecanismos que garanticen la participación de los trabajadores, no
solamente en fases tales como el diseño del hábitat y el aporte del trabajo a la obra,
sino también en niveles de decisión y gestión.

Priorizar los programas de acceso al suelo urbanizado y de utilización del stock
existente en todo el país, pudiendo manejarse, entre otros instrumentos, estímulos a
esa utilización, con compromisos de uso, y gravámenes a su abandono. Se destinarán
al Plan de Vivienda los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad pública,
aptos para vivienda y servicios habitacionales que se encuentren ociosos, habilitando
los mecanismos legales que lo permitan, así como el aporte de materiales y servicios
por parte de los organismos públicos con costos acordes a la finalidad social.
Page 10

Procurar la armonización de programas de vivienda con políticas que afecten diversas
áreas:
• La facilitación del afincamiento de los jóvenes.
• La priorización de los sectores económicamente más desfavorecidos,
con la finalidad de fomentar la inclusión y la heterogeneidad social, a través
de mecanismos tales como el desarrollo de un sistema de subsidios,
vinculado fundamentalmente a los ingresos, en especial, el subsidio a los
pagos destinados a la vivienda, por las familias.
• El acceso a una solución habitacional para víctimas de violencia
doméstica, complementando una solución más integral a un problema
definitivamente instalado en la sociedad.
• El acceso a soluciones habitacionales de los emigrados, incluyéndolos en
diversos planes de vivienda, que les aseguren a su regreso la ocupación de la
misma. Dichos planes podrán efectivizarse de acuerdo a cuotas de ahorro de
corto o largo plazo en base a sus capacidades económicas.
• La mejora de los procesos de apropiación del hábitat apuntando a una
mayor integración, generación de identidad y sentido de pertenencia y, con
ello, a la creación de ciudadanía
En todos los casos será necesario tener presente que se trata de políticas que actúan como
reconstituyentes del tejido social para grupos heterogéneos por lo que, al tiempo de procurar
soluciones a los problemas específicos, deberán evitar la formación de sectores sociales
fragmentados.
Por la magnitud de la situación, se deberá continuar con la incorporación explícita -
programática y presupuestamente- de acciones concretas dirigidas a la población residente en
asentamientos irregulares. Para ello se:
• Avanzará en la implementación de mecanismos legales qye permitan intervenir al
estado para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y generar inclusión social.
• Contemplará particularmente la conjugación de vivienda y trabajo, entendiendo a este
también como el desarrollo de actividades productivas en las soluciones habitaciones.
• Buscará abatir los costos de construcción de vivienda de interés social, estudiando la
viabilidad de la eliminación del pago de IVA y la reducción de los aportes sociales
estrictamente a lo que se traslada a los trabajadores.
VI.- Educación para todas y todos a lo largo de toda la vida
El impulso a la transformación de la educación ha sido un pilar fundamental para el gobierno
del Frente Amplio, en el marco de transformación hacia un país productivo con justicia social y
desarrollo humano pleno. El impulso a la generación de conocimiento científico y tecnológico,
su aplicación apostando a la innovación y la democratización en el acceso a la misma por parte
de toda la sociedad, son ejes estratégicos sustantivos en materia de políticas educativas de un
gobierno progresista.
Las políticas educativas en este segundo gobierno, serán un verdadero motor de desarrollo,
colocando al país de cara a los desafíos del nuevo siglo y aportando a la construcción de una
sociedad del conocimiento al servicio de todas y todos y a lo largo de toda la vida. Estas se
sustentan en una concepción emancipadora de la educación, fomentando la ciudadanía activa,
personas libres, protagonistas, trabajador@s fecund@s en la más amplia acepción. El sistema
educativo procurará recuperar el sentido de identidad nacional, promoviendo procesos de
integración social que superen las condiciones de exclusión y fragmentación social.
Una vez cumplidas las etapas necesarias para la aprobación final de la Ley de Educación, el
proyecto educativo a implementar fortalecerá el funcionamiento general del sistema y de los
centros, en la metodología y en los contenidos curriculares, en la formación de docentes y en la
Page 11
capacitación de los no docentes que pertenecen al sistema. Se hace especial hincapié en la
necesaria formación de actitudes basadas en la conciencia crítica ante la realidad, la
solidaridad, la justicia, el respeto, la aceptación de la diversidad cultural y la promoción de
equidad de género, razas y etnias.
Nuestra propuesta destaca la vigencia de los principios históricamente consagrados de
laicidad, obligatoriedad, gratuidad, democracia, autonomía, participación y universalidad.
En este marco se impulsarán las siguientes medidas:

El fortalecimiento del sistema educativo formal para la incorporación de niñas, niños y
adolescentes que hoy están fuera de él.

Implementar programas de formación integral que faciliten la culminación de la
educación obligatoria.

Fomento de la participación de docentes, estudiantes y la comunidad en los diferentes
ámbitos del sistema educativo. Se pretende estimular una participación que integre
eespecialmente la democratización de la ANEP.

Fomentar la conformación de equipos interdisciplinarios para reforzar los procesos de
integración social y educativa.

Planificar la expansión de todo el sistema educativo asegurando una relación adecuada
entre el número de docentes y el número de estudiantes promoviendo mejoras en la
calidad de la educación.

Garantizar la universalización de la educación inicial y el fortalecimiento de la Educación
Media Básica son objetivos estratégicos que apuntan a la mejora de la educación y del
tiempo pedagógico.

Se requiere especialmente dotar de mejores condiciones a la educación técnica
tecnológica como respuesta a los desafíos del país productivo.

La alfabetización informática deberá continuarse y fortalecerse en el marco de los
objetivos integrales de la educación, promoviendo el acceso paulatino de los alumnos
de todo el sistema y de los docentes.

La lucha contra el analfabetismo total o funcional será también una línea estratégica a
consolidar en el marco de la Educación de Jóvenes y Adultos.

La promoción de centros educativos abiertos e integrados, con participación de
docentes, estudiantes y la comunidad para dar respuesta a las necesidades de su
entorno local, contribuirá así al desarrollo de una cultura de derechos ciudadanos,
democrática, solidaria y respetuosa de la diversidad cultural.

Consolidación de un sistema terciario de educación pública acorde al proyecto de país
productivo con un papel central de la Universidad de la República y de la educación
técnico profesional

Otorgar a la formación docente carácter universitario.

La responsabilidad de los medios de comunicación en los procesos educativos es
fundamental y deberá ser jerarquizada e integrada. Se procurará estimular que los
medios de comunicación contribuyan al logro de los objetivos educativos, más allá de
aquellos que por ser propiedad del Estado jugarán un papel relevante.

La asignación presupuestal deberá ajustarse a los requerimientos exigidos que implican
continuar con la mejora edilicia y de infraestructura, la creación de cargos y centros
educativos, la mejora de la calidad de la educación y de las remuneraciones docentes y
no docentes.

resoluciones 5to Congreso Frente Amplio

URUGUAY PRODUCTIVO E INNOVADOR
APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008

