Frente Amplio Coordinadora "N"

Consolidada, la Revolución Cubana requiere romper con el inmovilismo social y burocrático

2009-02-08T06:40:00.000-08:00

Entrevista al sociólogo argentino Atilio Borón

Tal como lo recordara todo el mundo, el 2009 comenzó marcado por el cincuentenario de la Revolución Cubana –cuando, guiados por los posteriormente míticos Fidel Castro y Che Guevara, los guerrilleros descendieron de las montañas de Sierra Maestra y derrumbaron la sanguinaria dictadura de Fulgencio Batista.
Discutida según las preferencias personales e ideológicas de los medios de comunicación y sus respectivos opinadores, los acontecimientos de medio siglo atrás permearon la vida de generaciones e inspiran hasta hoy ideales de ruptura y cambio social. Con la revolución consumada, lo que se coloca de aquí para adelantes es el futuro de la Isla, tema central de la entrevista realizada por Correio da Cidadania con el sociólogo argentino Atilio Boron.
Para este cientista social, también columnista del periódico porteño Página/12, la revolución no corre ningún riesgo en Cuba pues ya está entronizada en la población la conciencia de que una capitulación ante las fuerzas del mercado “retrotraería Cuba al siglo 19.” De acuerdo con Boron, el momento en que la revolución podría haber sido derribada ya pasó; las condiciones más favorables que habían para acometer una tal empresa ya dejaron de existir.
A pesar de los devastadores huracanes que asolaron el país en 2008 Atilio observa que Cuba cuenta hoy con posibilidades para una mayor inserción en la economía mundial debido a los convenios de cooperación firmados con China y Venezuela, entre otros. Mientras tanto el sociólogo afirma que los cubanos no se ilusionan con la elección de Barack Obama pues de hecho no hubo un auténtico cambio de retórica en relación a la Isla.
Si no hubiera sido por los “revolucionarios barbudos”en la actualidad nuestro continente sería un inmenso y subyugado “protectorado” estadounidense, lo que de por sí torna la solidaridad con el pueblo cubano un imperativo para nuestras poblaciones, resalta Boron. ¿ Cual es el real significado de las medidas que Raul Castro ha tomado en Cuba relativas a la propiedad agrícola, a las posibilidades de adquisición de artículos electrónicos, al salario de los funcionarios estatales y a la circulación de cubanos en las áreas turísticas, entre algunas con mayor visibilidad en nuestros medios de comunicación?
Estas medidas indican que la reforma económica dentro del socialismo está comenzando a llevarse a la práctica. Es el inicio de un proceso largo y difícil, porque se quiere evitar, con toda razón, aplicar reformas que impliquen de un modo u otro la reintroducción de relaciones capitalistas en Cuba o la ficción de un “socialismo de mercado”, en donde el segundo terminaría devorándose al primero. Esto es lo que, al menos parcialmente, ha ocurrido en China y en Vietnam y los cubanos no están dispuestos a incurrir en ese mismo error. Esa sería la ruta reformista más fácil, pero desencadenaría una enorme regresión económica y social en la revolución cubana que remataría en su práctico agotamiento. El otro camino, el de las reformas dentro del socialismo, es más dilatado y complejo y no existen antecedentes internacionales que permitan extraer algunas lecciones acerca de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Las reformas de la ex-Unión Soviética culminaron en un fenomenal retroceso y con Rusia convertida en un país capitalista. Y en China y Vietnam, como se dijo más arriba, se inició un tránsito que, especialmente en el segundo caso, bien podría terminar igual que Rusia. China es distinta, porque por sus meras dimensiones geográficas y demográficas unidas a la fortaleza de su estado le otorgan la posibilidad de fijar condiciones al capital extranjero (y al nacional) que ningún otro país del planeta posee. Por eso los cubanos están a la vanguardia de la historia, haciendo un experimento muy complicado. Por otra parte, la inédita circunstancia de que tres huracanes arrasaran la isla en el 2008 ha obligado a lentificar el proceso de reformas y a moverse con gran cautela en una situación de emergencia económica nacional. Además, la continuación del bloqueo imperialista es otro obstáculo formidable en un proceso de innovaciones como el que Cuba está ensayando.
Según usted, ¿qué es lo que caracterizaría actualmente a algunos “impasses” de la sociedad cubana? Creo que hay muchos factores. En la respuesta anterior ya mencioné algunos, muy importantes como el carácter inédito de reformas socialistas dentro del socialismo, el bloqueo imperialista, la devastación de los huracanes. Habría que agregar otros: la existencia de una burocracia con muy poca vocación innovadora es uno de los factores que también explica la existencia de esos “impasses”. Otro elemento importante es la debilidad del debate económico en Cuba, que en los años iniciales de la revolución supo tener una notable densidad teórica, como lo demuestra el intercambio entre el Che Guevara y Bettelheim. Hoy ese debate está ausente, o tiene una incipiente presencia. Las reuniones anuales de la ANEC han sido uno de los pocos ámbitos en los cuales los economistas y los especialistas comenzaron a discutir estos temas, centrados en torno a una gran pregunta: ¿qué hacer ante la irreversible obsolescencia del modelo de planificación ultracentralizada? Si ese modelo funcionó en el pasado, cosa que es motivo de intensas polémicas, no cabe duda alguna de que ya no funciona más. ¿Con qué reemplazarlo? Por otra parte, y esto lo señalaron Fidel y Raúl de manera reiterada en los últimos años, hay una tendencia “quietista” en una sociedad que luego de cincuenta años de revolución se acostumbró a que los problemas, cualquier problema, lo resuelva el estado. La consecuencia es la pasividad y el inmovilismo, y para cambiar se requiere precisamente lo contrario: activismo y movilización. Finalmente, creo que el Partido debería cumplir un papel educativo y movilizador que no estoy seguro esté desempeñando con la intensidad que se necesita. Lo hace, pero sus esfuerzos son parciales e insuficientes. Y esto se agrava por la aparición de un importante hiato generacional entre los grandes líderes de la revolución y la juventud, que considera a la epopeya de la Sierra Maestra con la lejanía de los acontecimientos históricos y quiere el cambio ya. Esta urgencia despierta, en amplios sectores de la burocracia estatal, una reacción “inmovilista” que lejos de facilitar los cambios los torna mucho más difíciles.
¿Cómo será posible solucionar estos “impasses”? ¿Proseguirá Cuba su camino socialista?
Estoy seguro que sí, que Cuba, que rompió los moldes de la tradición con el triunfo de su revolución en un país de la periferia y subdesarrollado y que, pese a ello, sobrevivió a medio siglo de bloqueos, atentados y sabotajes de todo orden, también sabrá responder exitosamente a los desafíos actuales. Cuba es un país que cuenta con un amplio sector de la población que posee un elevado grado de conciencia política, como no existe en esa proporción en ningún otro país de América Latina y, tal vez, del mundo. Es además una población que ha sido muy bien organizada por el Partido y que sabe que una eventual caída del socialismo retrotraería a la isla al siglo diecinueve, con la mafia terrorista de Miami a la cabeza y dispuesta a cobrar revancha por la osadía de haber desencadenado la revolución. Sabe también que los logros de la revolución, en campos como salud, educación, deportes, cultura, que tiene a Cuba muy por encima de cualquier otro país de América Latina, serían barridos por el retorno de la derecha en caso de que flaquearan las fuerzas revolucionarias. Pero no hay tal peligro: Fidel se mantuvo a pie firme cuando el socialismo se derrumbaba en todo el mundo y la historia, también en este caso, “lo absolvió” dándole la razón. Y su ejemplo seguirá vigente, aún después de su desaparición física, para inspirar a los millones que están dispuestos a entregar su vida por la defensa del socialismo y el comunismo en Cuba.
Se especula mucho respecto del tipo de socialismo que deberá existir en Cuba, aludiéndose, por ejemplo, al modelo chino y también a los gobiernos de Chávez, Morales y Correa en América Latina, que han tenido un enfrentamiento más fuerte con el neoliberalismo. ¿Como es que usted encara esta cuestión?
Algo de eso examiné in extenso en un libro que acabo de publicar y que se llama Socialismo Siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo? La tesis central es que no hay ningún modelo o tipo de socialismo que se pueda imitar o que se encuentre listo para aplicar. Cada proceso es una creación histórica única y más allá de algunos “comunes denominadores” -como por ejemplo la intransigente batalla en contra de las relaciones capitalistas de producción (y no sólo del neoliberalismo) y la mercantilización de todos los aspectos de la vida social, incluyendo desde los bienes y servicios hasta las ideas, las religiones, la política y el Estado- las experiencias concretas de construcción socialista en este siglo serán muy distintas entre sí. Lo de Cuba es inimitable; lo de Chávez también, y lo mismo ocurre con lo de Correa o Evo. Vale aquí el verso de Machado, con un par de ligeras variantes: “militante no hay modelo, se hace el modelo al andar.” Brasil, Argentina, Chile, en la medida en que abandonen las ilusiones centroizquierdistas de la “tercera vía” (que tanto daño nos han hecho y tanto tiempo nos han hecho perder) se irán incorporando a este proyecto de construcción socialista pero con características absolutamente propias, idiosincráticas, irrepetibles. Y está bien que así sea: esa diversidad de caminos hacia el socialismo nos enriquece y nos hace más fuertes.
¿Existe el temor de que las fuerzas imperialistas puedan de alguna forma doblegar la resistencia cubana? No lo lograron en cincuenta años, cuando la correlación mundial de fuerzas era mucho más favorable para el imperialismo. Ahora no tienen condiciones para intentar algo así. La incorporación de Cuba al Grupo de Río y a la Unasur, así como la práctica expulsión del imperio en la resolución de la crisis boliviana del año pasado, demuestra que, como dice el presidente Correa, “estamos viviendo un cambio de época y no sólo una época de cambios.” ¿Quién se hubiera imaginado hace apenas unos pocos años que un presidente de Bolivia podría expulsar al embajador norteamericano sin tener que enfrentarse, a los pocos días, con un golpe militar? ¿Quién podía pensar que la flota rusa haría maniobras en el Caribe con la Armada venezolana sin desencadenar un ejemplar escarmiento de los Estados Unidos? ¿O que Ecuador podría decirle a Washington que no le renueva el alquiler de la base de Manta, estratégica para el control político del área andina? La reacción imperialista no pudo acabar con la revolución cubana cuando existían condiciones internacionales propicias para ello. Perdió esa oportunidad, y hoy esas condiciones ya no existen más. La revolución llegó para quedarse. ¿Cuál es la expectativa en Cuba en relación al gobierno de Obama y que relación se piensa tener con los estadounidenses a partir de ahora?
No hay grandes expectativas. No puede haber grandes expectativas porque las declaraciones de Obama en relación a Cuba fueron bastante poco felices, para no hablar de lo mala que fueron las de Hillary Clinton en su audiencia de confirmación en el Senado. Siguen exigiendo “libertades políticas para la oposición” sin reconocer que en Cuba esa oposición es contrarrevolucionaria y está probadamente financiada y organizada por la CIA y las diversas agencias del gobierno norteamericano. Existen hasta filmaciones que constatan que esa oposición es, en realidad, un grupo de agentes del imperio operando en Cuba. Obama ha dicho que no piensa levantar un bloqueo que ha sido condenado desde la Asamblea General de la ONU hasta Juan Pablo II, pasando por las más importantes personalidades del mundo entero. Creo que los cubanos, con razón, no se hacen ilusión alguna con Obama, y sería bueno que en el resto de América Latina tampoco nos la hagamos. Si por algún motivo Obama “se saliera del libreto” y tuviese gestos concretos de apertura, comprensión y mayor racionalidad hacia Cuba La Habana respondería positivamente.
¿ Cómo viven los cubanos el momento actual? ¿Es perceptible el crecimiento de algún tipo de ambivalencia en la población o persiste con fuerza el apoyo a la experiencia revolucionaria?
El apoyo a la revolución sigue siendo impresionante. Por supuesto, no es unánime, ni podría serlo. Pero es muy fuerte. Eso no significa que aprueben todas las políticas que sigue el gobierno revolucionario. Hay muchas críticas sobre la escasa oferta de alimentos, los bajos salarios, la vivienda, el burocratismo, el limitado acceso a Internet o las restricciones para viajar. Pero la gente sabe que estos problemas se originan en causas que en buena medida exceden lo que el gobierno pueda hacer o manejar. El bloqueo le ha costado a Cuba casi 100.000 millones de dólares, más de dos veces el PBI de la isla. El impacto sobre las finanzas públicas ha sido demoledor. Además, debido a la permanente agresión de Washington Cuba debe destinar a gastos de defensa una proporción muy elevada de su presupuesto público. Si no existieran estas dos condiciones, es decir, sin bloqueo y sin amenazas permanentes de ataque exterior, Cuba dispondría de muchos más recursos para incentivar la producción de alimentos, construir viviendas, mejorar los salarios. Pero esas condiciones no existen, lamentablemente. Por supuesto, aún así algunas cosas podrían mejorarse: por ejemplo, adoptando una política más flexible en relación al campesinado para incrementar la oferta alimenticia, o para explotar tierras que siguen sin cultivarse. Allí pesa el papel de una burocracia que se ha conservatizado y que no está pensando en una alternativa “post-planificación centralizada”. Otras restricciones también causan malestar en la población: el transporte era un problema muy grave, sobre todo en La Habana, pero en el último año ha habido una considerable mejora gracias al apoyo de China. Internet es un problema, porque EEUU sanciona a cualquier país que le facilite la banda ancha a Cuba. Ahora Venezuela está tirando un cable submarino para resolver ese problema. En fin, hay protestas, además porque el pueblo cubano es muy extrovertido y no tiene temor alguno a expresar sus quejas y demandas. Pero estas se dirigen fundamentalmente hacia algunas políticas y no al régimen revolucionario o al socialismo. Mucho menos hacia la figura de Fidel. Creen, y tienen razón, que puede haber un socialismo más eficiente, con mayor capacidad de proporcionar bienestar a la población. Pero no se les olvida que pese a todas las limitaciones y restricciones Cuba cuenta con la tasa de mortalidad infantil más baja de las Américas, igual a la de Canadá y menor que la de Estados Unidos, y tres o cuatro veces más baja que la que tienen países potencialmente tan ricos como Argentina o Brasil.
¿Cómo se vio la Cumbre de las Américas, en Bahía, los pedidos de los gobernantes para poner fin al embargo son cada vez más frecuentes –mismo la ONU se manifestó en el mismo sentido, por 17º vez, en el 2008? ¿Existe en la isla la ilusión de, finalmente, poder insertarse plenamente en la economía o, por lo menos, de estrechar las asociaciones y acuerdos con algunas naciones latinoamericanas? El cubano es un pueblo muy culto y que ha aprendido mucho con la revolución. No abrigan ilusión alguna porque sabe que el imperialismo nunca dejará de hostigar a Cuba y, por lo tanto, su inserción en la economía mundial dominada por las grandes transnacionales, muchas de ellas norteamericanas o de países gobernados por aliados o clientes de la Casa Blanca, estará plagada de dificultades. No creen que en lo inmediato EEUU vaya a levantar el bloqueo (no se trata de un embargo sino de un bloqueo, que es algo mucho más grave), aunque si lo hace sería una gran noticia. Pero al poder comerciar libremente con los países de América Latina y el Caribe, unida a su creciente relacionamiento con China, Rusia y otras grandes economías, Cuba puede resolver gran parte de sus problemas. Por eso es de suma importancia que las mayores economías de América Latina, como Brasil, México y Argentina, adopten una política de solidaridad militante con la revolución cubana. Una revolución que exporta médicos, enfermeros, odontólogos, maestros, instructores deportivos; una revolución que ayuda a desterrar el analfabetismo en Bolivia y Venezuela, que devuelve la vista a millones de personas, que vende vacunas para combatir enfermedades al margen y muy por debajo de los precios del mercado. Una revolución, en suma, que siempre fue solidaria con nuestros pueblos y que merece nuestra más rotunda solidaridad. Basta con pensar, para quienes todavía tengan dudas, lo que hubiera sido de América Latina si la revolución cubana hubiese sido derrotada en Playa Girón o si, luego de la implosión de la Unión Soviética, hubiera llegado a la conclusión de que había que retornar al capitalismo lo antes posible. Si tal cosa hubiera ocurrido en América Latina no existiría un Chávez, un Evo, un Correa, un Lugo, para ni hablar de la “centroizquierda”; estaríamos convertidos en un inmenso protectorado norteamericano, y en donde las figuras más a la izquierda de la región serían políticos como Álvaro Uribe, Alan García u Oscar Arias. Gracias a la presencia inquebrantable de la revolución cubana nos ahorramos esa pesadilla. Por eso, nuestra deuda con Cuba será eterna y todo lo que hagamos para ayudarla será poco.

LLAMADO PARA CORTE ELECTORAL

2009-01-21T19:42:00.001-08:00

LA COMISION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN del FRENTE AMPLIO en su sesión del día de la fecha, APRUEBA las condiciones y el procedimiento a seguir para el LLAMADO A INTERESADOS PARA CUBRIR LOS CARGOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO EN LA CORTE ELECTORAL:

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
1 CARGOS
AUXILIARES DE SERVICIO
MONTEVIDEO
2CARGO
CANELONES
1 CARGO
CERRO LARGO
1 CARGO

FLORES
1 CARGO

DURAZNO
1 CARGO

TREINTA Y TRES
1 CARGO
CONDICIONES:
Auxiliares Administrativos

1) Ser adherente al Frente Amplio al 13 de diciembre de 2008.
2) Presentar aval individual del Comité de Base o la Coordinadora a la que pertenece o Sector Político.
3) Los postulantes deberán como adherentes cotizar responsablemente, regularmente y estar al día en su cotización al 21 de enero de 2009.
4) Poseer credencial cívica, y tener residencia en el departamento donde presenta su aspiración.
5) Ser mayor de 18 años y tener hasta 45 años a la fecha de su inscripción.
6) Haber completado el primer ciclo de Secundaria (3er. Año) y no poseer título universitario.
7) Poseer conocimientos en informática (operador PC o similar)

Auxiliares de Servicio

1) Ser adherente al Frente Amplio al 13 de diciembre de 2008.
2) Presentar aval de su Comité, Coordinadora o Sector Político respectivo.
3) Los postulantes deberán como adherentes cotizar responsablemente, regularmente y estar al día en su cotización al 21 de enero de 2009.
4) Poseer credencial cívica, con residencia en el departamento donde presenta su aspiración.
5) Ser mayor de 18 años y tener hasta 45 años a la fecha de su inscripción.
6) Haber completado el primer ciclo de Secundaria (3er. Año) y no poseer título universitario.

PROCEDIMIENTO:

1) Los interesados deberán presentar en la Sede Central del Frente Amplio (Colonia 1367), hasta el martes 10 de febrero de 2009, un sobre en cuyo frente figure nombre y apellido, dirección y teléfono y que contenga en su interior:

A. Fotocopia de la cédula de identidad.
B. Fotocopia de la Credencial Cívica.
C. Fotocopia de los certificados de estudios:
· Ciclo Básico – 1er. Ciclo para todos los aspirantes
· Informática para los aspirantes a cargos de Auxiliares Administrativos. (En caso que no posean, igualmente podrá intervenir en el sorteo y en su caso particular deberán rendir una prueba de suficiencia previa que cumpla con los requisitos exigidos por la Corte Electoral.
D. Aval individual del Comité de Base o la Coordinadora a la que pertenece o Sector Político.

2) A medida que se vayan presentando se controlará el cumplimiento de los requisitos previstos.
3) El sorteo se realizará el jueves 12 de febrero de 2009 a las 20 horas en la sede del Frente Amplio Colonia 1367.

Auxiliares Administrativos
Se sorteará un número equivalente al triple de los cargos a cubrir, aquellas personas que hayan salido sorteadas deberán realizar una prueba de admisión según lo que determine y en el lugar que disponga la Corte Electoral.

Auxiliares de Servicio
Se sorteará un número de titulares equivalente a los cargos a cubrir y el doble de suplentes.

4) Los postulantes deberán estar al día en su cotización como adherentes al 21 de enero de 2009.
5) Se dará la más amplia difusión a este llamado a interesados.

Montevideo, 21 de enero de 2009.

Uruguay cultural - resolucion del V Congreso

2008-12-27T06:25:00.000-08:00

URUGUAY CULTURAL
AROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI13-14 de diciembre de 2008
Introducción.
Las líneas de trabajo que se presentan a continuación para ser consideradas en el próximo
congreso del Frente Amplio, tienen como referencia la situación de emergencia que viene
atravesando la cultura de nuestro país. Emergencia que, como en otras áreas, no surgen a partir
del gobierno del Frente Amplio, sino que vienen de larga data y que se ve reflejada en la falta de
comprensión de la especificidad e importancia de la cultura en el desarrollo humano y por tanto
como eje necesario de todo proceso de cambio social progresista.
La defensa de los DERECHOS CULTURALES de la población es una premisa elemental, que
debe tener la misma jerarquía que el resto de los derechos humanos, funcionando como marco de referencia y como sustento general de toda propuesta tendiente a cambios afirmativos,
propendiendo a ser transversal al conjunto de las propuestas programáticas de nuestra fuerza
política y no solo de las referidas específicamente a la temática cultural.
El conocimiento científico forma parte del patrimonio cultural de la humanidad y por lo
tanto es imprescindible que esté al alcance de todos para lo cual la educación es una
herramienta fundamental en la perspectiva de un Uruguay más justo.
Nueva Institucionalidad
Según la UNESCO, el respeto a la diversidad y a la identidad cultural es un bien y un
recurso que hay que promover y desarrollar, porque contribuye, no sólo a la cultura en
general y al arte, sino al desarrollo global de los pueblos, afirmando “el valor central de la
cultura como base indispensable para el desarrollo integral del ser humano y para la
superación de la pobreza y de la desigualdad.”
ANTECEDENTES:
La institucionalidad cultural que se ha heredado presenta algunos rasgos que determinaban la
urgencia de que el nuevo gobierno encarara un tratamiento profundo al tema para su
transformación.
• Las instituciones existentes habían sido creadas sin planificación y de un modo aluvional,
en su mayoría resultan desactualizadas, carentes de coordinación y no se adecuan a las
características y necesidades que el quehacer cultural plantea como desafío para el siglo
XXI: gestión del patrimonio, museos, modalidades del gasto e inversión pública en cultura,
etc.
• La legislación era inadecuada y en muchos casos inexistente, no dando respuesta a las
necesidades reales del sector, ni a su proyección de futuro y tampoco en relación a
compromisos asumidos por el país en materia internacional.
• Falta de transparencia en el ingreso y administración de los recursos humanos lo cual
implica problemas de formación, profesionalización y carrera funcional.
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• Un Ministerio de Educación y Cultura hipertrofiado con una enorme cantidad de cometidos
y reparticiones, lo cual ha hecho difícil que los temas culturales tomen la dimensión y el
alcance nacional que deberían tener.
SITUACION:
El tema de la institucionalidad cultural no es nuevo en la agenda del sector artístico cultural del
Uruguay. Diversas instancias de encuentros, foros y plenarios han ido tejiendo distintas
propuestas hacia una nueva institucionalidad, cuya máxima expresión se ha sintetizado en el
concepto de “Sistema Nacional de Cultura” esbozado por primera vez en la III Asamblea Nacional
de Cultura llevada a cabo en dos instancias, Paysandú y Minas en el año 2003. El IV Congreso
del FA adopta este concepto, incorporándolo a las bases programáticas sobre cultura.
A partir de esta administración de gobierno se incorporó el tratamiento del tema por parte del
Estado.
En el sentido de los compromisos asumidos por el Dr. Tabaré Vázquez en diferentes instancias
(encuentro con artistas en El Galpón, acto de asunción, etc.), se desarrolló la IV Asamblea
Nacional de Cultura y la primera organizada oficialmente por el MEC que se reúne en Salto (abril
2006) con la presencia del Presidente de la República, asamblea esta que ratifica los ejes
temáticos de la anterior y las resoluciones que apuntan a nuevas instituciones de la cultura con
participación del sector cultural, impulsando los consejos departamentales de cultura y el Consejo Nacional de la Cultura.
También ha habido importantes avances en materia legislativa, ley de patrocinio cultural, ley de
cine y proyecto de ley de seguridad social de los artistas,
A su vez el MEC ha realizado un conjunto de programas y acciones, destacándose entre otras
cosas la obtención de recursos presupuestales para cultura inexistentes al comienzo de la
gestión, la transformación de la Dirección de Cultura en unidad ejecutora, y el Seminario
Internacional de Institucionalidad cultural.
El gobierno del FA se ha posicionado desde una formulación donde la participación del Estado en
el ámbito cultural consiste en reconocer, promover, coordinar, difundir y orientar los procesos y
proyectos culturales de los distintos sectores de la población en un marco de reconocimiento y
respeto por la libertad de expresión, la diversidad cultural y la convivencia ciudadana.
PROPUESTAS:
• Es imprescindible a nuestro entender plasmar en el programa del FA la necesidad imperiosa
de transitar un verdadero proceso de reforma de la institucionalidad cultural en el Uruguay.
Para ello es prioritario dar un fuerte impulso a la legislación en materia cultural.
• Es indispensable pensar, en el marco de la reforma del estado, la transformación del actual
Ministerio de Educación y Cultura.

Este Ministerio tiene competencia y alcances que dificultan una eficiencia administrativa como la que el FA aspira para los aparatos del Estado. Por lo mismo, parece necesario, al menos, tomar dos tipos de acciones: a) una readecuación de la estructura del actual Ministerio en una serie de ministerios o secretarías dependientes de la Presidencia de menor porte aunque con mayor especialización sin que ello implique aumento de número de funcionarios y b) una regionalización del país en el espíritu de la descentralización que posibilite concentración de recursos racionalizando su rendimiento.

Esto significa que a la vez que apuesta a lo local y a lo micro mediante Centros MEC, se consoliden infraestructuras – culturales, formación artística o patrimonial, o de gestores – que maximicen su rendimiento afectando o incidiendo en lo regional.
La Asamblea Nacional de la Cultura – insumo imprescindible e histórico – en la experiencia de
la presente administración debe actualizarse con esta perspectiva de regionalización del país
sin dejar de atender lo local. Para ello es prioritario dar un fuerte impulso a la legislación en
materia cultural
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• Avanzar en una Ley General de Cultura que sistematice, reordene y genere las instituciones e
instrumentos legales y jurídicos necesarios, profundizando también en las legislaciones
específicas de cada área, sector o problemática.
• Incorporar a la Constitución de la República los derechos culturales. “Los derechos
culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los
principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se
desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos,…” (Carta Cultural
Iberoamericana, Montevideo, 2006)
• Adecuación de la normativa de gestión del patrimonio, revisando la Ley 14.040 del año 1971,
que crea la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, a fin de
mejorar el cumplimiento al Artículo 34 de la Constitución que establece que: “Toda la riqueza
artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de
la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime
oportuno para su defensa”.
• SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. Estará integrado en forma coordinada con las
instituciones estatales y privadas (organizaciones civiles, asociaciones, etc.) que estén
vinculadas a la actividad cultural en el amplio espectro de la producción, difusión, promoción,
formación, documentación, financiamiento, gestión y circulación de bienes y servicios
culturales.
• INSTITUTO DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL REGIONAL, que se integrará
con representantes del Ministerio de Cultura y de Relaciones Exteriores y tendrá sedes
permanentes en aquellos lugares en donde el Uruguay considere de particular interés
estratégico el fortalecimiento de la inserción cultural, manteniendo un flujo importante de
intercambio entre países. Fomentará la creación de una Red Cultural Regional cuyo objetivo
fundamental será el de dinamizar la integración geográfica-cultural.
• COMISIÓN SECTORIAL DE CULTURA en la órbita de la O.P.P., asistirá al Poder Ejecutivo en implementación de los planes y programas de desarrollo, así como en la planificación de las
políticas de descentralización y en todo lo relativo a la reforma del estado en esta materia.
• La cultura es transversal a múltiples ministerios o instituciones del Estado incluida la OPP. Por
lo mismo, es imprescindible una coordinación o “Gabinete de Desarrollo Cultural” que entre
otras cosas articule el Uruguay Cultural con el Uruguay Productivo, Uruguay Innovador y el
Uruguay Integrado (Uruguay social, justicia y equidad).
Desarrollo socio–cultural inclusivo
SITUACION:
“Existe una emergencia social como existe una emergencia cultural. Cultura y
desarrollo social son dos caras de una misma moneda.” (.....)
“Desarrollar la
cultura de un pueblo significa respetar y ampliar todos los ámbitos de interacción y
acercar las herramientas necesarias a las personas para comprender el mundo en
el que viven, desarrollar con la necesaria autonomía sus ideas y valores e idear y
poner en práctica las transformaciones individuales y colectivas que cada una
juzgue conveniente asumir.” (Asamblea Nacional de la Cultura ‘DECLARACIÓN’ Y
‘PRINCIPIOS’ – Salto – abril/2006)
Si bien durante el actual gobierno se han realizado múltiples acciones por intermedio de proyectos
y/o programas, que han contribuido a posibilitar el acceso, usufructo, producción de cultura en
todos los barrios y localidades de cada departamento, queda todavía mucho por hacer en un país
que ha sufrido una enorme agresión sobre su entramado socio-cultural.
El desarrollo cultural puede hacer un aporte de gran valor a la necesaria reconstrucción del tejido
social de nuestro pueblo, en tanto se parta de una comprensión de la cultura y el arte como
expresión propia y exclusiva de todos los seres humanos y que toda persona es portadora y
constructora de su propia cultura. Este enfoque implica que la inclusión de las personas en el
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entramado socio-institucional, debe atender a la misma vez la inclusión de las culturas de las
cuales son portadoras.
Se deben implementar programas de ANIMACIÓN–SOCIO–CULTURAL en todo el país,
atendiendo a las particularidades de cada región o problemática concreta. Atendiendo a la
DESCENTRALIZACIÓN como una política de estado de carácter transversal. URUGUAY
CULTURAL, es una plataforma de desarrollo.
Toda planificación estratégica de desarrollo social ha de tener a la cultura como un elemento
sustancial, ya que resulta imposible generar pautas efectivas de desarrollo social si no incluimos
los temas de democratización cultural en todos sus niveles de apropiación, construcción, disfrute,
y socialización.
“La cultura no es un medio para el progreso material: es el fin y el alma del
desarrollo visto como el florecimiento de la existencia humana en todas sus
formas...” (“NUESTRA DIVERSIDAD CREATIVA”, Informe de la Comisión Mundial
de Cultura y Desarrollo – UNESCO 1996
Generar programas de calidad, abiertos, basados en buenos diagnósticos realizados con
metodologías adecuadas y aplicados por profesionales altamente calificados, es la forma de
operar en favor de un cambio profundo, en tanto aportamos a que los ciudadanos se involucren en
la construcción de nuevas pautas culturales que se apoyen en las herencias culturales, pero con
vistas a proyectarse a un futuro más pleno.
La vinculación entre cultura y educación es un valor a fortalecer tanto en los aspectos formales del
sistema educativo, como en los no-formales del conjunto de la sociedad.
Debe tenerse en cuenta la preservación de la diversidad cultural y la salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial, tal como lo mandan sendas Convenciones de UNESCO, ratificadas por nuestro
país.
“El Arte, además de ser una forma de apropiación del conocimiento en sí mismo, es una
necesidad básica del ser humano. La jerarquización de su aplicación permanente en todos
los niveles de la educación formal permitirá el desarrollo de la sensibilidad para la
formación, no solamente de artistas, sino de personas críticas y sensibles, capaces de
reflexionar, de cuestionar y manejar herramientas para la interpretación de la realidad; es
decir, ciudadanos con una participación responsable en la sociedad y también de la
consolidación de su identidad.” (....) “Elaborar con criterios de horizontalidad de programas
que permitan el acceso de todo educando en cualquier centro educativo del país, avanzando
hacia un Sistema Nacional de Arte y Educación fuertemente instalado en la educación
formal, pero que trascienda la misma, abarcando ámbitos no formales municipales y otros,
atendiendo las particularidades locales.” (Asamblea Nacional de la Cultura ‘DECLARACIÓN’
– Salto – abril/2006)
PROPUESTAS:
Cultura como parte de una

POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN
La descentralización cultural apunta a cumplir el deber del Estado de garantizar la titularidad del
derecho cultural de los ciudadanos, brindándoles la posibilidad de pensar, elegir, construir y sentir
a través y con la cultura, ampliando nuestra democracia, alterando la actual situación de
fragmentación social y construyendo proyectos; en los cuales; la identidad e integración, la
diversidad social y artística son la principal característica. La descentralización cultural implica una
política más equitativa, con mayores oportunidades para todos, es al mismo tiempo una respuesta
a la globalización y un proyecto de desarrollo que incluye las particularidades de cada barrio o
localidad.
Es necesario generar proyectos que abarquen la amplia gama de asociaciones, instituciones y
personas abocadas a la expresión y producción cultural, que se encuentran a través del amplio
tejido social. Debemos tener en cuenta los diversos y disímiles espacios de creación, circulación y
demanda de productos culturales. Construir redes que abarquen sectores; sociales, educativos,
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económicos y territoriales, comprometiéndonos todos en un proyecto común. Se deberán cubrir
los recursos técnicos y la infraestructura necesaria para poder dar cumplimiento a la
descentralización cultural.
Cultura como un

DERECHO HUMANO
El derecho a ser considerado “sujeto” creador y portador de una cultura propia en comunidad, va
indisolublemente unido al derecho al uso y disfrute del conjunto de los bienes culturales. Estos
derechos deben ser difundidos, establecidos como cuerpo normativo y defendidos
activamente por el Estado ya que la violación constante de estos derechos hace evidente la
situación de emergencia cultural.
Cultura como una

EMERGENCIA
Esta mirada implica la necesidad de incluir estrategias de desarrollo cultural en todas las acciones que el Estado realiza en función de atender las emergencias sociales. No se trata de que un solo
Ministerio o una Institución específica formulen planes y programas, sino que las actividades
culturales deben ser parte integrante de la elaboración y aplicación de todo tipo de
acciones tanto a nivel nacional como departamental. Deben existir y funcionar instancias de
coordinación de todo el Estado que permitan optimizar recursos, establecer estrategias
comunes, analizar el impacto cultural de cada acción (no solo de las “culturales”) y generar
indicadores de medición y cronogramas de metas en cuanto al desarrollo cultural y al respeto
de los derechos culturales de la ciudadanía. Llegando a todos los barrios y a todas las edades
por medio de centros establecidos como instituciones barriales, etc.
Cultura como una forma de

DEFENSA DE LA DIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO
El desarrollo cultural implica una actitud más crítica y atenta de la población, que le brinde
elementos para defender tanto su individualidad, como su pertenencia a una identidad nacional
que se manifiesta en la sumatoria de las distintas culturas que se generan en su interior y que
deben convivir en base a la tolerancia generada por la comprensión del otro como un igual
poseedor de iguales derechos y obligaciones. El respeto a la diversidad cultural al interior de la
sociedad nacional, es imprescindible para sostener nuestra identidad cultural ante la sociedad
global de consumo y defender nuestra diversidad cultural como parte insustituible del patrimonio cultural de la humanidad.
Generar políticas culturales inclusivas con relación a las personas con discapacidad. Empezando
por mejorar la accesibilidad a los bienes culturales, pero también estimulando su producción
creativa.
Instrumentar políticas de fortalecimiento de los lazos culturales entre los uruguayos que viven en el exterior y su identidad cultural.
Cultura como una parte de la