El programa de gobierno del primer gobierno del Frente Amplio fue una respuesta a la situación
crítica y caótica que se encontraba el país luego de la mayor crisis de su historia: lograr el
equilibrio macroeconómico, atender la emergencia social, adecuar las necesidades de
infraestructura elementales e iniciar la implementación de algunas reformas estructurales.
El programa para los próximos cinco años deberá consolidar los importantes logros alcanzados y
profundizar los cambios para sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo. Esto
implica operar sobre la estructura productiva del país, y la elaboración de un Proyecto Nacional de
Desarrollo, basado en un rol activo y orientador del Estado en un proceso de crecimiento con
distribución y justicia social. Las políticas productivas deberán tener una relevancia superior.
1.- Las condiciones del crecimiento sostenido y sustentable
Las políticas productivas deben ser compatibles con el conjunto de la política económica y, más
en general, con los objetivos del modelo de desarrollo de largo plazo. Esto implica, por un lado, el
logro de niveles elevados y estables de crecimiento de la producción y el empleo, la distribución
del producto con criterios equitativos, de forma de atender las necesidades del conjunto de la
población, reducir la pobreza y la desigualdad. Se impulsarán políticas específicas para seguir
revirtiendo el proceso de concentración de la riqueza en términos de ingresos y recursos
productivos.
Nos proponemos el crecimiento sostenido es decir a tasas elevadas y por varios años, porque
ello es el requisito para una transformación profunda, que abarque al conjunto de la estructura
productiva, la infraestructura, los recursos humanos, el empleo, que permita la innovación
tecnológica y la mejora de los niveles de ingreso. Lograr este crecimiento aunque este no sea un
objetivo en sí mismo sino se tiene cuenta para quien se da ese crecimiento, requiere ciertas
condiciones, que se profundizaran en otros capítulos de este programa.
1.1
Las políticas macroeconómicas
La estabilidad es importante pero no es un fin en sí mismo, por ello es necesario su compatibilidad
con las otras políticas, sectoriales, territoriales, sociales que apuntan al logro de otros objetivos
igualmente importante, como la estructura productiva, la equitatividad en el desarrollo territorial y
la atención de la problemática social.
Para construir y llevar adelante una estrategia nacional a mediano y largo plazo es imprescindible
que las políticas macroeconómicas tanto en sus cuestiones generales, como en sus planteos
concretos se ajusten a los objetivos de dicha estrategia, de tal forma estarán al servicio del
proyecto. Uno de los ejes centrales de la construcción de este proyecto son los recursos. La
renegociación de los intereses de deuda con los acreedores privados y los organismos
multilaterales de crédito deberá realizarse de forma tal de no poner en riesgo el desarrollo
nacional y sus objetivos estratégicos, asimismo no se incrementará la carga fiscal en los sectores
de menos recursos.
El crecimiento económico de largo plazo está asociado a políticas macroeconómicas estables y
sostenibles, basadas en los principios de responsabilidad fiscal, flexibilidad cambiaria,
mantenimiento de tasas de inflación bajas, sin dejar de atender la problemática de la
Page 2
2
competitividad y la generación del adecuado clima de negocios que requiere la inversión y el
crecimiento de la actividad económica.
Por otro lado una economía equilibrada significa una defensa frente a las inestabilidades de los
mercados internacionales y regionales por lo cual mantenerla implica dar mayor seguridad interna
frente a impactos externos adversos.
1.2
Inserción internacional
1.
Se promoverá una integración activa, con lineamientos estratégicos conformar estructuras
productivas centradas en la competitividad y el empleo. Llego la hora que los países de la región
avancen hacia proyectos nacionales y regionales que determinen nuevas estructuras productivas.
La coordinación y compatibilización de estos lineamientos estratégicos en lo regional permitirá
atender las asimetrías actúales así como la colocación de bienes y servicios de mayor contenido
tecnológico.
2.
Para un país pequeño como Uruguay la política comercial y su expansión a los mercados
externos es un requisito imprescindible. La consolidación de un bloque regional en el MERCOSUR
tiene un papel estratégico por las ventajas comerciales que implica la cercanía y por la
importancia de estos mercados para nuestra producción industrial. La consolidación del libre
acceso a los mercados regionales implica superar trabas actualmente existentes. Se promoverán
además vínculos comerciales con otros países y regiones procurando asegurar y diversificar
mercados para nuestros productos.
3.
En el plano comercial son indispensables las negociaciones para enfrentar los subsidios
agrícolas de los países desarrollados, diversas formas de protección para-arancelaria y medidas
de política económica que afectan los términos de intercambio de los países de la región. En el
plano financiero es relevante la negociación para modificar las condicionalidades de los
organismos financieros internacionales, para regular los movimientos de capitales especulativos
internacionales y encontrar nuevos mecanismos para resolver con mayor ecuanimidad los
problemas de la deuda externa de los países de la región. En el plano productivo la
complementariedad es esencial, y resulta muy importante la negociación colectiva con las
empresas transnacionales para mejor defensa de los intereses nacionales y regionales. Debemos
avanzar en acuerdos sobre temas que hasta ahora se han reservado solamente a las
negociaciones extrarregionales del tipo TLC, nos referimos a normas comunes para la inversión
extranjera (incluidas las de sustentabilidad medioambiental), para la propiedad intelectual, para las
compras del estado, para el estado sanitario regional, etc.
4.
El proceso de integración regional presenta una serie relevante de potencialidades que
debemos aprovechar, entre las que se destacan la integración energética, las obras de
infraestructura vinculadas al transporte, las comunicaciones y la energía, y la integración
financiera que surge como un fenómeno nuevo en la región. Los precios internacionales de los
productos de exportación y la mejora de los términos del intercambio ha significado la posibilidad
de un gran aumento de reservas internacionales y un cierto grado de autonomía frente al FMI. A
las instituciones financieras ya existentes se suman la creación de nuevas posibilidades como el
Banco del Sur, que puede atender créditos para el desarrollo y ayudar a los países de la región a
enfrentar crisis financieras coyunturales sin las tradicionales condicionalidades fondomonetaristas.
5.
Las negociaciones internacionales requieren definir una política de múltiples acuerdos no
solo en el campo comercial. Con el objetivo estratégico del desarrollo nacional se propondrán
acuerdos políticos con la región y con otros países subdesarrollados son necesarios para una
negociación fuerte en la OMC donde los países desarrollados aplicando subsidios y trabas
comerciales dificultan el ingreso de nuestra producción. Este tema – que es abordado en
profundidad en otro capítulo- es una condición para el desarrollo nacional.
1.3
Reglas transparentes e instituciones fuertes
6.
Las reglas de juego de la economía son un factor muy importante en la generación de un
clima de negocios favorable a la inversión, innovación y eficiencia. En algunos casos las nuevas
reglas de juego implican la realización de cambios en las instituciones y en la legislación existente.
Algunas leyes habían sido creadas hace mucho tiempo, y ahora fueron actualizadas y ajustadas a
Page 3
3
las necesidades del actual funcionamiento económico y social. Así ocurre con las reglas de
defensa de la competencia y el régimen legal de declaración de quiebras. En otros casos los
sistemas eran poco transparentes o discriminatorios, incluyendo a los sistemas de promoción
industrial, por lo que ahora fue necesario modificar su reglamentación. Deben consolidarse
instituciones y una legislación que promueva la innovación y el cambio técnico, porque estos son
vitales para nuestro futuro.
2.- Las políticas productivas
7.
Los gobiernos de los partidos tradicionales no prestaron atención a la estructura
productiva. Pensaban que el mercado, funcionando libremente, asignaba los recursos en forma
óptima, por lo cual no debían existir políticas que “distorsionaran” el funcionamiento del mercado.
De hecho, en forma sistemática, eliminaron prácticamente todas las políticas sectoriales. Esta
visión, se apoya en teorías cuyos supuestos son muy diferentes de la realidad y no se apoya
experiencias históricas que la avalen. Nuestra visión es totalmente diferente-
Son imprescindibles lineamientos estratégicos que permitan una mirada de mediano y largo plazo
articulada. Esto es la construcción de planes estratégicos de mediano plazo en cada sector y
articulados en un programa global de desarrollo.
2.1 La importancia de la estructura productiva
8.
En las últimas décadas, diversos países, chicos y grandes, ricos y pobres lograron un
fuerte dinamismo económico –y mejoras sociales- teniendo fuerte intervención en los mercados,
es decir, con un Estado activo y no prescindente. Uno de los objetivos de las políticas activas es
promover una estructura productiva compatible con el desarrollo nacional en el mediano y largo
plazo.
9.
La estructura productiva de un país está relacionada a las posibilidades de lograr un
crecimiento sostenido y sustentable al trabajo de calidad, por lo cual tiene una incidencia directa
en los niveles de ingreso y la calidad de vida de la población. El objetivo de las políticas
productivas es promover una estructura productiva que permita que nuestra producción no sólo
abastezca el mercado interno con alimentos, materias primas y manufacturas, sino que nos
permita acceder a los mercados internacionales más exigentes con producción competitiva y de
mayor valor agregado.
10.
Avances en este objetivo nos permitirá generar factores competitivos diferentes de los
tradicionales. Un país pequeño no puede competir por grandes volúmenes de producción,
basándose en las economías de escala que permiten bajar los costos y competir por precios
bajos. Pero sí puede generar factores competitivos en productos específicos orientándose a
mercados segmentados donde la competencia se basa menos en el precio y más en otros
factores.
11.
Estos criterios deberán permitir elaborar una visión de mediano y largo plazo y definir
lineamientos estratégicos para conformar la estructura productiva. El mundo internacional actual
se caracteriza por los extraordinarios avances tecnológicos, por la velocidad de los cambios y por
la permanente incorporación de conocimientos a las distintas actividades productivas. La
estructura productiva está en el centro de las características del futuro crecimiento y de su
distribución. En Uruguay la actual estructura productiva mantiene características de
heterogeneidad estructural, donde conviven en las distintas actividades económicas rubros de alta
y muy baja productividad de la mano de obra, en el plano intersectorial como en el plano
intrasectorial, siendo éste en un factor relevante en la interpretación de las causas de las
desigualdades económicas, sociales e inclusive culturales que nos caracterizan. Por tanto la
diversificación y homogeneidad de la producción es el camino a seguir, vinculado además al
desarrollo de las formas de economía social y de formas distintas de propiedad.
12.
La conformación de la estructura productiva debe centrarse en dos criterios básicos: la
competitividad y la generación de empleo productivo, sin descuidar las sustentabilidad de los
recursos naturales a largo plazo. Esto significa elegir rubros, actividades económicas con
posibilidades de competitividad actual y futura y de generación de empleo. La elección de rubros
es lo que permite avanzar en políticas activas, sectoriales y selectivas.
Page 4
4
13.
Desde el inicio de nuestra historia, nuestra estructura productiva y nuestro comercio
exterior se basó en productos intensivos en recursos naturales y/o en trabajo, como los complejos
agroindustriales y la industria tradicional. Los precios internacionales de estos productos, en un
enfoque de largo plazo, han tenido una tendencia descendente. En los últimos años sus precios
han tenido un gran crecimiento, lo que probablemente influya en que estos sectores tengan un
crecimiento importante y aumenten su participación en el producto.
14.
Es posible aprovechar más nuestras riquezas naturales en beneficio del Uruguay y su
gente, las cadenas agroindustriales clásicas que eran gran parte del PBI y gran parte del empleo,
y lo seguirán aportando como ha sido tradicionales. Sin embargo es posible que las mismas en un
marco de un plan de desarrollo productivo sirvan a los intereses del desarrollo nacional en mayor
medida que el actual. La participación del Estado en algunas áreas estratégicas con la
conformación de entres testigos allí donde sea necesario, podrá constituirse en una palanca del
desarrollo y una herramienta para transformaciones productivas profundas.
15.
Pero nada indica que las tendencia históricas no se retomen en un futuro que esperemos
no sea cercano. En cambio los mercados de precios alcistas son los de productos intensivos en
conocimiento. La agregación de conocimiento a la producción es posible en todos los sectores
económicos, desde los más tradicionales a los más nuevos. La política económica debe promover
la innovación, la calidad, la diversificación productiva. El Uruguay Productivo está íntimamente
relacionado al Uruguay Innovador.
16.
La futura estructura productiva deberá contemplar criterios esenciales de competitividad y
empleo, tanto a nivel global como sectorial, y en todos los casos maximizando el contenido
tecnológico, elemento básico para avanzar hacia el desarrollo económico. Esto significa también
un proceso de integración productiva, de articulación entre los distintos sectores completando
cadenas productivas todo lo que sea posible. Contenido tecnológico, valor agregado,
homogeneidad productiva y completar cadenas productivas son criterios centrales de la futura
estructura productiva.
2.2 Políticas horizontales y verticales
17.
Para lograr estos resultados se definirán políticas activas, transversales y sectoriales o
verticales. Las políticas transversales tendrán como objetivo generar habilidades y capacidades
competitivas en las empresas de todos los sectores económicos. Es decir que promoverán
proyectos compatibles con las prioridades definidas en el modelo de desarrollo en toda la
economía, sin priorizar a ningún sector en forma específica.
18.
Para promover el desarrollo tecnológico nacional se reducirán los impuestos a las
empresas que concluyan convenios con la UDELAR para aplicar nueva tecnología.
19.
Para evitar la competencia desleal de productos importados por los nacionales ningún
producto de desarrollo nacional ha de pagar un impuesto mayor que el producto importado. Y
ningún producto importado estará exonerado de impuesto si el mismo de origen nacional lo está
pagando.
20.
Las políticas sectoriales se dirigirán a promover las empresas de los sectores
considerados prioritarios. Las políticas sectoriales pondrán énfasis en la mejora de la
competitividad en una lógica de cadenas productivas y conglomerados, buscando la agregación
de valor nacional. Entre los sectores a promover se encuentran aquellos cuyo desarrollo impacta
en toda la economía, como es el caso de las industrias de la comunicación y la información, por
solo mencionar ejemplo.
21.
Para implementar estas políticas se requiere hacer un diagnóstico de qué complejos
productivos tienen posibilidades de expansión y que limitaciones tienen para lograr un crecimiento
sostenido. Este conocimiento es imprescindible para definir políticas específicas. El rol activo y
regulador del Estado y la participación de todos los actores es imprescindible para reunir todos los
conocimientos y visiones existentes. El trabajo del Gabinete Productivo tiene por objetivo reunir
este conocimiento y hacer recomendaciones para cada complejo. El Estado deberá cumplir el rol
promotor activo y operativo que preserve los recursos en que se fundamenta nuestras ventajas
Page 5
5
competitivas, que aseguren una progresiva apropiación nacional de la renta generada por el uso
de estos recursos.
22.
Las políticas agropecuarias deben reconocer la diversidad de producciones y actores
sociales del sector, trabajadores rurales, productores familiares y empresarios rurales. En este
sentido, en algunos subsectores se promoverán políticas que mediante la incorporación de
investigación e innovación tiendan a maximizar producción competitiva que incorpore el máximo
valor agregado posible. En otros subsectores se apoyarán producciones que se entiendan
estratégicas para asegurar el abastecimiento de alimentos a nuestra población en cantidad,
calidad y oportunidad, mediante políticas diferenciadas que atiendan a los productores familiares y
trabajadores rurales.
23.
Se creará el ente estatal del mar que incluya: flota nacional control del “empadronamiento
de buques”, adecuación y utilización del astillero de la Armada, frigorífico pesquero para el abasto
interno y plan de educación alimentaria
24.
Se promoverá y apoyará la producción pesquera en todas sus fases, no sólo por su
condición estratégica en defensa de la soberanía del país sino también por ser potencialmente
generadora de trabajo. A tal efecto se implementarán las medidas necesarias para asegurar el
abastecimiento a nuestra población en cantidad, calidad, oportunidad y precio y se aplicarán las
medidas necesarias para la defensa de los recursos naturales. Se instrumentarán políticas
diferenciales que atiendan a las PYMES del sector así como a pescadores artesanales y
aquicultores procurando en estos los agrupamientos cooperativos.
25.
En todos los tipos de producciones se profundizará la política actual de asegurar la
sustentabilidad de los recursos naturales involucrados (tierra, aguas y aire).
26.
La política de tierras debe definirse a partir de considerar que la tierra tiene un doble
carácter, es un bien de uso social y es un factor de producción primordial. El proceso de
extranjerización de la tierra y establecimientos agroindustriales que se constata en los últimos
años principalmente por parte de inversores de los países vecinos debe ser desestimulado,
promoviendo el control nacional del recurso y debe estudiarse la adaptación de la regulación para
salvaguardar el uso del suelo con los siguientes objetivos:
• para posibilitar usarlo como bien de carácter social,
• para posibilitar el acceso a la tierra por los productores nacionales, especialmente los de
menores recursos
• para preservar el conocimiento productivo acumulado que podría verse amenazado por su
desplazamiento.
• para lograr la seguridad alimentaria nacional.
Deberían continuarse las políticas de promoción de producciones específicas en determinadas
zonas con objetivos económicos y sociales así como desestimular los emprendimientos no
rentables que a la larga generan problemas socioeconómicos.
Para la implementación de estas políticas debe continuar fortaleciéndose el INC.
27.
Las políticas agropecuarias deben ser cruzadas por un enfoque de descentralización que
asegure la mejor distribución de las oportunidades de trabajo, y tienda a asegurarle a la población
en el territorio de la población tanto el acceso a los servicios como a las oportunidades de
participación y desarrollo, ya que no existe país productivo sin la más amplia democracia.
28.
La industria manufacturera sufrió el principal ataque del neoliberalismo y en la década
pasada una de sus mayores crisis. Las exportaciones de Uruguay con mediana y alta tecnología
alcanzan al 17%, cifra que debería aumentarse, incorporando valor agregado en las cadenas
productivas.
29.
En el Gobierno del FA se iniciaron, por primera vez en el país, programas de formación de
conglomerados y clusters de empresas, políticas que dieron excelentes resultados en muchos
países y que el abstencionismo político de los gobiernos anteriores no promovió.
Page 6
6
30.
Los programas PAC y PACPYME formaron agrupamientos de empresas en sectores como
ciencias de la vida, quesería artesanal, extracción de a gatas y amatistas, software, cueros y
marroquinería, vestimenta, vitivinicultura, etc. Debe destacarse que la mayor parte de las
empresas que participan de estos proyectos son pequeñas y medianas y que se desarrollan en
todo el país, siendo un objetivo el involucramiento de los departamentos del interior del país.
31.
La firma de convenios bilaterales con Argentina y Brasil permitió la expansión del sector
automotriz nacional tanto en el subsector Terminal como el autopartista. Estos acuerdos
comerciales permitieron la inversión de capitales chinos, asociados a nacionales, que elevarán la