EDUCACIÓN
Es evidente el rol que la educación formal tiene para cumplir en este sentido, ya que el arte
como vivencia es un factor de integración del conocimiento. Incluir contenidos artístico-culturales en la currícula del sistema educativo es un imperativo, pero para poder integrar en la educación
los aportes inherentes e insustituibles que puede hacer la cultura artística, resulta indispensable la participación de los trabajadores de la cultura artística, no solo en la docencia directa, sino
también en la confección y diseño de dicha currícula. Es necesario establecer un diálogo
permanente con el sector artístico cultural que involucre las instancias de toma de decisiones.
Que desde los estamentos educativos formales a todo nivel se desarrollen programas de
educación no-formal que les de flexibilidad a los mismos y que incorporen como docentes a
expertos en temas artísticos, culturales, científicos, de desarrollo productivo y social.
Disminuir la brecha tecnológica como ya lo comenzó a implementar el Frente Amplio, con el
revolucionario Plan Ceibal es también fomentar un desarrollo socio-cultural inclusivo, así como
una parte riquísima del arte y un potencial para crearlo. El gobierno debe seguir en este camino
ampliando el acceso a todos los niveles.
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Cultura como

ANIMACIÓN SOCIAL y EXPRESIÓN COMUNITARIA
La animación socio-cultural no es una disciplina en sí, sino una tecnología a través de la cual se
pueden aplicar al trabajo de desarrollo individual y comunitario los más diversos contenidos.
La cultura artística tiene un enorme potencial de aplicación a través de la modalidad de animación
socio-cultural: adaptabilidad lúdico recreativa, socialización, valoración de las decisiones propias y colectivas, autoestima personal y grupal, identidad, etc. Se deben establecer proyectos de
animación socio-culturales flexibles y realizables en diferentes contextos, con autonomía de
aplicación pero con una clara coordinación y evaluación de estrategias, metas y objetivos.
Fomentar la creación de talleres barriales promovidos por el Estado, para que los diversos
sectores de la sociedad tengan libre acceso a difundir sus realidades, asegurando el desarrollo de
la ciudadanía. Pudiendo ser los talleres de los más diversos formatos y temas.
Desarrollo artístico
SITUACIÓN
La sociedad mantiene una deuda con el arte y la cultura, en la medida en que hasta ahora los
artistas históricamente, han contribuido al desarrollo de la sociedad, en un completo desamparo
desde el punto de vista institucional y legislativo.
El artista profesional y el artista amateur, tienen una significación de particular importancia en la
construcción de la representación simbólica que una sociedad construye y a través de la cual
logra sostener una identidad y un sentido de pertenencia.
Sin embargo persiste en amplios sectores de la sociedad una visión de bajo prestigio para
quienes buscan dedicarse profesionalmente a la actividad artística,
La formación artística en nuestro país padece de una serie de problemas estructurales:
• ASIMETRÍA en la oferta formativa de sus diversas manifestaciones, unas llegando hasta la
Universidad y otras sin nada.
• FRAGMENTACIÓN tanto entre disciplinas como entre los distintos estamentos de dicha oferta,
• INCOHERENCIA en cuanto a la posibilidad de estructurar una carrera o de transitar entre las
distintas instancias,
• FALTA DE ESPECIALIZACIONES ya que la oferta existente en su mayor parte no prevé los
diferentes roles en que la formación artística puede ser aplicada en la sociedad además de la
creación o interpretación obras: docencia,
curaduría, gestión, producción, dirección,
investigación, crítica, animación, etc.
Para los artistas profesionales el proceso de investigación y creación es una parte inherente a su
trabajo y como tal debe ser considerada en el mismo nivel de importancia que la fluida
circulación, difusión y la democratización del acceso a los bienes culturales.
PROPUESTAS:
• Avanzar en la FORMACIÓN ARTÍSTICA, en artes aplicadas y en artesanías de los nuevos
creadores y valorar a los existentes, haciendo posible la producción, la circulación y el más amplio
acceso al contacto de la población con sus artistas.
• Es necesario implementar un SISTEMA nacional de formación artística, que se sostenga en
una visión estratégica del tema, de forma tal que le permita partiendo de lo existente, articular,
generar nuevas estructuras, establecer convenios y fijarse metas en el corto, mediano y largo
plazo, posibilitando la transversalidad y la continuidad de los estudiantes dentro del sistema en
todo el país.
• Se ha de impulsar una política firme de estímulo a la creación artística, implementada por
medio de concursos, subsidios, becas, proyectos de instituciones públicas, incentivos al patrocinio
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privado, gestión delegada, acceso a formas específicas financiación y otros instrumentos
eficazmente articulados.
• Apoyar el continuo perfeccionamiento y por sobre todo (en el caso de los profesionales) el
derecho a vivir de su profesión, generando y aplicando los marcos legales específicos que hagan
esto posible, atendiendo las particularidades de este sector. Se reconoce el avance en la inclusión
en el sistema de seguridad social de los artistas profesionales que significa la legislación
recientemente aprobada, en un próximo período esta deberá ampliarse incluyendo otras
disciplinas.
• Tanto a nivel nacional como en su proyección regional e internacional es imprescindible la más
amplia circulación y difusión de la producción artística, en proyectos o planes específicos para los
sectores profesional y amateur.
• En las artes presenciales se deben desarrollar circuitos, corredores, intercambios, giras y
festivales. Las artes plásticas requieren impulsar exposiciones fijas e itinerantes, intervenciones
urbanas, paisajísticas y land-art, participación en bienales (Venecia, San Pablo, etc.). Las letras
necesitan planes de lectura, mejorar y multiplicar bibliotecas fijas e itinerantes, lecturas en vivo,
participación en ferias.
• Los medios de comunicación audiovisuales y gráficos deben ser un factor clave en la difusión
y crecimiento de la producción vinculada a las industrias culturales nacionales en sus diversas
formas y lenguajes: cine, discos, series, documentales, artes gráficas, catálogos, revistas, etc.
• Se deben implementar las acciones y programas que permitan aprovechar, el enorme
potencial creativo de nuestra sociedad, que habiliten dar conocer en el mundo nuestra producción
artística y cultural. Esto reportaría un enorme beneficio no solo en imagen y defensa de nuestra
identidad, sino que además puede generar un considerable aporte económico para nuestro medio.
• Se garantizará la mayor amplitud en el acceso democrático del conjunto de la población al
disfrute de los bienes artístico-culturales tanto de las nuevas tendencias como de los que ya son
patrimonio de toda la humanidad.
• Toda política de democratización de la cultura implica una estrategia de formación de nuevos
públicos, que por supuestos deberá sustentarse en una actitud crítica y activa que involucre al
ciudadano como espectador, pero también como creador de cultura, capaz de expresarse en la
creación, en la adaptación y en el goce del arte y la cultura.
•
El Ministerio de Educación y Cultura procurará de llevar las más diversas expresiones
culturales a cada municipio que no cuente con proyección cultural adecuada y/o insuficiente.
Medios de comunicación
OBJETIVO GENERAL:
Propender a la protección de los valores de identidad, en el respeto de la libertad tanto de
expresión como de opción en la diversidad, articulando el marco legal que corresponda
para el desarrollo y formación de una ciudadanía con sentido crítico, reflexivo y
responsable.
SITUACIÓN:
• La mayoría de nuestra población, accede a los bienes culturales a través de los medios
masivos de comunicación, y a la televisión y radio en primer lugar.
• Los países de la región y del mundo cuentan con legislación que garantice la salvaguarda
de sus derechos. Regular, a través de un marco legal, no atenta la libertad de expresión,
sino que amortigua las desigualdades inherentes a las asimetrías de la sociedad.
• A nivel público, el SODRE (Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, dependiente del
MEC) incluye emisoras radiales. La Red Nacional de Televisión, con cobertura en todos los
departamentos a través de repetidoras.
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• A nivel municipal hasta el momento hay una única experiencia en Montevideo, la de TV
Ciudad, que opera un canal de cable y ha demostrado una gran eficiencia tanto en
contenidos como en su ejecución.
• A nivel privado, la televisión y radiodifusoras pertenecen a grupos empresariales,
(responsables también de prensa escrita ) cuyas economías corresponden a capitales
nacionales y extranjeros, creando su propia política de difusión, determinada por el “rating”,
y marcando el consumo cultural de acuerdo a la oferta, con los contenidos que dichos
medios consideren. Si a esto le agregamos una realidad geográfica, (los departamentos
del litoral, y los departamentos fronterizos con Brasil) y aquellos hogares que tienen
acceso a la TV por Cable, llegamos a la conclusión que nuestra ciudadanía no consume
televisión con contenidos nacionales.
• Con respecto a la URSEC como Unidad reguladora y adjudicadora de ondas, este
gobierno ha demostrado interés en el estudio del tema como queda de manifiesto en
diferentes avances: el proyecto de ley de las radios comunitarias, la posible adjudicación
de ondas a la Universidad y al PIT-CNT y el reciente decreto que instala la Comisión
Honoraria Asesora Independiente que abordará esta temática.
• La televisión y radio nacional cuenta con programas periodísticos y de entretenimientos.
No tiene espacio donde se difundan e informen las actividades culturales nacionales, ni la
ficción nacional. Se trata de graves carencias ya que, la producción de ficción televisiva y
radial, fomenta valores de identidad, incentivando al turismo y configura una de las
industrias culturales que, como en los otros países latinoamericanos, se podría convertir
en divisas para los países de origen.
• La Carta Cultural Iberoamericana, redactada por los Ministros de Cultura y suscrita en el
mes de noviembre de 2006 por los Jefes de Estado en Montevideo, establece que se debe
poner en valor la misión de servicio público cultural que corresponde a los medios de
comunicación.
• La Convención Para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales de la UNESCO, ratificada por Uruguay, reafirma con claridad el derecho de los
países a darse políticas culturales que garanticen la diversidad de las expresiones
culturales a nivel nacional, con el claro motivo de que la ciudadanía no pierda el acceso a
su propia cultura.
• Televisión y radio estatales contaban en su programación con ficción nacional (en TV,
hasta la década del 70) y el radioteatro del SODRE, hasta mediados del 90, colaborando
con Institutos de enseñanza, Instituto Braille.
• La ficción extranjera introducida al país a bajos costos, protegida en sus países de origen,
es profusamente emitida por la TV abierta, relegando el trabajo uruguayo hasta su total
supresión.
• En encuesta científicamente realizadas con respecto a la televisión, se recoge como
resultado que: el 74% de la población a nivel nacional está de acuerdo con que la
televisión uruguaya debería pasar menos programas argentinos, el 72% está de acuerdo
en que la televisión uruguaya debería producir telenovelas nacionales, el 65% no está de
acuerdo en que se produzca el Gran Hermano uruguayo y el 66% está de acuerdo en que
los canales públicos deben autofinanciarse con publicidad.
• La ficción que vemos en nuestra televisión abierta supera el 50% del tiempo diario de
emisión y es donde se concentra la mayor comercialización de la pauta publicitaria.
• La futura implementación de la TV digital cuadriplicará el espacio de emisión actual. Lo
cual debe ponerse en consonancia con el auspicioso reconocimiento nacional e
internacional de las producciones audiovisuales uruguayas que han abierto canales de
coproducción, distribución y comercialización internacional.
PROPUESTAS:
• Profundizar la actualización y aplicabilidad de la normativa existente para garantizar libre
competencia e igualdad de oportunidades en el acceso a las ondas estimulando la
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9 apertura de canales en el interior y el manejo de medios de comunicación privados
fortaleciendo el papel de la URSEC.
• Eliminar todo tipo de obstáculos al ejercicio pleno de la libertad de expresión, fortaleciendo
el libre acceso a la información.
• Continuar en la construcción de un marco regulatorio adecuado en materia de adjudicación
de frecuencias de radio y TV y en la asignación de publicidad oficial, impulsando una
mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de
comunicación.
• Consolidar el reconocimiento de los medios comunitarios y su rol en la sociedad,
implementar políticas activas para su desarrollo.
• Promover una efectiva libre competencia en la radiodifusión comercial con reglas justas y
transparentes, desfavoreciendo la formación de oligopolios y monopolios
• Estudio de legislación comparada y creación de proyectos de ley que amparen a las
industrias culturales nacionales en los medios de comunicación.
• Articulación con las instituciones, organizaciones, empresas o personas, a fin de plasmar
proyectos de producción nacional de los diversos lenguajes artísticos, promoción de
valores patrimoniales, ficción y espacios de información-difusión de actividades culturales.
• Estimular y amparar legalmente en los medios de comunicación, la programación nacional
de ficción y contenidos culturales. Diversas herramientas legales, decretos y resoluciones
se deberán articular en este sentido, posibilitando la existencia de una cuota de tiempo en
segmentos centrales para la referida programación y una reserva obligatoria para los
medios de un porcentaje a determinar, del valor económico del espacio publicitario en la
emisión diaria, para ser destinado a la producción
• A través del Sistema Nacional de Televisión y sus repetidoras en el interior fomentar la
producción de programas nacionales de divulgación de arte, ciencia, deporte y todas las
ramas de la cultura.
• Que el Sistema Nacional de Televisión pueda llegar a los uruguayos del departamento 20
a través de la transmisión satelital. Lo que es posible en virtud de que somos co-
propietarios de un satélite de comunicaciones con el Estado Bolivariano de Venezuela.
• Establecer políticas de gobierno que promuevan el acceso de la población a la información
generada en el ámbito público y garanticen a toda la sociedad el libre acceso a los
conocimientos resultantes de las políticas de innovación.
• Un real intercambio con los países del MERCOSUR, otros ámbitos comunitarios y a nivel
internacional, defendiendo recíprocamente los espacios nacionales e identidades
culturales.
• Establecer formas de monitoreo permanente del impacto local e internacional de las
Industrias Creativas y de los Medios.
• Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de los medios de comunicación,
utilizando un lenguaje inclusivo y que no reafirme los roles asignados por sexo.
Industrias culturales
SITUACIÓN:
Las industrias culturales juegan un rol importantísimo en nuestro tiempo, Uruguay debe tener una
visión de corto, mediano y largo plazo, que le permita asumir una posición estratégica en estos
temas y su vinculación con la creación, distribución y difusión de la producción cultural tanto en lo interno como en su posible inserción internacional. El apoyo debe estar sustentado en un análisis
profundo de estrategias, metas y objetivos a cumplir en un país con características particulares.
“Cada una de estas industrias tiene una dinámica sectorial propia, pero ya no pueden
valorarse aisladamente –las películas por un lado, los libros por otro, la televisión o los
discos más allá– sino como un complejo entretejido de servicios multimedia. Su
entrelazamiento, además de deberse a la interrelación tecnológica, tiene base social
porque ya no representan, como en el arte en otro tiempo, algo suntuario, para el
tiempo libre. Las industrias culturales se extienden al conjunto de la vida cotidiana e
influyen el la organización sociopolítica.” (N. García Canclini, 1999)
De igual forma que atendemos la interrelación de las diferentes industrias entre sí, también deben atenderse a las que se dan al interior de cada una, vale como ejemplo la interpenetración mundial entre la industria editorial, la papelera y la forestal, con su consiguiente traslado de interés desde
la lectura a la compra y desde la escritura a la edición.
Es importante considerar también el enorme crecimiento de la comercialización planetaria de la
música, adosada a los diferentes soportes tecnológicos que se generan día a día y a la
hiperconcentración de grandes empresas globales que controlan la mayor parte del mercado
mundial.
Nuestro medio tiene un enorme potencial creativo y un gran capital en su capacidad de
producción simbólica, una valiosa tradición cultural y un gran patrimonio material e inmaterial. Sin embargo nuestro mercado interno es pequeño y esa es una dificultad estructural que se nos
presenta como desafío.
En este período se han dado pasos importantes en relación al desarrollo de las industrias
culturales, accediendo por concurso internacional a apoyos financieros que para el medio son
trascendentes y adjudicando fondos presupuestales al audiovisual, que facilitan la creación de
instrumentos de acción tanto en lo relativo a la producción propiamente dicha, como a la
formación de conglomerados o “clusters” vinculando y comprometiendo a las fuerzas de cada
sector (disco, libro, audiovisual) en torno a conseguir objetivos comunes.
PROPUESTAS:
Es imprescindible generar un impulso decidido a la reflexión y al análisis de las industrias
culturales y sus posibles canales de desarrollo a largo plazo, para lo cual necesitamos la
generación de insumos en lo relativos a:
- Datos concretos
• Indicadores de desarrollo; porcentajes de PBI; estadísticas de inversión (pública y privada);
ocupación de recursos humanos; niveles de difusión y distribución alcanzados; etc.
- Impulsar el análisis teórico-conceptual
• Estudiar las modalidades de consumo y sus cambios, no como simples modificaciones del
ejercicio del “gusto popular” (como suele valorarlos el mercado) sino como el conjunto de
procesos socio-culturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos.
• Reflexionar sobre el valor económico y el cultural de la producción, viendo como se
establece el equilibrio de estos valores con la construcción de ciudadanía y la democracia
cultural.
• Atender las especificidades del sector cultural y su proyección en las industrias culturales,
poniendo especial atención en su tratamiento en los tratados integración, cooperación y
comercio a nivel internacional.
- Profundizar las existentes y desarrollar nuevas acciones a favor de la producción y la
distribución.
• Monitorear las posibilidades de integración regional e internacional a través de compartir
producciones y acceder a mercados más amplios.
• Establecer controles sobre la piratería y el contrabando.
• Favorecer la inversión del sector privado sobre la base de una política estratégica de largo
alcance.
• Apoyar la creación de ambientes favorables para la interacción de las industrias culturales
con las tecnologías de la información y la innovación en general, y en particular estimular
la generación de contenidos que se vinculen sinérgicamente con el sistema educativo a fin
de aprovechar impulsos concretos como el Plan Ceibal (a modo de ejemplo).
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• El de acceso a los bienes y servicios culturales tiene que ser una política de Estado
articulada con las políticas públicas de inclusión. Sin embargo, no solo necesitamos
estimular y desarrollar el acceso a los bienes culturales sino democratizar dicho acceso y
su circulación. Pero esta democratización solo será posible si además del acceso logramos
democratizar el derecho a la producción cultural respetando la diversidad propia de nuestra
sociedad. Para ello, programas como los centros MEC, las Usinas de Cultura o la
formación de gestores son instrumentos de enorme valor para la descentralización y
democratización de la sociedad uruguaya en lo que respecta a la defensa de los derechos
culturales y la ciudadanía cultural. Lo anterior aspira a potenciar las capacidades creativas
y la transformación vital de sectores socialmente no privilegiados contribuyendo al arraigo
y pertenencia a las comunidades de origen y el fortalecimiento de su autoestima.
Patrimonio cultural y museos
SITUACIÓN:
La puesta en valor del Patrimonio Cultural es una tarea impostergable, este acervo patrimonial,
material e inmaterial, es en su pluralidad de manifestaciones, un componente inseparable de la
identidad cultural y un bien insustituible, que pertenece al conjunto de la sociedad presente y
futura. Esta visión es la que nos coloca ante la responsabilidad de custodios de lo heredado y
promotores de su ampliación con la incorporación que día a día una sociedad genera como
nuevos bienes patrimoniales.
Su puesta en valor, debe ser un objetivo dirigido a garantizar la cabal realización de los derechos
culturales de todo el pueblo.
Que el patrimonio cultural sea esencialmente un bien público (aunque determinadas porciones
puedan estar en manos de particulares), solo profundiza la necesidad de un aggiornamiento de su marco jurídico básico (Ley 14.040).
La gestión patrimonial es una tarea definida, que requiere de un marco profesional, presupuestal y jurídico específico, que el Uruguay no generó con la necesaria precisión y compromiso en
gestiones anteriores y se hace imprescindible para su pronta implementación. La designación del
Día del Patrimonio y su impulso durante esta gestión, son acciones correctas, que van en la
dirección de reunir a la sociedad con sus bienes patrimoniales, pero no es suficiente ante la
magnitud de la tarea que explicitan las convenciones internacionales de UNESCO suscritas y
ratificadas por nuestro país
La situación de los Museos en nuestra sociedad es caótica, no contamos con políticas
específicas, ni con regulaciones, ni tampoco poseemos inventarios que totalicen los acervos. Esta
situación se repite en los públicos y en los privados, en los históricos o científicos y también en los
artísticos.
PROPUESTAS:
• Investigar, inventariar y poner en valor nuestro Patrimonio Cultural Tangible (o material).
Sitios de valor histórico y cultural, paisajes culturales, objetos artísticos, bienes inmuebles
(edificio y/o construcciones), artefactos de significación simbólica (culturales, históricos,
arqueológicos y paleontológicos), en suma, los objetos, lo material; evidentemente, los
objetos tienen valor patrimonial en su función simbólica de evocación, que inclusive puede
no ser idéntica en los diferentes estamentos de la sociedad, de allí su riqueza en la
diversidad.
• Investigar, inventariar y poner en valor nuestro Patrimonio Cultural Intangible (o
inmaterial). Música tradicional, cantos, danzas, sistemas de relaciones sociales y
económicas, patrones de asentamiento y gestión ambiental, tecnologías locales, historia
oral, mitos y leyendas, vestimenta, gastronomía, cultura del trabajo, etc. Como se ve, estos
ítems culturales se tramiten oral o socialmente, por lo tanto son especialmente sensibles
de ser afectados por las pautas culturales exógenas, sobre todo si estas son difundidas por
los medios masivos de comunicación.
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• Investigar, inventariar, poner en valor y legislar para administrar adecuadamente nuestro
Patrimonio Cultural Subacuático (barcos hundidos). Al no contar con herramientas
jurídicas y adecuadas, nuestro país pierde juicios frente a particulares por estas
cuestiones, permitiendo el expolio del Patrimonio de todos los orientales. El cual una vez
enajenado es virtualmente irrecuperable, en sí mismo y otro tanto su situación contextual y
el valor arqueológico que ella implica, si la extracción no se hace siguiendo las pautas
científicas necesarias.
• Instrumentar un Sistema nacional de administración y regulación de Museos y
Patrimonio. Es necesario modernizar la legislación, profesionalizar la gestión y proveer al
país de un marco regulatorio del accionar público y privado sobre su patrimonio y sobre la
oferta museística. El destino de los bienes culturales patrimoniales de nuestra nación, no
debe quedar sujeto a una serie de medidas estatales puntuales, resultado de una
concepción errática, poco profesional, personalista y éticamente discutible de la gestión
patrimonial en cultura, característica de anteriores administraciones, con una concepción
de la cultura elitista, sectaria y anti-participativa.
• Instrumentar un Sistema Nacional de Bibliotecas coordinada a través de una red virtual. El
sistema debe facilitar a los usuarios el acceso a la oferta disponible en todo el país,
organizando un sistema de préstamos a distancia. Esta iniciativa servirá de apoyo a la
plataforma de lectura a nivel nacional y local.
• Creación de programas articulados y permanentes de divulgación y circulación que
incluyan: Circuitos de intercambio cultural a nivel nacional, regional e internacional. Planes
de Turismo Cultural. Coordinación con el Sistema Educativo.
• A través de la consolidación y fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural, fomentar la
autoestima y la creatividad, fortaleciendo la diversidad de los ‘saberes locales’.
• Impulsar la participación popular en la gestión, administración y fomento de nuestro
patrimonio y museos. Para llevar adelante una gestión cultural integral, un objetivo
prioritario a cumplir es el de promover la inserción e inclusión de los actores culturales
locales en las políticas estatales, con las mejores herramientas disponibles, fomentando la
participación activa de los actores culturales desde lo local, en todas las etapas del
proceso de gestión, vale decir, discusión de los proyectos, elaboración, planificación y
concreción de los mismos.
• Promover las medidas necesarias para la formación urgente de la comisión de Gestión de
Sitio de Barrio Sur Histórico de Colonia de Sacramento designado patrimonio de la
humanidad por UNESCO a solicitud del estado uruguayo. Esta designación no es turística
ni comercial, implica la conservación del patrimonio en función de las futuras generaciones
nacionales, regionales y mundiales.
Planificación y presupuesto
Como en cualquier área de gobierno, estimamos imprescindible la definición de objetivos y la
planificación para alcanzar los mismos, en donde la cultura sea considerada como un sistema, en
el cual todas sus partes convivan ordenada y armónicamente.
Resulta obvio que el desarrollo de un plan requerirá de los recursos necesarios, pero también es
cierto que invertir recursos sin objetivos claros y un plan que los direccione resulta, en todo caso
ineficiente y probablemente también ineficaz.
El concepto de cultura con el que hemos trabajado es amplio y comprende tanto al desarrollo de
la cultura artística como al socio-cultural, industrias culturales, medios de comunicación,
patrimonio y el diseño de una nueva institucionalidad.
El desafío es generar un plan articulando todas las áreas y racionalizando la inversión a fin de que todas puedan subsistir e interactuar, con los recursos que necesitan de acuerdo a sus
especificidades. Se trata de recursos de variada índole: financieros, humanos, de infraestructura,
etc.
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La posibilidad de establecer una planificación adecuada y a la vez eficiente, depende de
plantearse con claridad cual es la visión que podemos generar sobre el rol de la cultura de
nuestra gente, diferenciándola claramente de un rol que solo la vincula al entretenimiento. Solo a
partir de esa visión seremos capaces de asignar o aun re-significar una misión para una
propuesta que puede estar encolumnada tras el slogan URUGUAY CULTURAL y complete su
contenido, es decir valor y a partir de ese valor poder definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Para poder desarrollar una estrategia que sea capaz de vehiculizar la misión que le asignamos a
la cultura, es necesaria una política estable y de amplia base, que permita e impulse la
construcción de un imaginario colectivo que la sustente.
Debe entenderse entonces, que se ha de articular con firmeza una planificación seriamente
diseñada para los objetivos elegidos, unida a una constancia en el tiempo que permita un proceso
(medible en generaciones), que ineludiblemente se debe sustentar en un presupuesto adecuado.
Si bien no podemos ignorar que partimos de los niveles más bajos posibles de asignación
presupuestal, y que en este período hemos avanzado en ese sentido, es imprescindible generar
una planificación del crecimiento presupuestal que nos acerque lo más rápidamente posible a los
porcentajes de PBI que recomienda la UNESCO.

2008-12-27T06:20:00.000-08:00

URUGUAY SOCIAL
por más Justicia y Equidad
APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008
1.- PROBLEMAS SOCIALES RELEVANTES:
Los problemas sociales estructurales que vive nuestro país, responden a condiciones
económicas, culturales y políticas que fueron consolidadas por las políticas neoliberales
implementadas en las últimas décadas, las que impactaron en las formas institucionales,
pero que también permearon la sociedad con una concepción de la vida, las relaciones
humanas y sociales que son irreconciliables con la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.
El próximo gobierno progresista deberá consolidar y profundizar las reformas iniciadas en su
primera administración así como ahondar en la transformación democrática de sus
instituciones, en el marco de la descentralización con participación ciudadana. La
promoción de relaciones sociales basadas en una cultura de derechos ciudadanos y de
respeto a la diversidad es un camino ineludible para promover procesos de integración
social.-
Resulta imprescindible incidir en los mecanismos de reproducción de la pobreza,
reconociendo el imperativo ético de atender a las y los ciudadanos de todas las edades,
visibilizando nuevas vulnerabilidades y riesgos de sectores excluidos del sistema de protección
social, y reconociendo a la infantilización de la pobreza como la cara de la desigualdad
uruguaya.- Se deberá tener en cuenta, sin embargo, a los hogares pobres en tanto núcleos y
no a sus integrantes tomados individualmente, por tanto el diseño de las políticas considerarán
integralmente los diferentes arreglos familiares.-
2.- ORIENTACIONES POLÍTICO IDEOLÓGICAS
• La centralidad de los derechos ciudadanos en las orientaciones de políticas sociales
aparece como un enfoque indiscutido, compartiéndose que el Estado tiene un rol central en
garantizarlos y generar condiciones para su ejercicio activo. Por ello las políticas sociales
estructuran orientaciones de carácter universal, sin desmedro de la necesidad de acciones
positivas, planes y programas orientados a colectivos específicos o situaciones de
vulnerabilidad o riesgo social.-
• La matriz del sistema de protección social se sustentará en un modelo de redistribución
de la riqueza, de tal modo que las políticas sociales estén absoluta y totalmente imbricadas y
articuladas a las políticas económicas como partes integrantes del modelo de desarrollo. Para
ello la definición de los acentos redistributivos en el próximo presupuesto quinquenal
continuarán profundizando las acciones comenzadas en el primer gobierno progresista.
• El Sistema Integrado de Protección Social buscará promover procesos de integración
social de sus ciudadanos, esto es el acceso a bienes y servicios de calidad y a su capacidad
de establecer relaciones sociales, incidir y organizarse colectivamente. Se avanzará en la
universalización de las asignaciones familiares y de pensiones universales en el marco de
una reestructura del sistema de seguridad social.
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• La Equidad de Género y de Derechos asegurando el goce y ejercicio en las condiciones de
igualdad para hombres y mujeres de las libertades fundamentales en las esferas políticas,
económicas, sociales y culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública
• El Estado debe fortalecer los vínculos entre sus servicios y los de la comunidad de tal forma
de fortalecer la red de cuidados que hoy proveen las familias y que dificultan la actividad
productiva a una porción muy importante de adultos y adultas en condiciones de incorporarse
o mantenerse en el mercado de trabajo.
• Una Red de Asistencia Social fortalecida permitirá generar condiciones de inclusión social
para los sectores en condición de vulnerabilidad socioeconómica.- Se reafirma la posibilidad
de mantener la progresiva instrumentación de la renta básica de integración que sustituirá en
forma escalonada los subsidios directos, garantizando la ciudadanía plena de nacionales y
residentes.
• Modelos culturales abiertos que permitan el desarrollo de una cultura de la solidaridad, del
respeto y aceptación de la diversidad, de confianza en el diferente y de integración social;
que promueva mucho más el apoyo recíproco y la tarea colectiva, como opción genuina
opuesta a la búsqueda de la satisfacción exclusivamente individualista a cualquier precio.
• Modelo de profundización de la democracia a través de escenarios más consolidados de
participación ciudadana, desconcentración de los servicios y descentralización con el
territorio como base articuladora.
3.- EJES TRASVERSALES
Institucionalidad:
• La Rectoría del Estado en materia de Políticas Sociales será afirmada a partir de los
diferentes dispositivos institucionales.- Se requiere el fortalecimiento de los Ministerios y
Organismos Descentralizados para el cabal cumplimiento de sus fines. La rectoría incluye
necesariamente las dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control
de la provisión de bienes, servicios y recursos humanos, y la modulación del financiamiento.-
• Los ámbitos institucionales de coordinación y articulación de las políticas sociales
deberán adquirir mayor legitimidad institucional y capacidad de liderazgo.- El Gabinete
Social y el Consejo Coordinador de Políticas Sociales resultan dispositivos estratégicos
así como también las diversas instancias interinstitucionales a nivel departamental. La
coordinación nacional y departamental es un desafío a atender especialmente.-
• El mecanismo gubernamental para el adelanto de las mujeres deberá ser jerarquizado,
fortaleciendo así la institucionalidad de Género, dotándolo de mayor capacidad de incidencia
política y técnica, de manera de cumplir con los mandatos programáticos.
• Las políticas sociales profundizarán las reformas realizadas hasta ahora, avanzando en
radicales cambios para lograr que la satisfacción de las necesidades básicas de
educación, salud y seguridad social, sean directamente proporcionales a las necesidades
de la gente
• La articulación con diversidad de actores a la hora del diseño e implementación de planes
y programas es una línea estratégica prioritaria.- Serán interlocutores en materia de política
pública actores públicos y privados, funcionarios y sindicatos, organizaciones sociales y
usuarios de los servicios.-
• El avance hacia la implantación de nuevos Modelos de Atención a los participantes de los
diferentes sistemas (salud, educación, infancia, vivienda entre otros), es un desafío a atender.
• La implementación de nuevos Modelos de Gestión Pública que supere los casilleros
estancos, la burocratización y saturación de los servicios.- Estos modelos de gestión deben
avanzar en gestiones participativas y de base territorial.-
• El Presupuesto Participativo es afirmado como estrategia de participación ciudadana que
permite mayor eficacia y eficiencia en la acción pública.-
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• La formación y capacitación del funcionariado público (técnico, profesional y
administrativo) en la cultura de derechos, modelos de relación y trato y aspectos técnicos
específicos a cada área.-
Participación Ciudadana:
• Las políticas sociales deben afianzar los derechos ciudadanos en tanto ejercicio activo de la
ciudadanía y sus organizaciones sociales.-
• La expansión de derechos ciudadanos requiere profundizar las instancias creadas para el
diálogo y la articulación, reconociendo la participación calificada de organizaciones sociales,
sindicales, de usuarios de servicios y de ciudadanos a través de instancias de consultas
directas.
• Las instancias colectivas de seguimiento y control de las políticas públicas, así como los
escenarios abiertos para la gestión social de programas sociales deberán ganar en
reconocimiento legal e institucional.
Equidad de Género, Generaciones, Razas y Etnias.
• La equidad de género deberá ser contemplada en el diseño e implementación del Sistema
de Protección Social como en los diversos dispositivos institucionales. Esta implica el
reconocimiento de la desigualdad de oportunidades para las mujeres y mayores dificultades
para el acceso a los bienes materiales y culturales y a los servicios sociales públicos.
• El Sistema de Protección Social deberá tomar en cuenta los ciclos vitales de las y los
ciudadanos para contemplar las diversas situaciones de riesgo y vulnerabilidad.- El
reconocimiento de la infantilización de la pobreza como problema estructural del país, así
como las diversas situaciones de exclusión social vividas por las y los adolescentes y jóvenes
serán especialmente atendidas.
• La equidad étnico racial se incluirá como orientación permanente. Se deberá avanzar en la
visibilización del problema, atender los factores culturales que lo sostienen e instrumentar
mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades.
En ese marco deberán delinearse Políticas de Población con un enfoque multidimensional:
derechos sexuales y reproductivos, políticas integrales hacia la vejez, sistema de protección y
seguridad social, modelos de familia y sistemas de cuidados, cambios culturales, las
expectativas juveniles, la emigración, entre otros aspectos representan un desafío
especialmente estratégico para el país.- Las políticas demográficas irán en concordancia con
la Estrategia Nacional de Desarrollo que se propone.
4.- LÍNEAS ESTRATEGICAS
El Plan de Equidad surge como la línea de gobierno que marcará la continuidad,
garantizando la integralidad e intersectorialidad a través del Gabinete Social y la
profundización y la inclusión de los problemas sociales emergentes en la planificación.
En ese sentido se destacan, dentro de las políticas sociales a instrumentar en el período 2010
– 2015, las siguientes propuestas:
I.- Protección e inclusión social: un camino a la igualdad
El Sistema de Protección Social debe avanzar en el desarrollo de respuestas articuladas que
corrijan y compensen las desigualdades entre ciudadanos y ciudadanas, así como cubrir los
distintos riesgos sociales a los que están sometidas las personas a lo largo de su vida y
complementariamente, mejorar su bienestar. Resultan ser objetivos estratégicos para el
próximo gobierno progresista:
• la profundización de las políticas sociales consideradas como Sistema Integrado de
Protección Social que se articulen en el marco del Plan de Equidad y del Gabinete Social,
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• el fortalecimiento de la malla de asistencia social que atienda las situaciones de
vulnerabilidad social y revierta los procesos de reproducción de la pobreza y exclusión
social.
• la profundización de los cambios iniciados en el sistema de seguridad social apuntando a la
extinción del lucro en la seguridad social, a través de una reforma estructural del sistema.
Se buscará la universalización de prestaciones que atienden a grupos prioritarios: niñas,
niños y adolescentes y personas mayores de 65 años.
El diseño de una reforma del sistema de seguridad de mediano y largo plazo, que integre los
cambios en la estructura de edades de la población uruguaya, las características de estructura
productiva y ocupacional, la sustentabilidad económica/financiera del mismo, orientada a la
inclusión universal de sectores de población y de las actividades laborales y productivas y
sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad en las prestaciones.- Los pilares
contributivos y no contributivos del mismo deberán estar articulados y ser complementarios.
Las propuestas a implementar deberán tomar en cuenta el papel estratégico que ocupan las
familias en la crianza, socialización y cuidado de las personas.- Se requiere adoptar medidas
de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen igual a las mujeres y a los
hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera
equitativa y superando estereotipos de género se crean las condiciones propicias para la
participación política de la mujer en toda su diversidad. Por otra parte, también se debe tomar
en cuenta las diferentes modalidades de arreglos familiares y generar servicios y programas
que constituyan un verdadero sistema integral de cuidados familiares –público/privado- que
permita satisfacer las necesidades de los integrantes de las familias en sus diversas edades y
situaciones. Se trata de mejorar el bienestar de las familias, buscando la ampliación y
reproducción de capacidades humanas. Preocupa especialmente las situaciones de niñas,
niños y adolescentes en condición de pobreza, adultos mayores sin cobertura de la seguridad
social, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, la cuestión del uso
problemático de drogas, el maltrato y la violencia doméstica.-
Es prioritario avanzar en la ampliación de programas de atención de las situaciones de
vulnerabilidad y riesgo, así como en servicios de atención a las problemáticas derivados de la
materialización del daño producido.
Los programas y servicios sociales deberán fortalecer dispositivos que fomenten la
participación de los protagonistas en los programas, considerándolos sujetos de derechos, con
voz e incidencia en relación a las propuestas que se implementan.
En esta misma dirección, se entiende necesario que para promover procesos de integración
social, el próximo gobierno debe asumir activamente un debate sobre las pautas y valores
culturales que están primando en la sociedad. Propuestas y acciones culturales y diversidad de
espacios de encuentro y participación serán estrategias prioritarias que permitan un nuevo
“estar juntos” como sociedad.
II.- El derecho a la salud integral, un desafío permanente
El objetivo central para el próximo período de gobierno será completar y profundizar la
instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud avanzando en los cambios en el modelo
de financiación, de gestión y de atención a la salud, garantizando el acceso universal a la
cobertura de salud, alcanzando metas sanitarias prioritarias en un contexto social y cultural de
mayor calidad de vida.
Los grandes ejes programáticos de esta transformación serán:
• Fortalecer la Rectoría del Estado.- La Función Rectora debe incluir necesariamente las
dimensiones de conducción de la política sectorial, la regulación y control de bienes,
servicios y recursos humanos, la modulación del financiamiento y la garantía del
aseguramiento con justicia social, tanto en los aportes como en la calidad e integralidad de
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las prestaciones de los diferentes efectores a los usuarios del sistema. Debe incorporar la
promoción de mecanismos de complementación y armonización de los prestadores
públicos y privados, con criterios de centralización normativa y desconcentración ejecutiva
en el territorio.
La democratización, la transparencia y la eficiencia en la gestión de las instituciones
prestadoras de servicios de salud implican el desarrollo de normativas claras, de marcos
regulatorios adecuados y la función de contralor o policía sanitaria. Avanzar en las
transformaciones de la salud exige una lucha aún mayor de regularización contra la
mercantilización de la atención a la salud, el afán de lucro entronizado en la realidad
anterior y el corporativismo que –como en el caso del acto médico- antepone los intereses
económicos.
Entre los aspectos programáticos a desarrollar se priorizará:
• el diseño de una Política del Medicamento: investigación nacional, producción para
el mercado interno y la exportación, control de calidad y precio, garantizando la
accesibilidad con sustentabilidad económica y social.
• una Política de Seguridad Alimentaria que incluya el control de calidad de los
alimentos y la accesibilidad a los mismos por parte de la población.
• Política de Salud Bucal que supere la actual inequidad de acceso de la población a
la asistencia, garantizando el cumplimiento del programa nacional extendiéndose a
todos los efectores integrales.
• Políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el
campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización
del aborto.
• Políticas de salud para todos los trabajadores, elaborada en forma tripartita entre
trabajadores, empresas y el Estado.
• Políticas de Recursos Humanos que definan un Estatuto del Trabajador de la
Salud que contemple remuneraciones, salud ocupacional, multiempleo;
• la creación de Comisiones de Bioética en los Centros de Salud, el avance
legislativo en este tema y la capacitación especializada en la disciplina.-
• Se integrarán los lineamientos aprobados en el Congreso Líber Seregni para la
elaboración e implementación de políticas públicas integrales de Drogas y de Salud
Mental
• Afirmar ASSE y el Sistema Público de Atención.- En el desarrollo integral del SNIS se
asigna un rol fundamental al fortalecimiento del sistema público de atención a la salud y en
particular de ASSE. Este debe asegurar una calidad asistencial a la par o superior al resto
del sistema. El liderazgo estatal es un componente básico para el funcionamiento del
conjunto del sistema integrado. La inversión en policlínicas, centros de salud y hospitales
iniciada por este gobierno, necesita -a mediano plazo- una inversión sustantiva -
planificada territorialmente- que permita la habilitación de la infraestructura física acorde a
servicios de calidad. No más servicios pobres para pobres.
Dos criterios básicos serán tenidos en cuenta: el uso eficiente de los recursos, incluyendo la
asignación de recursos por indicadores de desempeño, y el impacto directo sobre la
población de las inversiones y gastos efectuados. La afirmación del rol del servidor público
será un componente esencial para fortalecer la gestión.
•
La Participación social de usuarios y trabajadores. La incorporación de representantes
de Usuarios y Trabajadores en la Junta Nacional de Salud y el Directorio de ASSE, ha sido
un paso relevante. Las representaciones sociales se elegirán junto con las elecciones para
directores sociales del BPS, y establecerán vínculos permanentes con ámbitos locales.
Se promoverán la mayor diversidad de mecanismos de participación social para garantizar
el involucramiento de la ciudadanía en el seguimiento y control de los servicios públicos y
privados: Comisiones de participación, Presupuesto Participativo Local, Conferencias
Nacionales.
Page 6
• Consolidar el Nuevo Modelo de Atención a la Salud.- La transformación del modelo de
atención requiere nuevos y mayores pasos, hacia un cambio cultural que va desde las
instituciones y los técnicos a los estilos de vida de la población. La participación
comunitaria es un protagonista decisivo de esos procesos. Tendrán un rol fundamental los
agentes comunitarios de salud como protagonistas en la educación, promoción y difusión
de las políticas de atención primaria de la salud, siendo los vectores de trasmisión de las
necesidades de la comunidad, en un proceso de ida y vuelta que permitirá ajustar dichas
políticas a las necesidades concretas de la población. También se instrumentará la difusión
de la ley de Derechos de los usuarios de la salud como herramienta fundamental para la
educación de la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos en la materia y a los
agentes comunitarios como sus principales difusores. La educación para la salud tiene
uno de sus puntos críticos en el rol de los medios de comunicación y en tal sentido se
promoverán instrumentos legales que establezcan la obligatoriedad de asignar un espacio
determinado a temáticas de promoción y protección de la salud de la población.
Se consolidará y ampliará la red en el primer nivel de atención en todo el territorio nacional,
siendo prioritaria la conformación del primer nivel de atención como sistema, con base
territorial y articulación intersectorial con los demás sistemas que influyen en la calidad
de vida de la población.
La “canasta de prestaciones” del Plan Integral de Atención a la Salud incluirá
progresivamente todos los programas prioritarios (salud general, salud bucal, salud mental,
entre otros).
Toda la población dentro del Seguro de Salud.- Consolidar el Seguro de Salud
universal, estableciendo claramente y ampliando sus fuentes de financiación, con
criterios de justicia tributaria. El FONASA debe completarse con la integración
progresiva de toda la población. Se jerarquizará a la población más vulnerable y que
hoy
carece de la protección de la seguridad social. La estrategia de financiación
apoyará el cambio de modelo de atención.-
•
Formación y capacitación permanente del personal profesional, técnico y no técnico. En
ello la Universidad de la República, la Facultad de Medicina y en especial el Hospital de
Clínicas, tendrán primordial relevancia por su papel formador de una amplia gama de
especialidades de la salud, conservando su rol histórico, coordinando con el MSP y el MEF,
las políticas de salud. También actuará en la implementación de la formación permanente
de los actores de la salud por medio de cursos, concursos, investigación. Dichas
actividades tendrán carácter gratuito, obligatorio e interregional, elevando la calidad de las
mismas cualitativa y cuantitativamente, de modo de jerarquizar los estándares del equipo
de salud. Por su parte, el Hospital de Clínicas deberá cumplir un papel relevante como
hospital de referencia nacional de alta tecnología y de formación de trabajadores, técnicos y
especialistas para la salud, integrarse al FONASA y jugar un papel rector del SNIS.
• III.- El derecho al trabajo, de todas y todos: una política de inclusión.
Se reconoce que el trabajo como actividad creativa y productiva conlleva impactos en
múltiples dimensiones: realización y desarrollo personal, integración social y sustentabilidad
cultural, económica y política de la sociedad.
Las políticas laborales deberán fortalecer la malla de protección social de las y los
trabajadores y prestar atención a los grupos especialmente excluidos del mundo del trabajo.-
Medidas contributivas y no contributivas deberán complementarse para generar procesos de
inclusión sociolaboral de los desocupados de larga duración, especialmente jóvenes y
mujeres.
Se propone fortalecer los programas de promoción de la cultura de trabajo, formación y
capacitación, certificación por experiencia laboral, certificación de la calidad de trabajo y la
ampliación de los servicios de cuidados familiares, como acciones positivas hacia la
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disminución de los desocupados/as de larga duración como meta alcanzable en el próximo
período.
El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que permitirá dinamizar y
profundizar las políticas activas de empleo, quien priorizará sectores y grupos de acuerdo a
barreras ocupacionales específicas y a criterios de equidad de género, generacionales y
raciales.-
La recuperación de empresas aplicando diversas modalidades de gestión (gestión
cooperativa de los trabajadores, gestión compartida mediante la asociación de los dueños y
los trabajadores) continuará siendo una estrategia prioritaria. El apoyo a pequeños
emprendimientos productivos y comerciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas a
través de políticas de acceso al crédito como a la formalización serán profundizadas. Las
políticas de promoción de los pequeños productores rurales, pequeños empresarios, en el
fortalecimiento de cadenas productivas, permiten avanzar en acciones de distribución de
la riqueza.-
Se intensificará el apoyo a las Cooperativas Sociales facilitando el acceso al crédito, ya que
esa de las vías en la generación de empleo genuino, a la vez que promueve la integración
social en el marco de nuevas relaciones laborales.
A nivel legislativo se propone avanzar en: Legislación del seguro de desempleo parcial,
despido justificado, formalización de los cuenta propistas callejeros, la conformación de un
Texto Ordenado de Derechos Laborales.
A nivel institucional se propone la reestructura del Ministerio de Trabajo: área de
negociación, área de inspección, profundización de la desconcentración a través de las
oficinas de trabajo.
IV.- Por los derechos de niñas, niños y adolescentes
El Uruguay de hoy debe reconocer que su población infantil y adolescente es la más expuesta
a sufrir condiciones de desigualdad social, ya que la pobreza y exclusión aumenta cuanto
menor edad se tiene.- Todas las políticas y programas se enmarcarán en los principios
orientadores de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Código
de la Niñez y de la Adolescencia, así como en las normativas internacionales.-
Las políticas de Infancia y Adolescencia requieren de una clara delimitación del rol Rector y
Ejecutor del INAU en la orientación, diseño y coordinación interinstitucional, articulando
especialmente con el Sistema de Seguridad y Protección Social, el Sistema Educativo y el
Sistema Nacional de Salud.- La experiencia del Comité de Coordinación Estratégica por la
Infancia y la Adolescencia coordinado por Infamilia es un antecedente relevante a tomar en
cuenta así como las conclusiones de la Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia.-
El INAU deberá, en el próximo período, avanzar en la transformación institucional que le
permita fortalecer sus capacidades en el abordaje de problemáticas de particular riesgo como
la situación de calle, las adicciones, la violencia familiar y el abuso sexual, la rectoría en la
selección de familias adoptantes, la situación de los niños y adolescentes infractores. Deberá
impulsar acciones de carácter sociocultural y socioeducativo que promuevan modelos
culturales abiertos a una cultura de derechos, de aceptación de la diversidad, tolerante y
solidaria, cuestionando estereotipos estigmatizadores especialmente dirigidos a los pobres, y a
las y los adolescentes y jóvenes, lo que implica una profunda revisión de los estereotipos y
sistemas de creencias que nos atraviesan. Se fomentará el ejercicio activo de una ciudadanía
plena infantil y adolescente, promoviendo la creación de espacios formales e informales de
participación.
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Las políticas hacia la Infancia y Adolescencia requieren de un abordaje transversal: el
Sistema de Protección y Asistencia Social deberá avanzar en prestaciones que fortalezcan
a las familias en el ejercicio de sus funciones; el Sistema Educativo en todos sus niveles:
inicial, primario, secundario y técnico, deberá ampliar su cobertura y desarrollar programas que
faciliten el ingreso y permanencia de niñas , niños y adolescentes al sistema, garantizando su
formación integral; el Sistema de Salud fortalecerá los programas de atención integral a Niños
y Adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Bucal, entre otros, garantizando el acceso
al mismo.- También se fortalecerán las políticas de fomento del deporte y la recreación,
instrumentos relevantes de promición de salud, integración social y desarrollo cultural.
Las familias en sus más diversos arreglos representan el ámbito deseado y deseable para el
desarrollo de niñas, niños y adolescentes; en consecuencia es necesario promover planes y
programas de implantación local que permitan el fortalecimiento de los lazos y redes
comunitarios así como los vínculos intrafamiliares, profundizar en las políticas alimentarias, y
garantizar los planes de acceso y/o mejora de la vivienda y el hábitat representan líneas
estratégicas prioritarias.
El próximo gobierno progresista se propone:
•
Fortalecimiento del INAU como Organismo Rector de la Política de Infancia y
Adolescencia, adquiriendo mayores capacidades institucionales en la orientación,
diseño, seguimiento, control de la gestión de las instituciones privadas y organizaciones
de la sociedad civil, así como la articulación con las instituciones públicas del Sistema
de Protección Social, Educación, Salud y Justicia entre otras.
•
Profundizar el cambio interno, en consonancia con el proceso de transformación del
Estado, revisando las políticas de recursos humanos, los cargos de confianza (incluir los
Jefes Departamentales); sistema de remuneraciones, mejoramiento de los niveles
técnicos y profesionales.
•
Desarrollar una consistente política comunicacional orientada a la promoción y
protección de una cultura de Derechos que cuestione los estereotipos asociados a la
infancia y adolescencia.
•
Fortalecer la política de diálogo con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las
Organizaciones Populares (movimiento sindical, cooperativo, entre otros) a través de
mesas de debate y la política de convenios que mejore los mecanismos de transferencia
de fondos, supervisión, control y evaluación de los proyectos, consolidando el papel del
estado como contralor de la calidad de los servicios tercerizados.
•
Consolidar las redes de promoción y protección a niños, niñas, adolescentes y
familias, con énfasis en el trabajo territorial. Mesas Interinstitucionales, Redes de
Infancia.
•
Consolidar la atención integral a niñas y niños en su primera infancia a través del
fortalecimiento de una red de servicios público – privados.
•
Avanzar en los procedimientos y mecanismos vinculados a la adopción promoviendo
una mayor agilización de los trámites en el marco del respeto de los derechos de niñas
y niños.
•
Multiplicar los equipos de trabajo y los centros de atención en todo el país,
priorizando, desde el punto de vista temático: Adolescencia, Adicciones, Maltrato y
Abuso, Situaciones de Calle, Atención en situaciones de crisis o abandono familiar.
Desde el punto de vista geográfico serán prioritarias: Montevideo, Canelones y ciudades
que no son capitales departamentales.
•
Apoyos para la inserción autónoma de los adolescentes que egresan del “Sistema
INAU”: educación, trabajo, vivienda, vínculos familiares.
•
Promover el trabajo con medidas socio-educativas para adolescentes que presenten
problemas en relación a la observancia de la ley, y definir la inserción institucional del
Page 9
sistema de ejecución de medidas para adolescentes que cometieron infracciones
a la ley, fundamentalmente en las situaciones que requieren privación de libertad.
•
La ejecución de medidas privativas de libertad de las y los adolescentes son una
responsabilidad indelegable del Estado, manteniéndose en la actualidad la edad de
imputabilidad de las y los adolescentes
•
Desarrollar una política articulada con el Sistema Judicial y el Ministerio del Interior para
las situaciones de adolescentes con privación de libertad, fortaleciendo los dispositivos
institucionales con medidas de atención integral a la salud, socioeducativa y recreativas
en ámbitos de pequeño porte.-
V.- La vivienda como factor de integración social
La vivienda y el hábitat constituyen un aspecto sustantivo de la calidad de vida de las personas
por ser un instrumento de inserción social y redistribución del ingreso, además de su condición
de generador de empleo y dinamizador de la economía. Por ello, vivienda y hábitat deberán
considerarse una prioridad de la política de gobierno lo que implicaría, entre otras medidas, la
puesta en marcha de acciones que procuren garantizar el acceso y la permanencia a la
vivienda en un hábitat digno y el derecho a la ciudad.
La definición antes enunciada supondrá destinar los recursos necesarios para reducir el
déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, así como para la instrumentación de otros
programas que coadyuven al acceso y permanencia antes especificados, y el desarrollo de
una gestión eficaz y eficiente; por lo cual se deberá hacer especial hincapié en medidas como
las siguientes:
•
Generar un contexto que fomente la captación de ahorro público y privado,
profundice la inversión pública y estimule la inversión privada en vivienda, al tiempo
de fortalecer el crédito hipotecario social para vivienda, por parte del sistema
financiero público, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar para alentar ese
crédito en el ámbito privado.
•
Impulsar políticas, fundamentalmente preventivas y de mejoramiento del hábitat
existente.
•
Fortalecer el sistema público de la vivienda de acuerdo a los nuevos roles y
competencias de los organismos involucrados (MVOTMA, ANV y BHU), optimizando las
estructuras de coordinación y complementación institucional.
•
Promover mecanismos tendientes a ampliar la transferencia en la gestión y en la
ejecución de los programas, recurriéndose a los gobiernos departamentales y locales
y a la sociedad civil organizada. Se tomará especialmente en cuenta al sistema
cooperativo, considerando su importante aporte –reconocido internacionalmente- a la
solución del problema habitacional, a la construcción de ciudadanía y organización
social. También se tomará en cuenta la autoconstrucción asistida y otros
emprendimientos asociativos.
•
Profundizar en mecanismos que garanticen la participación de los trabajadores, no
solamente en fases tales como el diseño del hábitat y el aporte del trabajo a la obra,
sino también en niveles de decisión y gestión.
•
Priorizar los programas de acceso al suelo urbanizado y de utilización del stock
existente en todo el país, pudiendo manejarse, entre otros instrumentos, estímulos a
esa utilización, con compromisos de uso, y gravámenes a su abandono. Se destinarán
al Plan de Vivienda los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad pública,
aptos para vivienda y servicios habitacionales que se encuentren ociosos, habilitando
los mecanismos legales que lo permitan, así como el aporte de materiales y servicios
por parte de los organismos públicos con costos acordes a la finalidad social.
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•
Procurar la armonización de programas de vivienda con políticas que afecten diversas
áreas:
• La facilitación del afincamiento de los jóvenes.
• La priorización de los sectores económicamente más desfavorecidos,
con la finalidad de fomentar la inclusión y la heterogeneidad social, a través
de mecanismos tales como el desarrollo de un sistema de subsidios,
vinculado fundamentalmente a los ingresos, en especial, el subsidio a los
pagos destinados a la vivienda, por las familias.
• El acceso a una solución habitacional para víctimas de violencia
doméstica, complementando una solución más integral a un problema
definitivamente instalado en la sociedad.
• El acceso a soluciones habitacionales de los emigrados, incluyéndolos en
diversos planes de vivienda, que les aseguren a su regreso la ocupación de la
misma. Dichos planes podrán efectivizarse de acuerdo a cuotas de ahorro de
corto o largo plazo en base a sus capacidades económicas.
• La mejora de los procesos de apropiación del hábitat apuntando a una
mayor integración, generación de identidad y sentido de pertenencia y, con
ello, a la creación de ciudadanía
En todos los casos será necesario tener presente que se trata de políticas que actúan como
reconstituyentes del tejido social para grupos heterogéneos por lo que, al tiempo de procurar
soluciones a los problemas específicos, deberán evitar la formación de sectores sociales
fragmentados.
Por la magnitud de la situación, se deberá continuar con la incorporación explícita -
programática y presupuestamente- de acciones concretas dirigidas a la población residente en
asentamientos irregulares. Para ello se:
• Avanzará en la implementación de mecanismos legales qye permitan intervenir al
estado para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y generar inclusión social.
• Contemplará particularmente la conjugación de vivienda y trabajo, entendiendo a este
también como el desarrollo de actividades productivas en las soluciones habitaciones.
• Buscará abatir los costos de construcción de vivienda de interés social, estudiando la
viabilidad de la eliminación del pago de IVA y la reducción de los aportes sociales
estrictamente a lo que se traslada a los trabajadores.
VI.- Educación para todas y todos a lo largo de toda la vida
El impulso a la transformación de la educación ha sido un pilar fundamental para el gobierno
del Frente Amplio, en el marco de transformación hacia un país productivo con justicia social y
desarrollo humano pleno. El impulso a la generación de conocimiento científico y tecnológico,
su aplicación apostando a la innovación y la democratización en el acceso a la misma por parte
de toda la sociedad, son ejes estratégicos sustantivos en materia de políticas educativas de un
gobierno progresista.
Las políticas educativas en este segundo gobierno, serán un verdadero motor de desarrollo,
colocando al país de cara a los desafíos del nuevo siglo y aportando a la construcción de una
sociedad del conocimiento al servicio de todas y todos y a lo largo de toda la vida. Estas se
sustentan en una concepción emancipadora de la educación, fomentando la ciudadanía activa,
personas libres, protagonistas, trabajador@s fecund@s en la más amplia acepción. El sistema
educativo procurará recuperar el sentido de identidad nacional, promoviendo procesos de
integración social que superen las condiciones de exclusión y fragmentación social.
Una vez cumplidas las etapas necesarias para la aprobación final de la Ley de Educación, el
proyecto educativo a implementar fortalecerá el funcionamiento general del sistema y de los
centros, en la metodología y en los contenidos curriculares, en la formación de docentes y en la
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capacitación de los no docentes que pertenecen al sistema. Se hace especial hincapié en la
necesaria formación de actitudes basadas en la conciencia crítica ante la realidad, la
solidaridad, la justicia, el respeto, la aceptación de la diversidad cultural y la promoción de
equidad de género, razas y etnias.
Nuestra propuesta destaca la vigencia de los principios históricamente consagrados de
laicidad, obligatoriedad, gratuidad, democracia, autonomía, participación y universalidad.
En este marco se impulsarán las siguientes medidas:
•
El fortalecimiento del sistema educativo formal para la incorporación de niñas, niños y
adolescentes que hoy están fuera de él.
•
Implementar programas de formación integral que faciliten la culminación de la
educación obligatoria.
•
Fomento de la participación de docentes, estudiantes y la comunidad en los diferentes
ámbitos del sistema educativo. Se pretende estimular una participación que integre
eespecialmente la democratización de la ANEP.
•
Fomentar la conformación de equipos interdisciplinarios para reforzar los procesos de
integración social y educativa.
•
Planificar la expansión de todo el sistema educativo asegurando una relación adecuada
entre el número de docentes y el número de estudiantes promoviendo mejoras en la
calidad de la educación.
•
Garantizar la universalización de la educación inicial y el fortalecimiento de la Educación
Media Básica son objetivos estratégicos que apuntan a la mejora de la educación y del
tiempo pedagógico.
•
Se requiere especialmente dotar de mejores condiciones a la educación técnica
tecnológica como respuesta a los desafíos del país productivo.
•
La alfabetización informática deberá continuarse y fortalecerse en el marco de los
objetivos integrales de la educación, promoviendo el acceso paulatino de los alumnos
de todo el sistema y de los docentes.
•
La lucha contra el analfabetismo total o funcional será también una línea estratégica a
consolidar en el marco de la Educación de Jóvenes y Adultos.
•
La promoción de centros educativos abiertos e integrados, con participación de
docentes, estudiantes y la comunidad para dar respuesta a las necesidades de su
entorno local, contribuirá así al desarrollo de una cultura de derechos ciudadanos,
democrática, solidaria y respetuosa de la diversidad cultural.
•
Consolidación de un sistema terciario de educación pública acorde al proyecto de país
productivo con un papel central de la Universidad de la República y de la educación
técnico profesional
•
Otorgar a la formación docente carácter universitario.
•
La responsabilidad de los medios de comunicación en los procesos educativos es
fundamental y deberá ser jerarquizada e integrada. Se procurará estimular que los
medios de comunicación contribuyan al logro de los objetivos educativos, más allá de
aquellos que por ser propiedad del Estado jugarán un papel relevante.
•
La asignación presupuestal deberá ajustarse a los requerimientos exigidos que implican
continuar con la mejora edilicia y de infraestructura, la creación de cargos y centros
educativos, la mejora de la calidad de la educación y de las remuneraciones docentes y
no docentes.