producción nacional de automóviles a niveles superiores a los de toda nuestra historia, que se
venderán en toda América Latina. Y se prevé la construcción de nuevas plantas en el sector.
32.
Por su parte el sector autopartista, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas
de capitales nacionales están en un proceso de certificación de calidad para lograr insertar sus
productos en el mercado de reposición (repuestos) y en la producción original de vehículos.
33.
El reciente acuerdo de de integración productiva en el MERCOSUR, de diciembre del
2006, abre posibilidades de complementación en el sector automotriz, biotecnología, turismo y se
están estudiando otros sectores, en lo que probablemente es uno de los hechos mas auspiciosos
de profundización del MERCOSUR, que abre posibilidades a nuestra industria.
34.
Los lineamientos estratégicos del sector industrial deben contemplar las posibilidades de
complementariedad productiva en el espacio regional, especialmente con las industrias de Brasil y
Argentina. La especialización productiva y los acuerdos empresariales fomentados por los
respectivos Estados son vitales para avanzar en estos campos.
35.
En el sector servicios surgen nuevos rubros a apoyar, además del turismo, como la
logística, la informática y las comunicaciones donde aparecemos con tecnologías de punta que
marcan enormes potencialidades.
36.
El sector turístico confirmó ser un factor dinámico de la actividad productiva y económica
del país, con gran impacto en la generación de empleo y el desarrollo inmobiliario, por ello deberá
tener políticas especificas de promoción
37.
Consolidar y profundizar estas estrategias es uno de los grandes desafíos para el futuro
gobierno del Frente Amplio pues implica una ruptura con las políticas aplicadas por los partidos
tradicionales y requieren la participación activa del conjunto de la sociedad.
38.
El Presupuesto Nacional debe prever, en forma compatible la priorización de los objetivos
programáticos con el espacio fiscal y la asignación de los recursos necesarios para promover la
reconversión productiva, la mejora de la inserción internacional, particularmente de las pequeñas
y medianas empresas, la complementación productiva con empresas de la región, así como el
reforzamiento del desarrollo de los conglomerados y clusters si ello fuera necesario.
3.- La inversión productiva
39.
No hay crecimiento, ni aumento de la calidad del empleo sin inversión enmarcada dentro
de una estrategia nacional productiva, por eso promover y desarrollar sus distintas formas,
incluida la estatal, es requisito necesario y fundamental para el logro de los objetivos planteados
en el programa del FA. En el cuarto Congreso extraordinario Héctor Rodríguez refieriéndonos al
papel del estado en la economía señalábamos Fomentará la inversión privada en base a
estímulos sujetos controles y evaluación de resultados. Eso, sin perjuicio de participar en nuevos
proyectos cuando el sector privado no tome riesgos en áreas promovibles en función de su
potencialidad productiva, así como promoverá esfuerzos para mantener actividades amenazadas
por cierres, cuando exista una evaluación económica positiva. En estos casos la participación
estatal podrá ser asociaciones con trabajadores, empresas mixtas, etc.
40.
El bajo coeficiente de inversión es un problema estructural de la economía uruguaya,
coincide con una muy elevada inversión extranjera directa, un bajo coeficiente de ahorro interno, y
Page 7
7
un débil crecimiento de la inversión pública limitada por las obligaciones fiscales en torno al
servicio de la deuda externa.
41.
En los últimos años hubo un gran incremento de la inversión extranjera, especialmente en
sectores intensivos en recursos naturales. En algunos casos hubo una importante generación de
empleo, como en el caso del procesamiento de la madera, pero esto no ocurrió en todos los
casos, sino que simplemente implicó el cambio de los titulares de la propiedad.
Los efectos económicos y sociales de los diversos tipos de inversión son diferentes y se requiere
la formulación de reglas de juego apropiadas al respecto, de tal forma de fomentar su uso
productivo y sustentable de la tierra, con la generación de capacidades locales, el afincamiento de
las familias en el campo, evitando un desaprovechamiento de los recursos disponibles.
42.
En este sentido es clave que el Estado fije la implementación de parámetros de
negociación para lograr la efectiva contribución de la inversión extranjera al proceso de desarrollo
nacional. Estos parámetros estarán relacionados con la agregación valor, el empleo de fuerza de
trabajo nacional, la creación de redes de proveedores nacionales, la transferencia tecnológica, la
generación de capacidades y el apoyo a la educación y a la investigación en los marcos de la
actividad que desarrolla. Algunos de estos parámetros están presentes en la ley de inversiones,
este instrumento deberá ser utilizado eficazmente definiendo precisamente las contrapartidas a
utilizar en todos los casos (como ya lo reglamentó este Gobierno) privilegiándolo, al de las zonas
francas.
43.
Es imprescindible definir una propuesta global que incluya la modalidad de participación
estatal, con empresas estatales, extranjeras, regionales y en los modelos de asociación público-
privada, así como la forma de reorientar el ahorro nacional hacia la inversión. La tendencia
mundial es avanzar hacia marcos de política donde ya no solo es importante el monto de las
inversiones sino también su tipo, es decir su calidad en materia de aportes y coherencia con los
objetivos de desarrollo económico de los países; el país define estrategias y la IED contribuye a
lograrlas. Esto remite a conocimientos, empleo, encadenamientos productivos, transferencia de
tecnología.
44.
Hay un ámbito regional de competencia en el cual los países más dispuestos y capaces
de crear las situaciones más favorables para las empresas transnacionales atraerán sus empleos
e inversiones. No obstante, como en dicho marco competitivo generalmente mejores condiciones
para estas empresas se corresponden con menores posibilidades de desarrollo, lo que sucede es
que el país más dispuesto y capaz de sacrificar su bienestar de largo plazo gana más inversiones
y empleos en el corto plazo. Esta competencia debilita a los países, a su soberanía, y también al
proceso de integración, por lo cual es indispensable impulsar y desarrollar una política regional
frente a los flujos de inversión extranjera directa y de cartera.
4.- Infraestructura, logística y energía
45.
El crecimiento económico acumulado encuentra límites en la infraestructura de
comunicación y transporte así como en la disponibilidad de energía. Son áreas estratégicas en las
cuales será indispensable la visión de mediano y largo plazo con la imprescindible participación
del Estado.
46.
También en esta área había un fuerte retraso en las inversiones necesarias. El gobierno
del Frente Amplio encaró obras en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria dirigidas al desarrollo
de producción de mercancías, la actividad turística y otros servicios, así como las vinculados al
proceso de integración regional
47.
Es indispensable continuar desarrollando la infraestructura de transporte asociada a
formas más eficientes y de menor costo (transporte ferroviario, fluvial y marítimo); impulsar un
sistema nacional de puertos que implique el desarrollo de la infraestructura portuaria con una
óptica regional; y de un sistema de transporte multimodal. El objetivo es atender las necesidades
de la producción y permitir el acceso universal a los servicios.
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8
48.
El desarrollo de infraestructura debe basarse en la maximización de la utilización de los
recursos nacionales, algunos con inversión pública y otros con acuerdos publico-privado, tema
que debe reglamentarse en forma clara.
49.
Una atención especial requiere el desarrollo de la logística global, en donde el Uruguay
tiene grandes posibilidades de ser una importante plataforma para el tránsito de mercaderías
hacia toda la región y Latinoamérica. La logística, como proceso de creación de valor, aporta
conocimientos y técnicas específicas para todas las etapas y aspectos de las operaciones de los
diferentes sectores productivos, y por lo tanto de las empresas que los integran, y en este sentido
se deben hacer esfuerzos especiales en mejorar la infraestructura que facilite la conexión de
Uruguay con el mundo. Esta área influye decisivamente en la distribución de nuestros productos
exportables, en la competitividad de nuestra producción y constituye asimismo una oportunidad en
materia de servicios para posicionar a nuestro país en el mundo como un polo logístico.
50.
En esta materia las alianzas estratégicas son fundamentales. Uruguay solamente puede
hacer crecer su base logística en un contexto de asociación equilibrada que compense los
intereses de los distintos países, incluso los que nos superan en escala. Es claro que hay
dificultades porque Río Grande y Buenos Aires compiten con Montevideo por los mismos
servicios: boca de salida de la producción agropecuaria e industrial del Cono Sur con todo lo que
ello implica, no solamente en servicios logísticos propiamente dichos sino también en servicios
comerciales y financieros. En cuanto a vínculos aéreos el desarrollo del tema es similar, van a
competir muy duramente ante cualquier amenaza fundada de crecimiento de Montevideo como
centro de distribución de carga o de pasajeros en la subregión.
51.
El tema logística debe ser uno de los puntos fundamentales de negociación del
MERCOSUR como agenda externa y de inversiones. Quizá sea de los más relevantes para
Uruguay en el esquema de integración, porque son relevantes para nuestro reposicionamiento en
la región. El entendimiento en este punto con los dos socios principales de la región otorgaría un
cimiento sólido en el cual edificar la integración.
52.
Tener aeropuertos con capacidad de operativa internacional es también prioritario para
sostener un proyecto de inserción internacional. La mayor parte de los proyectos económicos y de
servicios a desarrollar requieren de aeropuertos con mejores conexiones internacionales.
53.
La energía es un requisito imprescindible del desarrollo pues el crecimiento de la actividad
económica requiere más energía. La matriz energética que heredó nuestro gobierno tenía una
fuerte dependencia del petróleo, muy por encima de la media mundial, lo que implicaba una alta