resoluciones 5to Congreso Frente Amplio

2008-12-27T05:59:00.000-08:00

URUGUAY PRODUCTIVO E INNOVADOR
APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008
El programa de gobierno del primer gobierno del Frente Amplio fue una respuesta a la situación
crítica y caótica que se encontraba el país luego de la mayor crisis de su historia: lograr el
equilibrio macroeconómico, atender la emergencia social, adecuar las necesidades de
infraestructura elementales e iniciar la implementación de algunas reformas estructurales.
El programa para los próximos cinco años deberá consolidar los importantes logros alcanzados y
profundizar los cambios para sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo. Esto
implica operar sobre la estructura productiva del país, y la elaboración de un Proyecto Nacional de
Desarrollo, basado en un rol activo y orientador del Estado en un proceso de crecimiento con
distribución y justicia social. Las políticas productivas deberán tener una relevancia superior.
1.- Las condiciones del crecimiento sostenido y sustentable
Las políticas productivas deben ser compatibles con el conjunto de la política económica y, más
en general, con los objetivos del modelo de desarrollo de largo plazo. Esto implica, por un lado, el
logro de niveles elevados y estables de crecimiento de la producción y el empleo, la distribución
del producto con criterios equitativos, de forma de atender las necesidades del conjunto de la
población, reducir la pobreza y la desigualdad. Se impulsarán políticas específicas para seguir
revirtiendo el proceso de concentración de la riqueza en términos de ingresos y recursos
productivos.
Nos proponemos el crecimiento sostenido es decir a tasas elevadas y por varios años, porque
ello es el requisito para una transformación profunda, que abarque al conjunto de la estructura
productiva, la infraestructura, los recursos humanos, el empleo, que permita la innovación
tecnológica y la mejora de los niveles de ingreso. Lograr este crecimiento aunque este no sea un
objetivo en sí mismo sino se tiene cuenta para quien se da ese crecimiento, requiere ciertas
condiciones, que se profundizaran en otros capítulos de este programa.
1.1
Las políticas macroeconómicas
La estabilidad es importante pero no es un fin en sí mismo, por ello es necesario su compatibilidad
con las otras políticas, sectoriales, territoriales, sociales que apuntan al logro de otros objetivos
igualmente importante, como la estructura productiva, la equitatividad en el desarrollo territorial y
la atención de la problemática social.
Para construir y llevar adelante una estrategia nacional a mediano y largo plazo es imprescindible
que las políticas macroeconómicas tanto en sus cuestiones generales, como en sus planteos
concretos se ajusten a los objetivos de dicha estrategia, de tal forma estarán al servicio del
proyecto. Uno de los ejes centrales de la construcción de este proyecto son los recursos. La
renegociación de los intereses de deuda con los acreedores privados y los organismos
multilaterales de crédito deberá realizarse de forma tal de no poner en riesgo el desarrollo
nacional y sus objetivos estratégicos, asimismo no se incrementará la carga fiscal en los sectores
de menos recursos.
El crecimiento económico de largo plazo está asociado a políticas macroeconómicas estables y
sostenibles, basadas en los principios de responsabilidad fiscal, flexibilidad cambiaria,
mantenimiento de tasas de inflación bajas, sin dejar de atender la problemática de la
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2
competitividad y la generación del adecuado clima de negocios que requiere la inversión y el
crecimiento de la actividad económica.
Por otro lado una economía equilibrada significa una defensa frente a las inestabilidades de los
mercados internacionales y regionales por lo cual mantenerla implica dar mayor seguridad interna
frente a impactos externos adversos.
1.2
Inserción internacional
1.
Se promoverá una integración activa, con lineamientos estratégicos conformar estructuras
productivas centradas en la competitividad y el empleo. Llego la hora que los países de la región
avancen hacia proyectos nacionales y regionales que determinen nuevas estructuras productivas.
La coordinación y compatibilización de estos lineamientos estratégicos en lo regional permitirá
atender las asimetrías actúales así como la colocación de bienes y servicios de mayor contenido
tecnológico.
2.
Para un país pequeño como Uruguay la política comercial y su expansión a los mercados
externos es un requisito imprescindible. La consolidación de un bloque regional en el MERCOSUR
tiene un papel estratégico por las ventajas comerciales que implica la cercanía y por la
importancia de estos mercados para nuestra producción industrial. La consolidación del libre
acceso a los mercados regionales implica superar trabas actualmente existentes. Se promoverán
además vínculos comerciales con otros países y regiones procurando asegurar y diversificar
mercados para nuestros productos.
3.
En el plano comercial son indispensables las negociaciones para enfrentar los subsidios
agrícolas de los países desarrollados, diversas formas de protección para-arancelaria y medidas
de política económica que afectan los términos de intercambio de los países de la región. En el
plano financiero es relevante la negociación para modificar las condicionalidades de los
organismos financieros internacionales, para regular los movimientos de capitales especulativos
internacionales y encontrar nuevos mecanismos para resolver con mayor ecuanimidad los
problemas de la deuda externa de los países de la región. En el plano productivo la
complementariedad es esencial, y resulta muy importante la negociación colectiva con las
empresas transnacionales para mejor defensa de los intereses nacionales y regionales. Debemos
avanzar en acuerdos sobre temas que hasta ahora se han reservado solamente a las
negociaciones extrarregionales del tipo TLC, nos referimos a normas comunes para la inversión
extranjera (incluidas las de sustentabilidad medioambiental), para la propiedad intelectual, para las
compras del estado, para el estado sanitario regional, etc.
4.
El proceso de integración regional presenta una serie relevante de potencialidades que
debemos aprovechar, entre las que se destacan la integración energética, las obras de
infraestructura vinculadas al transporte, las comunicaciones y la energía, y la integración
financiera que surge como un fenómeno nuevo en la región. Los precios internacionales de los
productos de exportación y la mejora de los términos del intercambio ha significado la posibilidad
de un gran aumento de reservas internacionales y un cierto grado de autonomía frente al FMI. A
las instituciones financieras ya existentes se suman la creación de nuevas posibilidades como el
Banco del Sur, que puede atender créditos para el desarrollo y ayudar a los países de la región a
enfrentar crisis financieras coyunturales sin las tradicionales condicionalidades fondomonetaristas.
5.
Las negociaciones internacionales requieren definir una política de múltiples acuerdos no
solo en el campo comercial. Con el objetivo estratégico del desarrollo nacional se propondrán
acuerdos políticos con la región y con otros países subdesarrollados son necesarios para una
negociación fuerte en la OMC donde los países desarrollados aplicando subsidios y trabas
comerciales dificultan el ingreso de nuestra producción. Este tema – que es abordado en
profundidad en otro capítulo- es una condición para el desarrollo nacional.
1.3
Reglas transparentes e instituciones fuertes
6.
Las reglas de juego de la economía son un factor muy importante en la generación de un
clima de negocios favorable a la inversión, innovación y eficiencia. En algunos casos las nuevas
reglas de juego implican la realización de cambios en las instituciones y en la legislación existente.
Algunas leyes habían sido creadas hace mucho tiempo, y ahora fueron actualizadas y ajustadas a
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3
las necesidades del actual funcionamiento económico y social. Así ocurre con las reglas de
defensa de la competencia y el régimen legal de declaración de quiebras. En otros casos los
sistemas eran poco transparentes o discriminatorios, incluyendo a los sistemas de promoción
industrial, por lo que ahora fue necesario modificar su reglamentación. Deben consolidarse
instituciones y una legislación que promueva la innovación y el cambio técnico, porque estos son
vitales para nuestro futuro.
2.- Las políticas productivas
7.
Los gobiernos de los partidos tradicionales no prestaron atención a la estructura
productiva. Pensaban que el mercado, funcionando libremente, asignaba los recursos en forma
óptima, por lo cual no debían existir políticas que “distorsionaran” el funcionamiento del mercado.
De hecho, en forma sistemática, eliminaron prácticamente todas las políticas sectoriales. Esta
visión, se apoya en teorías cuyos supuestos son muy diferentes de la realidad y no se apoya
experiencias históricas que la avalen. Nuestra visión es totalmente diferente-
Son imprescindibles lineamientos estratégicos que permitan una mirada de mediano y largo plazo
articulada. Esto es la construcción de planes estratégicos de mediano plazo en cada sector y
articulados en un programa global de desarrollo.
2.1 La importancia de la estructura productiva
8.
En las últimas décadas, diversos países, chicos y grandes, ricos y pobres lograron un
fuerte dinamismo económico –y mejoras sociales- teniendo fuerte intervención en los mercados,
es decir, con un Estado activo y no prescindente. Uno de los objetivos de las políticas activas es
promover una estructura productiva compatible con el desarrollo nacional en el mediano y largo
plazo.
9.
La estructura productiva de un país está relacionada a las posibilidades de lograr un
crecimiento sostenido y sustentable al trabajo de calidad, por lo cual tiene una incidencia directa
en los niveles de ingreso y la calidad de vida de la población. El objetivo de las políticas
productivas es promover una estructura productiva que permita que nuestra producción no sólo
abastezca el mercado interno con alimentos, materias primas y manufacturas, sino que nos
permita acceder a los mercados internacionales más exigentes con producción competitiva y de
mayor valor agregado.
10.
Avances en este objetivo nos permitirá generar factores competitivos diferentes de los
tradicionales. Un país pequeño no puede competir por grandes volúmenes de producción,
basándose en las economías de escala que permiten bajar los costos y competir por precios
bajos. Pero sí puede generar factores competitivos en productos específicos orientándose a
mercados segmentados donde la competencia se basa menos en el precio y más en otros
factores.
11.
Estos criterios deberán permitir elaborar una visión de mediano y largo plazo y definir
lineamientos estratégicos para conformar la estructura productiva. El mundo internacional actual
se caracteriza por los extraordinarios avances tecnológicos, por la velocidad de los cambios y por
la permanente incorporación de conocimientos a las distintas actividades productivas. La
estructura productiva está en el centro de las características del futuro crecimiento y de su
distribución. En Uruguay la actual estructura productiva mantiene características de
heterogeneidad estructural, donde conviven en las distintas actividades económicas rubros de alta
y muy baja productividad de la mano de obra, en el plano intersectorial como en el plano
intrasectorial, siendo éste en un factor relevante en la interpretación de las causas de las
desigualdades económicas, sociales e inclusive culturales que nos caracterizan. Por tanto la
diversificación y homogeneidad de la producción es el camino a seguir, vinculado además al
desarrollo de las formas de economía social y de formas distintas de propiedad.
12.
La conformación de la estructura productiva debe centrarse en dos criterios básicos: la
competitividad y la generación de empleo productivo, sin descuidar las sustentabilidad de los
recursos naturales a largo plazo. Esto significa elegir rubros, actividades económicas con
posibilidades de competitividad actual y futura y de generación de empleo. La elección de rubros
es lo que permite avanzar en políticas activas, sectoriales y selectivas.
Page 4
4
13.
Desde el inicio de nuestra historia, nuestra estructura productiva y nuestro comercio
exterior se basó en productos intensivos en recursos naturales y/o en trabajo, como los complejos
agroindustriales y la industria tradicional. Los precios internacionales de estos productos, en un
enfoque de largo plazo, han tenido una tendencia descendente. En los últimos años sus precios
han tenido un gran crecimiento, lo que probablemente influya en que estos sectores tengan un
crecimiento importante y aumenten su participación en el producto.
14.
Es posible aprovechar más nuestras riquezas naturales en beneficio del Uruguay y su
gente, las cadenas agroindustriales clásicas que eran gran parte del PBI y gran parte del empleo,
y lo seguirán aportando como ha sido tradicionales. Sin embargo es posible que las mismas en un
marco de un plan de desarrollo productivo sirvan a los intereses del desarrollo nacional en mayor
medida que el actual. La participación del Estado en algunas áreas estratégicas con la
conformación de entres testigos allí donde sea necesario, podrá constituirse en una palanca del
desarrollo y una herramienta para transformaciones productivas profundas.
15.
Pero nada indica que las tendencia históricas no se retomen en un futuro que esperemos
no sea cercano. En cambio los mercados de precios alcistas son los de productos intensivos en
conocimiento. La agregación de conocimiento a la producción es posible en todos los sectores
económicos, desde los más tradicionales a los más nuevos. La política económica debe promover
la innovación, la calidad, la diversificación productiva. El Uruguay Productivo está íntimamente
relacionado al Uruguay Innovador.
16.
La futura estructura productiva deberá contemplar criterios esenciales de competitividad y
empleo, tanto a nivel global como sectorial, y en todos los casos maximizando el contenido
tecnológico, elemento básico para avanzar hacia el desarrollo económico. Esto significa también
un proceso de integración productiva, de articulación entre los distintos sectores completando
cadenas productivas todo lo que sea posible. Contenido tecnológico, valor agregado,
homogeneidad productiva y completar cadenas productivas son criterios centrales de la futura
estructura productiva.
2.2 Políticas horizontales y verticales
17.
Para lograr estos resultados se definirán políticas activas, transversales y sectoriales o
verticales. Las políticas transversales tendrán como objetivo generar habilidades y capacidades
competitivas en las empresas de todos los sectores económicos. Es decir que promoverán
proyectos compatibles con las prioridades definidas en el modelo de desarrollo en toda la
economía, sin priorizar a ningún sector en forma específica.
18.
Para promover el desarrollo tecnológico nacional se reducirán los impuestos a las
empresas que concluyan convenios con la UDELAR para aplicar nueva tecnología.
19.
Para evitar la competencia desleal de productos importados por los nacionales ningún
producto de desarrollo nacional ha de pagar un impuesto mayor que el producto importado. Y
ningún producto importado estará exonerado de impuesto si el mismo de origen nacional lo está
pagando.
20.
Las políticas sectoriales se dirigirán a promover las empresas de los sectores
considerados prioritarios. Las políticas sectoriales pondrán énfasis en la mejora de la
competitividad en una lógica de cadenas productivas y conglomerados, buscando la agregación
de valor nacional. Entre los sectores a promover se encuentran aquellos cuyo desarrollo impacta
en toda la economía, como es el caso de las industrias de la comunicación y la información, por
solo mencionar ejemplo.
21.
Para implementar estas políticas se requiere hacer un diagnóstico de qué complejos
productivos tienen posibilidades de expansión y que limitaciones tienen para lograr un crecimiento
sostenido. Este conocimiento es imprescindible para definir políticas específicas. El rol activo y
regulador del Estado y la participación de todos los actores es imprescindible para reunir todos los
conocimientos y visiones existentes. El trabajo del Gabinete Productivo tiene por objetivo reunir
este conocimiento y hacer recomendaciones para cada complejo. El Estado deberá cumplir el rol
promotor activo y operativo que preserve los recursos en que se fundamenta nuestras ventajas
Page 5
5
competitivas, que aseguren una progresiva apropiación nacional de la renta generada por el uso
de estos recursos.
22.
Las políticas agropecuarias deben reconocer la diversidad de producciones y actores
sociales del sector, trabajadores rurales, productores familiares y empresarios rurales. En este
sentido, en algunos subsectores se promoverán políticas que mediante la incorporación de
investigación e innovación tiendan a maximizar producción competitiva que incorpore el máximo
valor agregado posible. En otros subsectores se apoyarán producciones que se entiendan
estratégicas para asegurar el abastecimiento de alimentos a nuestra población en cantidad,
calidad y oportunidad, mediante políticas diferenciadas que atiendan a los productores familiares y
trabajadores rurales.
23.
Se creará el ente estatal del mar que incluya: flota nacional control del “empadronamiento
de buques”, adecuación y utilización del astillero de la Armada, frigorífico pesquero para el abasto
interno y plan de educación alimentaria
24.
Se promoverá y apoyará la producción pesquera en todas sus fases, no sólo por su
condición estratégica en defensa de la soberanía del país sino también por ser potencialmente
generadora de trabajo. A tal efecto se implementarán las medidas necesarias para asegurar el
abastecimiento a nuestra población en cantidad, calidad, oportunidad y precio y se aplicarán las
medidas necesarias para la defensa de los recursos naturales. Se instrumentarán políticas
diferenciales que atiendan a las PYMES del sector así como a pescadores artesanales y
aquicultores procurando en estos los agrupamientos cooperativos.
25.
En todos los tipos de producciones se profundizará la política actual de asegurar la
sustentabilidad de los recursos naturales involucrados (tierra, aguas y aire).
26.
La política de tierras debe definirse a partir de considerar que la tierra tiene un doble
carácter, es un bien de uso social y es un factor de producción primordial. El proceso de
extranjerización de la tierra y establecimientos agroindustriales que se constata en los últimos
años principalmente por parte de inversores de los países vecinos debe ser desestimulado,
promoviendo el control nacional del recurso y debe estudiarse la adaptación de la regulación para
salvaguardar el uso del suelo con los siguientes objetivos:
• para posibilitar usarlo como bien de carácter social,
• para posibilitar el acceso a la tierra por los productores nacionales, especialmente los de
menores recursos
• para preservar el conocimiento productivo acumulado que podría verse amenazado por su
desplazamiento.
• para lograr la seguridad alimentaria nacional.
Deberían continuarse las políticas de promoción de producciones específicas en determinadas
zonas con objetivos económicos y sociales así como desestimular los emprendimientos no
rentables que a la larga generan problemas socioeconómicos.
Para la implementación de estas políticas debe continuar fortaleciéndose el INC.
27.
Las políticas agropecuarias deben ser cruzadas por un enfoque de descentralización que
asegure la mejor distribución de las oportunidades de trabajo, y tienda a asegurarle a la población
en el territorio de la población tanto el acceso a los servicios como a las oportunidades de
participación y desarrollo, ya que no existe país productivo sin la más amplia democracia.
28.
La industria manufacturera sufrió el principal ataque del neoliberalismo y en la década
pasada una de sus mayores crisis. Las exportaciones de Uruguay con mediana y alta tecnología
alcanzan al 17%, cifra que debería aumentarse, incorporando valor agregado en las cadenas
productivas.
29.
En el Gobierno del FA se iniciaron, por primera vez en el país, programas de formación de
conglomerados y clusters de empresas, políticas que dieron excelentes resultados en muchos
países y que el abstencionismo político de los gobiernos anteriores no promovió.
Page 6
6
30.
Los programas PAC y PACPYME formaron agrupamientos de empresas en sectores como
ciencias de la vida, quesería artesanal, extracción de a gatas y amatistas, software, cueros y
marroquinería, vestimenta, vitivinicultura, etc. Debe destacarse que la mayor parte de las
empresas que participan de estos proyectos son pequeñas y medianas y que se desarrollan en
todo el país, siendo un objetivo el involucramiento de los departamentos del interior del país.
31.
La firma de convenios bilaterales con Argentina y Brasil permitió la expansión del sector
automotriz nacional tanto en el subsector Terminal como el autopartista. Estos acuerdos
comerciales permitieron la inversión de capitales chinos, asociados a nacionales, que elevarán la
producción nacional de automóviles a niveles superiores a los de toda nuestra historia, que se
venderán en toda América Latina. Y se prevé la construcción de nuevas plantas en el sector.
32.
Por su parte el sector autopartista, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas
de capitales nacionales están en un proceso de certificación de calidad para lograr insertar sus
productos en el mercado de reposición (repuestos) y en la producción original de vehículos.
33.
El reciente acuerdo de de integración productiva en el MERCOSUR, de diciembre del
2006, abre posibilidades de complementación en el sector automotriz, biotecnología, turismo y se
están estudiando otros sectores, en lo que probablemente es uno de los hechos mas auspiciosos
de profundización del MERCOSUR, que abre posibilidades a nuestra industria.
34.
Los lineamientos estratégicos del sector industrial deben contemplar las posibilidades de
complementariedad productiva en el espacio regional, especialmente con las industrias de Brasil y
Argentina. La especialización productiva y los acuerdos empresariales fomentados por los
respectivos Estados son vitales para avanzar en estos campos.
35.
En el sector servicios surgen nuevos rubros a apoyar, además del turismo, como la
logística, la informática y las comunicaciones donde aparecemos con tecnologías de punta que
marcan enormes potencialidades.
36.
El sector turístico confirmó ser un factor dinámico de la actividad productiva y económica
del país, con gran impacto en la generación de empleo y el desarrollo inmobiliario, por ello deberá
tener políticas especificas de promoción
37.
Consolidar y profundizar estas estrategias es uno de los grandes desafíos para el futuro
gobierno del Frente Amplio pues implica una ruptura con las políticas aplicadas por los partidos
tradicionales y requieren la participación activa del conjunto de la sociedad.
38.
El Presupuesto Nacional debe prever, en forma compatible la priorización de los objetivos
programáticos con el espacio fiscal y la asignación de los recursos necesarios para promover la
reconversión productiva, la mejora de la inserción internacional, particularmente de las pequeñas
y medianas empresas, la complementación productiva con empresas de la región, así como el
reforzamiento del desarrollo de los conglomerados y clusters si ello fuera necesario.
3.- La inversión productiva
39.
No hay crecimiento, ni aumento de la calidad del empleo sin inversión enmarcada dentro
de una estrategia nacional productiva, por eso promover y desarrollar sus distintas formas,
incluida la estatal, es requisito necesario y fundamental para el logro de los objetivos planteados
en el programa del FA. En el cuarto Congreso extraordinario Héctor Rodríguez refieriéndonos al
papel del estado en la economía señalábamos Fomentará la inversión privada en base a
estímulos sujetos controles y evaluación de resultados. Eso, sin perjuicio de participar en nuevos
proyectos cuando el sector privado no tome riesgos en áreas promovibles en función de su
potencialidad productiva, así como promoverá esfuerzos para mantener actividades amenazadas
por cierres, cuando exista una evaluación económica positiva. En estos casos la participación
estatal podrá ser asociaciones con trabajadores, empresas mixtas, etc.
40.
El bajo coeficiente de inversión es un problema estructural de la economía uruguaya,
coincide con una muy elevada inversión extranjera directa, un bajo coeficiente de ahorro interno, y
Page 7
7
un débil crecimiento de la inversión pública limitada por las obligaciones fiscales en torno al
servicio de la deuda externa.
41.
En los últimos años hubo un gran incremento de la inversión extranjera, especialmente en
sectores intensivos en recursos naturales. En algunos casos hubo una importante generación de
empleo, como en el caso del procesamiento de la madera, pero esto no ocurrió en todos los
casos, sino que simplemente implicó el cambio de los titulares de la propiedad.
Los efectos económicos y sociales de los diversos tipos de inversión son diferentes y se requiere
la formulación de reglas de juego apropiadas al respecto, de tal forma de fomentar su uso
productivo y sustentable de la tierra, con la generación de capacidades locales, el afincamiento de
las familias en el campo, evitando un desaprovechamiento de los recursos disponibles.
42.
En este sentido es clave que el Estado fije la implementación de parámetros de
negociación para lograr la efectiva contribución de la inversión extranjera al proceso de desarrollo
nacional. Estos parámetros estarán relacionados con la agregación valor, el empleo de fuerza de
trabajo nacional, la creación de redes de proveedores nacionales, la transferencia tecnológica, la
generación de capacidades y el apoyo a la educación y a la investigación en los marcos de la
actividad que desarrolla. Algunos de estos parámetros están presentes en la ley de inversiones,
este instrumento deberá ser utilizado eficazmente definiendo precisamente las contrapartidas a
utilizar en todos los casos (como ya lo reglamentó este Gobierno) privilegiándolo, al de las zonas
francas.
43.
Es imprescindible definir una propuesta global que incluya la modalidad de participación
estatal, con empresas estatales, extranjeras, regionales y en los modelos de asociación público-
privada, así como la forma de reorientar el ahorro nacional hacia la inversión. La tendencia
mundial es avanzar hacia marcos de política donde ya no solo es importante el monto de las
inversiones sino también su tipo, es decir su calidad en materia de aportes y coherencia con los
objetivos de desarrollo económico de los países; el país define estrategias y la IED contribuye a
lograrlas. Esto remite a conocimientos, empleo, encadenamientos productivos, transferencia de
tecnología.
44.
Hay un ámbito regional de competencia en el cual los países más dispuestos y capaces
de crear las situaciones más favorables para las empresas transnacionales atraerán sus empleos
e inversiones. No obstante, como en dicho marco competitivo generalmente mejores condiciones
para estas empresas se corresponden con menores posibilidades de desarrollo, lo que sucede es
que el país más dispuesto y capaz de sacrificar su bienestar de largo plazo gana más inversiones
y empleos en el corto plazo. Esta competencia debilita a los países, a su soberanía, y también al
proceso de integración, por lo cual es indispensable impulsar y desarrollar una política regional
frente a los flujos de inversión extranjera directa y de cartera.
4.- Infraestructura, logística y energía
45.
El crecimiento económico acumulado encuentra límites en la infraestructura de
comunicación y transporte así como en la disponibilidad de energía. Son áreas estratégicas en las
cuales será indispensable la visión de mediano y largo plazo con la imprescindible participación
del Estado.
46.
También en esta área había un fuerte retraso en las inversiones necesarias. El gobierno
del Frente Amplio encaró obras en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria dirigidas al desarrollo
de producción de mercancías, la actividad turística y otros servicios, así como las vinculados al
proceso de integración regional
47.
Es indispensable continuar desarrollando la infraestructura de transporte asociada a
formas más eficientes y de menor costo (transporte ferroviario, fluvial y marítimo); impulsar un
sistema nacional de puertos que implique el desarrollo de la infraestructura portuaria con una
óptica regional; y de un sistema de transporte multimodal. El objetivo es atender las necesidades
de la producción y permitir el acceso universal a los servicios.
Page 8
8
48.
El desarrollo de infraestructura debe basarse en la maximización de la utilización de los
recursos nacionales, algunos con inversión pública y otros con acuerdos publico-privado, tema
que debe reglamentarse en forma clara.
49.
Una atención especial requiere el desarrollo de la logística global, en donde el Uruguay
tiene grandes posibilidades de ser una importante plataforma para el tránsito de mercaderías
hacia toda la región y Latinoamérica. La logística, como proceso de creación de valor, aporta
conocimientos y técnicas específicas para todas las etapas y aspectos de las operaciones de los
diferentes sectores productivos, y por lo tanto de las empresas que los integran, y en este sentido
se deben hacer esfuerzos especiales en mejorar la infraestructura que facilite la conexión de
Uruguay con el mundo. Esta área influye decisivamente en la distribución de nuestros productos
exportables, en la competitividad de nuestra producción y constituye asimismo una oportunidad en
materia de servicios para posicionar a nuestro país en el mundo como un polo logístico.
50.
En esta materia las alianzas estratégicas son fundamentales. Uruguay solamente puede
hacer crecer su base logística en un contexto de asociación equilibrada que compense los
intereses de los distintos países, incluso los que nos superan en escala. Es claro que hay
dificultades porque Río Grande y Buenos Aires compiten con Montevideo por los mismos
servicios: boca de salida de la producción agropecuaria e industrial del Cono Sur con todo lo que
ello implica, no solamente en servicios logísticos propiamente dichos sino también en servicios
comerciales y financieros. En cuanto a vínculos aéreos el desarrollo del tema es similar, van a
competir muy duramente ante cualquier amenaza fundada de crecimiento de Montevideo como
centro de distribución de carga o de pasajeros en la subregión.
51.
El tema logística debe ser uno de los puntos fundamentales de negociación del
MERCOSUR como agenda externa y de inversiones. Quizá sea de los más relevantes para
Uruguay en el esquema de integración, porque son relevantes para nuestro reposicionamiento en
la región. El entendimiento en este punto con los dos socios principales de la región otorgaría un
cimiento sólido en el cual edificar la integración.
52.
Tener aeropuertos con capacidad de operativa internacional es también prioritario para
sostener un proyecto de inserción internacional. La mayor parte de los proyectos económicos y de
servicios a desarrollar requieren de aeropuertos con mejores conexiones internacionales.
53.
La energía es un requisito imprescindible del desarrollo pues el crecimiento de la actividad
económica requiere más energía. La matriz energética que heredó nuestro gobierno tenía una
fuerte dependencia del petróleo, muy por encima de la media mundial, lo que implicaba una alta
vulnerabilidad por las dificultades para predecir el precio a futuro del petróleo. A pesar de la alta
componente hidráulica del sector eléctrico, la matriz energética tenía un muy bajo porcentaje de
fuentes autóctonas. Por otro lado el país contaba con un fuerte retraso en inversiones,
fundamentalmente en generación eléctrica, pero también en las capacidades de refinación y
almacenamiento de combustibles, las posibilidades de desulfurización y en logística.
54.
El gobierno del Frente Amplio levantó una nueva central de generación en Punta del Tigre
de 200 megavatios – después de muchos años sin inversiones- y definió el objetivo de alcanzar la
independencia estratégica en base a la diversificación de sus fuentes en el marco de integración
regional, con políticas económica y ambientalmente sustentables.
Las directrices fundamentales de esta visión estratégica son:
• Rol directriz del estado con participación regulada de actores privados
• Diversificación de la matriz energética (tanto de fuentes como de proveedores), con énfasis en
las energías autóctonas, preferentemente renovables, y privilegiando emprendimientos que
generen desarrollo local.
• Promoción de la eficiencia energética en todas las ramas de actividad
• Propender a un acceso adecuado a la energía para todos los sectores
55.
La energía debe ser uno de los motores del desarrollo industrial y tecnológico de nuestro
país. Para ello serán prioridad las fuentes autóctonas de energía y dentro de ellas las que generen
el mayor arrastre en la actividad económica nacional.
Page 9
9
56.
Es necesario desarrollar la infraestructura necesaria para abastecer de energía a la
producción, de modo equilibrado en el territorio nacional, impulsando la producción de fuentes de
energía, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica. Se tendrá especial atención a
la electrificación rural, a los sistemas de producción de energía distribuidos vinculados
fundamentalmente a emprendimientos productivos y a la producción de energía a nivel
domiciliario.
5.- El sistema financiero
57.
La crisis del año 2002 agudizó los problemas del sistema financiero. La normativa actual
limita el acceso a muchas empresas que tienen o tuvieron problemas financieros, situación que
reduce especialmente el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas. La
consecuencia es que muchos proyectos tienen dificultades para lograr financiamiento, no obstante
la disponibilidad de fondos y las bajas tasas de interés.
58.
El gobierno del Frente Amplio logró que el BROU que se encontraba en una situación
crítica lograra recuperar su capital y su solidez financiera, lo que sin duda es una herramienta vital
para el financiamiento de la actividad productiva. Sin embargo, los problemas de financiamiento
se mantienen en tanto un punto vital es el acceso al crédito para el desarrollo productivo, incluido
el microcrédito, se hace indispensable que el BROU cumpla con mayor fuerza su rol de banca de
fomento.
59.
En cuanto al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, diversas instituciones
(CND, MEF, OPP, BROU, BCU, etc.) disponen de líneas de financiamiento, entre ellas las
destinadas a financiar proyectos innovadoras, y se están creando Fondos de Garantía. Pero se
requiere mayor racionalización y coordinación entre los distintos organismos para facilitar el
financiamiento. También los mercados de capitales pueden jugar un papel importante en la
financiación de las nuevas inversiones.
60.
Es necesario que el sistema financiero cumpla su rol intransferible en el financiamiento de
la inversión y el desarrollo productivo, aumentando la disponibilidad de más y mejores
instrumentos y productos financieros, con plazos, modalidades, monedas y costos adecuados
para el financiamiento del desarrollo.
6.- El rol del Estado
61.
Como se ha desarrollado anteriormente la visión que el FA tiene del desarrollo nacional
implica tener un Estado activo y comprometido con el futuro del país y de su gente. Las funciones
básicas del Estado pasan por contribuir a generar las condiciones que permitan mejorar el nivel de
vida y de trabajo de la población. Para esto se requiere una visión integral de los procesos
políticos, económicos y sociales, que conducen a una integración plena de la población en el país
y en los problemas nacionales. Se requiere determinar sus tareas como productor, acumulador y
orientador del proceso económico sin dejar su rol de contralor para lo que se vuelve fundamental
la TDE para enfrentar las trabas burocráticas.
62.
La funciones básicas del Estado pasan por contribuir a generar las condiciones que
permitan avanzar hacia un país que con justicia social distribuya la riqueza, mejorando la calidad
de vida y trabajo de la población. El Estado debe asumir un rol activo en la promoción del
crecimiento sostenido y en la conformación de una estructura productiva sostenible en el largo
plazo. La función de gestor juntos a todos por un gran movimiento por el desarrollo de la
producción, la productividad y por la calidad de vida. Esto implica la definición de políticas activas
horizontales y verticales, así como el apoyo a la investigación científica y tecnológica para la