vulnerabilidad por las dificultades para predecir el precio a futuro del petróleo. A pesar de la alta
componente hidráulica del sector eléctrico, la matriz energética tenía un muy bajo porcentaje de
fuentes autóctonas. Por otro lado el país contaba con un fuerte retraso en inversiones,
fundamentalmente en generación eléctrica, pero también en las capacidades de refinación y
almacenamiento de combustibles, las posibilidades de desulfurización y en logística.
54.
El gobierno del Frente Amplio levantó una nueva central de generación en Punta del Tigre
de 200 megavatios – después de muchos años sin inversiones- y definió el objetivo de alcanzar la
independencia estratégica en base a la diversificación de sus fuentes en el marco de integración
regional, con políticas económica y ambientalmente sustentables.
Las directrices fundamentales de esta visión estratégica son:
• Rol directriz del estado con participación regulada de actores privados
• Diversificación de la matriz energética (tanto de fuentes como de proveedores), con énfasis en
las energías autóctonas, preferentemente renovables, y privilegiando emprendimientos que
generen desarrollo local.
• Promoción de la eficiencia energética en todas las ramas de actividad
• Propender a un acceso adecuado a la energía para todos los sectores
55.
La energía debe ser uno de los motores del desarrollo industrial y tecnológico de nuestro
país. Para ello serán prioridad las fuentes autóctonas de energía y dentro de ellas las que generen
el mayor arrastre en la actividad económica nacional.
Page 9
9
56.
Es necesario desarrollar la infraestructura necesaria para abastecer de energía a la
producción, de modo equilibrado en el territorio nacional, impulsando la producción de fuentes de
energía, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica. Se tendrá especial atención a
la electrificación rural, a los sistemas de producción de energía distribuidos vinculados
fundamentalmente a emprendimientos productivos y a la producción de energía a nivel
domiciliario.
5.- El sistema financiero
57.
La crisis del año 2002 agudizó los problemas del sistema financiero. La normativa actual
limita el acceso a muchas empresas que tienen o tuvieron problemas financieros, situación que
reduce especialmente el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas. La
consecuencia es que muchos proyectos tienen dificultades para lograr financiamiento, no obstante
la disponibilidad de fondos y las bajas tasas de interés.
58.
El gobierno del Frente Amplio logró que el BROU que se encontraba en una situación
crítica lograra recuperar su capital y su solidez financiera, lo que sin duda es una herramienta vital
para el financiamiento de la actividad productiva. Sin embargo, los problemas de financiamiento
se mantienen en tanto un punto vital es el acceso al crédito para el desarrollo productivo, incluido
el microcrédito, se hace indispensable que el BROU cumpla con mayor fuerza su rol de banca de
fomento.
59.
En cuanto al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, diversas instituciones
(CND, MEF, OPP, BROU, BCU, etc.) disponen de líneas de financiamiento, entre ellas las
destinadas a financiar proyectos innovadoras, y se están creando Fondos de Garantía. Pero se
requiere mayor racionalización y coordinación entre los distintos organismos para facilitar el
financiamiento. También los mercados de capitales pueden jugar un papel importante en la
financiación de las nuevas inversiones.
60.
Es necesario que el sistema financiero cumpla su rol intransferible en el financiamiento de
la inversión y el desarrollo productivo, aumentando la disponibilidad de más y mejores
instrumentos y productos financieros, con plazos, modalidades, monedas y costos adecuados
para el financiamiento del desarrollo.
6.- El rol del Estado
61.
Como se ha desarrollado anteriormente la visión que el FA tiene del desarrollo nacional
implica tener un Estado activo y comprometido con el futuro del país y de su gente. Las funciones
básicas del Estado pasan por contribuir a generar las condiciones que permitan mejorar el nivel de
vida y de trabajo de la población. Para esto se requiere una visión integral de los procesos
políticos, económicos y sociales, que conducen a una integración plena de la población en el país
y en los problemas nacionales. Se requiere determinar sus tareas como productor, acumulador y
orientador del proceso económico sin dejar su rol de contralor para lo que se vuelve fundamental
la TDE para enfrentar las trabas burocráticas.
62.
La funciones básicas del Estado pasan por contribuir a generar las condiciones que
permitan avanzar hacia un país que con justicia social distribuya la riqueza, mejorando la calidad
de vida y trabajo de la población. El Estado debe asumir un rol activo en la promoción del
crecimiento sostenido y en la conformación de una estructura productiva sostenible en el largo
plazo. La función de gestor juntos a todos por un gran movimiento por el desarrollo de la
producción, la productividad y por la calidad de vida. Esto implica la definición de políticas activas
horizontales y verticales, así como el apoyo a la investigación científica y tecnológica para la
creación, adaptación e incorporación de progreso técnico la producción y promover el crecimiento
de la competitividad sistémica. La educación y la formación profesional son parte sustancial del
desarrollo integral del ser humano pero también juegan un papel sustancial para el desarrollo de
los sectores productivos que necesitan trabajadores calificados y muchos conocimientos teóricos y
prácticos.
63.
Gran parte de la acción del Estado se expresa en la elaboración del presupuesto 2010-
2014. Si bien esa es una tarea a emprender en el propio gobierno y condicionada a la situación de
recursos y fiscal del momento, los lineamientos del programa de gobierno deben incluir, al igual
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10
que lo hicieron en el programa anterior, las prioridades del gasto, que surgirán de los lineamientos
programáticos aprobados en la instancia del Congreso. Se promoverá el estudio e implementación
de herramientas reguladoras del mercado apuntando a la potencialidad de generar
emprendimientos nacionales de bienes con alto valor agregado.
64.
La importancia de las empresas públicas implica que deba asumir un rol como productor
de bienes y servicios, lo que implica resolver su actuación en condición de monopolio, en algunos
casos y en competencia con el sector privado, en otros. El monopolio es necesario en las áreas
definidas como estratégicas, especialmente en servicios públicos. Es vital su participación en
ciertas áreas en que está presente el sector privado, como la salud, la educación y la seguridad
social y la vivienda digna.
65.
A través de la inversión pública tiene un rol relevante en el desarrollo de la infraestructura
física de transporte, comunicaciones y energía que de no adaptarse, pueden transformarse en
cuellos de botellas para el crecimiento sostenido. Por otro lado debe asumir crear la
infraestructura para atender sus obligaciones sociales como establecimientos hospitalarios y de
los distintos niveles del sistema educativo y de la seguridad de la población. Lo que implica
constituirse en agente de la distribución de la riqueza y el desarrollo. En el caso de AFE se
reactivará y se desarrollará como principal medio de transporte manteniendo el Estado la gestión
y la mayoría del capital.
66.
Además el Estado debe jugar un rol activo en la promoción de las pequeñas y medianas
empresas y las cooperativas de producción que suelen tener dificultades, a veces externas y otras
internas, para su consolidarse como actores económicos. Políticas de promoción familiar y de las
PYMES son imprescindibles para consolidar un sector que produce un parte importante de la
producción nacional y da empleo a una parte mayoritaria de la fuerza de trabajo nacional. Las
compras del estado, como ocurre en otros países, deben ser una herramienta para promover el
desarrollo de estas empresas.
67.
También se requieren políticas específicas para la promoción de las empresas
recuperadas por los trabajadores. En los últimos años, ante el cierre de empresas sobre todo de la
industria, aunque también en otros sectores, los trabajadores que perdieron su fuente de trabajo,
asumieron la recuperación de esas empresas, con lo que, al mismo tiempo, aumentaron las
fuentes de trabajo y permitieron mantener el capital de conocimientos adquiridos muchas veces
en toda la vida.
68. Estas empresas suelen tener dificultades por escasez de capital de trabajo o de condiciones
para realizar inversiones que permita su actualización productiva y tecnológica, aunque también
por dificultades de manejo empresarial, tema que les fue siempre ajeno. Es necesario
implementar políticas que permitan consolidar estos emprendimientos en sus diversos aspectos
con énfasis en el financiamiento para legitimar dicha recuperación, las primeras etapas de sus
ventas a través de políticas preferenciales de compras públicas y los procesos de capacitación en
la gestión. Sólo con impulso estatal en la primera etapa estas experiencias en líneas generales se
sostienen en el largo plazo.
69.
Este conjunto de tareas requiere tener un Estado eficiente. Cambios en su estructura son
indispensables para alcanzar eficiencia técnico-administrativa, por ejemplo generalizando los
ingresos y ascensos por concurso, como se ha hecho en la administración del Frente Amplio. Se
requiere aplicar principios democráticos de transparencia, capacitación, descentralización y
participación.
70.
Asimismo deben estudiarse transformaciones para encarar en forma adecuada los nuevos
desafíos que implican este rol activo del Estado. Por ejemplo la promoción de las políticas
productivas requieren una institucionalidad que hoy no existe. El Gabinete Productivo no tiene
sustento institucional. De ahí que debe encararse el estudio de la mejor institucionalidad para
cumplir con los objetivos propuestos.
71.
Profundizar el proceso iniciado de orientación de recursos del Estado, básicamente tierras
a los efectos de fomentar iniciativas productivas en ese sentido no sólo incluir las tierras que
administra el INC sino de aquellas tierras ociosas e improductivas que se encuentran en el resto
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11
del Estado, ministerios, (MSP), EEPP, GGDD, tratándose tierras de todos es socialmente
insostenible mantenerlas improductivas pudiendo destinarlas a emprendimientos productivos.
72.
Estudiar el desarrollo de un Frigorífico Nacional estatal a través del cual el estado cumpla