creación, adaptación e incorporación de progreso técnico la producción y promover el crecimiento
de la competitividad sistémica. La educación y la formación profesional son parte sustancial del
desarrollo integral del ser humano pero también juegan un papel sustancial para el desarrollo de
los sectores productivos que necesitan trabajadores calificados y muchos conocimientos teóricos y
prácticos.
63.
Gran parte de la acción del Estado se expresa en la elaboración del presupuesto 2010-
2014. Si bien esa es una tarea a emprender en el propio gobierno y condicionada a la situación de
recursos y fiscal del momento, los lineamientos del programa de gobierno deben incluir, al igual
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10
que lo hicieron en el programa anterior, las prioridades del gasto, que surgirán de los lineamientos
programáticos aprobados en la instancia del Congreso. Se promoverá el estudio e implementación
de herramientas reguladoras del mercado apuntando a la potencialidad de generar
emprendimientos nacionales de bienes con alto valor agregado.
64.
La importancia de las empresas públicas implica que deba asumir un rol como productor
de bienes y servicios, lo que implica resolver su actuación en condición de monopolio, en algunos
casos y en competencia con el sector privado, en otros. El monopolio es necesario en las áreas
definidas como estratégicas, especialmente en servicios públicos. Es vital su participación en
ciertas áreas en que está presente el sector privado, como la salud, la educación y la seguridad
social y la vivienda digna.
65.
A través de la inversión pública tiene un rol relevante en el desarrollo de la infraestructura
física de transporte, comunicaciones y energía que de no adaptarse, pueden transformarse en
cuellos de botellas para el crecimiento sostenido. Por otro lado debe asumir crear la
infraestructura para atender sus obligaciones sociales como establecimientos hospitalarios y de
los distintos niveles del sistema educativo y de la seguridad de la población. Lo que implica
constituirse en agente de la distribución de la riqueza y el desarrollo. En el caso de AFE se
reactivará y se desarrollará como principal medio de transporte manteniendo el Estado la gestión
y la mayoría del capital.
66.
Además el Estado debe jugar un rol activo en la promoción de las pequeñas y medianas
empresas y las cooperativas de producción que suelen tener dificultades, a veces externas y otras
internas, para su consolidarse como actores económicos. Políticas de promoción familiar y de las
PYMES son imprescindibles para consolidar un sector que produce un parte importante de la
producción nacional y da empleo a una parte mayoritaria de la fuerza de trabajo nacional. Las
compras del estado, como ocurre en otros países, deben ser una herramienta para promover el
desarrollo de estas empresas.
67.
También se requieren políticas específicas para la promoción de las empresas
recuperadas por los trabajadores. En los últimos años, ante el cierre de empresas sobre todo de la
industria, aunque también en otros sectores, los trabajadores que perdieron su fuente de trabajo,
asumieron la recuperación de esas empresas, con lo que, al mismo tiempo, aumentaron las
fuentes de trabajo y permitieron mantener el capital de conocimientos adquiridos muchas veces
en toda la vida.
68. Estas empresas suelen tener dificultades por escasez de capital de trabajo o de condiciones
para realizar inversiones que permita su actualización productiva y tecnológica, aunque también
por dificultades de manejo empresarial, tema que les fue siempre ajeno. Es necesario
implementar políticas que permitan consolidar estos emprendimientos en sus diversos aspectos
con énfasis en el financiamiento para legitimar dicha recuperación, las primeras etapas de sus
ventas a través de políticas preferenciales de compras públicas y los procesos de capacitación en
la gestión. Sólo con impulso estatal en la primera etapa estas experiencias en líneas generales se
sostienen en el largo plazo.
69.
Este conjunto de tareas requiere tener un Estado eficiente. Cambios en su estructura son
indispensables para alcanzar eficiencia técnico-administrativa, por ejemplo generalizando los
ingresos y ascensos por concurso, como se ha hecho en la administración del Frente Amplio. Se
requiere aplicar principios democráticos de transparencia, capacitación, descentralización y
participación.
70.
Asimismo deben estudiarse transformaciones para encarar en forma adecuada los nuevos
desafíos que implican este rol activo del Estado. Por ejemplo la promoción de las políticas
productivas requieren una institucionalidad que hoy no existe. El Gabinete Productivo no tiene
sustento institucional. De ahí que debe encararse el estudio de la mejor institucionalidad para
cumplir con los objetivos propuestos.
71.
Profundizar el proceso iniciado de orientación de recursos del Estado, básicamente tierras
a los efectos de fomentar iniciativas productivas en ese sentido no sólo incluir las tierras que
administra el INC sino de aquellas tierras ociosas e improductivas que se encuentran en el resto
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del Estado, ministerios, (MSP), EEPP, GGDD, tratándose tierras de todos es socialmente
insostenible mantenerlas improductivas pudiendo destinarlas a emprendimientos productivos.
72.
Estudiar el desarrollo de un Frigorífico Nacional estatal a través del cual el estado cumpla
un rol activo en los objetivos de generar empleo, crear una fuente de ingreso público y abaratar el
precio de la carne para consumo interno. El Frigorífico nacional estatal tendrá como destino de lo
producido el mercado interno. En la producción se involucrará especialmente a los pequeños
productores rurales, brindando el asesoramiento de los técnicos de MGAP. La coordinación de los
expendios del producto, la ejecución de la propuesta en las zonas periféricas es fundamental
tratando de instalar sucursales en todo el país.
73.
Mantener la política instrumentada en este periodo que permite reaccionar rápidamente
ante situaciones de emergencia causadas por aumentos de precios de productos básicos.
Instrumentar medidas que tiendan al abaratamiento de los precios con acuerdos entre el INDA,
MIDES, CAMBADU y pequeños productores rurales, creando una cadena de comercios barriales
a nivel nacional acordando con dicha cadena precios y márgenes de la canasta básica. El Estado
debe regular la importación de los productos no fabricados en nuestro país para regular la
especulación con la intermediación.
74.
Estudiar mecanismos para participar en los controles de precios de los productos básicos
(leche, harina, granos, etc.).
75.
Definir políticas de fomento a la producción hortícola nacional con el objetivo de abaratar
costos al consumidor, generar las condiciones para que el pequeño y mediano productor se
desarrolle en base a su producción así como generar empleo.
URUGUAY INNOVADOR
El Uruguay Innovador
En el Programa aprobado por el IV Congreso extraordinario del Frente Amplio (Héctor Rodríguez)
en los Grandes Lineamientos Programáticos para el gobierno 2005 - 2010 se establece, dentro del
modelo de país productivo, las políticas y objetivos correspondientes a la visión de “Uruguay
Innovador”.
“Desarrollo de políticas en ciencia y tecnología e innovación”
“En el mundo actual, la producción de conocimientos y su incorporación a la vida social se ha
convertido en el factor central para el desarrollo de la sociedad. La existencia de una potente
política para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es uno de los principales
componentes del ineludible giro político y social que deberá emprender el Uruguay. En este marco
resulta decisivo desarrollar un plan estratégico que convierta a la innovación en un elemento
dinamizador e integrador en nuestra sociedad.” Estableciendo a continuación:
“El programa progresista que aplicaremos en esta materia”, decía el programa “contendrá
medidas que faciliten el crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios con alto grado
de conocimiento, es decir productos en los que un factor principal de destaque sea el saber
hacerlos.”
Por otra parte se enfatizó “El objetivo no debe ser sólo el aumento de la producción
comercializable. La aplicación del conocimiento a la mejora de las condiciones de vida de la gente
constituye una absoluta prioridad. En relación con las estrategias, impulsamos la construcción de
un Sistema Nacional de Innovación (SNI) donde la Universidad de la República tenga un rol
central y protagónico. Como acciones básicas del SNI proponemos fomentar la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, estimular los circuitos innovadores, el aprendizaje mutuo, las
interacciones entre generadores y usuarios de conocimientos, para la resolución de problemas de
la producción y la sociedad“.
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“La innovación tecnológica es un factor estratégico para el desarrollo y la modernización solidaria
del país, para avanzar en el conocimiento de la realidad y en la resolución de los problemas que
afectan la calidad de la vida humana.”
1. “Primero, objetivos económicos en materia de crecimiento e innovación productiva y de
generación de empleo, que posibiliten una modernización inclusiva y solidaria;”
2. “segundo, objetivos sociales de redistribución de la riqueza e inclusión social,”
3. “tercero, objetivos culturales en materia de incorporación de valores, y en particular de
nuevas referencias éticas, apoyándose en los sistemas educativos, de comunicación social
y de participación colectivas en la diversidad,”
4. “cuarto, objetivos democratizadores de las relaciones sociales en el trabajo como vector
clave del propio sistema de innovación.”
5. “Finalmente, objetivos políticos de profundización de las formas de participación de la
sociedad civil en la construcción democrática, sobre la base del fortalecimiento del tejido
social, de la densidad institucional, y de la extensión y profundización de la ciudadanía.”
Para el Plan de Gobierno Progresista, la Comisión Integrada de Programas explicitó y aprobó el
06 de mayo de 2004 los siguientes objetivos prioritarios, donde se establece:
“El Uruguay vive una crisis estructural agudizada por factores coyunturales que ha llegado a una
amplitud, profundidad y duración tales que sólo se podrá superar con un proyecto de una amplia
base de acuerdos políticos y sociales capaz de movilizar a las grandes mayorías nacionales en
torno a objetivos de crecimiento, distribución, participación, acción e integración social, de
construcción de una sociedad más libre, justa y solidaria.”
“Este proyecto de cambio no sólo debe hacerse cargo de la actual emergencia social y económica
a través de un plan de emergencia, sino que también de los cambios estructurales necesarios
para una transformación profunda del Uruguay y de rescatar el entusiasmo y los valores éticos.
Este esfuerzo implica a la vez reconstruir el aparato productivo, el entramado social y las
relaciones de solidaridad y será un proceso de desarrollo de la identidad nacional.”
“Será imprescindible la construcción de un amplio bloque político social alternativo que exprese en
acuerdos sociales la coincidencia objetiva de intereses existente entre todos quienes son víctimas
de este modelo y las grandes mayorías nacionales, todos beneficiarios de una propuesta de
reconstrucción productiva y justicia social para el país y sus habitantes, en cuya elaboración los
convocamos a participar.”
“Este proceso de elaboración de un proyecto de cambio no comienza hoy, está precedido de años
de construcción de propuestas y coincidencias, de luchas y discusiones, de acuerdos y avances
en la unidad política del pueblo uruguayo.“
“El Uruguay necesita un cambio real que sólo se alcanzará con un proyecto que se proponga
recuperar el sentido de nación a partir de una posición de soberanía. En esa propuesta el estado
recuperará el control de las áreas estratégicas, tendrá como objetivo central la elaboración y
puesta en marcha del proceso de cambio en interrelación con una sociedad fortalecida por la
descentralización del gobierno y del poder, al servicio de la producción y el empleo.”
“El EPFA asume el compromiso de enfrentar la desintegración y exclusión social, potenciar el
aparato productivo y generar herramientas que fortalezcan el trabajo como fuente de reactivación
y desarrollo nacional.”
En la Plataforma de Gobierno presentada, como compromiso del Frente Amplio, en el caso de
asumir el gobierno se establecía como prioridad en el Área de Innovación, Ciencia y
Tecnología:
La generación de un Proyecto Nacional de Desarrollo Productivo con altos niveles de calidad es
realizable a partir de las condiciones existentes en la economía y la cultura de nuestro país, si se
apoya en la innovación, en la incorporación del conocimiento a la producción.
Para ello se propuso:
1) Jerarquizar institucionalmente las políticas en favor de la investigación básica y tecnológica, y
de la innovación, con el objetivo de diseñar e implementar políticas pro-activas y de
coordinación entre las instituciones públicas y privadas en el marco del Sistema Nacional de
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Innovación. Esta jerarquización deberá incluir la aprobación de una Ley marco para impulsar
un Programa Nacional como puente hacia un Sistema Integrado de Investigación Científica,
Tecnología e Innovación.
2) Implementar un Plan Estratégico en CTI con el objetivo de apuntalar el potencial del trabajo
nacional, incrementando los conocimientos disponibles, la capacidad de generación de
tecnologías y la optimización del uso del saber.
Se otorgará particular atención, entre otras áreas y sectores: “al desarrollo de los complejos
agroindustriales, la pesca y las industrias extractivas de base mineral; “a las modificaciones
que se están produciendo y se producirán en la matriz energética; a los impactos del
desarrollo forestal;” “a las políticas en relación con el uso y preservación del agua dulce;” “al
desarrollo armónico y sustentable del complejo turístico;” “al impulso a las tecnologías de la
información y la comunicación y a su impacto en la gestión pública y en la ciudadanía por la
vía del gobierno electrónico,” “la educación, la producción de contenidos culturales o la
descentralización;” “a la salud, por la vía del desarrollo de la biomedicina, la industria
farmacéutica, y de otros sectores de la investigación médica;” “a la dinamización de las
industrias manufactureras y de la construcción.”
3) Desarrollar, como principales lineamientos de acción:
El impulso a la enseñanza, en el que se otorgue particular relieve :a la participación de todos
los actores en la transformación educativa; a la complementación de los sistemas; a que las
propuestas educativas en los diferentes niveles sean a tiempo completo; a la formación de
formadores; al impulso a la educación pública politécnica terciaria no universitaria.
El impulso a la investigación para la generación de conocimientos y la capacitación de
recursos humanos para la investigación, apoyándose :en el desarrollo de programas de
fomento y promoción de las distintas ramas del conocimiento en ciencias básicas; en la
creación de una carrera nacional de investigador fijando sus características, exigencias y
formas de reconocimiento académico, así como sus planes de estudio y de trabajo; en la
creación de centros nacionales de estudios avanzados en temas relevantes y promoviendo la
radicación en el país de centros de reconocido prestigio internacional.
El impulso a la innovación, apoyándose en: el uso de los instrumentos tributarios y crediticios
disponibles; la desburocratización de trámites y procedimientos vinculados; el uso de la
política de compras del Estado, incluyendo la creación de una mesa consultiva de
adquisiciones tecnológicas en las compras públicas de productos, servicios o procedimientos
que involucren tecnologías; el apoyo para la comercialización en el exterior sobre la base del
desarrollo de la imagen como país productor de tecnologías, con un lugar destacado en el
MERCOSUR; el fortalecimiento de la política de certificaciones; la promoción de los
instrumentos de articulación y sinergias entre los centros de investigación científico-
tecnológica y las empresas públicas, privadas y sociales, en el marco de procesos dinámicos
de innovación, con el uso de instrumentos como:“las ventanillas tecnológicas comunes
abiertas para el apoyo a las empresas;“el desarrollo de parques tecnológicos (reales o
virtuales);“los convenios entre institutos universitarios y empresas; “las “incubadoras de
empresas” y otros dispositivos.
Fortalecer el financiamiento a los planes con: destinar recursos públicos a la Ciencia,
Tecnología e Innovación; apoyo con la generación de fondos sectoriales a través de: “aportes
de los entes comerciales e industriales del Estado;” “royalties, proventos y honorarios que
obtengan los organismos e instituciones que actuarán en el marco del Programa;” “fondos
provenientes de convenios de cooperación regional e internacional,” “aportes voluntarios, y de
otras fuentes; “fondos suministrados por organismos internacionales. “Con parte de estos
recursos, se trabajará con particular énfasis en seleccionar, financiar y facilitar proyectos de
investigación e innovación sobre la base de fondos concursables, mediante llamados
abiertos.”
“La ejecución de todos estos programas implica la evaluación permanente. Para ello es
preciso generar una estructura de evaluación calificada y plural de los resultados alcanzados,
de forma de tender a un sistema flexible en permanente adaptación”.
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Las acciones del Gobierno Nacional fueron desarrolladas en cumplimiento de las líneas
programáticas de nuestra fuerza política.
Se comenzó a conformar y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI) para el desarrollo productivo con aumento de la infraestructura física, energética, en
conectividad y comunicaciones; en variados emprendimientos.
La creación del gabinete de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, con una política pública
de ciencia, tecnología e innovación y posteriormente con la creación de un instituto rector
para impulsar la política, como Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
fueron un paso fundamental y salto cualitativo. Asimismo, la creación de la Agencia para el
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del
Conocimiento (AGESIC), representa un avance sustantivo hacia la efectiva instrumentación de
políticas públicas de Gobierno Electrónico y de desarrollo tecnológico, condiciones necesarias
para la efectiva inserción de nuestro país en la Sociedad de la Información y reducción de la
llamada brecha digital.
La ANII cuenta con un plan estratégico y ha desarrollado actividades con reconocimiento
internacional, así como ha aplicado recursos del presupuesto nacional en forma importante para
apoyo de las políticas.
El principal propósito y desafío de la ANII es movilizar al máximo las energías intelectuales de la
población y de los más diversos sectores de actividad para contribuir decisivamente a mejorar la
calidad de vida de los uruguayos, la capacidad competitiva de las empresas tanto del sector
privado como estatal y el crecimiento sostenido de la economía nacional en el mediano y largo
plazo. De esta forma se podrá hacer una contribución mayor a la cultura, a la identidad nacional y
a la sociedad en su conjunto.
Los objetivos principales de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación incluyen el diseño,
organización y administración de planes, programas e instrumentos orientados al desarrollo
científico-tecnológico y al despliegue y fortalecimiento de las capacidades de innovación. Es
también objetivo estratégico de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación fomentar la
articulación y coordinación entre los diversos actores involucrados en la creación y utilización de
conocimientos de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos
disponibles.
La AGESIC elaboró la Agenda Digital Uruguay 2008-2010 oficializada a través de un decreto,
que constituye un mapa de ruta y establece los objetivos estratégicos del país en materia de
Sociedad de la Información y del Conocimiento y las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
La ANII y la AGESIC han sido la clave del éxito y el comienzo de un camino a que el Uruguay y
los uruguayos no debemos renunciar, si se sigue apostando al desarrollo integral del país, con
base en un país democrático, participativo con un modelo productivo con justicia social, apoyado
en la innovación, la ciencia y la tecnología e integrado en sí mismo, a la región y el mundo.
Esta política, también utilizada como estrategia de promover las capacidades de emprendimiento
de nuestra gente para hacer crecer la economía, con un rostro más humano, combatir la pobreza
y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, obtuvo avances singulares que se identifican en las
más diversas áreas donde impactan las medidas de gobierno.
Nuestro gobierno cumplió y aumentó la apuesta a este modelo, multiplicó por 9 la inversión en
Innovación y Tecnología entre 2004-2007, la que pasó de U$S 5.000.000 a U$S 45.000.000.
Estos recursos demuestran el apoyo y el compromiso de la acción de gobierno en esta área.
El Software uruguayo, sigue produciendo diversos productos que se siguen multiplicando y
exportando a los más diversos mercados.
La industria del medicamento, la genética y otras áreas de la biotecnología, vienen también en
crecimiento mejorando la balanza comercial de nuestro país.
Se fortalece al Instituto Clemente Estable dependiente del Ministerio de Educación y Cultura en su
papel principal para conducir investigaciones científicas y la obtención de nuevos conocimientos
en áreas biológicas. Se propone a través del IIBCE profundizar en la formación de recursos
humanos promoviendo nuevas investigaciones y Técnicos en las diferentes especialidades.
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También se instala de forma definitiva el Instituto Pasteur en la Universidad de Ciencias, lo que si
bien se reconoce a nivel internacional, el esfuerzo de la política Nacional en reconocimiento de la
ciencia, la tecnología y la investigación científica nos falta aún resolver las condiciones que
permitan captar a científicos preparados en la materia con condiciones contractuales tales que
puedan planificar su vida en este país. Para la enseñanza primaria se concreta el Plan Ceibal:
medida revolucionaria, en cuanto es en realidad transformadora de la sociedad en grado
superlativo, pues se aplica en el nivel escolar a los niños de las escuelas públicas de nuestro país,
para que de forma equitativa puedan acceder, independiente de su condición económica y social
a la tecnología informática, ya desde la corta edad; algo impensable hace algunos años y que
puede significar en el mediano y largo plazo un salto cualitativo en la capacidad del trabajo de los
uruguayos. Hoy se plantea también su extensión a enseñanza secundaria.
El Uruguay Innovador requiere de la investigación en las más diversas vertientes del
conocimiento: en el área agropecuaria, pesqueras, tanto para el sector productivo como para el
industrial, en el conjunto de las ciencias exactas y naturales, en las ciencias de la salud, en las
ciencias sociales y humanas y en todas las ramas de la tecnología para producir el desarrollo
integral.
Los siguientes párrafos tienen un doble cometido. En primer lugar, contribuir a la construcción de
una visión compartida del concepto innovación, ya que detrás de la simple palabra se pueden
atribuir un amplio espectro de acepciones, que pueden ir desde definiciones minimalistas como la
propuesta por la Real Academia, quien define innovar como la acción de alterar algo introduciendo
novedades, hasta elaboraciones mucho más complejas. En segundo lugar, plantear los
lineamientos estratégicos para construir el Uruguay Innovador, concebido como la polea para el
desarrollo sostenible que permita mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestro pueblo.
En tiempos en que las innovaciones suelen ser efímeras, a veces meras modas, donde existe una
visión tradicional instrumental de la innovación, que procura alcanzar un efecto deseado sobre un
objeto determinado y donde la visión prevaleciente enaltece la innovación orientada al mercado
que postula los valores económicos y empresariales por encima de los valores sociales,
epistémicos y tecnológicos, es necesario forjar una mirada alternativa que admita innovaciones
sostenibles y beneficiosas para la sociedad en su conjunto.
Esa alternativa, concebida como filosofía del cambio, es la innovación de carácter conceptual, la
que tiene sus frutos en la formulación de nuevos conceptos. Estos conceptos innovadores, una
vez apropiados, utilizados e incorporados al acerbo común constituyen un bien público, un capital
conceptual que beneficia a la sociedad, deviniendo en capital social. En consecuencia, la libertad
de acceso al conocimiento que constituye este capital social debe ser garantizada.
En efecto, la innovación debe ser aplicada a diversos ámbitos del funcionamiento de una sociedad
y siempre debe procurar la satisfacción de valores tales como promoción de la justicia social y los
valores culturales, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, eficacia, eficiencia en la
utilización de recursos, reducción de costos, entre otros. En particular las innovaciones que se
producen en los servicios públicos, por ejemplo la salud, la educación o la administración pública,
no sólo deben procurar reforzar valores económicos o empresariales, sino particularmente valores
sociales y políticos.
Como ejemplo, en muchos países la innovación de llegar a la unidad de la Izquierda no dio frutos,
en nuestro país esto se pudo lograr a través de un largo y sostenido procesos dialéctico que
generó la construcción del FA y que supuso una innovación en el Sistema Político uruguayo, que
el esfuerzo, experiencia y sacrificio de nuestros militantes llevaron al éxito.
A nuestro entender, uno de los quehaceres de nuestro tiempo es la inclusión de innovaciones
sostenibles en todos los ámbitos de la sociedad fomentando la capacidad creativa y utilidad
innovadora del proceder racional, es decir, a través de la capacidad que tiene el ser humano para
innovar en todos los ámbitos, donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología son el motor
fundamental, pero donde adicionalmente se debe reforzar su aplicabilidad mediante la
instrumentación de políticas públicas.
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La innovación no debe ser un objetivo en sí mismo, sino que debe estar guiada por políticas de
estado progresistas y también orientadas por la sociedad, con el objetivo de cambiar estructuras
improductivas, apuntando a promover el bienestar colectivo.
En suma, el mensaje de carácter transversal a ser promovido desde el eje Uruguay Innovador a
los demás ejes programáticos se sintetiza en la frase: “debemos entender la innovación como
una filosofía del cambio sustentado en valores éticos y al servicio de la construcción
colectiva de nuestra sociedad”.
Por lo tanto el objetivo es desarrollar un plan estratégico que convierta la Innovación en un
elemento dinamizador e integrador de nuestra sociedad, sirviendo como eje de las políticas
nacionales y en particular de Ciencia y Tecnología. En este sentido el marco de trabajo estará
dado por los siguientes lineamientos:
Líneas estratégicas
En general, promover las iniciativas de innovación tendientes a fortalecer la capacidad de
autoabastecimiento de nuestro país, que aporten sustantivamente a la Independencia
Tecnológica y que actúen esencialmente en las áreas de Energía, Industria Agroalimentaria,
Recursos Naturales, Desarrollo Social, TICs y Transformación del Estado, entre otros
Equidad e Inclusión Social
Generar más y mejores oportunidades de uso y apropiación de las innovaciones científicas y
tecnológicas para las personas, con especial énfasis en los grupos y sectores más desfavorecidos
y excluidos.
La ciencia y la tecnología no son neutras, decidir qué Ciencia debe hacerse, o que tecnologías se
deben implementar, son decisiones que implican o determinan una relación entre las personas y
por lo tanto aportan o no a la Sociedad que queremos construir.
Es así entonces que la mirada desde la perspectiva del desarrollo social hace necesario priorizar
las elecciones científicas o tecnológicas que apunten a la satisfacción de las necesidades
insatisfechas de la población. Tal como la soberanía alimentaria, existen otras diversas
necesidades insatisfechas en nuestra sociedad (energéticas, vivienda, esparcimiento, deporte,
etc.).
Se trata entonces de desarrollar o considerar las tecnologías apropiadas pero desde el punto de
vista de los sectores más desfavorecidos.
Para esto es fundamental el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, pero no limitada al ámbito
académico, sino INSERTAS en la sociedad, en un proceso dinámico, interactivo y continuo de
intercambio con los diferentes actores sociales. Factor fundamental en este sentido, es impulsar el
desarrollo científico tecnológico en diversos ámbitos (incluido el académico) dirigido a la
resolución de los problemas concretos de nuestra realidad.
A modo de ejemplo, la hora de definir tecnologías, se debe tomar en cuenta elementos tales como
el uso de materiales accesibles y comunes, si serán posibles y cómo serán los procesos de
transferencia de conocimientos hacia y entre los usuarios, así como redescubrir mecanismos de
apropiación diversos, ya sea por vías organizativas, por una participación más profunda, por una
divulgación moderna de la ciencia que promueva el espíritu emprendedor a todo nivel y que esté
preparada para ser un actor más en ese esquema planteado de participación más profunda de
todos los uruguayos.
En cuanto a la compra de software fomentar la compra de software libre que permita al Estado
mantenerse independiente de los proveedores apoyándose en instrumentos legales.
La sustentabilidad demográfica, o sea los factores demográficos que de alguna manera potencian
inequidades y comprometen el desarrollo de las políticas deben ser tomados como un elemento
base del análisis de cualquier política pública. No solo se trata de realizar análisis de franja etárea
sino de interconectar los mismos con los estratos sociales, de forma de entender, y adelantarse a
las consecuencias, las medidas que deben ser tomadas o promovidas desde cada política pública.
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Otro elemento que deberá ser tenido en cuenta es el problema migratorio, estructural, que viene
sufriendo nuestro país desde hace décadas y que lo seguirá sufriendo si no continuamos con
respuestas claras, rápidas y concretas respecto a las posibilidades de inclusión en las condiciones
actuales de nuestro país para los que deseen regresar.
1. Fortalecimiento Democrático
Impulsar mecanismos, formas y espacios de participación en los procesos de formulación e
instrumentación de políticas públicas, con el fin de profundizar los valores e instituciones
democráticas.
Concretamente para que la política de Innovación sea un proyecto de todos los uruguayos
debe incorporar actores a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad, siendo entonces fundamental
la participación activa de los trabajadores, los estudiantes, los empresarios y el Estado.
Participación activa implica en particular que sean considerados todos los actores a la hora de
establecer la tal política de Innovación ya que la misma se construye todos los días con
educación, con trabajo y con estudio.
Consolidar los avances en torno a la protección de datos personales como una política de defensa
de derechos humanos y soberanía nacional que se ven desafiados en la sociedad de la
información.
2. Transformación del Estado
Transformar la Administración Pública, racionalizando y focalizando sus recursos en pro de la
mejora de los servicios públicos en términos de universalidad y calidad de los servicios, así como
satisfacer los valores de eficacia, eficiencia, economía, adaptabilidad, representación y
participación a través de la innovación.
Dicha transformación es pieza fundamental de este plan ya que el propio Estado tiene un rol
decisivo en la generación de una política de Innovación, por lo tanto debe generar sus propios
mecanismos de gestión y de control de su gestión, a través de la realización eficaz de sus tareas
básicas actuales, para poder de esta forma tener una “plataforma de lanzamiento” de una
política de Innovación capaz de alcanzar un desarrollo firme en todo nuestro país, y para esto se
incluirá la investigación científico tecnológica en sus cronogramas de trabajo, mediante varias
vías:
conformación de núcleos de I+D en los distintos organismos del Estado, actuando en Red y en
consonancia con los lineamientos generales de la ANII y de la AGESIC
relación fluida con la Universidad de la República
relación fluida con Universidad del Trabajo del Uruguay
relación con las fuerzas productivas
El Estado como demandante de tecnología servirá como motor de desarrollo nacional,
apuntalando a través de las compras que realice la independencia tecnológica en áreas
estratégicas como lo son: las TICs, la energía y la industria agroalimentaria, entre otras.
En lo relativo a la información en el Estado, se deberán definir políticas y procedimientos que
faciliten su acceso transversal entre sus diferentes reparticiones, evitando costos y demoras en la
gestión pública provocados por la falta de coordinación, la duplicación innecesaria de datos y
multiplicidad de formatos, en muchos casos cerrados o incompatibles, utilizados en el
almacenamiento de ésta.
Contribuir a la transformación de la Administración Pública a través de políticas de gobierno
electrónico donde primen los objetivos antedichos.
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3. Desarrollo de Infraestructura
Desarrollar y fortalecer la infraestructura en base al impulso de empresas con base tecnológica
nacional. Lograr el desarrollo y consolidación de las capacidades técnicas, aportando de esta
forma a la Independencia Tecnológica de nuestro país.
La creación de infraestructura la debemos pensar como un motor del desarrollo de tecnología
nacional. Concebir el fortalecimiento de la infraestructura nacional en las áreas energéticas y de
las comunicaciones, entre otras, como un motor del desarrollo de Tecnología Endógena.
4. Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento
Estimular la innovación y la acumulación de conocimiento como parte vital del desarrollo
productivo del país, en beneficio de la solución de los problemas sociales más acuciantes y lograr
la justa distribución de la riqueza.
Impulsar la generación de productos de calidad con valor agregado y promover emprendimientos
que fomenten la creación de conocimiento innovador, en especial aquellos que posibiliten su
aprovechamiento por la sociedad.
5. Cultura, Educación y Generación de Conocimiento
Educar en la innovación como factor promotor del desarrollo cultural en general, fortaleciendo las
capacidades necesarias para la producción de innovación y conocimiento.
En este sentido es remarcable el papel del fortalecimiento educativo e institucional que deben
tener los politécnicos (por ejemplo UTU) en constante coordinación con la Universidad de la
República, la comunidad académica en general y el sector productivo.
Promover el espíritu emprendedor a todo nivel para poder ser parte del esquema planteado de
participación más profunda de todos los uruguayos.
6. Integración e Inserción Internacional
Consolidar un marco de integración internacional que promueva el desarrollo, impulsando la
innovación para la adecuación de las capacidades institucionales, tecnológicas y normativas
necesarias para la inserción inteligente del país en el concierto internacional
Interacción de ANCAP, UTE, ANTEL, y otras, con empresas de la región participando en
desarrollos tecnológicos estratégicos.
Desarrollar empresas regionales con participación de los Estados apuntalando el desarrollo de
tecnología en áreas estratégicas.
7. Democratización del acceso al Conocimiento
Establecer políticas de gobierno que promuevan el acceso de los ciudadanos a la información
generada en el ámbito público y garanticen a toda la sociedad el libre acceso a los conocimientos
resultantes de las políticas de innovación (en tanto que no afecte la seguridad nacional o los
intereses públicos), con particular énfasis en aquellas financiadas con fondos públicos
Se debe impedir la apropiación del conocimiento científico y/o de conocimientos tradicionalmente
entendidos de dominio público (ya sean técnicas, métodos, ideas, o genomas); partiendo del
entendido que todo conocimiento es acumulativo en tanto se basa en aportes previos hechos por
la humanidad en general y no puede ser legítimamente privatizado.