un rol activo en los objetivos de generar empleo, crear una fuente de ingreso público y abaratar el
precio de la carne para consumo interno. El Frigorífico nacional estatal tendrá como destino de lo
producido el mercado interno. En la producción se involucrará especialmente a los pequeños
productores rurales, brindando el asesoramiento de los técnicos de MGAP. La coordinación de los
expendios del producto, la ejecución de la propuesta en las zonas periféricas es fundamental
tratando de instalar sucursales en todo el país.
73.
Mantener la política instrumentada en este periodo que permite reaccionar rápidamente
ante situaciones de emergencia causadas por aumentos de precios de productos básicos.
Instrumentar medidas que tiendan al abaratamiento de los precios con acuerdos entre el INDA,
MIDES, CAMBADU y pequeños productores rurales, creando una cadena de comercios barriales
a nivel nacional acordando con dicha cadena precios y márgenes de la canasta básica. El Estado
debe regular la importación de los productos no fabricados en nuestro país para regular la
especulación con la intermediación.
74.
Estudiar mecanismos para participar en los controles de precios de los productos básicos
(leche, harina, granos, etc.).
75.
Definir políticas de fomento a la producción hortícola nacional con el objetivo de abaratar
costos al consumidor, generar las condiciones para que el pequeño y mediano productor se
desarrolle en base a su producción así como generar empleo.
URUGUAY INNOVADOR
El Uruguay Innovador
En el Programa aprobado por el IV Congreso extraordinario del Frente Amplio (Héctor Rodríguez)
en los Grandes Lineamientos Programáticos para el gobierno 2005 - 2010 se establece, dentro del
modelo de país productivo, las políticas y objetivos correspondientes a la visión de “Uruguay
Innovador”.
“Desarrollo de políticas en ciencia y tecnología e innovación”
“En el mundo actual, la producción de conocimientos y su incorporación a la vida social se ha
convertido en el factor central para el desarrollo de la sociedad. La existencia de una potente
política para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es uno de los principales
componentes del ineludible giro político y social que deberá emprender el Uruguay. En este marco
resulta decisivo desarrollar un plan estratégico que convierta a la innovación en un elemento
dinamizador e integrador en nuestra sociedad.” Estableciendo a continuación:
“El programa progresista que aplicaremos en esta materia”, decía el programa “contendrá
medidas que faciliten el crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios con alto grado
de conocimiento, es decir productos en los que un factor principal de destaque sea el saber
hacerlos.”
Por otra parte se enfatizó “El objetivo no debe ser sólo el aumento de la producción
comercializable. La aplicación del conocimiento a la mejora de las condiciones de vida de la gente
constituye una absoluta prioridad. En relación con las estrategias, impulsamos la construcción de
un Sistema Nacional de Innovación (SNI) donde la Universidad de la República tenga un rol
central y protagónico. Como acciones básicas del SNI proponemos fomentar la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, estimular los circuitos innovadores, el aprendizaje mutuo, las
interacciones entre generadores y usuarios de conocimientos, para la resolución de problemas de
la producción y la sociedad“.
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“La innovación tecnológica es un factor estratégico para el desarrollo y la modernización solidaria
del país, para avanzar en el conocimiento de la realidad y en la resolución de los problemas que
afectan la calidad de la vida humana.”
1. “Primero, objetivos económicos en materia de crecimiento e innovación productiva y de
generación de empleo, que posibiliten una modernización inclusiva y solidaria;”
2. “segundo, objetivos sociales de redistribución de la riqueza e inclusión social,”
3. “tercero, objetivos culturales en materia de incorporación de valores, y en particular de
nuevas referencias éticas, apoyándose en los sistemas educativos, de comunicación social
y de participación colectivas en la diversidad,”
4. “cuarto, objetivos democratizadores de las relaciones sociales en el trabajo como vector
clave del propio sistema de innovación.”
5. “Finalmente, objetivos políticos de profundización de las formas de participación de la
sociedad civil en la construcción democrática, sobre la base del fortalecimiento del tejido
social, de la densidad institucional, y de la extensión y profundización de la ciudadanía.”
Para el Plan de Gobierno Progresista, la Comisión Integrada de Programas explicitó y aprobó el
06 de mayo de 2004 los siguientes objetivos prioritarios, donde se establece:
“El Uruguay vive una crisis estructural agudizada por factores coyunturales que ha llegado a una
amplitud, profundidad y duración tales que sólo se podrá superar con un proyecto de una amplia
base de acuerdos políticos y sociales capaz de movilizar a las grandes mayorías nacionales en
torno a objetivos de crecimiento, distribución, participación, acción e integración social, de
construcción de una sociedad más libre, justa y solidaria.”
“Este proyecto de cambio no sólo debe hacerse cargo de la actual emergencia social y económica
a través de un plan de emergencia, sino que también de los cambios estructurales necesarios
para una transformación profunda del Uruguay y de rescatar el entusiasmo y los valores éticos.
Este esfuerzo implica a la vez reconstruir el aparato productivo, el entramado social y las
relaciones de solidaridad y será un proceso de desarrollo de la identidad nacional.”
“Será imprescindible la construcción de un amplio bloque político social alternativo que exprese en
acuerdos sociales la coincidencia objetiva de intereses existente entre todos quienes son víctimas
de este modelo y las grandes mayorías nacionales, todos beneficiarios de una propuesta de
reconstrucción productiva y justicia social para el país y sus habitantes, en cuya elaboración los
convocamos a participar.”
“Este proceso de elaboración de un proyecto de cambio no comienza hoy, está precedido de años
de construcción de propuestas y coincidencias, de luchas y discusiones, de acuerdos y avances
en la unidad política del pueblo uruguayo.“
“El Uruguay necesita un cambio real que sólo se alcanzará con un proyecto que se proponga
recuperar el sentido de nación a partir de una posición de soberanía. En esa propuesta el estado
recuperará el control de las áreas estratégicas, tendrá como objetivo central la elaboración y
puesta en marcha del proceso de cambio en interrelación con una sociedad fortalecida por la
descentralización del gobierno y del poder, al servicio de la producción y el empleo.”
“El EPFA asume el compromiso de enfrentar la desintegración y exclusión social, potenciar el
aparato productivo y generar herramientas que fortalezcan el trabajo como fuente de reactivación
y desarrollo nacional.”
En la Plataforma de Gobierno presentada, como compromiso del Frente Amplio, en el caso de
asumir el gobierno se establecía como prioridad en el Área de Innovación, Ciencia y
Tecnología:
La generación de un Proyecto Nacional de Desarrollo Productivo con altos niveles de calidad es
realizable a partir de las condiciones existentes en la economía y la cultura de nuestro país, si se
apoya en la innovación, en la incorporación del conocimiento a la producción.
Para ello se propuso:
1) Jerarquizar institucionalmente las políticas en favor de la investigación básica y tecnológica, y
de la innovación, con el objetivo de diseñar e implementar políticas pro-activas y de
coordinación entre las instituciones públicas y privadas en el marco del Sistema Nacional de
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Innovación. Esta jerarquización deberá incluir la aprobación de una Ley marco para impulsar
un Programa Nacional como puente hacia un Sistema Integrado de Investigación Científica,
Tecnología e Innovación.
2) Implementar un Plan Estratégico en CTI con el objetivo de apuntalar el potencial del trabajo
nacional, incrementando los conocimientos disponibles, la capacidad de generación de
tecnologías y la optimización del uso del saber.
Se otorgará particular atención, entre otras áreas y sectores: “al desarrollo de los complejos
agroindustriales, la pesca y las industrias extractivas de base mineral; “a las modificaciones
que se están produciendo y se producirán en la matriz energética; a los impactos del
desarrollo forestal;” “a las políticas en relación con el uso y preservación del agua dulce;” “al
desarrollo armónico y sustentable del complejo turístico;” “al impulso a las tecnologías de la
información y la comunicación y a su impacto en la gestión pública y en la ciudadanía por la
vía del gobierno electrónico,” “la educación, la producción de contenidos culturales o la
descentralización;” “a la salud, por la vía del desarrollo de la biomedicina, la industria
farmacéutica, y de otros sectores de la investigación médica;” “a la dinamización de las
industrias manufactureras y de la construcción.”
3) Desarrollar, como principales lineamientos de acción:
El impulso a la enseñanza, en el que se otorgue particular relieve :a la participación de todos
los actores en la transformación educativa; a la complementación de los sistemas; a que las
propuestas educativas en los diferentes niveles sean a tiempo completo; a la formación de
formadores; al impulso a la educación pública politécnica terciaria no universitaria.
El impulso a la investigación para la generación de conocimientos y la capacitación de
recursos humanos para la investigación, apoyándose :en el desarrollo de programas de
fomento y promoción de las distintas ramas del conocimiento en ciencias básicas; en la
creación de una carrera nacional de investigador fijando sus características, exigencias y
formas de reconocimiento académico, así como sus planes de estudio y de trabajo; en la
creación de centros nacionales de estudios avanzados en temas relevantes y promoviendo la
radicación en el país de centros de reconocido prestigio internacional.
El impulso a la innovación, apoyándose en: el uso de los instrumentos tributarios y crediticios
disponibles; la desburocratización de trámites y procedimientos vinculados; el uso de la
política de compras del Estado, incluyendo la creación de una mesa consultiva de
adquisiciones tecnológicas en las compras públicas de productos, servicios o procedimientos
que involucren tecnologías; el apoyo para la comercialización en el exterior sobre la base del