Resoluciones 5to Congreso Frente Amplio

2008-12-27T05:57:00.000-08:00

URUGUAY INTEGRADO
APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008
1. PRINCIPIOS DE LA POLITICA INTERNACIONAL
1. Los principios y lineamientos de política exterior del FRENTE AMPLIO constituyen un aspecto
clave e inalienable de su proyecto alternativo, democrático, participativo, progresista, nacional
y popular. La política exterior es el instrumento que dispone el Estado para representar,
defender y proteger los intereses nacionales fuera de sus fronteras e insertarse en el mundo.
2. El relacionamiento externo atendiendo los intereses nacionales impone el diálogo con todos
los sectores para buscar consensos básicos en la política exterior y encarar con flexibilidad la
política a desarrollar, en un mundo dinámico en cambios y desafíos. En la materia es
indispensable una política nacional o de Estado, que se respalde en grandes consensos
partidarios y sociales que se mantenga con cierto grado de continuidad en los distintos
períodos de gobierno.
3. Esta política deberá aplicar los mandatos constitucionales de promover la paz y prescindir y
condenar toda política de agresión que tienda a resolver las diferencias internacionales por
medio de la guerra, así como buscar y promover la integración social y económica de los
Estados latinoamericanos. Este propósito se extiende a las naciones americanas originarias
que sin ser Estados se identifican por su historia, tradición, lenguaje, costumbres, en tanto
constituyen verdaderas comunidades en nuestro espacio continental.
4. A nivel continental coexisten diversos ámbitos tales como MERCOSUR, CAN, ALBA,
UNASUR, ALADI, etc. los cuales deben ser considerados como parte de un mismo proceso,
que si bien tienen sus tiempos diferenciados y sus objetivos específicos, nunca se vuelven
contradictorios entre ellos. Esta visión se condice con el objetivo de la creación de un bloque
Latinoamericano, que apunte tanto a la integración política, como a servir de sustento para las
relaciones comerciales.
5. Como Estado parte de la ONU, Uruguay debe sujetarse a los principios que inspiran la Carta
de las Naciones Unidas. Reafirmamos el rol de la ONU como la herramienta adecuada para la
consideración y adopción de las decisiones referidas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional y el respeto de tales principios.
6. La reforma de la Carta de la Naciones Unidas y la nueva estructura del Consejo de Seguridad
al que deberán incorporarse países latinoamericanos, son elementos indispensables para la
democratización de las decisiones y superar el quebrantamiento de la legalidad internacional.
Uruguay debe defender la vigencia irrestricta del Derecho Internacional como principio rector
de las relaciones entre las naciones, independientemente del poder económico, político y
militar de las mismas.
7. Ratificamos que la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no intervención, la
solución pacífica de las controversias, la defensa de los derechos humanos, el cumplimiento
de buena fe de los tratados, son normas que nuestro país ha incorporado a su política exterior.
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Son principios rectores de esta orientación:
8. Los Estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir al uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier
otra forma incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera
que no se ponga en peligro ni la paz ni la seguridad internacional ni la justicia.
9. Los Estados tienen la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción
interna de otros estados.
10. La obligación de los Estados de cooperar entre sí.
11. El principio de la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos.
12. El principio de la igualdad soberana de los Estados.
13. El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
La política internacional deberá basarse, además, en los siguientes pilares:
14. Política exterior independiente, afirmando la independencia irrestricta en las decisiones que el
país tome en concordancia con su interés nacional.
15. No alineamiento, o sea, independencia respecto a las alianzas políticas y militares bajo la
hegemonía de grandes potencias mundiales, procurando apoyar todas aquellas iniciativas
tendientes al fortalecimiento de la paz y el establecimiento de un orden mundial más justo y
equitativo.
16. Defensa de la soberanía en su concepto integral, como condición para aplicar en forma
independiente sus recursos propios, principio este que debe ser compatible con los avances
de los procesos de integración.
17. Decidida acción antiimperialista y anticolonialista. Reafirmamos nuestra lucha por la paz y la
reivindicación del principio de la solución pacífica de las controversias entre Estados. En este
marco, reafirmamos nuestro más enfático rechazo a todo tipo de acción terrorista, en especial
el terrorismo de Estado.
18. No intervención, consolidación de mecanismos que impidan toda injerencia extranjera en los
asuntos internos de un país. Reafirmación de la autodeterminación de los pueblos,
interpretada como el máximo respeto al ejercicio de la soberanía y el derecho de cada pueblo
a elegir su sistema político y social y las instituciones de gobierno que considere más
adecuadas.
19. Compromiso para que la Comunidad Internacional representada por la ONU rechace el
genocidio y genere acciones tendientes a la defensa de la vida humana.
20. Reconocimiento a la indivisibilidad de todos los derechos humanos, sean civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales, incluidos los derechos de titularidad colectiva y todos los
derechos recogidos en las normas internacionales.
21. Defensa del Derecho de Asilo y Refugio Político, lo que supone cumplir los acuerdos suscritos
por la República Oriental del Uruguay en la materia.
22. Defensa del Medio Ambiente junto con la promoción del desarrollo sustentable. Velar por el
mantenimiento de los compromisos internacionales y del Derecho del Medio Ambiente en el
marco del Derecho Internacional, que apuntan a la protección del mismo y a su armonización.
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23. En relación al papel de los Organismos Internacionales y las instituciones financieras,
participar activamente en ellos promoviendo el multilateralismo y la conformación de ámbitos
de coordinación que potencien la capacidad negociadora de los países en desarrollo.
24. Analizar los tratados militares regionales en base a nuestras definiciones en materia de
defensa nacional. Apoyo a las políticas de desarme a nivel mundial destinando los recursos
liberados a la creación de un fondo internacional de desarrollo para los países más pobres.
25. Mejora en el funcionamiento del Ministerio de RREE, sus representaciones diplomáticas y
consulares y las políticas de gestión implementadas por la Cancillería, para lograr una mayor
eficacia en la gestión. Reconocimiento irrestricto de los derechos ciudadanos a los habitantes
del Uruguay exterior a de la profundización y puesta en práctica de nuestra nueva política de
vinculación.
26. Desarrollo de la Cooperación Internacional como instrumento moderno, eficaz e indispensable
de la política externa. Se continuará el esfuerzo por aumentar y fortalecer la misma en áreas
tales como la económica, social, cultural, científico tecnológica y política.
27. Fuerte impulso al MERCOSUR en base a los lineamientos trazados por nuestra fuerza política
en materia de integración, bregando por su consolidación, profundización y ampliación, a partir
de una participación activa y propositiva de nuestro país.
28. Dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación
(CEDAW) y la Convención Iberoamericana de Belén do Pará, manteniendo una activa política
de apoyo a las iniciativas sobre equidad de género para la superación de las situaciones
socioeconómicas y culturales de desigualdad, discriminación y subordinación
29. Promover la defensa de los derechos de las personas migrantes.
30. Acciones de sensibilización y prevención en relación a la trata de personas y el fortalecimiento
de las redes regionales e internacionales de combate y asistencia en esta materia
31. Desarrollo de la vinculación con los uruguayos en el exterior, a través del denominado
Departamento 20 y los Consejos Consultivos de compatriotas en el exterior. Reconocimiento
de los derechos políticos de los emigrados, para posibilitar su ejercicio fuera del territorio
nacional.
Contexto general
32. El contexto internacional de la primera década del siglo XXI, muestra una fuerte modificación
estructural que configura un nuevo escenario global: la hegemonía norteamericana en lo
militar y comunicacional y una multipolaridad asimétrica en lo comercial. Desde el inicio del
nuevo siglo y milenio, vivimos un cambio de época en América Latina, marcado por la llegada
al gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda en la mayoría de los países.
33. La crisis financiera desatada en octubre con epicentro en Estados Unidos es la más profunda
y se vislumbra como la más prolongada que ha sufrido el mundo desde la gran depresión de
1930, afectando intensamente los niveles de producción, los ingresos y los puestos de trabajo.
Numerosos países de varios continentes ya han entrado en recesión. Dicha crisis plantea un
recrudecimiento de las contradicciones entre el capital financiero y el productivo, entre las
necesidades de regulación de los Estados y el capital especulativo, entre las masas de
trabajadores y la búsqueda de lucro del capital.
34. La contradicción entre las potencias hegemónicas y los países en vías de desarrollo se
expresa en términos políticos y económicos. El fracaso de la Ronda de Doha da cuenta del
incremento de poder político de algunos países y regiones a través del G20 y de los BRIC.
Esta contradicción se manifiesta también en la reforma de las Naciones Unidas y en las
reivindicaciones por un nuevo orden económico internacional.
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35. La expresión económica de las contradicciones tiene relación con el proceso de
regionalización de los Estados, de lo que surgen tres bloques comerciales regionales, uno
liderado por Estados Unidos, otro por la Unión Europea y el tercero por Japón. Frente a este
proceso, el MERCOSUR surge como respuesta estratégica regional para una mejor inserción
competitiva.
36. El fracaso de las negociaciones en la Ronda de Doha (OMC), ha puesto en evidencia la
existencia de intereses divergentes entre el norte y el sur a la hora de definir cuales son las
reglas para un acuerdo comercial multilateral y diferencias en torno a la propia definición de
desarrollo. Según la FAO, el enfoque adoptado en las negociaciones se centró en “el libre
comercio, más que en el comercio justo. Los acuerdos en OMC ya no se harán solamente
entre los países desarrollados. El protagonismo de China, Brasil e India plantea otro
escenario.
37. El G-20, un grupo muy diverso de países en desarrollo, es hoy una nueva fuerza en la OMC.
La participación activa en este grupo es estratégica para modificar las restricciones que
imponen los países desarrollados. Entre los países latinoamericanos puede haber diferencias
entre quienes buscan determinadas preferencias, pero lo central es la unidad para enfrentar al
mundo desarrollado.
Contexto regional, cambios políticos de relevancia.
38. En el último período se ha generado una creciente fraternidad y un acercamiento entre los
gobiernos progresistas, los movimientos sociales y los pueblos de nuestros países, y también
formas diversas de unión regional. Estas influencias recíprocas, contactos benéficos y
creación de un clima general favorable a los cambios se han expresado en los resultados de
elecciones sucesivas, y en el estrechamiento de vínculos en diferentes planos entre nuestros
países, antes aislados y separados, incluso en sus infraestructuras.
39.
El surgimiento de espacios regionales para conseguir objetivos específicos en el plano político,
económico y mejores condiciones de negociación, es una característica de esta época. En el
caso de América Latina, la necesidad de integración surge de su peso limitado en los planos
económico, comercial, militar y tecnológico. En el presente se atraviesa por un proceso de
convergencia y concertación económica vía ALADI, por acuerdos políticos y de cooperación
en foros internacionales (UE-ALC, Cumbre Iberoamericana); y por procesos específicos de
regionalización y cooperación entre países de América del Sur por una parte y de México con
los países de América Central y Caribe por la otra. Se deberán profundizar los mecanismos
de solución de diferendos y conflictos regionales y/o bilaterales con intervención activa de toda
la comunidad regional.
40.
Consideramos necesario avanzar en la toma de decisiones de nuestro gobierno hacia la
integración al ALBA como alternativa a los procesos panamericanistas del ALCA o los
planteos de los TLCs.
41. El Frente Amplio colocó el tema de Haití como un elemento de la actividad política nacional y
continental, teniendo como prioridad la solidaridad con su proceso de autodeterminación y
mejora de condiciones de vida. En este sentido suscribió la resolución sobre Haití del Foro de
San Pablo en mayo de 2008 que señala: “establecer con los gobiernos latinoamericanos, en
particular los gobiernos de izquierda y centro-izquierda del continente, una política para una
acción común y coordinada con el gobierno y el pueblo de Haití que tenga como objetivos: -
respecto a las tropas militares de la ONU, que hoy cumplen un papel de mantenimiento de la
estabilidad política a pedido del gobierno constitucional de Haití, consideramos necesario el
retiro progresivo de las mismas en un cronograma definido en común acuerdo con el gobierno
del Presidente Preval; - la elaboración de una agenda para el fortalecimiento del Estado
nacional haitiano, contribuyendo al mejoramiento de las instituciones políticas del país y
potenciando el papel del Estado en el desarrollo y promoción de políticas públicas universales
y de calidad; - incrementar la cooperación económica con Haití desarrollando su
infraestructura y contribuyendo a la sustentabilidad económica y social para la consolidación
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democrática del país; - aumentar los esfuerzos de solidaridad de nuestros pueblos con la
ayuda y el fortalecimiento de los lazos sociales y culturales con el pueblo haitiano.”
42. La contraofensiva imperialista busca revertir el giro a la izquierda de Latinoamérica,
estableciendo en América Latina su política de “militarización y guerra preventiva”,
estableciendo planes de intervención como el plan Colombia y la iniciativa Merida y el plan
Balboa. Colombia es la cabecera de puente para la agresión imperialista en la región, como lo
muestra la invasión al territorio ecuatoriano en marzo de 2008. No se han de profundizar
acuerdos políticos y económicos con el régimen de Álvaro Uribe, mientras subsistan sus
políticas de agresión hacia otros países de Latinoamérica y la desaparición sistemática de
dirigentes populares en el plano interno. Debemos asumir mayores compromisos y un rol
proactivo para lograr la ansiada paz en Colombia.
2. ASPECTOS POLÍTICOS COMERCIALES
43. Es de vital importancia para el desarrollo de un país productivo tener una política de comercio
exterior pautada por una estrategia de inserción internacional inmersa en la estrategia de país
productivo, reconociendo la capacidad generadora de riqueza y de dinamismo que poseen las
exportaciones en la economía, sin contraponerlas al desarrollo y fortalecimiento del mercado
interno.
44. La inserción internacional es una cuestión política, por lo que el aspecto comercial debe estar
inserto en lo político. El “más y mejor MERCOSUR”, en el plano económico-comercial, se
traduce en un funcionamiento de éste en línea con los siguientes contenidos:
• Efectiva eliminación de las barreras al comercio recíproco, liberalización plena del
comercio intra-bloque.
• Niveles de protección del MERCOSUR moderados, para asegurar el abastecimiento de
insumos, bienes de capital y bienes de alta tecnología.
• Negociación de acuerdos preferenciales del MERCOSUR con otros bloques y países,
diversificando el destino de las exportaciones, incluyendo los principales mercados para
los bienes y servicios exportados por Uruguay, actuales y potenciales.
• Discriminación más profunda en favor de la región por la vía de la cooperación regional, en
materia productiva, tecnológica, de financiación, macroeconómica, de fronteras,
energética, de infraestructura, comercial, etc.; favoreciendo la valoración social de la
integración.
• Integración productiva que lleve a la conformación de cadenas de producción regionales
que favorezcan el desarrollo industrial mancomunado, promoviendo la competitividad
mediante la mejora de la escala productiva, la calidad, el contenido tecnológico y la
eficiencia en los procesos; buscando aumentar productividad, reducir asimetrías en la
región y fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas.
• Fortalecimiento de la institucionalidad y observancia de la normativa.
• En suma, debemos retomar la iniciativa en el MERCOSUR con gestiones bilaterales con
cada uno de los socios plenos incluyendo a Venezuela en proceso de adhesión y a Bolivia
como país asociado. Propiciar las medidas que Uruguay considere necesarias para la
mejor integración política, productiva, económica, tecnológica y cultural. Considerar con
flexibilidad las propuestas de los demás socios así como las inevitables concesiones que
exigen los acuerdos negociados siempre que no lesionen los principios de este programa.
45. Uruguay necesita no sólo del desarrollo y profundización del MERCOSUR, sino también de la
diversificación de su comercio exterior. En definitiva, las inserciones competitivas simultáneas
en la región y el resto del mundo, no son excluyentes sino que son necesariamente
complementarias, dados los diferentes papeles que juegan cada uno en nuestro crecimiento y
desarrollo vía expansión de las exportaciones de bienes y servicios. Pero se debe evitar en el
comercio bilateral toda colisión que signifique debilitar el bloque latinoamericano.
46. Se debe continuar explorando dos caminos complementarios: por un lado preservar el espacio
estratégico privilegiado del MERCOSUR cohesionado y abierto para negociar como bloque
con otros espacios económicos. Por otro, desarrollar un bilateralismo múltiple para aumentar y
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diversificar el intercambio comercial, en particular nuestras exportaciones, contribuyendo de
esta forma a disminuir nuestra vulnerabilidad, teniéndose en cuenta la parte final del párrafo
anterior.
47. Reconociendo al MERCOSUR como la plataforma regional de la inserción internacional del
país, se asume que los acuerdos comerciales con otros países y bloques de naciones deben
procurar diversificar el comercio exterior, la integración sur-sur y el fortalecimiento del bloque
en el plano internacional. Estos deben procesarse sin afectar los márgenes de maniobra del
país en sectores que pueden ser claves para una estrategia de país productivo como las
Compras Gubernamentales, los Servicios o los derechos de Propiedad Intelectual.
48. Un tratado de libre comercio en los términos y con las condiciones de los que EEUU ha
firmado con Perú o ha propuesto a Colombia es incompatible con las necesidades y los
objetivos del desarrollo nacional. Tales términos y condiciones, referidos a normas de
competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al
comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares.
3. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL: la UNASUR
49. La integración de los pueblos latinoamericanos es un objetivo histórico, estando establecido en
nuestra Constitución de la República. La situación internacional obliga a la conformación de un
bloque regional. Vivimos en un mundo de globalización financiera, tecnológica y
comunicacional, con fuertes bloques económicos, especialmente el de América del Norte
liderado por EEUU y el de la Unión Europea. Se hace imprescindible la conformación de un
bloque latinoamericano para construir la integración regional con unidad de propuestas y le
mayor grado posible de cooperación política. Las negociaciones pasan por los planos políticos
y económicos, entre estos se destacan las negociaciones comerciales, financieras y
productivas. Uruguay debe plantearse como un país articulador del proceso de integración
sudamericano, para lo cual cuenta con las secretarías de ALADI y del MERCOSUR en
Montevideo, y tiene una tradición integracionista.
50. En el terreno de la integración continental, la creación de la UNASUR (Unión de Naciones
Sudamericanas) representa un cambio cualitativo. La piedra fundamental se colocó en mayo
2008 en Brasilia con participación de los presidentes de todos los países de América del Sur,
incluidos Guyana y Surinam. Esta propuesta permite tratar el tema de la integración en un
plano superior, así como la necesaria coordinación y convergencia de sus diversos
instrumentos regionales. La UNASUR demostró su carácter constructivo y su capacidad de
contribuir a la defensa de la democracia en el continente con su investigación exhaustiva
sobre la masacre de setiembre de 2008 en Pando, Bolivia.
51. Nuestro país deberá participar en el Consejo Sudamericano de Defensa, creado en ese
ámbito. Significa un gran avance y deberá constituirse en un foro de consulta y debate sobre
los temas de Defensa, que sirva para mantener a nuestro continente como zona de paz. Se
buscará la elaboración de una doctrina sudamericana que favorezca el mando civil sobre las
cuestiones de Seguridad y Defensa. En consecuencia no participaremos en actividades
convocadas por el Comando Sur u otras agencias y organismos de EEUU. Cabe asimismo
reafirmar el rechazo a la presencia de la IV Flota de los EEUU en las aguas de nuestra
América.
52. Otras iniciativas, como la creación del Banco del Sur, que se plantea como un instrumento de
apoyo a los países para financiar proyectos de desarrollo, así como el aprovechamiento de los
recursos energéticos con vista a un desarrollo sustentable y el anillo energético, deben
insertarse en el debate nacional y regional. Surge la necesidad de preservar y manejar en
forma sustentable las riquezas naturales, la biodiversidad y los recursos estratégicos como
agua, gas y petróleo.
53. En el marco de UNASUR se debe además aunar esfuerzos para la renegociación de la deuda
externa de nuestros países en condiciones justas y tomando en cuenta las auditorias que
ordenen los países deudores.
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54. Si bien los países que componen el MERCOSUR y la Comunidad Andina se encuentran
representados en el proceso de integración política sudamericano, se hace necesario un
proceso de convergencia entre los dos bloques, con vistas a la libre circulación de factores
productivos en América del Sur.
El Mercado Común del Sur - MERCOSUR
55. El fortalecimiento del bloque regional es la mejor forma de negociación equilibrada con los
grandes actores económicos internacionales. Queremos un proyecto más ambicioso en sus
metas partiendo de mayor integración comercial para lograr desarrollos zonales, cadenas
regionales, coordinación de políticas económicas, sociales, culturales y científico-tecnológicas,
y el desarrollo de instancias políticas comunes.
56. La construcción del MERCOSUR no puede acotarse a la economía. La opción que asignó a la
integración regional el papel exclusivo de establecer un espacio comercial común entre los
socios del bloque demostró ser una opción equivocada. El carácter político-estratégico del
MERCOSUR debe ponerse de relieve y convertirse en el eje central de nuestra estrategia de
inserción internacional.
57. Para una exitosa profundización del proceso de integración es necesario ir mas allá de una
integración de los mercados nacionales, e incluir avances en la integración política, la
integración energética, la integración en infraestructura, la integración productiva y de las
comunicaciones y por sobre todas las cosas la integración de las sociedades.
Integración política
58. La puesta en funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR, satisface una necesidad de
orden político que democratiza el proceso e incidirá en los Organismos que tienen a su cargo
la toma de decisiones del Bloque. Ayuda a superar la visión económico–comercial, apunta a
dar un formato supranacional que posibilite una voz común en los ámbitos internacionales.
59. El proceso de conformación definitiva representa un desafío histórico. Deberá convertirse en
promotor de políticas regionales para una integración real, la libre circulación de personas,
bienes y servicios, y la corrección gradual de las asimetrías. A la vez deberá darle forma a la
cooperación en las políticas públicas en salud, educación, agropecuaria, trabajo, cultura, etc.
60. La creación y perfeccionamiento del FOCEM significa el reconocimiento de las asimetrías. A
pesar del avance que implicó su diseño, resta avanzar en la metodología necesaria para
diseñar e implementar proyectos para estos fondos, y en la participación de actores
territoriales y sociales en los mismos.
Integración energética
61. La integración energética pone a prueba la voluntad de nuestros gobiernos y su capacidad de
superar egoísmos nacionales con una mirada estratégica de largo plazo. Los recursos
disponibles permiten la autonomía energética de la región; la inversión necesaria es inversión
en independencia en un mundo globalizado. Es un campo concreto donde los avances se
pueden fijar en forma específica y cambiar la situación actual en menos de 15 años. Debemos
participar activamente en la integración al eje energético Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil,
aprovechando el caudal de la región en esa materia, privilegio de América Latina para el
desarrollo de todos los pueblos del continente, apostando a independizarnos de la explotación
imperialista.
Integración en infraestructura
62. La regionalización plantea necesidades insoslayables de logística y de transporte con vista a
un desarrollo sustentable. La infraestructura regional es la necesaria plataforma para el
intercambio de insumos, bienes y servicios en un área económica extendida.
63. Este tipo de integración es la que perdura más allá de las coyunturas políticas. La unión de
nuestros pueblos debe tener una base material que no pueda ser soslayada por gobernantes
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de turno contrarios a los procesos de integración. Carreteras, vías férreas, fluviales y aéreas
multinacionales, puentes y puertos son las bases de una integración regional sólida y a largo
plazo que debe garantizar la libre circulación de personas, bienes y servicios por toda la
región.
Integración productiva
64. La integración vertical de nuestras economías, más allá de los avatares de los mercados,
permitirá la consolidación de la integración sobre bases reales. Se debe poner especial énfasis
en la creación de cadenas productivas y la complementariedad económica intra-región. Un
modelo económico centrado en la justicia social, la equidad y cooperación económica entre
países y pueblos es posible y deseable.
65. Buscar los caminos para una integración productiva diferente, pues no se comparte que la
integración sea la compra por parte de empresas multinacionales (algunas de países vecinos)
de tierras, frigoríficos, arrozales, etc. La integración debe ser de gobiernos y de pueblos.
Integración cultural, científica y tecnológica de las sociedades
66. En la edad del conocimiento, la información y el aprendizaje continuo, la integración debe
llegar hasta nuestros pueblos plenamente, compartiendo una educación de calidad, una
cobertura integral de salud y una inclusión social más allá de las fronteras, así como la
conformación de una ciudadanía regional que haga de las fronteras una mera marca
administrativa y de las diferencias culturales una oportunidad de enriquecimiento mutuo.
67. Es prioritario pasar de la confrontación de ideas a la realización de acciones que cambien al
continente. La no inclusión en la agenda política de nuestros países de un marco regional de
cooperación e integración eficiente y profundo como un instrumento de inserción en el
escenario internacional es un alto riesgo a corto, mediano y largo plazo que debemos evitar.
68. Es imprescindible estimular la cooperación científica y tecnológica a nivel regional,
fortaleciendo el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de investigación básica y de
innovaciones tecnológicas. Se promoverá la participación de investigadores y expertos en
desarrollo tecnológico en los Foros de Competitividad.
La agenda del MERCOSUR
69. En el corto plazo y en materia comercial se deberá fijar un cronograma a efectos de
restablecer lo más rápidamente posible la disciplina del Arancel Externo Común (AEC),
eliminar el doble cobro, aprobar el Código Aduanero y la plena vigencia de la libre circulación
de bienes entre los países del bloque. Deberá replantearse la discusión sobre la estructura
arancelaria, en particular sobre la conveniencia de mantener niveles arancelarios elevados en
determinados grupos de bienes de capital y productos informáticos.
70. Es necesario que se establezcan criterios para compensar las asimetrías existentes entre los
socios y, hasta tanto ello no quede definido y no se restablezca el AEC, que se acepte la
prórroga de aquellos regímenes especiales de importaciones que benefician a los países de
menor tamaño.
71. Es necesario elaborar un “código de conducta” entre los socios que apunte a erradicar la
proliferación de restricciones no arancelarias y para-arancelarias que distorsionan el
funcionamiento del mercado ampliado.
72. La agenda social del MERCOSUR adquiere especial relevancia, así como la cultural y
ciudadana. Consideramos necesaria la coordinación en el Bloque para el efectivo
cumplimiento de las normas internacionales y regionales en materia de Derechos Humanos.
Se deben apoyar las iniciativas surgidas en cuanto a promover el MERCOSUR Social, su
Declaración de Principios, aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Social Regional
encomendado por los Presidentes, generar mecanismos similares a los Gabinete Social de
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carácter Regional (Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales) y poner en
funcionamiento el Instituto Social del MERCOSUR. En este mismo sentido la idea promovida
por el Presidente Vázquez durante la presidencia pro-tempore de Uruguay, de llenar de
ciudadanía al MERCOSUR a través del proyecto SOMOS MERCOSUR debe seguir
desarrollándose con intensidad.
73. Es necesario intensificar los vínculos entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales.
El Foro Consultivo Económico y Social debe estimularse y jerarquizarse, buscando lograr una
mejor articulación con la toma de decisiones del bloque.
74. Se requieren políticas específicas de integración fronteriza. Para ello será necesario
desarrollar los instrumentos bilaterales existentes y/o crear otros nuevos. Debemos concretar
definiciones ya establecidas en los acuerdos MERCOSUR, entre ellas, la optimización en
cuanto al funcionamiento de los Comités de Frontera, su representatividad, su nivel de
participación de las fuerzas locales, dotándolos de un mayor poder ejecutivo por su idoneidad
para adaptar políticas nacionales a su área específica. En consecuencia, a nivel de
propuestas, nos planteamos, entre otras, las siguientes: a) El fortalecimiento de derechos
humanos; b) El desarrollo económico y de infraestructura; c) El impulso en la prestación de
servicios sociales; d) Profundizar la cooperación; e) Preservar y desarrollar los valores
culturales, tendiendo hacia mejores niveles de enseñanza y educación; f) Agilitar los
mecanismos de prevención de emergencias, ante situaciones que afecten la salud humana, el
medio ambiente o ante catástrofes naturales; g) El manejo de las cuencas hidrográficas, las
aguas subterráneas y los cursos de agua internacionales, también deben ser parte del interés
bilateral.
Se debe profundizar el estudio de las cuestiones cotidianas que pautan la diaria convivencia
con argentinos y brasileños.
75. En virtud del papel que tienen las Intendencias y Municipios en el tema, es imprescindible
darle un estatuto de mayor relevancia a lo que hoy se enmarca dentro del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR. Es necesario
destacar la fecunda experiencia del proyecto Mercociudades a nivel de Municipios,
Intendencias y Alcaldías.
76. En el mediano plazo, es necesario promover los trabajos tendientes a la coordinación y
convergencia gradual de las políticas macroeconómicas entre los países miembros,
comenzando por un adecuado sistema de información entre los respectivos gobiernos, y el
establecimiento de metas que orienten la gestión de las políticas monetarias y fiscales en cada
país.
77. En el largo plazo, para alcanzar un mercado común será necesario adecuar su estructura
institucional, así como su sistema de toma de decisiones. Los procesos de integración no se
ajustan a modelos predeterminados. Deben contemplar las peculiaridades y circunstancias de
sus miembros participantes, tomando en cuenta además la situación internacional en la que se
desenvuelven. Ello no invalida el análisis de procesos similares intentados o concretados
previamente, superando sus errores y considerando sus aciertos.
Relacionamiento Sur-Sur.
78. Teniendo en cuenta el papel político y comercial relevante que están teniendo los Estados
emergentes a nivel mundial, como China, Brasil, India y Sudáfrica, Uruguay promoverá el
incentivar su relacionamiento político y comercial con estos Estados. Es de destacar la
importancia global que ha adquirido China en el plano político, económico, comercial,
financiero y cultural en estos últimos años, por lo que:
79. El Gobierno impulsará las negociaciones en curso respecto a expansión de exportaciones,
inversiones y comercio de servicios a la vez que se continuarán alcanzando mayores niveles
de cooperación en el sector financiero. Se fortalecerán los intercambios a través de los
diferentes acuerdos de cooperación, especialmente para impulsar una relación más profunda y
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con mayores beneficios recíprocos en diversas áreas de ciencia y tecnología, como ser
agricultura, altas tecnologías, energía, medioambiente y medicina.
80. Uruguay continuará trabajando para la creación de un ámbito de diálogo permanente y de alto
nivel entre América Latina, el Caribe y China. Este ámbito nos permitirá el desarrollo de una
agenda de temas estratégicos comunes como ser: lucha contra las causas de la pobreza; la
canalización de recursos financieros para el desarrollo de grandes obras de infraestructura en
América Latina; y diferentes planes de desarrollo integral.
81. Uruguay históricamente no generó una política diplomática específica hacia dicho continente;
oportunamente tuvo representaciones en Argelia, Costa de Marfil, Gabón y Nigeria. Al
presente nuestro país está representado en el mismo a través de dos embajadas: en Egipto y
Sudáfrica; y mantiene relaciones con 23 países sobre 53 del continente.
82. Paralelamente la presencia de Uruguay en este continente se manifiesta principalmente desde
lo militar con la presencia de las misiones de paz. Asimismo en este período de gobierno,
Uruguay ha tenido una fuerte participación en la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico
Sur (ZPCAS). Por lo que un nuevo período de gobierno de izquierda, debería posicionar en su
agenda internacional al continente africano, contando para ello con instrumentos como:
Naciones Unidas, ZPCAS, y además la apertura de representaciones diplomáticas en otros
países claves.
4. URUGUAYOS EN EL EXTERIOR
83. El fenómeno migratorio en el Uruguay comienza en la década de los 60 y desde ahí con
altibajos viene creciendo hasta el presente. Para analizar este fenómeno debemos reconocer
su carácter multifacético y vincularlo al modelo de desarrollo y de educación, la política
económica y el contexto histórico y cultural. A esto colaboraron las políticas regresivas, no
inclusivas, que aplicaron los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales y la represión
implementada por la dictadura.
84. La emigración se transformó en un freno real al crecimiento de la población y a la vez actúa
como un elemento amortiguador de los conflictos sociales derivados de la falta de empleo y
oportunidades.
85. La situación actual puede ser considerada una emergencia demográfica: hoy el 15% de la
población del país está en el exterior. De estos el 80% son menores de 44 años, y el 50%,
menores de 29. El envejecimiento de nuestra población resulta dramática y genera un
desequilibrio intergeneracional
86. El país todo debe reflexionar sobre esta emergencia, y para eso debe atender tres aspectos la
emigración/migración/retención, la vinculación con los ciudadanos uruguayos en el exterior y la
creación de condiciones para el retorno
87. Sería necesario adoptar la visión de “Uruguay Exterior”, no limitada a los “uruguayos en el
exterior”, para asumir la más amplia cobertura de los derechos de nuestros ciudadanos en el
exterior.
88. Con el primer gobierno se creó la Dirección para Asuntos Consulares y Vinculación así como
los Consejos Consultivos que todavía no han logrado concretar las dimensiones que se les dio
en la propuesta inicial. En este sentido, en un segundo período se elaborará un “Plan nacional
para los uruguayos residentes en el exterior” que continúe y profundice estas propuestas ya
iniciadas, retomando su espíritu original, proyectándose en el tiempo un marco plural y
transversal que involucre, a su vez a los países de acogida. Con estos países será necesario
impulsar la ampliación de acuerdos bilaterales a fin de incluir el reconocimiento a sus derechos
laborales y sociales, fomentando los sistemas de colaboración entre las administraciones de
empleo de los respectivos países, así como la articulación y la cooperación activa en materia
de retorno.
89. El MRREE promoverá una reestructura del servicio consular, que fortalezca las oficinas en
lugares donde las colectividades uruguayas son importantes y que se maneje con planes
compartidos y evaluados conjuntamente con las organizaciones de nuestras colectividades en
el exterior. Aumentará las prestaciones y servicios que otorgan a los compatriotas,
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particularmente en lo referente a renovación de documentos, como cédula y credencial cívica,
reválidas, etc.
90. La concreción de los derechos para los uruguayos debe apostar también a recuperar recursos
humanos con proyectos productivos que permitan el desarrollo de las capacidades y aporten
al Uruguay Productivo.
91. Se abordarán dos temas esenciales:
- Viabilizar el real ejercicio de los derechos políticos existentes en la Constitución,
habilitando la participación de todos los uruguayos, entre ellos, el derecho al voto en una
reforma constitucional que promoveremos en 2009.
- Implementar una política de retorno no solo para la recomposición de los lazos familiares,
sino para la reinserción productiva e intelectual de todos ellos.
- El retorno de nuestros compatriotas requiere de la participación directa de los
involucrados. Una política de retorno de los uruguayos exige un programa desde un
proyecto de País posible, con una estructura institucional, una Oficina de Retorno y
Bienvenida que involucre nuevos actores desde lo estatal y municipal junto con otras
estructuras de la sociedad civil, con la imprescindible participación de quienes viven
fuera de fronteras, que sólo lo podrán hacer si previamente se les reconocen sus
derechos ciudadanos.
92. Además es necesario estudiar en el futuro una reforma legislativa que permita la
representación política directa en el parlamento, de los compatriotas que residen en el exterior.
93. Esta situación no puede descontextualizarse de la situación mundial (hoy afectada por la crisis
financiera internacional) y los movimientos migratorios que dan marco a este fenómeno. Por lo
cual deberemos estudiar más en profundidad la realidad.
94. Ante la emergente inclusión de la temática migratoria a nivel de países y organismos
internacionales, se requerirá una nueva estructura, más abarcadora, con la creación de una
Comisión interministerial, dependiente de la Presidencia y articulada con el MRREE.
5. COOPERACION INTERNACIONAL
95. En el marco del proceso de transformación de la gestión de la Cooperación internacional es
fundamental la puesta en marcha del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional ya
aprobado por ley, y del Sistema Nacional de Cooperación Internacional en donde se
coordinen los diferentes organismos. Resulta necesario tener un espacio específico para
atención de la temática. Potenciar la cooperación es insertar el país en la escena
internacional.
6. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
96. En línea con una Reforma del Estado inscripta en una estrategia ambiciosa de largo alcance y
con perspectiva de transformaciones profundas, es que surgen una serie de propuestas y
recomendaciones para el cambio real y efectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores en una
institución útil y potente al servicio del nuevo proyecto de país productivo e integrado.
97. El MRREE es una herramienta significativa del Estado para el crecimiento económico
sustentable que contribuya a reafirmar la concepción de justicia social. En el caso uruguayo,
una estrategia de promoción de país requiere de una red de representaciones diplomáticas en
todos aquellos países en los que se estime necesaria una presencia tanto a nivel político y de
promoción cultural y turística del país, como por consideraciones económico - comerciales.
98. La estructura orgánico-institucional del MRREE -a partir de 2005- fue redefinida,
considerándose, sin embargo que es necesario un proceso mayor de transformación. El
código de actuación, la propensión al secreto cupular, la distancia con el resto de la sociedad
en la información y la falta de rendición de cuentas de la gestión, son algunas de las
características que se deben cambiar. La realización de esta tarea debe saber conjugar
sensatez y eficiencia para garantizar la continuidad de los servicios que existen, y en paralelo
procesar las transformaciones de forma gradual pero sostenida.
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99. La documentación hallada ha permitido comprobar el papel que cumplió el MRREE
institucionalmente al servicio de la dictadura. Se deben seguir desclasificando los documentos
que se encuentran en sus archivos y que tengan relación con los DDHH para ponerlos en
conocimiento de toda la sociedad.
100. La Cancillería ya no posee la exclusividad del accionar en materia de las relaciones
internacionales, dada la participación de otras estructuras del Estado; no obstante ello, la
articulación y coordinación debe ser ejercida por el MRREE, en el entendido que es un rol
específico del mismo.
101. Es imprescindible la consideración de una plantilla de funcionarios en formación
permanente y en sintonía con la Estrategia País definida. Para ello, es esencial la
readecuación del Instituto Artigas del MRREE, al que es indispensable reconvertirlo en una
institución que forme, investigue y sistematice información. Un área del máximo nivel
académico en estrecha coordinación con la UDELAR y vinculada con instituciones similares
de otros países a efectos de alcanzar el mencionado nivel académico.
Coordinación con los gobiernos locales
102. El coordinar con los gobiernos locales permite potenciar la política exterior en lo que se
refiere a la proyección económica y cultural del país, en el relacionamiento con los uruguayos
en el exterior, en la atracción de inversiones y en la captación de cooperación. De hecho
tampoco están ajenos al posicionamiento político en grandes foros internacionales como los
que tratan el tema migraciones, cohesión social, democracia, entre tantos otros.
103. Se ha reconocido su espacio en la institucionalidad del propio MERCOSUR, además del
espacio consolidado que en la región poseen las ciudades a través de Mercociudades. Es
necesario que exista una coordinación de este accionar internacional que no sólo busque
potenciar los objetivos del país en el exterior sino que impulse cada vez más la
internacionalización de estos actores.
104. Para esto no es suficiente con la Dirección de Relaciones Institucionales y debe estudiarse
el camino recorrido por las demás cancillerías en la región. Debe ser uno de los cambios en la
cultura del MRREE pensando en el propio proceso de descentralización que aborda el país.
Propuestas para la política cultural de la Cancillería
105. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde articular la política exterior, tanto en
materia política, económica como cultural.
106. El trabajo del Ministerio buscará definir estrategias de inserción con planes y programas de
actuación (por región y país), la incorporación de nuevas capacidades funcionales, redefinición
de la formación del personal diplomático en función de lo anterior y las necesarias
readecuaciones presupuestales.
107. Las acciones de difusión de la cultura uruguaya en el exterior constituyen una herramienta
clave para consolidar su capital cultural, su patrimonio histórico, material, inmaterial, su idioma
e identidad; y es a través de ella que enriquecemos la imagen y el prestigio de la República,
en el contexto internacional. Se continuará en la identificación de espacios para la promoción
de la cultura nacional en el exterior. Asimismo corresponde potenciar las comunidades de
uruguayos en el exterior como agentes, actores, difusores y destinatarios de las acciones
culturales.
108. Las acciones exteriores deben tener coherencia, lo que implica maximizar la coordinación
permanente con otros organismos como el Min. de Educación y Cultura, de Turismo y
Deporte, de Industria, Energía y Minería, gobiernos departamentales, ONG,
sectores
privados, etc.
109. Asimismo la transversalidad y complejidad de la temática cultural involucra áreas como la
económica-comercial en organismos como la OMC, OMPI, posibilitando que las industrias
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culturales-lingüísticas constituyan un campo de discusión político-económico donde se
entrecruza la cultura y se vehiculiza la construcción de sentidos.
110. Proseguir en el diálogo permanente con la sociedad civil, estructuras del Estado e
instituciones educativas públicas y privadas, a fin de tomar las demandas de proyectos donde
se exprese la diversidad de la cultura nacional fuera de sus fronteras.
111. Ampliar el área internacional desde el mecanismo de comisiones mixtas educativas-
culturales; y participar activamente en organismos internacionales tales como ONU;
UNESCO, OEI, OEA, entre otros, y en las negociaciones internacionales de carácter cultural-
educativo-científico-tecnológico, a fin de apoyar sus objetivos y programas, coordinando con
los organismos competentes y las representaciones diplomáticas en el exterior.

Resoluciones 5to Congreso Frente Amplio Uruguay democratico

2008-12-27T05:46:00.000-08:00

URUGUAY DEMOCRATICO

APROBADO POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI

13-14 de diciembre de 2008

Nuestros compromisos.-

Desde el inicio del Gobierno en 2005, la concepción democratizadora de la sociedad y del Estado ha sido una búsqueda permanente y una práctica consecuente, loque nos ha traído no pocos enfrentamientos con los sectores que ostentan distintos poderes.Sabíamos que íbamos a tener contradicciones y que el conflicto estaría planteado, tambiénhabíamos alertado que los tiempos del gobierno, los de la fuerza política y de las organizaciones sociales, eran y serían distintos. Para llevar adelante estos cambios nos propusimos transitar por los siguientes caminos: A. Identificación y descripción sintética de las políticas comprometidas para el quinquenio 2005-2010.- Al asumir el gobierno, nuestros compañeros se encontraron con una realidad peor de la esperada. La desorganización sistemática, la corrupción, las prácticas clientelísticas y la existencia de contradicciones varias, fueron más profundas de lo que podría esperarse. El desmantelamiento del Estado, afín a la aplicación de un modelo restrictivo de la participaciónciudadana, desregulador, de contenido neoliberal, trajo como consecuencia el empobrecimientode grandes sectores de nuestra población y la exclusión de otros, una inserción internacional queprofundizaba los términos de dependencia, la desarticulación del aparato productivo del país y laeliminación de los mecanismos de regulación de las relaciones laborales. La independencia formal de los poderes del Estado se contraponía a la existencia en la prácticade una preeminencia muy marcada del Ejecutivo por sobre los demás. Los aspectos más apremiantes fueron diseñados estratégicamente en distintos frentes a encarar en forma simultánea.

1. Transformación Democrática del Estado:

a) transparencia y eficiencia en el ejercicio del gobierno ‐fortalecimiento de los sistemas de auditorías ‐racionalización y simplificación de trámites y procedimientos ‐combate frontal a la corrupción, al contrabando y a la evasión fiscal.

b) Eficiencia en la gestión del Estado ‐estructuras estatales y administración pública ‐profesionalización de la gestión y la función pública ‐modernización del estado a través de la redefinición de funciones

c) Participación ciudadana y Descentralización - profundización de los mecanismos de participación ciudadana - descentralización en el plano político y administrativo

2. Gobernabilidad política y Social

a) Jerarquización del Parlamento como ámbito político por excelencia

b) Democratización de los medios de comunicación y de la información.
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2c) Respeto irrestricto a los derechos humanos, la vigencia y la aplicación de la justicia,así como el reconocimiento y la profundización de los derechos humanos.-

3. Poder JudicialReconocimiento y respeto estricto a su condición de poder independiente, garantizándolo a través de su independencia económico-financiera

4. Ordenamiento territorial y protección del medio ambiente.El territorio, con sus recursos naturales y los construidos a través de generaciones, es un bien único e irreproducible, indispensable para el desarrollo de la vida en todos sus aspectos.

a) el desarrollo de un espacio ambiental seguro y soberano que posibilite y promueva un Uruguay de producción sustentable.

b) La ordenación del territorio para su potenciación sustentable y sostenible y el logrodel mejor desenvolvimiento económico, social y cultural. Esta se expresa en disposiciones estructurales, estratégicas y reguladoras fundamentales para potenciar el crecimiento.-

B. Estado actual de implementación de los compromisos propuestos.- Atendiendo a la propuesta estratégica diseñada para transformar democráticamente la sociedad y el Estado, analizaremos ahora cómo hemos avanzado en la implementación de las políticaspúblicas encaradas a tal fin.

1.- Transformación Democrática del Estado. (TDE)El Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clases. El Estado debe ser controlador, generador, impulsor, e inversionista de la economía. Así como regulador de la actividad privada a través por ejemplo de créditos al pequeño y medianoproductor y comerciante cuyos fines acompañen el país productivo con justicia social. De lo que se trata entonces es de construir un Estado de nuevo tipo, al servicio de otro bloque de poder y de otro modo de producción. Entonces el mantenimiento y fortalecimiento de las empresas públicas (gestión) en manos del Estado es un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento esencial para el desarrollo del país. La TDE procura un Estado conductor, regulador, social y emprendedor. En otros términos,funcional a un programa de crecimiento, distribución de la riqueza, modernización, democratización y de inclusión social. En síntesis, un Estado que debe ser recuperado para cumplir adecuadamente el rol orientador del desarrollo nacional. Control de las áreas estratégicas a través de la definición de políticas nacionales de desarrollocon participación de la sociedad organizada. Control obrero a través de la co–gestión de los entes y servicios descentralizados con participación de los trabajadores organizados en todos los ámbitos donde se realiza la toma dedecisiones. Control del Estado. Mediante la creación de entes testigo en las áreas donde hoy no tienenparticipación. La TDE se encara en dos grandes capítulos: la descentralización y participación ciudadana y lamodernización de la gestión del Estado. Las reformas estructurales (Tributaria, de la Salud), la creación del MIDES, los Planes deEmergencia y de Equidad, de Igualdad de oportunidades y derechos y la modificación delRégimen de Asignaciones Familiares, son parte esencial de este proceso de transformacióndemocrática del Estado.a) Transformación de la Administración Central con la reubicación de organismos, la creación, rediseño, desconcentración y descentralización administrativa iniciados o en proceso (PIAI – ANTEL – DGI – DNA – AIN – ASSE - INAU – INAMU, etc.) son partedel proceso de mejora en la eficacia y eficiencia en la gestión del Estado.
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3b) La interinstitucionalidad a través de la creación del Gabinete Social, el Gabinete de la Innovación, la creación de Agencias, el Sistema Nacional de Inversión Pública o la Comisión Nacional de Políticas Pública de Igualdad y Género, son políticas implementadas para la mejora de la gestión del estado y una acción que permita la concertación de esfuerzos y habiliten la profesionalización de la gestiónc) El acercamiento de la gestión estatal a la ciudadanía a través de la creación demecanismos e instrumentos como los Centros del MEC, el Consejo AgropecuarioNacional y los Consejos Agropecuarios Departamentales en el MGAP, los Centros Públicos de Empleo en el MTSS, son ejemplos de un cambio que se inicia para desburocratizar el Estado y hacerlo más participativo. d) El Ordenamiento y Profesionalización de la función Publica a través del reconocimiento de la carrera funcional, el Sistema Integrado, Retributivo y Ocupacional, el Régimen depromociones y ascensos, etc. dan cuenta del inicio de un camino de dignificación de la tarea del servidor público. Para ello se ha encarado la regularización contractual demiles de trabajadores, la reorganización y rediseño de la carrera administrativa y se ha abierto nuevamente el ingreso a la función pública. Se ha propuesto un escalafón de conducción en la búsqueda de la profesionalización de lagestión, se ha apostado al conocimiento de las personas que integran los puestos detrabajo y se ha formulado, como punto de partida, la equiparación de los salarios en niveles mínimos.Se introdujo, y ello no deja de ser un hecho altamente positivo, la negociación colectiva enla función pública.- 2.- Descentralización Política y Participación Ciudadana. El objetivo general es la creación de una nueva institucionalidad que profundice la democraciasobre la base de una ciudadanía activa, el fortalecimiento del entramado social y la transferencia de poder hacia las grandes mayorías nacionales. La participación de representantes de los usuarios en la dirección de ASSE y de la Junta Nacional de Salud, las Mesas de convivencia y seguridad ciudadana, los procesosdescentralizadores en el MEC y MGAP viabilizan la integración de la ciudadanía y dan cuenta de compromiso político asumido de abrir la gestión estatal a la participación y control de laciudadanía.Revertir el centralismo montevideano y su reproducción a nivel departamental, hacia ladescentralización política y social, la desconcentración administrativa y el desarrollo local. 3. Gobernabilidad social y política.Se ha profundizado la horizontalidad de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional como órgano supremo de representación democrática. La promoción de los debateslegislativos sobre distintos proyectos claves del gobierno, han enriquecido los mismos y a su vez, la participación voluntaria de miembros del Poder Ejecutivo en la explicitación de las políticas que se han implementado, como la propia convocatoria desde el Parlamento a representantes del Ejecutivo, han permitido un mayor acercamiento, información y control del Legislativo.- El Diálogo Social ha sido la herramienta privilegiada del gobierno para tomar en cuenta a los diversos actores sociales y efectores de políticas públicas en base a los principios de: respeto mutuo, diálogo, búsqueda de caminos de concertación política. Ejemplos significativos de ello, lo representan los Debates convocados por los respectivosMinisterios sobre temas trascendentes como Educación, Seguridad Social y Defensa Nacional.- Se ha jerarquizado al Poder Judicial en aspectos sustanciales para la consagración de la verdadera independencia de poderes, fortaleciendo su autonomía económico-financiera conmayores asignaciones presupuestales tanto para su funcionamiento como en materia de inversiones.-
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4En el ámbito estrictamente social, la implementación de los Consejos de Salarios y la ley de Fuero Sindical han profundizado la democratización de las relaciones laborales. Es importante tener en cuenta el nivel de acuerdos a los que se ha arribado en las negociaciones tripartitas. Se destaca en este sentido la puesta en funcionamiento de un Ámbito de Negociación Colectivapara los funcionarios públicos.- La jornada de 8 horas para los trabajadores rurales y la inclusión del trabajo doméstico en los procesos de negociación colectiva, dan cuenta del compromiso de democratización de las relaciones laborales. La creación del Ministerio de Desarrollo Social y los Planes desde éste desarrollados como el Plan de Emergencia; a nivel del Gabinete Social, la puesta en marcha del Plan de Equidad, han consagrado la aplicación de políticas de inclusión social y de construcción de ciudadanía. No hay espacio más sustancial para la construcción de la igualdad de oportunidades que laeducación. Ella, además de ser imprescindible para avanzar en una mayor equidad, es underecho humano fundamental que debe procurar la construcción de ciudadanos críticos que insertos en su realidad, sean capaces de transformarla colectivamente. Por ello se ha apostadofuertemente a la educación dotándola de recursos que históricamente le habían sido negados. Derechos Humanos.- Se han implementado leyes y políticas públicas en pos del ejercicio plenode los derechos civiles, sociales, económicos y políticos. Se ha cumplido con el artículo 4° de laLey de Caducidad, que obliga a investigar los delitos denunciados y se ha habilitando la acciónde la justicia a través e una interpretación diferente de la ley de caducidad, representando esto un avance significativo, aunque queda mucho por hacer, en materia de verdad y justicia y en el respeto a los derechos fundamentales.- La democracia se fortaleció en nuestro país también en este plano y el respaldo popular que tuvo la acción del Gobierno y el Poder Judicial desmintió décadas de amedrentamiento. Se creó la Comisión de Seguimiento de la COPAZ y la Dirección de Derechos Humanos en la órbita del MEC y se ha definido un marco legal para los procesos migratorios que da fuerzainstitucional a los Consejos Consultivos de uruguayos en el exterior. Se han realizado avances en políticas públicas y aprobación de leyes que apuntan a la nodiscriminación de personas por causa alguna. Se avanza en el derecho a la protección de datos personales y a la intimidad. Se han constatado avances en la adecuación de la legislación interna respecto de tratados internacionales que el país había ratificado oportunamente(refugiados, migrantes, delitos de lesa humanidad) Se encuentran pendientes de resolución otras demandas de organismos internacionales que aún no han sido debidamente abordadas, comolas referentes al cumplimiento de la Convención de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y laConvención Contra toda forma de Discriminación hacia la Mujer. Seguridad Ciudadana.- Se proyecta la reforma del marco institucional fortaleciendo laprofesionalización de la fuerza pública. Se comenzaron programas dirigidos a capacitar losrecursos humanos del Ministerio. Se han coordinado las políticas de seguridad ciudadana conlas llevadas adelante por otros ministerios. Se destaca también el papel jugado en la acción preventiva y en la lucha contra las organizaciones delictivas que trafican con las drogas, apostando a una mayor participaciónciudadana, estrechando los vínculos con la fuerza policial. Se ha puesto especial énfasis en fortalecer las inversiones en el Ministerio del Interior tanto en el número de efectivos como en infraestructura y tecnología. Se están desarrollando políticas en busca de la inclusión de ciudadanos privados de libertad. El trabajo y el estudio, así como el compromiso de todo el Estado, son las herramientas fundamentales para esta misión. El Centro Nacional de Rehabilitación, a través de convenios laborales con El Correo, Ancap, OSE, ANP, Junta Departamental de Montevideo, Palacio Legislativo, etc., (donde ya están trabajando presos y liberados), mas la participación de empresas privadas y el desarrollo de iniciativas cooperativas de reclusos, demuestran laviabilidad del proyecto. Hoy el CNR tiene un porcentaje de reincidencia del 10 %, siendo este el más bajo de todo el sistema carcelario.
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5Medios de Comunicación. Se han dado pasos significativos en el sector público hacia una mayor calidad en el canal oficial y las radiodifusoras con una reformulación importante de la política informativa. Hay una ley de Radiodifusión Comunitaria lo que generará un fortalecimiento del sector social y comunitario y están en proceso de aprobación las modificaciones legales que tienen que ver conla libertad de prensa. 4.- Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteComo consecuencia, tanto de la subsidiariedad estatal por décadas de la planificación territorial y su puesta al servicio de intereses del mercado, como del acuñado concepto cultural de lapropiedad privada irrestricta, y la no consideración del suelo como recurso natural no renovable, se ha producido un fuerte desequilibrio estructural del territorio en relación a la distribución depoblación y actividades económicas. En ese sentido, podemos afirmar que este panorama ha comenzado a cambiar a partir de que nuestra fuerza política asumió el gobierno en el año 2005. Así lo demuestran las diversas iniciativas y actuaciones impulsadas desde los distintos ámbitos institucionales ejecutivos y legislativo, entre las que destacamos: a) La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esta ley establece elOrdenamiento Territorial como un cometido esencial del Estado. Define entre otros aspectos,los derechos y deberes de las personas sobre el uso y goce del territorio. Plantea avances en cuanto al uso social del suelo estableciendo limitaciones al concepto de derecho irrestricto dela propiedad privada. Crea además herramientas de ordenación y gestión territorial con las que enfrentar el uso especulativo del suelo y define instrumentos de planificación territorial.Establece competencias y mecanismos de coordinación institucional y de participación socialque deben profundizarse. Esta prevista su reglamentación en el resto del período. b) Ley de Repoblamiento de la campaña, mediante la cual desde diversos organismos estataleshan pasado al Instituto de Colonización más de 35 mil hectáreas de campo para distribuirlasa colonos, impulsando un uso del suelo al servicio de los intereses del país. c) Por otra parte, con la ley de Titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias se ha iniciado un proceso de control con respecto a la tenencia de la tierra en manos deextranjeros. d) Se ha trabajado con los gobiernos departamentales, aportando apoyo técnico e instrumental,en estrategias regionales, planes locales y microrregionales y Ordenanzas departamentales. También, en el ámbito departamental hay que destacar algunos avances en la práctica delOrdenamiento Territorial: e) las actividades del Puerto de Montevideo y las actividades que del mismo emergen encontraron en las previsiones de Plan Montevideo –colector perimetral vial, parque deactividades- instrumentos útiles para responder a las demandas logísticas de horizonte de mediano plazo, incorporando infraestructuras y generando suelo como soporte de las actividades productivas . f) a través de la Agenda Metropolitana, los territorios ambientalmente amenazados como la Cuenca del Arroyo Carrasco o la Cuenca del Santa Lucía han demandado acciones articuladas y planificadas para su protección.- Se inicia así una serie de acciones en el ámbito metropolitano que coordina y racionaliza servicios, infraestructuras, y actividades (transporte, saneamiento, producción etc.) mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. C. Líneas de Perspectiva para el próximo quinquenio (2010/2014) Reconocemos lo mucho que se ha hecho frente a la herencia de un Estado “balcanizado” y unasociedad segmentada. No obstante falta mucho por hacer.
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6Subsisten aún contradicciones en el seno de la sociedad y también conflictos que expresan quelos basamentos políticos de los cambios y la construcción de un Uruguay entre todos, no hansido del todo comprendidos ni aprehendidos por el conjunto social. El Uruguay democrático antecede al Estado democrático. La perspectiva histórica en la construcción del Uruguay entre todos, implica la construcción del consenso social, la coherencia con los principios y la modernización del Estado como conjunto de la nueva institucionalidad. La sociedad democrática tiene en las fuerzas políticas protagonistas fundamentales. Por ello tenemos claro que no debemos transferir al gobierno responsabilidades intrínsecas a las organizaciones políticas y la sociedad civil organizada. Ello nos obliga a proyectarnos sobre nuestros logros e interrogarnos en forma crítica sobre los desafíos que aún quedan planteados en términos de estrategias a definir o profundizar, para darle a los cambios la dirección irreversible que transformen democráticamente la sociedad y el Estado en su conjunto.La cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperadala democracia deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se forjará una cultura en elrespeto a los derechos humanos para los cual es imprescindible cumplir con el mandato delCongreso anterior de adecuar “la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad. La búsqueda de toda la verdad y de los restos de los desaparecidos no admitirá descanso, para lo cual se impone asignar esta función a una institución dotada de recursos materiales y humanos suficientes para una tarea de esta envergadura. De más de doscientos desaparecidosse han recuperado solamente los restos de siete y se resolvieron judicialmente trece casos. Y sigue dando las mismas inaceptables respuestas, ante la opinión pública y ante los jueces: que “no saben”, que “no se acuerdan”. Esa es nuestra verdad de hoy. En nuestro país, aún no se hacurado las heridas porque tenemos una verdad recortada, porque no se puede recordar lo que resta por saber y porque aún no se ha hecho toda la justicia que las víctimas del terrorismo deEstado tienen derecho. Es necesario asumir que la tarea pendiente sigue siendo enorme. El impulso democratizador que promovemos como fuerza política, tendrá como caracterización esencial un rescate claro y expreso de la solidaridad y una nueva ética que, desde los principios y valores del progresismo, permitan construir una nueva sociedad. Se debe fortalecer el papel del Estado como plataforma de desarrollo y a la vez creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. Eliminar las trabas que impidenel desarrollo del potencial productivo del país y la distribución de los recursos con equidad, requiere de un Estado activo, conductor, regulador y participativo. El Estado juega un papel fundamental en la redistribución de la riqueza, reduciendo las distancias sociales; es garantía dela igualdad de oportunidades y condiciones, permitiendo recuperar la dignidad ciudadana agrandes sectores de la población. La gestación de un bloque político social alternativo que genere un nuevo consenso social, se debe constituir en el sustento básico de esta estrategia democratizadora.En ese sentido deben procurarse desarrollar políticas públicas que impliquen el compromiso dela sociedad con el cambio, a través de estructuras de participación ciudadana y de lasorganizaciones representativas de la sociedad civil. La continuidad en el desarrollo social requiere considerar y solucionar algunos frenos hoy existentes en la realidad. Es enorme el esfuerzo realizado por el gobierno en materia económica, social y productiva; en algunas áreas, casi fundacional. Sin embargo, se reconocen aún nivelesde segmentación social, fragmentación corporativa y desigualdad, como obstáculos a remover para el avance de un proceso democratizador más profundo de nuestra sociedad. La transformación del Estado. Por ello la transformación democrática del Estado debe asentarse sobre fuertes bases departicipación de los trabajadores organizados, y de ciudadanos y usuarios de los servicios
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7públicos. Así la reforma de las estructuras estatales, acorde a las estrategias de desarrollo, selograrán con un fuerte apoyo y consenso social.La descentralización del Estado como proceso, debe involucrar a los gobiernos municipales articulándose con el gobierno nacional en el diseño y en el objetivo esencial de la descentralización: el ciudadano. Una parte del proceso descentralizador, la desconcentración deservicios, es acercar las oficinas estatales o municipales a la gente. Pero el esfuerzo principal esla gestación de formas de participación social en las políticas públicas. El logro de desarrolloslocales, eliminando los obstáculos existentes, se constituyen en parte esencial de la estrategia de desarrollo nacional La construcción del poder local ayuda al consenso social, y nos fortalece como sociedad. El desarrollo de políticas públicas democratizadoras, requieren de la creación de unainstitucionalidad incluyente de la sociedad civil, que haga suya el proyecto transformador, lo controlen socialmente y lo impulsen.La relación entre el Estado y la Sociedad históricamente se ha desarrollado desde una estrategia que no ha permitido resolver las contradicciones existentes, afectando a la burocracia y ésta alciudadano, generando en la sociedad una imagen negativa de esa relación. La dificultad para construir una Administración Pública con vocación de servicio al ciudadano, no se encuentra fuera del mundo del trabajo: lo incluye. La falta de procesos de participaciónabiertos es la expresión de un fenómeno que impide o traba las posibilidades de crecimiento, impidiendo que se plasmen ideas y proyecto en cada sector o rama de actividad. El gobierno ha tratado de destrabar los comportamientos instalados por esa rémora heredada del pasado y en algunos casos lo ha hecho con gran éxito. Un nuevo Sistema de Servicio Civil debe ser diseñado para operar como un sistema integrado de gestión cuya razón de ser sea la adecuación de las personas a la estrategia de la organización. La profesionalización de la gestión pública debe entenderse como dirigida y controlada por lapolítica, porque este es un principio democrático. Exige a su vez preservar la independencia eimparcialidad de la gestión pública en su funcionamiento por razones de garantía del sistemademocrático de gobierno. Allí están las premisas de lo que debe ser la construcción de un Estado de nuevo tipo,fuertemente arraigado en una estrategia democrática y participativa. Para profundizar el proceso iniciado en el 2005, aún embrionario, se deberá avanzar en: 1) La racionalización y coordinación de los servicios estatales y de las empresas públicas. También en la profundización de la coordinación interinstitucional. El camino emprendido por el Consejo de Ministros y los gabinetes por especialización son un claro ejemplo del camino a recorrer. 2) En la adecuación de las estructuras administrativas y de los recursos humanos de los servicios públicos desterrando el burocratismo, implementando los niveles de responsabilidad dedecisión en los lugares donde se presentan los problemas. El ejercicio del gobierno en estos cinco años, nos ha permitido constatar que no disponemos deun aparato administrativo capaz de desarrollar políticas amplias. Debemos seguir avanzando en el camino de la construcción de capacidades propias del Estado, garantes de nuestraindependencia y soberanía como Nación. Es una forma concreta de revertir el sub-desarrollo. La transformación del Estado debe considerar por igual las dos vertientes de la reforma: la institucional es decir, la que hace a las estructuras de la Administración Pública y la queinvolucra la gestión de los recursos humanos. Se debe profundizar en ambas vertientes, adecuando los Ministerios al cumplimiento de suscometidos esenciales: el diseño e implementación de las políticas públicas junto a las tareas deregulación. En materia de gestión de recursos humanos, debemos implementar un sistema de carrera definiendo adecuadamente la articulación entre ésta y los cargos de confianza política, promoviendo la profesionalización de la función pública. Las definiciones sobre los recursoshumanos del Estado son un tema de política, no solo incumben decisiones técnicas. Para ellohay que continuar y profundizar la línea iniciada por el actual gobierno de construcción de un
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8nuevo sistema de carrera en el marco de los principios y normas de la función publica del estado democrático de derecho.Ello implica seguir profundizando la implementación del Sistema Integrado Retributivo y Ocupacional (SIRO) junto al Sistema de Gestión Humana (SGH), a su vez parte fundamental de la transparencia activa del Estado. Debemos seguir impulsando una nueva Ética de la función pública, basada en el servicio público,la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia y el ingreso democrático a toda laAdministración. 3) En la planificación estratégica a mediano y largo plazo y en la construcción de compromisosde gestión, discutiendo los planes de los organismos con la participación activa de los trabajadores. 4) En el fortalecimiento de los cometidos inspectivos y de las estructuras funcionalescompetentes del Estado garantizando los derechos ciudadanos. 5) En la construcción de un Sistema de Información que apoye el diseño y desarrollo de políticaspúblicas. En relación con la sociedad civil, la generación de canales de comunicacióninteractivos, consolidando la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad del Conocimiento y la Información (AGESIC). Avanzar en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, dando un salto cualitativo en los servicios estatales en materia de transparencia y servicio al ciudadano. 6) En la capacidad de comunicación, coherente con el Estado que queremos. Esto es, la formulación de líneas de acción claras de unívoca comprensión. 7) En la descentralización institucional, incorporando la participación social de modo que permita involucrar al ciudadano, utilizando diversos mecanismos tales como, el presupuesto participativolocal y las consultas directas. Es necesario incluir en los proyectos de transformación democrática del Estado a todos los poderes del mismo, para construir una institucionalidad cualitativamente más democrática. El rediseño de los órganos de control del Estado como el Tribunal de Cuentas de la República y laAuditoría Interna de la Nación, se presentan como impostergables para el logro del sistema democrático que promovemos. El sistema político El sistema político debe profundizar el diálogo entre los partidos y de éstos con la sociedad,transformándose en el rasgo distintivo de una nueva cultura política. La ley de funcionamiento delos partidos, el acceso de la ciudadanía a toda la información sobre sus financiamientos, el uso equilibrado y equitativo de los medios de comunicación, serán instrumentos imprescindibles desocialización de la política. El Frente Amplio, a través de la experiencia en la gestión de gobierno va adquiriendoconocimientos. La sociedad, gobernada por nuestra fuerza política adquiere asimismoexperiencias y conocimientos sobre su capacidad, que la llevarán a decisiones que incluyen lo electoral. Propuestas para un Uruguay Democrático De esta primera experiencia de gobierno, surgen como necesidades de la nueva propuestaprogramática hacia el Uruguay Democrático, el fortalecimiento de las estrategias relacionadascon: 1) La profundización de las políticas tendientes al logro de la equidad en el acceso a losservicios básicos de calidad para toda la población y el ejercicio pleno de los derechoseconómicos, sociales, culturales y políticos.Profundizar los objetivos de no discriminación e igualdad, mediante políticas tendientes arecuperar el terreno avanzado en material legal para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
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92) El aumento de la seguridad ciudadana, en tanto necesidad de convivencia pacífica y pacificadora incorporando a la fuerza pública al diseño de una sociedad tolerante, solidaria ycomprometida con sus conciudadanos. 3) La igualdad de oportunidades ante la ley y el acceso a la Justicia, hacen necesaria laprofundización de las normas que regulan el ministerio público y fiscal, la modernización del Código General del Proceso, del Código de Proceso Penal y del Código Penal. Porque delos consensos políticos que se logren surgirán las decisiones acerca del funcionamiento de laJusticia, el rol de los jueces, fiscales o las formas de ingreso a la judicatura. En el Uruguay democrático la justicia debe ser percibida como un instrumento de defensa y fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y como herramienta válida para la resolución de conflictos y la integración social. Otro elemento a considerar se refiere al real acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin restricción alguna, como derecho humano esencial. Ningún ciudadano se debe ver excluido de acceder al sistema judicial. Asimismo se debe ir gradualmente a una mayor descentralización de los tribunales de justicia, llevando estos al alcance de la población, principalmente de los sectores más carenciados, tanto en la capital como en el interior delpaís. Corresponde revisar si no debe desandarse el camino en cuanto a la reinstalación de juzgados de paz en los barrios y también estudiar la creación de tribunales de alzada en lascuatro regiones del Uruguay. Asimismo se debería ir a la creación de organismos que atiendan lo puramente administrativo, excluyendo de su tratamiento a los Ministros. Surge la idea de crear unMinisterio de justicia. Otra sugerencia es la posibilidad de la creación de un Tribunal Constitucional que intervengaen las acciones de inconstitucionalidad. Para una mejor eficiencia y eficacia del Poder Judicial se le debe dotar de asesoramientostécnicos adecuados que hoy son insuficientes, fundamentalmente en los casos civiles ypenales más complejos.Se propone coordinar acciones a ese fin entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y laUniversidad de la República. 4) En el proceso de democratización de la comunicación, fortaleciendo los medios de comunicación públicos, generando en el sector privado una efectiva libre competencia y participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de comunicación. 5) El proceso de transformación de la sociedad uruguaya, iniciado en el 2005 con el ascenso al gobierno de las fuerzas progresistas ha sido desarrollado en consonancia de los más caros principios de la democracia. Se proyecta hacia un futuro en que se deberán vencer dificultades e incomprensiones aun presentes. Por tanto la construcción de nuestro programade gobierno sobre sólidas bases, tiene que estar atravesado horizontalmente por unaconcepción de los derechos humanos en sentido amplio e integral. Transformar nuestra sociedad sobre principios progresistas con políticas públicas comprensivas del más irrestricto respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Porque sólo así el colectivo social adoptará culturas inclusivas en todos los niveles y estratos en que se manifiesta. Incluir la paridad en la representación de mujeres y varones, con el criterio de alternancia, en cargos de decisión política, como expresión de la igualdad de derechos y responsabilidades en la conducción del país y la construcción de su destino (según lo expuesto y ratificado por nuestro gobierno en las convenciones internacionales así como en el Consenso de Quito). La sociedad uruguaya debe caminar hacia un estado de la verdad, donde cada actor social y político se haga responsable de sus actos y responda ante la sociedad a través de la Justicia, reafirmando la acción independiente del Poder Judicial. Ideológica y moralmente alejados dela búsqueda de venganza, porque la reconstrucción de una sociedad incluyente, requiere de un amplio debate político sobre el pasado reciente. Se ha intentado desde la recuperaciónde la democracia matrizar en la sociedad que “todos sabemos lo que pasó”, sin embargoqueda mucho por investigar. La búsqueda de la verdad y de los restos de los desaparecidos no admitirá descanso.
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10Se deberá avanzar en materia legislativa en la adecuación plena de nuestro ordenamientojurídico a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, convocando a la sociedad uruguaya a la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Por el futuro y por la solidez del proceso de transformación de la sociedad y del Estado, debemos afrontar esta responsabilidad. Solo así podremos cerrar las heridas aún abiertas y poner a la sociedad de cara a una convivencia tolerante, respetuosa del otro y solidaria. Por ello es necesario la creación de una Secretaría de Estado especializada en DerechosHumanos, responsable de garantizar el acceso a la Justicia, al Estado de Derecho y laseguridad jurídica.” 6) La creación de una estructura institucional con integración gubernamental y no gubernamental para el seguimiento de los grandes temas relativos a los derechos humanos,resulta relevante para un próximo período de gobierno. Se deberá trabajar para hacer visible y profundizar el impulso por los derechos de primera,segunda, tercera y cuarta generación, con énfasis en su integralidad y en el carácter del Estado como garante principal del efectivo goce y ejercicio de los mismos. No todos somos iguales y la sociedad debe reconocer y asignar los espacios a la diversidad. La exclusión no es solamente económica, también es cultural y la apuesta de nuestra fuerza política en su rol transformador, es atacar las mayores vulnerabilidades y las relaciones de dominación que las sustentan.- Para esta construcción transversal y horizontal en Derechos Humanos, es fundamental elaporte de la educación: para conocerlos y para ejercerlos. 7) Por otra parte, se deberán proseguir los esfuerzos para erradicar la doctrina de la Seguridad Nacional, sustento ideológico del terrorismo de Estado, y toda justificación al golpe de estado y el régimen cívico-militar, explicitándolo por diversas vías (reformulación de planes de estudio y revisión autocrítica del pasado por parte de los altos mandos), sobre la base derespeto a la democracia. La cultura de la impunidad deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se continuaráprofundizando la cultura de respeto de los derechos humanos. 8) El Ordenamiento Territorial, nueva política pública transversal e intersectorial, es un deberineludible de toda sociedad democrática, que reconoce al Estado un rol específico y proactivoen la orientación del cambio territorial. Esta política aporta transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica a la gestión territorial. En ese sentido, partiendo de una imagen prospectiva del país que queremos y del territorio que necesitamos a mediano y largo plazo, debemos desarrollar una política nacional deordenamiento ambiental del territorio que contribuya, tanto a la articulación de la promociónproductiva con la gestión eficaz y sostenible del territorio, como a la inclusión social conintegración espacial.Por otra parte, la democratización de la pertenencia del territorio, hace imprescindible generar acciones que reviertan el proceso continuo de extranjerización de la tierra. Para ello, es estratégico, entre otros aspectos, avanzar en: a) la profundización desde el Poder Ejecutivo de una política que sea capaz de realizar la necesaria coordinación interinstitucional de las diversas visiones sectoriales, así como, integrar la estrategia territorial nacional, con los insumos provenientes de los enfoques local, departamental y regional, b) el fortalecimiento institucional de las capacidades de los gobiernos departamentales y locales, donde la asignación de recursos técnicos y materiales esté directamenterelacionada a sus esfuerzos de planificación territorial y de la puesta en funcionamiento de los instrumentos previstos en la Ley de Ordenamiento Territorial. La introducción de los sistemas de información y de las nuevas tecnologías aportara eficacia a la gestiónterritorial,
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11c) junto al fortalecimiento, el apoyo a las autonomías locales necesarias para el desarrolloautogestionario, y la promoción de servicios y vínculos socio-productivos a escala local, d) la construcción de ámbitos de dialogo publico-privado, orientados a compartir y poner encomún visiones y estrategias para alcanzar una gestión eficaz del territorio; e) la implementación de espacios de participación social en la toma de decisiones y en lagestión territorial, con el necesario apoyo técnico que le aporteinformación y conocimiento a la ciudadanía. f) La elaboración y desarrollo de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, que definan los lineamientos generales de utilización del territorio en cuanto a infraestructuras, estructuras, grandes instalaciones industriales y zonificaciones productivas, junta a la puesta en valor de las singularidades e identidades locales, y laprotección de los recursos naturales, ambientales y culturales, g) la definición de acciones que reviertan la actual fragmentación socio espacial para la cualserá imprescindible entre otras acciones la derogación de la legislación de “urbanizaciones de propiedad horizontal” como forma de propender a la integración social en el territorio; h) el desarrollo de ámbitos de gestión territorial a nivel internacional, en relación a la administración de cuencas, acuíferos e infraestructuras compartidas, desde una perspectiva de integración y defensa de la soberanía asociada con los nuevos procesos transfronterizos; i) la definición de una nueva institucionalidad para la ordenación y gestión ambiental del territorio que supere la actual ubicación sectorial facilitando su tratamiento transversal e intersectorial y directamente relacionado a políticas de desarrollo; j) un exhaustivo estudio de nuestro actual mapa político administrativo que ignoraespecificidades territoriales que traban su gestión integral; k) en el marco de un “desarrollo sostenible”, la adopción de medidas tendientes por un lado,al uso productivo responsable y sostenible del suelo, para que disminuya su erosión y contribuya a defender nuestra “soberanía alimentaria”. Por el otro, el incremento denuestra eficiencia energética y nuestra cuota de energías renovables, junto a la captura de carbono y a esquemas de manejo “verdes” que puedan certificarse para los mercados internacionales. Por último, la transformación de la sociedad requiere de acciones de política orientada afomentar la participación de la ciudadanía en los distintos niveles. Esta participación en los procesos de transformación, irá construyendo los consensosimprescindibles sobre la necesidad de un nuevo pacto nacional que diseñe los mismos y remueva los obstáculos que hoy traban el desarrollo. Este nuevo pacto nacional deberá expresarse en una nueva Constitución de la República, para lo cual se deberá convocar unaConvención Nacional Constituyente en el primer año de gobierno.”

Defensa Nacional

Se encomienda a la Comisión Nacional de Programa de Gobierno la elaboración de los Lineamientos Programáticos sobre el tema, tomando como base los siguientes insumos: Documento presentado por la Comisión Nacional de Programa de Gobierno del FA. Documento presentado por la Comisión Permanente de Defensa Nacional, presidida por el cro. Gral (R) Víctor Licandro, al Congreso Héctor Rodríguez en el año 2003. Aporte presentado por los sectores Claveles Rojos y Nuevo Espacio.