desarrollo de la imagen como país productor de tecnologías, con un lugar destacado en el
MERCOSUR; el fortalecimiento de la política de certificaciones; la promoción de los
instrumentos de articulación y sinergias entre los centros de investigación científico-
tecnológica y las empresas públicas, privadas y sociales, en el marco de procesos dinámicos
de innovación, con el uso de instrumentos como:“las ventanillas tecnológicas comunes
abiertas para el apoyo a las empresas;“el desarrollo de parques tecnológicos (reales o
virtuales);“los convenios entre institutos universitarios y empresas; “las “incubadoras de
empresas” y otros dispositivos.
Fortalecer el financiamiento a los planes con: destinar recursos públicos a la Ciencia,
Tecnología e Innovación; apoyo con la generación de fondos sectoriales a través de: “aportes
de los entes comerciales e industriales del Estado;” “royalties, proventos y honorarios que
obtengan los organismos e instituciones que actuarán en el marco del Programa;” “fondos
provenientes de convenios de cooperación regional e internacional,” “aportes voluntarios, y de
otras fuentes; “fondos suministrados por organismos internacionales. “Con parte de estos
recursos, se trabajará con particular énfasis en seleccionar, financiar y facilitar proyectos de
investigación e innovación sobre la base de fondos concursables, mediante llamados
abiertos.”
“La ejecución de todos estos programas implica la evaluación permanente. Para ello es
preciso generar una estructura de evaluación calificada y plural de los resultados alcanzados,
de forma de tender a un sistema flexible en permanente adaptación”.
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Las acciones del Gobierno Nacional fueron desarrolladas en cumplimiento de las líneas
programáticas de nuestra fuerza política.
Se comenzó a conformar y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI) para el desarrollo productivo con aumento de la infraestructura física, energética, en
conectividad y comunicaciones; en variados emprendimientos.
La creación del gabinete de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, con una política pública
de ciencia, tecnología e innovación y posteriormente con la creación de un instituto rector
para impulsar la política, como Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
fueron un paso fundamental y salto cualitativo. Asimismo, la creación de la Agencia para el
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del
Conocimiento (AGESIC), representa un avance sustantivo hacia la efectiva instrumentación de
políticas públicas de Gobierno Electrónico y de desarrollo tecnológico, condiciones necesarias
para la efectiva inserción de nuestro país en la Sociedad de la Información y reducción de la
llamada brecha digital.
La ANII cuenta con un plan estratégico y ha desarrollado actividades con reconocimiento
internacional, así como ha aplicado recursos del presupuesto nacional en forma importante para
apoyo de las políticas.
El principal propósito y desafío de la ANII es movilizar al máximo las energías intelectuales de la
población y de los más diversos sectores de actividad para contribuir decisivamente a mejorar la
calidad de vida de los uruguayos, la capacidad competitiva de las empresas tanto del sector
privado como estatal y el crecimiento sostenido de la economía nacional en el mediano y largo
plazo. De esta forma se podrá hacer una contribución mayor a la cultura, a la identidad nacional y
a la sociedad en su conjunto.
Los objetivos principales de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación incluyen el diseño,
organización y administración de planes, programas e instrumentos orientados al desarrollo
científico-tecnológico y al despliegue y fortalecimiento de las capacidades de innovación. Es
también objetivo estratégico de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación fomentar la
articulación y coordinación entre los diversos actores involucrados en la creación y utilización de
conocimientos de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos
disponibles.
La AGESIC elaboró la Agenda Digital Uruguay 2008-2010 oficializada a través de un decreto,
que constituye un mapa de ruta y establece los objetivos estratégicos del país en materia de
Sociedad de la Información y del Conocimiento y las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
La ANII y la AGESIC han sido la clave del éxito y el comienzo de un camino a que el Uruguay y
los uruguayos no debemos renunciar, si se sigue apostando al desarrollo integral del país, con
base en un país democrático, participativo con un modelo productivo con justicia social, apoyado
en la innovación, la ciencia y la tecnología e integrado en sí mismo, a la región y el mundo.
Esta política, también utilizada como estrategia de promover las capacidades de emprendimiento
de nuestra gente para hacer crecer la economía, con un rostro más humano, combatir la pobreza
y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, obtuvo avances singulares que se identifican en las
más diversas áreas donde impactan las medidas de gobierno.
Nuestro gobierno cumplió y aumentó la apuesta a este modelo, multiplicó por 9 la inversión en
Innovación y Tecnología entre 2004-2007, la que pasó de U$S 5.000.000 a U$S 45.000.000.
Estos recursos demuestran el apoyo y el compromiso de la acción de gobierno en esta área.
El Software uruguayo, sigue produciendo diversos productos que se siguen multiplicando y
exportando a los más diversos mercados.
La industria del medicamento, la genética y otras áreas de la biotecnología, vienen también en
crecimiento mejorando la balanza comercial de nuestro país.
Se fortalece al Instituto Clemente Estable dependiente del Ministerio de Educación y Cultura en su
papel principal para conducir investigaciones científicas y la obtención de nuevos conocimientos
en áreas biológicas. Se propone a través del IIBCE profundizar en la formación de recursos
humanos promoviendo nuevas investigaciones y Técnicos en las diferentes especialidades.
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También se instala de forma definitiva el Instituto Pasteur en la Universidad de Ciencias, lo que si
bien se reconoce a nivel internacional, el esfuerzo de la política Nacional en reconocimiento de la
ciencia, la tecnología y la investigación científica nos falta aún resolver las condiciones que
permitan captar a científicos preparados en la materia con condiciones contractuales tales que
puedan planificar su vida en este país. Para la enseñanza primaria se concreta el Plan Ceibal:
medida revolucionaria, en cuanto es en realidad transformadora de la sociedad en grado
superlativo, pues se aplica en el nivel escolar a los niños de las escuelas públicas de nuestro país,
para que de forma equitativa puedan acceder, independiente de su condición económica y social
a la tecnología informática, ya desde la corta edad; algo impensable hace algunos años y que
puede significar en el mediano y largo plazo un salto cualitativo en la capacidad del trabajo de los
uruguayos. Hoy se plantea también su extensión a enseñanza secundaria.
El Uruguay Innovador requiere de la investigación en las más diversas vertientes del
conocimiento: en el área agropecuaria, pesqueras, tanto para el sector productivo como para el
industrial, en el conjunto de las ciencias exactas y naturales, en las ciencias de la salud, en las
ciencias sociales y humanas y en todas las ramas de la tecnología para producir el desarrollo
integral.
Los siguientes párrafos tienen un doble cometido. En primer lugar, contribuir a la construcción de
una visión compartida del concepto innovación, ya que detrás de la simple palabra se pueden
atribuir un amplio espectro de acepciones, que pueden ir desde definiciones minimalistas como la
propuesta por la Real Academia, quien define innovar como la acción de alterar algo introduciendo
novedades, hasta elaboraciones mucho más complejas. En segundo lugar, plantear los
lineamientos estratégicos para construir el Uruguay Innovador, concebido como la polea para el
desarrollo sostenible que permita mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestro pueblo.
En tiempos en que las innovaciones suelen ser efímeras, a veces meras modas, donde existe una
visión tradicional instrumental de la innovación, que procura alcanzar un efecto deseado sobre un
objeto determinado y donde la visión prevaleciente enaltece la innovación orientada al mercado
que postula los valores económicos y empresariales por encima de los valores sociales,
epistémicos y tecnológicos, es necesario forjar una mirada alternativa que admita innovaciones
sostenibles y beneficiosas para la sociedad en su conjunto.
Esa alternativa, concebida como filosofía del cambio, es la innovación de carácter conceptual, la
que tiene sus frutos en la formulación de nuevos conceptos. Estos conceptos innovadores, una
vez apropiados, utilizados e incorporados al acerbo común constituyen un bien público, un capital
conceptual que beneficia a la sociedad, deviniendo en capital social. En consecuencia, la libertad
de acceso al conocimiento que constituye este capital social debe ser garantizada.
En efecto, la innovación debe ser aplicada a diversos ámbitos del funcionamiento de una sociedad
y siempre debe procurar la satisfacción de valores tales como promoción de la justicia social y los
valores culturales, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, eficacia, eficiencia en la
utilización de recursos, reducción de costos, entre otros. En particular las innovaciones que se
producen en los servicios públicos, por ejemplo la salud, la educación o la administración pública,
no sólo deben procurar reforzar valores económicos o empresariales, sino particularmente valores
sociales y políticos.
Como ejemplo, en muchos países la innovación de llegar a la unidad de la Izquierda no dio frutos,
en nuestro país esto se pudo lograr a través de un largo y sostenido procesos dialéctico que
generó la construcción del FA y que supuso una innovación en el Sistema Político uruguayo, que
el esfuerzo, experiencia y sacrificio de nuestros militantes llevaron al éxito.
A nuestro entender, uno de los quehaceres de nuestro tiempo es la inclusión de innovaciones
sostenibles en todos los ámbitos de la sociedad fomentando la capacidad creativa y utilidad
innovadora del proceder racional, es decir, a través de la capacidad que tiene el ser humano para
innovar en todos los ámbitos, donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología son el motor