2008-12-27T05:33:00.000-08:00

INTRODUCCIÓN
APROBADA POR EL V CONGRESO EXTRAORDINARIO CRO. ZELMAR MICHELINI
13-14 de diciembre de 2008
PUNTO DE PARTIDA, LOGROS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PRIMER GOBIERNO
FRENTEAMPLISTA.
La llegada de las fuerzas de izquierda al Gobierno Nacional ha significado un hecho de enorme
trascendencia histórica. No se trata de un cambio de elenco con el mismo proyecto de país -como
ha sido en el pasado con la alternancia de los partidos tradicionales-, sino de una auténtica
transformación de época, que marca el comienzo de una etapa en la que se intenta echar a andar
un nuevo proyecto de país, inclusivo y democrático, centrado en el desarrollo integral, el trabajo y
el bienestar de todos y todas las uruguayas.
Estos casi cuatro años de gobierno nacional han permitido que el país valore una manera distinta
de hacer política y de ejercer las responsabilidades de gobierno. Para nuestra fuerza política ha
significado hacer realidad los compromisos contraídos con la ciudadanía, enfrentar la crisis
originada en 2002, y comenzar a sentar las bases de un futuro distinto, de más justicia y
prosperidad, en el que todas y todos los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.
La crisis de 2002 significó un quiebre en la vida del país, tanto en lo económico, lo político y lo
social. Fue, en síntesis, el final dramático del desarrollo de un modelo de país, de claro carácter
neoliberal y conservador, que fue impuesto durante décadas por los distintos gobiernos que se
sucedieron desde la salida de la dictadura. Si bien los factores externos influyeron en el origen de
los problemas del país – especialmente la devaluación de enero de 1999 decidida por el gobierno
de Brasil y la crisis política y económica de fines de 2001 en Argentina – es claro que los
gobiernos de la época no supieron o no quisieron tomar las medidas necesarias para enfrentar y
preparar al país para las situaciones que era previsible se iban a producir. Bastaba observar la
evolución de las economías de la Región para ver que se incubaba una crisis que iba a impactar a
todas nuestras sociedades, causada por la aplicación de recetas que sólo sirvieron para aumentar
las desigualdades, la exclusión social, el deterioro del aparato productivo y la vulnerabilidad de
nuestras economías.
Las características más relevantes de la situación que exhibía nuestro país en marzo de 2005 se
pueden sintetizar de la siguiente manera:
En lo financiero la deuda bruta del sector público era de U$S 13,3 miles de millones, lo que
representaba más del 100% del PBI, a lo que se agregaba un pago de intereses anual
equivalente al 20% de los ingresos del sector público, además de suponer una gran dependencia
respecto a las condiciones de los organismos multilaterales de crédito. Uruguay llegó a ser el
segundo país más endeudado del mundo.
Había una enorme restricción presupuestaria y los vencimientos de deuda pública se
concentraban en los primeros años de este período de gobierno. Se necesitaban recursos para
cumplir con los mismos, cubrir el déficit fiscal y recomponer el nivel de reservas internacionales.
Había un déficit de inversión de la economía y los porcentajes del PBI destinados a la inversión
pública y privada implicaban un nivel totalmente insuficiente para mantener y aumentar la
producción y el empleo. La inestabilidad macroeconómica y financiera, los bajos niveles de
inversión en infraestructura y educación, un mercado interno reducido, un clima de negocios
inadecuado, reformas estructurales siempre postergadas y un escaso desarrollo del mercado de
capitales, conformaban el escenario en el que asumió nuestro gobierno.
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Se registraban importantes insuficiencias en materia de empleo, tanto desde el punto de vista
cuantitativo, como cualitativo. A fines de 2004, más de 160 mil personas estaban desocupadas,
situación que afectaba especialmente a los hogares pobres, los jóvenes de ambos sexos y las
mujeres de todas las edades. Al mismo tiempo, el empleo creado se caracterizaba por una calidad
muy baja, por su precariedad, su asociación con la subocupación y la frecuente existencia de
retribuciones indignas. Precisamente estos problemas de empleo actuaron como los elementos
determinantes en la generación de pobreza, desigualdad y exclusión. La tercera parte de la
población se encontraba en situación de pobreza y mucho más de 100.000 uruguayos en
situación de indigencia.
En resumen, los anteriores gobiernos dejaron al país endeudado como nunca, con un aparato
productivo totalmente estancado, una economía extremadamente débil, con la más alta
desocupación en décadas, con la cifra más alta de compatriotas en situación de pobreza, y un
marcado desprestigio internacional. Fracasaron en toda la línea. Por esto nuestra sociedad
decidió que era la hora de cambiar.
Como fue comprometido durante la campaña electoral, inmediatamente el Gobierno Nacional
tomó las primeras medidas para enfrentar la emergencia social, abrir paso al crecimiento y
generar ámbitos de negociación y diálogo. En términos del conjunto de la gestión, el compromiso
de la fuerza política en el gobierno se expresó en el Presupuesto Nacional aprobado para el
período 2005 – 2010, y reafirmado en las Rendiciones de Cuentas, con la definición de las
grandes prioridades presupuestales: inversión en Salud, Educación, Infraestructura y Seguridad
Ciudadana. Tales prioridades se reflejan en la evolución del gasto público social que ha pasado a
representar casi el 50% del total del gasto público y el significativo avance de la inversión en
materia de infraestructura energética, de telecomunicaciones, viales, portuarias, aeroportuarias e
industria logística.
En uno de los primeros actos de gobierno se procedió a la inmediata reanudación de las
relaciones con la hermana República de Cuba, demostrando la voluntad, no sólo de manejarse
con independencia, sino la intención política de sumarse en plenitud a la comunidad
latinoamericana. De igual forma se procedió con Palestina y la República Saharaui. Se retomó el
contacto fluido con los socios del MERCOSUR y se promovió como socio pleno a la República
Bolivariana de Venezuela. Se establecieron políticas concretas de relacionamiento con los
uruguayos en el exterior, a partir de la creación del Departamento 20 en el ámbito de Cancillería.
Se reafirmaron los principios de una política exterior independiente, soberana y de paz.
Reafirmamos el compromiso del Frente Amplio de consagrar el ejercicio del voto en el exterior a
todos los uruguayos, y para ello se seguirán realizando todos los esfuerzos que permitan hacer
realidad la consigna “un uruguayo un voto”.
Ha sido también un compromiso fundamental de la izquierda uruguaya en el ejercicio del
gobierno, la continua consolidación, desarrollo y perfeccionamiento de la calidad de la Democracia
y de sus instituciones, no sólo en los discursos en ocasiones solemnes sino en su práctica
concreta.
En este período de gobierno, el Parlamento ha mostrado un enorme dinamismo, aprobando una
gran cantidad de normas que hacen a los grandes temas del país, logrando una producción
legislativa en calidad y cantidad como no se ha visto en las últimas décadas. La sólida mayoría
parlamentaria del FA ha sido un motor fundamental para el significativo avance del cuerpo
normativo que rige a la República.
El Poder Ejecutivo ha cumplido con sus obligaciones, manteniendo continuamente la iniciativa en
cuanto a la propuesta y la implementación de políticas públicas, promoviendo el pleno ejercicio de
los derechos humanos, ejerciendo la autoridad en el más estricto cumplimiento de la Constitución
y la Ley, con firmeza y moderación. El Poder Judicial cumple con sus cometidos sin ninguna
limitación o presión por parte del poder administrativo.
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La mejora de la calidad de la Democracia se muestra también en el relacionamiento fluido y el
continuo diálogo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, que han sido
considerados y reconocidos plenamente por la autoridad central, asignando los recursos
económicos más allá de su color político.
Afirmamos que la tarea de los Intendentes frenteamplistas de Canelones, Florida, Maldonado,
Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Treinta y Tres, se destaca por su entrega, su compromiso
y por las transformaciones que han llevado adelante en sus respectivos departamentos.
Se ha ganado en calidad de Democracia también a partir de la promoción de instrumentos y
ámbitos de participación ciudadana, en el marco de una organización del Estado crecientemente
descentralizada, haciendo llegar y radicar las políticas públicas en el territorio y generando
instituciones locales cada vez más potentes y representativas de la red social que caracteriza a
nuestra Sociedad. Las convocatorias a los Consejos de Salarios, al Congreso Nacional de
Educación, al Congreso Nacional de Deporte, al Consejo Nacional de Turismo y la Asamblea
Nacional de la Cultura; el diálogo promovido sobre Defensa Nacional, sobre Seguridad Social, la
creación del Consejo Nacional de Economía, de los Consejos Sociales Departamentales, los
Consejos Agropecuarios Departamentales, el proyecto de Ley de Descentralización muestran la
voluntad de concretar una mayor y mejor Democracia, al servicio de más y mejor ciudadanía para
todos y todas.
Las prioridades establecidas en el Presupuesto Nacional 2005-2010 se han concretado en un
conjunto de políticas y reformas estructurales que han tenido un gran impacto en el presente, y
tienen una significativa proyección futura.
El Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, a través de sus siete componentes, se
convirtió en la estrategia integral que implementó con urgencia todas aquellas medidas tendientes
a atender las condiciones de extrema vulnerabilidad social en la que se encontraba una parte
significativa de la población uruguaya, buscando promover procesos de inclusión social, a partir
de la construcción de rutas de salida de la pobreza y la indigencia.
El PANES incluyó la implementación del Ingreso Ciudadano como medida universal para todos los
hogares en condición de extrema pobreza, la Tarjeta de Alimentación para todos aquellos con
niños y adolescentes. Se desarrollaron programas de atención sanitaria, de alfabetización, de
atención a personas en situaciones de calle, y se instrumentó una fuerte campaña por el derecho
a la identidad.
Los programas de inclusión al trabajo tuvieron un impacto relevante, articulando proyectos de
Trabajo por Uruguay, Rutas de Salida, Opción Productiva y Uruguay Clasifica.
Durante el período 2005-2007 fueron incluidos en el PANES 91.000 hogares, abarcando casi
400.000 uruguayos y uruguayas.
La experiencia del PANES permitió generar las necesarias coordinaciones interinstitucionales
para la articulación con las políticas sociales permanentes y con un enfoque universal, que son la
base de sustentación del actual Plan de Equidad.
El Plan de Equidad elaborado por el Consejo Nacional de Políticas Sociales ha fortalecido el
sistema de protección social y de asistencia social, con programas permanentes: incorpora los
avances del Sistema Nacional de Salud, la ampliación de la atención integral a la primera infancia,
el fortalecimiento de programas del Sistema Educativo, la ampliación de las Asignaciones
Familiares y de la Asistencia a la Vejez, y el desarrollo de programas de Trabajo Promovido, entre
otros.
Se instrumenta un plan para que todo niño al nacer sea registrado y tenga documento de
identidad. El nuevo sistema de asignaciones familiares abarcará a todos los niños, niñas y
adolescentes en condiciones de pobreza – aproximadamente 500.000 - ampliando y mejorando la
malla de protección social para la población de menores recursos.
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Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas, los índices de pobreza e indigencia
muestran una tendencia a la baja. La población en situación de pobreza descendió de 31.9 en
2004 a 21.7 en 2008 y la población en situación de indigencia se redujo del 3.9 en 2004 al 1.7 en
2008.
Se redireccionó el gasto público dando prioridad al Gasto Social previendo un aumento del 13,4%,
entre 2004 y 2009, pasando de representar un 35,7% a un 49,1% del total del gasto. Esto se ha
hecho con recursos genuinos generados por el crecimiento económico, una mayor recaudación y
los recursos liberados por la disminución del gasto de intereses de la deuda pública. En
Educación (ANEP y Universidad) se aumentó el presupuesto entre 2004 y 2007 en más de 2.476
millones de pesos. Para 2008 están asignados casi 2.000 millones más. El salario real de un
maestro grado 4 aumentó entre enero 2005 y 2008 en un 29,3%.
La inversión social que representa el Plan Ceibal, como proyecto revolucionario que está en
ejecución logrará que, a fines de 2009, cada escolar tenga una computadora. En 2009 se
alcanzará un gasto en educación equivalente al 4.5% del PIB. En salud entre 2004 y 2007 se
aumentaron un 56,4% los recursos para inversión en edificios, equipos médicos y personal.
El PIB ha crecido a un promedio del 7% acumulativo anual en el trienio 2005 – 2007, y en el 2008
se prevé un aumento en el entorno del 10%. Ese crecimiento proviene tanto del incremento de las
exportaciones como del aumento tanto en el consumo interno como en el gasto público. El PIB
industrial alcanzó al 24% del total en 2007.
Las exportaciones de bienes y servicios llegaron en el 2007 a un valor record de más de 6.800
millones de dólares y han contribuido al aumento de la producción y a la generación de empleo.
Las exportaciones de origen industrial alcanzaron los 2.139 millones de dólares en el mismo año.
Se ha diversificado el destino de las exportaciones, y en menor medida los productos exportados,
ya sean bienes o servicios.
El volumen de la inversión creció significativamente, en particular la inversión extranjera directa.
La inversión en máquinas y equipos en la industria alcanza al 36% del total invertido en 2007.
Se multiplicó por 9 la inversión en innovación entre el 2004 y el 2008 (de U$S 5:000.000 a
45:000.000). Se creó el Gabinete de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología y la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación, como instituto rector para impulsar las políticas en esta
materia.
La puesta en marcha del plan estratégico “Directiva de la Estrategia Industrial enfocada al
desarrollo y la adquisición de base tecnológica” es un avance sustancial para el diseño
consistente y de largo plazo de políticas de promoción y desarrollo de la actividad industrial.
Luego de décadas de postergación, a partir de no contar con asignación presupuestal propia,
durante la actual administración se multiplicaron por cuatro los recursos de la Dirección Nacional
de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, lo que ha permitido comenzar a desarrollar
políticas dirigidas a la promoción de la actividad cultural y artística en el más amplio espectro de
sus manifestaciones.
Se ha saldado una omisión histórica, al revertir el desamparo en que se encontraban los
trabajadores de la cultura con la aprobación de la ley de seguridad social del artista nacional.
Se reestructuró la deuda pública. El porcentaje del PIB que representa la deuda ha disminuido
sensiblemente y ha mejorado su perfil. Se han cancelado las deudas más exigentes en
vencimientos, más caras en intereses y condicionalidades, colocando deuda soberana en el
mercado internacional.
Han aumentado nuestras reservas internacionales desde el 1º de marzo de 2005 al 17 de junio de
2008 en 3.920 millones de dólares.
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La tasa de ocupación aumentó del 50,8% en el 2004 al 58,1% en Abril de 2008, se trata de más
de 188.000 nuevos empleados. La tasa de desocupación bajó en igual período de 13,1 al 7,6%.
Han aumentado los puestos de trabajo en relación de dependencia y los no dependientes con
local propio, lo que indica una mejora en la formalización del empleo. El extraordinario aumento
del empleo es un hecho comprobable en la vida cotidiana de cada uruguayo y uruguaya
residentes en el país. Los indicadores de mercado de trabajo han superado los niveles previos a
la crisis, alcanzando tasas de empleo y desempleo sin precedentes.
En este sentido debe destacarse que el número de puestos de trabajo que cotizan al BPS ha
mantenido un constante aumento durante estos tres años; el número de cotizantes del sector
privado se incrementó en más de 200.000 respecto al promedio de 2004. El aumento del número
de registros en el BPS fue significativo en todos los sectores destacándose la construcción y el
servicio doméstico.
La convocatoria a los Consejos de Salarios de la actividad privada y la creación del Consejo
Superior de Negociación Colectiva del Sector Público (por primera vez constituido para todos los
trabajadores del Estado) dieron un formidable impulso a la participación democrática de la
sociedad civil organizada, contribuyendo a la mejora de los niveles salariales, condiciones de
trabajo, el aumento de la formalidad del empleo y la mejora de la recaudación del BPS.
El ingreso medio de los hogares creció, en términos reales, un 24,7% entre el 2004 y el primer
trimestre del 2008.
La recuperación de la pérdida de salario real sufrida por los funcionarios públicos en el quinquenio
anterior se completó, en enero 2008, antes del final del período. En el Trienio 2005-2007 el salario
real de los trabajadores públicos y privados aumentó 14,4%.
En materia de pasividades, mientras las pensiones y jubilaciones en general registraron un
aumento en término reales del 7.3%, las pasividades de hogares de menores recursos
(aproximadamente 160.000) han recibido aumentos diferenciales acumulando una mejora en
términos reales del 13.7%, a lo que deberá agregarse los aumentos de enero de 2008.
En materia de infraestructura, energía y logística, recibimos el país con un gigantesco retraso en
distintas áreas como el sector energético, el dragado de vías fluviales, el transporte de agua
potable, puertos y transporte ferroviario, entre otros.
Se mejoró el transporte metropolitano de pasajeros disminuyendo o manteniendo el precio del
boleto (boleto gratuito para escolares y alumnos del primer ciclo de enseñanza media en todo el
país y al personal subalterno de las fuerzas armadas en Montevideo). La disminución del precio
del boleto abarca también a los servicios suburbanos e interdepartamentales. Todo esto
recordemos dentro de una escalada imparable del precio del petróleo, que pasó de
aproximadamente 45 US$/Barril cuando asumió el FA a los actuales valores del entorno de 100
US$/barril.
La ANP ejecuta 18 proyectos de infraestructura, mejora de gestión y servicios portuarios, con gran
éxito. Mejoras en rutas, caminos, recuperación de las vías férreas, terminación del puente sobre el
Santa Lucía. Se comenzará a ejecutar la obra asociada a la 6ta línea bombeo de agua potable
para abastecer a Montevideo.
Entró en operación la Central Punta del Tigre de UTE, aumentando el parque térmico de
generación eléctrica y está comenzando la construcción de la interconexión eléctrica a gran
escala con Brasil. Se impulsaron fuertemente como nunca antes, las energías renovables
alternativas, eólica, biomasa, biodiesel y alcohol carburante. También se impulsó ampliamente la
eficiencia energética.
ANTEL extiende y moderniza sus servicios. Se establece la tarifa única para llamadas a nivel
nacional, eliminándose las “largas distancias nacionales”.
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Con respecto a la Logística, como proceso de creación de valor, se impulsó su desarrollo - con los
esfuerzos público –privados, en su más amplia acepción y en todas las áreas que implica.
En la construcción de un país más equitativo con perspectiva de largo plazo se implementaron
algunas de las reformas estructurales definidas como estratégicas por el IV Congreso del Frente
Amplio.
La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene como objetivo fundamental asegurar
el acceso universal a servicios integrales de salud, orientados por principios de equidad,
continuidad, oportunidad, calidad según normas, interdisciplinariedad y trabajo en equipo,
centralización normativa y descentralización en la ejecución, eficiencia social y económica,
atención humanitaria, gestión democrática, participación social y derecho del usuario a la decisión
informada sobre su situación. Se basa en priorizar el primer nivel de atención de la salud,
aprovechando todos los recursos humanos y materiales disponibles, regulando y controlando los
medicamentos, insumos y tecnologías, apuntando a un servicio sin fines de lucro.
Esta reforma sustituyó el antiguo régimen de atención y supuso un incremento de la cobertura sin
precedentes alcanzando en abril de 2008 a más de 1.240.000 personas, de las cuales 380 mil son
menores de 18 años.
Durante este período de gobierno se ha dado cumplimiento al art. 4º de la Ley de Caducidad, tal
como lo definiera el IV Congreso del Frente Amplio. El Gobierno Nacional ha asumido el
compromiso con la verdad y la justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos
antes y durante la dictadura: se habilitó la acción de la justicia y se investigaron los delitos
denunciados. Como resultado de ello, se han comenzado a encontrar restos de uruguayos
desaparecidos y hoy se encuentran privados de libertad varios de los responsables de estos
crímenes, cuya impunidad parecía inamovible.
Se ha comenzado un proceso de profunda Transformación Democrática del Estado (TDE), en el
que se procura la construcción de un Estado conductor, regulador, social y emprendedor. En
otros términos, funcional a un programa de crecimiento, distribución de la riqueza, modernización,
democratización y de inclusión social.
La TDE se encara en dos grandes capítulos: la descentralización y participación ciudadana y la
modernización de la gestión del Estado. El primer capítulo ha tenido como objetivo general la
creación de una nueva institucionalidad que profundice la democracia sobre la base de una
ciudadanía, el fortalecimiento del entramado social y la transferencia de poder hacia las grandes
mayorías nacionales. La participación de representantes de los usuarios en la dirección de ASSE
y de la Junta Nacional de Salud, las Mesas de convivencia y seguridad ciudadana, los procesos
descentralizadores en el MEC y MGAP, viabilizan la integración de la ciudadanía y dan cuenta de
compromiso político asumido. El mismo objetivo se expresa en forma orgánica en el Proyecto de
Descentralización que hoy se encuentra a consideración del Parlamento Nacional.
Son parte de procesos de modernización del Estado: la Transformación de la Administración
Central con la reubicación de organismos; la creación, rediseño, desconcentración y
descentralización administrativa; la interinstitucionalidad a través de la creación del Gabinete
Social, el Gabinete de la Innovación, la creación de Agencias, el Sistema Nacional de Inversión
Pública y la Comisión Nacional de Políticas Pública de Igualdad y Género; el acercamiento de la
gestión estatal a la ciudadanía, el Ordenamiento y Profesionalización de la Función Publica a
través del reconocimiento de la carrera funcional, el Sistema Integrado, Retributivo y Ocupacional,
el Régimen de promociones y ascensos, etc. dan cuenta del inicio de un camino de dignificación
de la tarea del servidor público. Para ello se ha encarado la regularización contractual de miles de
trabajadores, la reorganización y rediseño de la carrera administrativa y se ha abierto nuevamente
el ingreso a la función pública. Se ha diseñado un escalafón de conducción en la búsqueda de la
profesionalización de la gestión, se ha apostado al conocimiento de las personas que integran los
puestos de trabajo y se ha formulado, como punto de partida, la equiparación de los salarios en
niveles mínimos.
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La Reforma Tributaria: durante varias décadas, nuestro país careció de una visión estratégica en
materia tributaria. Las modificaciones introducidas al sistema hasta el 2004 se vincularon en
general a situaciones de desequilibrio fiscal, así como a presiones sectoriales que derivaron en
exoneraciones asociadas a cuestiones coyunturales, no siempre motivadas por propósitos de
interés general. De este proceso devino una estructura caracterizada por una excesiva
participación de la imposición al consumo con tasas nominales muy elevadas, un sistema de
imposición a la renta parcial, y la proliferación de impuestos pequeños, de baja recaudación. Se
trataba en síntesis de un sistema inequitativo y complejo.
Se realizó una significativa reforma en el modelo de tributación. El objetivo de la misma no es
recaudar más sino recaudar mejor, sobre principios claramente definidos: promover una mayor
equidad, relacionando la carga tributaria con la capacidad de contribución; incremento de la
eficiencia del sistema en cuanto a una mejor asignación de recursos en la economía; estimular la
inversión productiva y el empleo. Asimismo, se ha definido que la reforma estará bajo una
constante evaluación, en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de
equidad, eficiencia y estímulo a la inversión y el empleo, realizándose los ajustes necesarios.
Las principales medidas incluidas en la Reforma fueron:
Eliminación de impuestos de difícil recaudación y alto costo administrativo.
Instrumentación de un sistema de imposición a la Renta que incorpora la obligación de tributar
sobre todas las de rentas de fuente uruguaya y no sólo sobre algunas de ellas, tal como
sucedía con los salarios y algunas rentas empresariales. Tasas progresivas para las rentas
provenientes del trabajo en función de los niveles de ingresos y la posibilidad de deducir los
costos de salud de los hijos menores de 18 años.
Disminución del 10 % al 14 % de la tasa mínima del IVA que grava bienes y servicios de
consumo popular.
Promoción de la equidad entre los distintos sectores de la producción, a partir de una
distribución más igualitaria de los tributos que los gravan, incluidos los aportes patronales a la
seguridad social en el sector privado y en las empresas públicas.
Los resultados de la Reforma Tributaria son muy significativos y muestran la necesidad y la
justicia de la propuesta: la recaudación no se ha resentido y se ha ganado en eficacia de la acción
recaudadora; más del 80 % de los trabajadores y de los pasivos no pagan IRPF.
HACIA EL SEGUNDO GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO
MÁS DEMOCRACIA, MÁS JUSTICIA, MÁS PROSPERIDAD
Para la izquierda el programa sintetiza el compromiso que se asume frente a la ciudadanía. Los
frenteamplistas estamos orgullosos del trabajo que ha estado realizando nuestro gobierno.
Tenemos fundadas razones para sentirnos satisfechos del camino recorrido, y el compromiso con
los cambios hace que asignemos un valor muy importante a todo lo que resta por hacer. Esto es
lo que convierte al programa en una herramienta clave para dinamizar el trabajo orientado a ganar
las elecciones del año 2009.
Somos ambiciosos en los objetivos que orientan la elaboración programática, porque en ella
estamos renovando el compromiso de esta fuerza política con la justicia social y con la mejora
permanente de las condiciones de vida de la población.
Las Bases Programáticas que aquí se presentan intentan sintetizar en términos de grandes
orientaciones y objetivos la propuesta de la izquierda uruguaya para el próximo período de
gobierno.
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“Hacia una estrategia de Desarrollo Nacional” expone los rasgos generales de un proyecto que
mira al mediano y largo plazo, buscando respuestas a los problemas estructurales que ha vivido
nuestro país en las últimas décadas, con el objetivo de consolidar y mantener en el tiempo el
crecimiento con justicia social que ha comenzado en el actual período de gobierno.
Las propuestas de orientaciones y objetivos están organizadas en torno a grandes ejes temáticos:
Uruguay Productivo
Uruguay Innovador
Uruguay Social
Uruguay Cultural
Uruguay Democrático
Uruguay Integrado
En todos o en varios de cada uno de estos Ejes Temáticos se encontrarán problemas y áreas
tratadas más de una vez; se trata de asuntos “transversales” que tienen que ver con distintos
conjuntos de temas y de políticas que necesariamente requieren un abordaje multidisciplinario e
interinstitucional. El objetivo ha sido superar una visión segmentada y sectorial para ir hacia un
planteo sistemático y consistente, que vea a la sociedad y sus problemas como un todo que
requiere de políticas integrales con perspectiva global.
HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL
Al asumir la presidencia nacional, el 1º de marzo del año 2005 el Presidente Tabaré Vázquez
resumió el objetivo del gobierno del Frente Amplio para el país:
“... Un país donde nacer no sea un problema, ; donde ser joven no sea sospechoso, donde
envejecer no sea una condena; un Uruguay donde la alimentación, la educación y el trabajo
decente sean derechos de todos y todos los días; un Uruguay confiado en sí mismo; un
Uruguay que recupere la confianza de soñar y de hacer los sueños realidad”
El FA procura transformar el Uruguay para que sus habitantes logren niveles crecientes de calidad
de vida. Esta aspiración se resume en el concepto de desarrollo. En el marco de una concepción
integral del desarrollo cabe definir aquí el desarrollo económico- social como un objetivo central
del gobierno de izquierda. Esta aspiración implica definir políticas activas en diversos campos
para mejorar las condiciones de vida de la población.
Para lograrlo es imprescindible el crecimiento económico sostenido, porque así aumentará el
producto y la riqueza nacional. Para un país con las condiciones de Uruguay esto implica
aumentar y especializar la producción, elevar el valor agregado, la calidad y el conocimiento de
nuestra producción. Una estrategia de desarrollo implica promover la innovación y el cambio
técnico en nuestro aparato productivo. E implica una inserción en la región y en los mercados
internacionales que permita superar la estrechez de nuestro mercado interno
Este crecimiento debe ir acompañado de la mejora del número y la calidad de los empleos y de
las remuneraciones. El elevado crecimiento acumulativo anual de los últimos años se ha
constituido en un factor esencial del descenso del desempleo abierto, pero se hace imprescindible
además que junto al crecimiento se promuevan cambios en la conformación de la estructura
productiva, impulsado en rubros con mayor generación de puestos de trabajo directos e indirectos
y en fuentes de crecimiento sectorial más diversificadas. Los logros económicos generan
condiciones para mejorar la sociedad, que es el objetivo final de todas las políticas.
El desarrollo cultural de la sociedad no solo es una parte impostergable de la mejora de la
calidad de vida de la población, sino que implica la generación de un gran número de
fuentes de trabajo y una defensa de su identidad diversa frente a un mundo globalizado.
El desarrollo de las industrias culturales y la consolidación de la presencia de programas
de ficción, arte y cultura nacionales en los medios de comunicación, fomentan la
producción, la creación y el empleo.
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Asimismo, una estrategia de desarrollo nacional incluirá políticas de equidad de género,
generaciones, razas y etnias.
El crecimiento económico acumulado en este nuevo período de auge que comienza en el año
2004, más el que potencialmente se agregará por las potencialidades de nuestros recursos
productivos, encuentran ya límites en los recursos humanos, en la infraestructura instalada y en
los actuales medios de comunicación y transporte. Son recursos y áreas estratégicas en las
cuales será indispensable la visión de mediano y largo plazo, con la necesaria participación del
estado.
Por lo mismo es son necesarias políticas educativas porque en el mundo actual el conocimiento
cumple un rol decisivo y el nivel educativo de toda población, que implica el desarrollo de todos
los niveles de la enseñanza desde primaria a la universidad. Para que la educación sea
efectivamente un factor de promoción social y no se convierta en una causa exclusión, como
podría ocurrir si no se logra una efectiva inclusión social y laboral.
No hay crecimiento, ni aumento, ni mejora de la calidad del empleo sin inversión enmarcada
dentro de una estrategia nacional productiva, por eso promover y desarrollar las mismas, incluida
la estatal, es requisito necesario y fundamental para el logro de los objetivos planteados en el
programa del FA. La inversión global puede y debe crecer a partir de reorientar el ahorro nacional,
en sus diversas formas, hacia el desarrollo de la inversión interna. También es clave que el estado
fije un conjunto de parámetros de negociación para lograr la efectiva contribución de la inversión
extranjera al proceso de desarrollo nacional.
Esta visión integral el Desarrollo resulta de la acción conjunta de todas las políticas: la económica,
la productiva, la de innovación, la educativa, la social y la cultural. Ninguna de ellas por sí misma
es capaz de lograr una mejora sustancial en las condiciones de vida de la sociedad, es
imprescindible la articulación de todas las políticas en una estrategia única cuyo destino final sea
lograr un país donde todos podamos vivir y desarrollarnos.
inclusión social y laboral.
Una estrategia de desarrollo implica un rol activo del Estado. El abstencionismo de los gobiernos
pasados no logró mas que sumirnos un una crisis tras otra, en que el aparato productivo no se
especializara, que la inversión no creciera, que el desempleo se elevara a las nubes, que la
pobreza y la marginalidad creciera. El primer gobierno del Frente Amplio demostró que esa
tendencia puede cambiarse y en el segundo gobierno profundizará los cambios. En esta
estrategia el gobierno tuvo un rol activo.
En esta etapa la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos
normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso
convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno.
Pero no alcanza. Es necesario el involucramiento de toda la sociedad. Por diversas razones. En
primer lugar porque los actores sociales cumplen un rol decisivo. Es necesario de los empresarios
una actitud competitiva, innovadora, comprometida con el cambio técnico, en un marco de
responsabilidad social. Asimismo es necesario el involucramiento de los trabajadores porque el
trabajo y la calidad del mismo tienen un rol central en el funcionamiento de la economía. Son
necesarios acuerdos tripartitos que abarcando los temas salariales y las condiciones de trabajo,
también alcancen a la producción, los sistemas de calidad y la innovación, en donde todas las
partes tienen conocimientos que aportar.
El programa del gobierno del Frente Amplio 2011 – 2015 se ajusta a las nuevas condiciones del
país y la economía mundial e integrará las enseñanzas del primer gobierno. Los objetivos
centrales del programa de gobierno 2005 a 2010 estuvieron relacionados con la recuperación de
un país destruido por la crisis: fue un programa de reconstrucción nacional. El programa para los
próximos cinco años tendrá metas más ambiciosas: profundizará todas las reformas
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implementadas, abordará los objetivos que quedaron inconclusos y generará las bases para un
desarrollo sostenido.
La política macroeconómica
La política macroeconómica deberá garantizar condiciones de estabilidad adecuadas a los
objetivos de crecimiento, la creación de empleo y la distribución del ingreso. El mantenimiento de
los equilibrios macroeconómicos constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para
alcanzar las metas de desarrollo con justicia social establecidas en nuestro programa de gobierno
y para mejorar el bienestar de todos los uruguayos.
Debe apuntar a fortalecer los pilares del crecimiento económico de largo plazo, incrementando la
inversión en capital físico y humano, mejorar las condiciones de competitividad internacional de
nuestra producción así como reducir los costos de intermediación financiera y el desarrollo de los
mercados de capitales. El logro de estos objetivos implica también integrar componentes
anticíclicos y mejorar las instituciones para hacerlas más seguras y transparentes.
La política fiscal procurará alcanzar el equilibrio estructural en las cuentas públicas tomando en
cuenta el efecto del ciclo económico, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos.
Se priorizarán las consideraciones de largo plazo, haciendo más predecible la inversión pública y
permitiendo que el gasto crezca en función del crecimiento de largo plazo de la economía y no
con los vaivenes coyunturales asociados al comportamiento de los mercados internacionales.
El período de crecimiento reciente junto a un manejo adecuado de las cuentas públicas, permitió
que en forma simultánea se redujera el déficit a un mínimo histórico a la par que se procesaba un
profundo cambio en la estructura presupuestal a favor del gasto social. A pesar de que aún falta
un largo camino por recorrer para resolver problemas de pobreza que ya tienen anclajes
estructurales, el gasto social debe integrar ahora con más fuerza el componente de impulso al
desarrollo económico. Esto requiere también de un renovado esfuerzo de apoyo a los ministerios
relacionados con la producción.
El sistema tributario debe promover una mayor equidad en la estructura impositiva y de aportes a
la seguridad social, relacionando la carga tributaria con la capacidad de contribución de los
distintos sectores sociales y económicos. El objetivo es que contribuya más quien tenga más. En
el primer gobierno, con estos objetivos se implementó una reforma tributaria cuyos resultados
serán analizados y considerados en futuras profundizaciones de la reforma para lograr más
equidad.
Asimismo, debe coadyuvar a una mayor eficiencia y operar de manera consistente con el estímulo
a la inversión productiva y el empleo. Estos objetivos deben procurarse en un marco de
consistencia con las necesidades financieras que emergen de las responsabilidades del Estado
en todas las áreas, principalmente en el área social y en el apoyo a la producción.
Este esquema tributario, con tasas más reducidas en los impuestos más relevantes, con mayor
simplicidad, con más equidad sectorial y con más facilidades de contralor, promoverá la
formalización de la economía y desestimulará la evasión, viabilizando el proceso de disminución
de la carga tributaria individual de los buenos contribuyentes. Para una mayor eficiencia se debe
promover, con intervención de la justicia, el levantamiento del secreto bancario con exclusivos
fines fiscales para controlar la evasión impositiva.
En el sistema tributario deben profundizarse los cambios realizados manteniendo el objetivo
primordial de sustituir gradualmente los impuestos al consumo por impuestos a la renta y a la
riqueza. La rebaja del IVA debe mantenerse como objetivo, que puede estar asociado también a
las medidas de contención de la inflación cuando se considere necesario, así como la promoción
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de la equidad en el IRPF y el aliento a la inversión debe provenir de estímulos fiscales específicos
con contrapartida, disminuyendo los de carácter global.
El sistema tributario debe seguir siendo consistente con los diversos mecanismos de promoción
de inversiones con que cuenta el país, beneficiando el desarrollo de emprendimientos
generadores de empleo, de mayor valor agregado, de innovación tecnológica, de mejor calidad de
procesos y productos, etc.
La aplicación del sistema se complementa con la profundización del proceso de modernización de
la Administración Tributaria así como con la coordinación creciente entre organismos como la
Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). La reducción de la
evasión -en la medida en que sea una tendencia permanente- será una fuente estable de
financiamiento del gasto público.
El servicio de la deuda pública fue bien administrado en este período de gobierno. Aunque no
disminuyó en términos absolutos, se alargaron plazos, se redujeron condicionamientos e
intereses. Es muy difícil que se pueda implementar una política de desendeudamiento efectivo sin
sacrificar objetivos de gasto e inversión pública. Es necesario persistir en una administración del
endeudamiento público que permita continuar reduciendo gradualmente la importancia de los
intereses en el presupuesto nacional y de la deuda bruta en el PBI.
La política de gasto público será un instrumento poderoso para mejorar la eficiencia y eficacia
de la gestión pública. Los programas desarrollados por los organismos que componen el
Presupuesto Nacional y por las Empresas Públicas deberán demostrar su validez y eficacia.
Deberá fortalecerse el papel de las oficinas públicas dedicadas a evaluar la calidad del gasto y de
los proyectos de inversión, y extenderse el uso de indicadores de desempeño y compromisos de
gestión como herramientas fundamentales para lograr los objetivos deseados en materia de
calidad y cantidad de servicios brindados a la población.
La evaluación de los resultados de los programas constituirá un instrumento fundamental para la
toma de decisiones respecto a la asignación de nuevos recursos públicos. Para ello, es necesario
contar con un sistema de control de gestión, capaz de generar los incentivos adecuados y servir
de mecanismo de rendición de cuentas de los organismos públicos a la ciudadanía.
Las políticas monetaria y cambiaria también deben ser compatibles con los objetivos inflacionarios
y la mantención de la competitividad de la producción nacional así como las metas de largo plazo
en cuando a la promoción de la inversión, del empleo y del crecimiento sostenible. Esto implica
considerar los distintos factores que influyen en el alza de precios en los diferentes contextos
nacional e internacional, así como los ciclos económicos.
No obstante, la política cambiaria debiera atender la competitividad, que se traduzca no solamente
en beneficios a la exportación sino que también favorezca la inversión en proyectos productivos
que carecen de las ventajas comparativas derivadas exclusivamente de nuestra abundancia en
recursos naturales. Para ello es indispensable la intervención del sistema financiero público en el
mercado cambiario, y de ser necesario también la regulación de los flujos de capital internacional.
Una economía pequeña y abierta como la uruguaya para enfrentar shocks adversos originados en
el exterior debe reducir los impactos de los movimientos especulativos de capital. Por otra parte, el
régimen cambiario es funcional para lograr una creciente desdolarización de la economía.
El problema de la inflación, con las características que ha presentado en los últimos dos años han
reflejado la paradoja de los altos precios internacionales que nos enriquecen como sociedad en su
conjunto pero que a la par empobrecen a una parte significativa de la población cuando se
internalizan los aumentos de precios de los alimentos. La política heterodoxa de combinar
reducciones de impuestos indirectos y de precios administrados, con subsidios, con
negociaciones de precios, dieron resultado. Las consecuencias sociales de este fenómeno implica
diseñar también políticas para la oferta nacional de dichos productos para el mercado interno, y
plantearse un índice de precios de bienes de consumo esenciales en torno al cual priorizar las
metas inflacionarias.
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El mundo experimenta su primera crisis económica y financiera en un ambiente de globalización.
El Uruguay se encuentra en mejores condiciones que en anteriores ocasiones para enfrentar esta
crisis. Desde marzo de 2005 hasta ahora se han reducido nuestras vulnerabilidades tanto en
materia de reservas financieras como en relación del volumen de la deuda externa sobre el PBI,
en la emergencia social y en la cantidad y calidad del trabajo.
Políticas de empleo, de distribución del ingreso y de la riqueza
La redistribución del ingreso y de la riqueza es un elemento de identidad de la izquierda y ello
pasa por los siguientes elementos centrales:
-
la resolución de los problemas del empleo incluyendo la heterogeneidad productiva
derivada de niveles de productividad diferentes;
-
las políticas sociales como estrategias de construcción de igualdad de oportunidades que
permitan superar las barreras de la exclusión socioeconómica y cultural, atender a la
pobreza y la indigencia, y ampliar los sistemas de protección social, la salud, la educación
y la vivienda.
-
la concentración de la propiedad como problema.
En el tema de propiedad es imprescindible:
-
la necesidad de apoyar distintas formas de propiedad incorporando formas mixtas entre
estatales y privadas, de propiedad social y de autogestión; -
-
la necesidad de acuerdos sociales donde se incorporen distintos sectores empresariales,
de trabajadores y de organizaciones sociales representativas, incluyendo distintas formas
asociativas;
-
Definir políticas e instrumentos tendientes a una expansión de las prácticas cooperativas y
modelos de la economía social, asumiendo los actores responsabilidad directa en el
desarrollo de emprendimientos eficientes, eficaces y socialmente comprometidos,
-
Definir nuevas formas de regulación y de control, así como la presencia de la inversión
nacional pública y privada ante el proceso de extranjerización en desarrollo.
El estímulo a las formas asociativas de trabajo, incluyendo la política de promoción de empresas
(y puestos de trabajo) recuperadas es un eje central de la conformación de una nueva lógica de
producción que requiere de apoyos estatales para su consolidación y una estructura institucional
propia que centralice las acciones para el desarrollo de la economía social y autogestionaria.
Una mejora en la distribución del ingreso requiere de la regulación del estado para mejorar los
niveles de empleo productivo y para enfrentar la concentración de la propiedad de los medios de
producción, de una mejor distribución de los aumentos de la productividad para los trabajadores,
de un adecuado gasto social para atender los problemas de nutrición, salud, educación, vivienda y
seguridad social.
Desde el ángulo de la oferta de fuerza de trabajo, la meta sería que el conjunto de la población
tenga los niveles de capacitación necesarios que el modelo de desarrollo requiera. Los avances
tecnológicos obligan a una capacitación permanente de la fuerza de trabajo, para lo cual se
necesitan acciones concretas que califiquen adecuadamente a quienes se ubican como
subempleados, a los precarios, a los informales y a las distintas categorías de desocupados
abiertos. Esto requiere la elaboración de políticas activas de empleo, centradas especialmente
en la recalificación profesional, el estímulo al empleo en desocupados estructurales y la
promoción de las pequeñas y medianas empresas.
Otro aspecto central desde el lado de la política de la oferta es la acción activa del estado en la
reubicación de trabajadores (bolsas de trabajo) que permita conectar oferta y demanda y superar
los escollos de la búsqueda individual que perjudica a los sectores más alejados de la estructura
formal de la sociedad.
Desde el ángulo de la demanda de fuerza de trabajo el ritmo de crecimiento económico es
condición necesaria pero no suficiente para la resolución de los distintos problemas del empleo. El
elevado crecimiento acumulativo anual de los últimos años se ha constituido en un factor esencial
del descenso del desempleo abierto, pero se hace imprescindible además que junto al crecimiento
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se promuevan cambios en la conformación de la estructura productiva. Esto significa elegir rubros
con mayor generación de empleos productivos directos e indirectos, estímulos a las pequeñas y
medianas empresas por su capacidad de generación de empleo.
Al mismo tiempo las políticas activas de demanda tienen que actuar para hacer más accesible el
empleo a los sectores de dificultosa inserción laboral (mujeres y jóvenes de bajo nivel de
instrucción y provenientes de hogares de menores ingresos, ciertos departamentos, adultos
mayores de 45 años y con desempleo de larga duración) a través de subsidios al empleo de
carácter temporal, dirigido a dicha población y con evaluación permanente de resultados.
El Plan de Emergencia redujo la indigencia y el Plan de Equidad tendrá un impacto importante en
la reducción de la pobreza, a lo que se sumaron los Consejos de Salarios y los aumentos
diferenciales de las pasividades y que paga el BPS, y prestaciones no contributivas. A partir de
estos logros, plantearse como meta la reducción de la exclusión, expresada en la indigencia y la
pobreza, en determinado porcentaje. Reducir la pobreza requiere aumentar los ingresos más
bajos: el salario mínimo nacional y del servicio doméstico, la jubilación mínima y la pensión a la
vejez. La integración requiere de acciones que van más allá de los ingresos.
La política salarial del primer gobierno del Frente Amplio se basó en recuperar el salario perdido
durante la administración Batlle. Fue una política de dignificación del salario, aún es necesario
avanzar en redistribución del ingreso. Por ende la política salarial del período 2010 – 2014 debe
tener claramente un efecto redistributivo y para ello es necesario mejorar la relación entre masa
salarial e ingreso nacional (indicador de la redistribución funcional de los ingresos).
En función de ello hay que tomar como criterio general que el aumento de salarios permita
mantener y mejorar el poder de compra de los mismos, atendiendo particularmente a los salarios
más bajos. Las pasividades más bajas también requieren atención especial.
La negociación salarial debe articular los tres niveles definidos actualmente: macro, sectorial y por
empresa y no se debería limitar a los salarios sino incluir temas como la organización del trabajo,
la capacitación, las condiciones de trabajo, seguridad e higiene y la participación en la gestión.
En la negociación sectorial además de los criterios generales debe integrarse la situación de cada
rama o sector, considerando factores como el crecimiento, las ventas, las exportaciones, los
estímulos recibidos, etc., de cada rama.
La negociación por empresa debería agregarse a las anteriores e incluir los factores vinculados a
los resultados de las mismas: productividad, ventas, mejor utilización de materias primas, u otros
resultados relevantes.
El mundo experimenta su primera crisis económica y financiera en un ambiente de globalización.
El Uruguay se encuentra en mejores condiciones que en anteriores ocasiones para enfrentar esta
crisis. Desde marzo de 2005 hasta ahora se han reducido nuestras vulnerabilidades tanto en
materia de reservas financieras como en la relación del volumen de la deuda externa sobre el PIB,
en la emergencia social y en la cantidad y calidad del trabajo.
Una economía sin urgencias financieras, con equilibrio fiscal permite encarar la crisis con
serenidad, pero también con prudencia, mantener el gasto social como prioridad y reorientar
recursos para apoyar la sustentabilidad del nivel de actividad, la producción y el empleo.

Frente Amplio - Coordinadora N

2008-12-16T23:19:00.000-08:00

En la coordinadora "N" existen 9 comités zonales

LA PALMA- LA BLANQUEADA- 1 DE MAYO- 18 DE MAYO - MICHELINI 1 - MICHELINI 2 -- A DESALAMBRAR - MARTÍN FIERRO - SALVADOR ALLENDE -

.......................................................................

Ubicacion geografica de la zona 4.

2008-12-16T23:07:00.000-08:00

ZONA 4
Coordinadora N
Barrios: La Blanqueada Sur, Congreso de Tres Cruces, Parque Batlle Este, Libertad y Larrañaga.
Límites:
Bvar. Artigas, Lord Ponsomby, Avda. Ramón Anador, Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera, Demóstenes, Estivao, Presidente Oribe, Bvar. José Batlle y Ordóñez, Avda. Italia, Avda. Luis Alberto de Herrera, Monte Caseros, Bvar. José Batlle y Ordóñez y Avda. José Pedro Varela.
......................................................................