fundamental, pero donde adicionalmente se debe reforzar su aplicabilidad mediante la
instrumentación de políticas públicas.
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La innovación no debe ser un objetivo en sí mismo, sino que debe estar guiada por políticas de
estado progresistas y también orientadas por la sociedad, con el objetivo de cambiar estructuras
improductivas, apuntando a promover el bienestar colectivo.
En suma, el mensaje de carácter transversal a ser promovido desde el eje Uruguay Innovador a
los demás ejes programáticos se sintetiza en la frase: “debemos entender la innovación como
una filosofía del cambio sustentado en valores éticos y al servicio de la construcción
colectiva de nuestra sociedad”.
Por lo tanto el objetivo es desarrollar un plan estratégico que convierta la Innovación en un
elemento dinamizador e integrador de nuestra sociedad, sirviendo como eje de las políticas
nacionales y en particular de Ciencia y Tecnología. En este sentido el marco de trabajo estará
dado por los siguientes lineamientos:
Líneas estratégicas
En general, promover las iniciativas de innovación tendientes a fortalecer la capacidad de
autoabastecimiento de nuestro país, que aporten sustantivamente a la Independencia
Tecnológica y que actúen esencialmente en las áreas de Energía, Industria Agroalimentaria,
Recursos Naturales, Desarrollo Social, TICs y Transformación del Estado, entre otros
Equidad e Inclusión Social
Generar más y mejores oportunidades de uso y apropiación de las innovaciones científicas y
tecnológicas para las personas, con especial énfasis en los grupos y sectores más desfavorecidos
y excluidos.
La ciencia y la tecnología no son neutras, decidir qué Ciencia debe hacerse, o que tecnologías se
deben implementar, son decisiones que implican o determinan una relación entre las personas y
por lo tanto aportan o no a la Sociedad que queremos construir.
Es así entonces que la mirada desde la perspectiva del desarrollo social hace necesario priorizar
las elecciones científicas o tecnológicas que apunten a la satisfacción de las necesidades
insatisfechas de la población. Tal como la soberanía alimentaria, existen otras diversas
necesidades insatisfechas en nuestra sociedad (energéticas, vivienda, esparcimiento, deporte,
etc.).
Se trata entonces de desarrollar o considerar las tecnologías apropiadas pero desde el punto de
vista de los sectores más desfavorecidos.
Para esto es fundamental el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, pero no limitada al ámbito
académico, sino INSERTAS en la sociedad, en un proceso dinámico, interactivo y continuo de
intercambio con los diferentes actores sociales. Factor fundamental en este sentido, es impulsar el
desarrollo científico tecnológico en diversos ámbitos (incluido el académico) dirigido a la
resolución de los problemas concretos de nuestra realidad.
A modo de ejemplo, la hora de definir tecnologías, se debe tomar en cuenta elementos tales como
el uso de materiales accesibles y comunes, si serán posibles y cómo serán los procesos de
transferencia de conocimientos hacia y entre los usuarios, así como redescubrir mecanismos de
apropiación diversos, ya sea por vías organizativas, por una participación más profunda, por una
divulgación moderna de la ciencia que promueva el espíritu emprendedor a todo nivel y que esté
preparada para ser un actor más en ese esquema planteado de participación más profunda de
todos los uruguayos.
En cuanto a la compra de software fomentar la compra de software libre que permita al Estado
mantenerse independiente de los proveedores apoyándose en instrumentos legales.
La sustentabilidad demográfica, o sea los factores demográficos que de alguna manera potencian
inequidades y comprometen el desarrollo de las políticas deben ser tomados como un elemento
base del análisis de cualquier política pública. No solo se trata de realizar análisis de franja etárea
sino de interconectar los mismos con los estratos sociales, de forma de entender, y adelantarse a
las consecuencias, las medidas que deben ser tomadas o promovidas desde cada política pública.
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Otro elemento que deberá ser tenido en cuenta es el problema migratorio, estructural, que viene
sufriendo nuestro país desde hace décadas y que lo seguirá sufriendo si no continuamos con
respuestas claras, rápidas y concretas respecto a las posibilidades de inclusión en las condiciones
actuales de nuestro país para los que deseen regresar.
1. Fortalecimiento Democrático
Impulsar mecanismos, formas y espacios de participación en los procesos de formulación e
instrumentación de políticas públicas, con el fin de profundizar los valores e instituciones
democráticas.
Concretamente para que la política de Innovación sea un proyecto de todos los uruguayos
debe incorporar actores a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad, siendo entonces fundamental
la participación activa de los trabajadores, los estudiantes, los empresarios y el Estado.
Participación activa implica en particular que sean considerados todos los actores a la hora de
establecer la tal política de Innovación ya que la misma se construye todos los días con
educación, con trabajo y con estudio.
Consolidar los avances en torno a la protección de datos personales como una política de defensa
de derechos humanos y soberanía nacional que se ven desafiados en la sociedad de la
información.
2. Transformación del Estado
Transformar la Administración Pública, racionalizando y focalizando sus recursos en pro de la
mejora de los servicios públicos en términos de universalidad y calidad de los servicios, así como
satisfacer los valores de eficacia, eficiencia, economía, adaptabilidad, representación y
participación a través de la innovación.
Dicha transformación es pieza fundamental de este plan ya que el propio Estado tiene un rol
decisivo en la generación de una política de Innovación, por lo tanto debe generar sus propios
mecanismos de gestión y de control de su gestión, a través de la realización eficaz de sus tareas
básicas actuales, para poder de esta forma tener una “plataforma de lanzamiento” de una
política de Innovación capaz de alcanzar un desarrollo firme en todo nuestro país, y para esto se
incluirá la investigación científico tecnológica en sus cronogramas de trabajo, mediante varias
vías:
conformación de núcleos de I+D en los distintos organismos del Estado, actuando en Red y en
consonancia con los lineamientos generales de la ANII y de la AGESIC
relación fluida con la Universidad de la República
relación fluida con Universidad del Trabajo del Uruguay
relación con las fuerzas productivas
El Estado como demandante de tecnología servirá como motor de desarrollo nacional,
apuntalando a través de las compras que realice la independencia tecnológica en áreas
estratégicas como lo son: las TICs, la energía y la industria agroalimentaria, entre otras.
En lo relativo a la información en el Estado, se deberán definir políticas y procedimientos que
faciliten su acceso transversal entre sus diferentes reparticiones, evitando costos y demoras en la
gestión pública provocados por la falta de coordinación, la duplicación innecesaria de datos y
multiplicidad de formatos, en muchos casos cerrados o incompatibles, utilizados en el
almacenamiento de ésta.
Contribuir a la transformación de la Administración Pública a través de políticas de gobierno
electrónico donde primen los objetivos antedichos.
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3. Desarrollo de Infraestructura
Desarrollar y fortalecer la infraestructura en base al impulso de empresas con base tecnológica
nacional. Lograr el desarrollo y consolidación de las capacidades técnicas, aportando de esta
forma a la Independencia Tecnológica de nuestro país.
La creación de infraestructura la debemos pensar como un motor del desarrollo de tecnología
nacional. Concebir el fortalecimiento de la infraestructura nacional en las áreas energéticas y de
las comunicaciones, entre otras, como un motor del desarrollo de Tecnología Endógena.
4. Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento
Estimular la innovación y la acumulación de conocimiento como parte vital del desarrollo
productivo del país, en beneficio de la solución de los problemas sociales más acuciantes y lograr
la justa distribución de la riqueza.
Impulsar la generación de productos de calidad con valor agregado y promover emprendimientos
que fomenten la creación de conocimiento innovador, en especial aquellos que posibiliten su
aprovechamiento por la sociedad.
5. Cultura, Educación y Generación de Conocimiento
Educar en la innovación como factor promotor del desarrollo cultural en general, fortaleciendo las
capacidades necesarias para la producción de innovación y conocimiento.
En este sentido es remarcable el papel del fortalecimiento educativo e institucional que deben
tener los politécnicos (por ejemplo UTU) en constante coordinación con la Universidad de la
República, la comunidad académica en general y el sector productivo.
Promover el espíritu emprendedor a todo nivel para poder ser parte del esquema planteado de
participación más profunda de todos los uruguayos.
6. Integración e Inserción Internacional
Consolidar un marco de integración internacional que promueva el desarrollo, impulsando la
innovación para la adecuación de las capacidades institucionales, tecnológicas y normativas
necesarias para la inserción inteligente del país en el concierto internacional
Interacción de ANCAP, UTE, ANTEL, y otras, con empresas de la región participando en
desarrollos tecnológicos estratégicos.
Desarrollar empresas regionales con participación de los Estados apuntalando el desarrollo de
tecnología en áreas estratégicas.
7. Democratización del acceso al Conocimiento
Establecer políticas de gobierno que promuevan el acceso de los ciudadanos a la información
generada en el ámbito público y garanticen a toda la sociedad el libre acceso a los conocimientos
resultantes de las políticas de innovación (en tanto que no afecte la seguridad nacional o los
intereses públicos), con particular énfasis en aquellas financiadas con fondos públicos
Se debe impedir la apropiación del conocimiento científico y/o de conocimientos tradicionalmente
entendidos de dominio público (ya sean técnicas, métodos, ideas, o genomas); partiendo del
entendido que todo conocimiento es acumulativo en tanto se basa en aportes previos hechos por
la humanidad en general y no puede ser legítimamente privatizado.